(Artículo publicado el 25 de Octubre)

En su discurso de Política General ante el Pleno de Juntas Generales de Bizkaia, el diputado general, Unai Rementeria, mencionaba, entre los múltiples proyectos e iniciativas de su gobierno, el rediseño de “una completa arquitectura fiscal”, bajo el trabajo experto del University College of London y de la reconocida economista, Mariana Mazzucato (“El Estado Emprendedor”), insistiendo, acertadamente, que no es momento de precipitar medidas improvisadas y parciales retocando impuestos, sino que cualquier cambio a realzar deberá venir acompañado de un análisis global de su impacto y esperar al momento adecuado para su aplicación.

Sin duda alguna, cuando la línea prioritaria de solución y salida, a mejor, de la crisis pandémica es la apuesta por “hacer todo lo que sea necesario” comprometiendo recursos intergeneracionales del largo plazo bajo la palanca del endeudamiento necesario, pese a las inevitables (pero NO HOY) políticas fiscales que creen ser capaces de cambiar la descomunal deuda pública necesaria con incrementos impositivos para aquellos “que más tienen” o “los ricos”, según el discurso, que más allá de lo bien que pudieran “sonar” a determinados grupos sociales (sobre todo a quienes se consideran excluidos del grupo pagador), su efecto “hipoteca” pudiera lastrar el potencial desarrollo y construcción de un futuro de empleo, riqueza y bienestar, demandante de cambios sustanciales.

Sin duda, el prestigio y reconocimiento de la profesora Mazzacuto, como suele ser habitual, no es compartido por otras líneas de pensamiento que han privado durante años, separando y enfrentado los roles asignados a gobiernos o iniciativa privada, marcando amplias grietas separadoras, en silos, otorgando papeles diferenciados y excluyentes de unos y otros en la generación de riqueza y empleo, atribuibles en un equívoco sentido de la parcialidad enfrentada y la simplificadora interpretación (empresarial, política, académica y mediática) que durante demasiado tiempo dio lugar a un pernicioso pensamiento único dominante por el que la riqueza y el empleo lo crean las empresas (privadas) y los gobiernos deberán limitarse a una mínima regulación, administrar, recaudar, no estorbar y generar puestos de empleo funcionarial de por vida, que no trabajo/empleo productivo, eficiente y sostenible. Afortunadamente, la puesta en valor de planteamientos alternativos, mitigadores de la globalización enfermiza que nos ha invadido y de su propaganda “en vena”, defensora de que “solamente hay una manera de hacer las cosas” y el apoyo a la simplificación de la realidad con recetas equívocas del valor público y principios de solidaridad, parecen volver a escena confrontando recetas del pasado, abriendo una ventana a la esperanza transformadora.

Desgraciadamente, el tránsito de una línea dominante a otra que se abre paso gracias al fracaso o insuficiente repuesta de su aplicación, no es, ni será automático o inmediato. Hoy, llama la atención la fuerza con la que dichos planteamientos del pasado permanecen anclados en una cómoda bandera, acompañada de un discurso que parecería “comprarse” en muchos ámbitos. Hoy que todas las reivindicaciones que se instalan en los mensajes mediáticos dominantes, pasan por exigir “plantillas públicas” (incrementar las mismas funciones existentes, con iguales perfiles, con elevada inmediatez, sin ocuparse en pensar el para qué, el futuro esperable, la inevitable modernización de las administraciones públicas, la formación y capacidad de quienes han de desempeñar las tareas asignadas y, por supuesto, sin reparar en su financiación y sostenibilidad, bajo el simplismo “que lo paguen otros”). De igual forma, estas consideraciones parecerían alimentar a un buen número de empresarios que como contrapartida, vuelven a las ideas del pasado, descalificando el papel de los gobiernos, o entendiendo que toda intervención debe prescindir de contrapartidas generadoras de valor social compartido.

En Euskadi ya vivimos hace muchos años este largo encontronazo con la realidad. Los difíciles años 80-90, la crisis económica, energética, industrial, financiera, política y el estado de violencia vividos, nos obligaron a recomponer el rol de los diferentes agentes económicos y sociales, recrear o reinventar las instituciones y conferir capacidades y actitudes diferentes a los gobiernos (en todos los niveles institucionales). En una estrategia contra corriente, Euskadi apostó por “Gobiernos/Estado/Emprendedores” desde una óptica de relación imprescindible público-privada. El liderazgo público para las transformaciones largo placistas resulta esencial y el acompañamiento compartido, así como iniciativas promotoras privadas, absolutamente necesario. Ese enfoque provocó que nuestro “Estado emprendedor” haya hecho de la innovación, el motor de su apuesta por el binomio economía-sociedad bajo el modelo de desarrollo compartido en el que políticas sociales y economistas han venido de la mano y que el corazón/cultura industriales (máxima expresión de la economía real y formal), hayan pilotado la fortaleza de modelos de emprendimiento, investigación y tecnologías aplicadas, financiación y servicios relacionados con la economía real (hoy algunos le llamarían “servitización”), redes sociales de bienestar, relaciones laborales formales y marcos de cohesión social y territorial. Así, cuando las sucesivas crisis (las que han seguido y las que estarán por venir) se han encontrado con capacidades significativas de resiliencia, con instrumentos adecuados para canalizar mecanismos de respuesta, con la mínima cultura solidaria requerida y con las capacidades profesionales necesarias. En este marco, el emprendimiento empresarial florece y permite construir, día a día, respuestas impredecibles e imprescindibles para afrontar nuevos desafíos.

Así, cuando explicamos a lo largo del mundo las claves del éxito observado en este país (difícilmente reconocido por quienes siguen anclados en sus teorías del pasado, afrontando el futuro en términos exclusivos de sus cuotas y confortable status quo, o quienes hicieron de su lógica y estrategia de existencia la destrucción) y asistimos, día a día, a los reconocimientos y alta valoración internacional, demandando nuestro asesoramiento y consejo, de una u otra manera destacamos, por encima de todo, los procesos de alianzas público-público y público-privado, la riqueza de un tejido económico asociativo (miles de empresas, dirigentes, en el ámbito público y privado), compartiendo cientos de proyectos convergentes, un sin número de entes o instrumentos facilitadores, bajo una “estrategia más o menos explícita, más o menos compartida” con vectores estables en el largo plazo, con niveles de interlocución y decisión capacitados y, aún, con criterios y cultura emprendedoras. ¿Es hoy nuestro país un espacio de claro emprendimiento público más allá de un mal llamado “ecosistema de emprendimiento” que parece limitarse al reducido mundo de las start ups de recorrido incipiente y temprano? Sin duda, si repasamos el mapa de iniciativas y empresas exitosas, proyectos innovadores, claves transformadoras, reconoceremos la presencia, en mayor o menor grado, de ese Estado/Gobierno emprendedor. ¿Es suficiente? ¿Seremos capaces de romper los silos separadores de roles excluyentes entre gobiernos y empresa privada? ¿Reconoceremos el rol esencial de las empresas privadas, como una verdadera comunidad de encuentro y generación de riqueza y bienestar?

Ojalá, trabajando iniciativas diferenciadas como el mencionado proyecto de la mano de la profesora Mazzucato permita poner en valor la innovación del “Estado emprendedor”, motor convergente y aliado de “nuestro emprender privado”, ADN de nuestro histórico desarrollo y potencie su imprescindible papel en el intenso proceso de reinvención, recuperación y transformación que pretendemos abordar.

Hoy, Mazzucato impulsa la formación de gobernantes y altos servidores públicos pretendiendo que focalicen sus labores públicas en la innovación y el valor público al servicio de la sociedad para la que trabajan y a la que se deben. Más allá de las aportaciones concretas que sin duda serán de gran utilidad para el país, confiemos, esperanzados, en su capacidad de refuerzo e impulso de la mentalidad y compromiso permanente de nuestra voluntad transformadora/emprendedora, construyendo un país deseable. Ahora que ni podemos, ni debemos dejarnos llevar ante la incertidumbre paralizante de planes, escenarios certeros e iniciativas anticonformistas, hemos de afrontar, otra vez, “una nueva economía” (o la vieja, de siempre, bien entendida con nuevos jugadores y actitudes), “nuevas reglas y marcos de juego”, “nuevas instituciones e instrumentos de gobernanza”, desde una mayor solidaridad, confianza y credibilidad en los demás (entre gobiernos y empresas, sociedad y gobiernos, también) y, por supuesto, a su debido tiempo, una “nueva arquitectura financiera” mediante la que, sin duda, deberá provocar una reconstrucción ordenada (y pagable) deuda global. Solamente así, transitaremos hacia un mundo diferente, con mayor equidad y más inclusivo.
Hoy no parecería razonable la búsqueda de atajos impositivos que paralicen o hipotequen el crecimiento y la inversión por mucho que las cuentas públicas muestren cifras espeluznantes. Engañarse con ingresos que no habrán de darse para proyectar fotografías mitigadoras de déficits reales, lejos de favorecer la recuperación, perjudican su solución. Mañana, una vez superada la crisis, vendrá el gran debate político y social, a nivel mundial, para afrontar la innovación fiscal, tributaria y la solución del endeudamiento, que será un problema y prioridad mundial. Entonces, si hacemos las cosas bien, estaremos (todos) mejor preparados para afrontarlo. Hoy no toca.

Siguiendo con la propia Mazzacuto, podemos acercarnos a entender lo que en su opinión sería hacer las cosas bien. Esta misma semana, en la revista Foreign Affairs, insiste en evitar incurrir en los errores del pasado, como los cometidos en la crisis financiera del 2008 atendiendo las debilidades y necesidades de la economía financiera y sus actores, protagonistas de la propia crisis. La intervención y ayuda pública debe venir acompañada de acciones transformadoras, de nuevos instrumentos, de nuevos compromisos de los receptores de las ayudas. Los gobiernos deben actuar protegiendo el interés público a la vez que enfrentando problemas sociales, desde la perspectiva del “valor público y/o colectivo”, repensando prioridades e impacto de largo plazo. No se trata solamente de invertir y aportar recursos. La mentalidad emprendedora o “el Venture Capitalism” que ella señala, exige de ese “estado/gobierno emprendedor” tan necesario y diferenciador en la concepción y creación de un futuro distinto.

Sin duda, tiempos para dotar de un propósito a nuestra economía. Tiempos de misión y objetivos compartidos para un mundo en el que los espacios público y privado han de transitar juntos.

(Artículo publicado el 11 de Octubre)

A punto de publicarse el Monitor Fiscal semestral del Fondo Monetario Internacional, su página web oficial nos adelanta su principal mensaje: “Los gobiernos han de apostar por la inversión pública, cuantiosa, ágil, rápida y de calidad, para contribuir a la recuperación, creación de empleo y fortalecimiento de la resiliencia ante la crisis”. Sostienen que un aumento del 1% del PIB como consecuencia de la inversión pública, generaría un 2,7% de incremento total, un 10% en la inversión privada y un 1,2% en el empleo. Inversión de calidad supone acertar en proyectos de interés general y viables, su puesta en marcha inmediata, un esquema de financiación específico para cada iniciativa de supuesta viabilidad esperable, control de su gestión con acelerada simplificación normativa, evitar y sancionar desviación de fondos, evitar el gasto y despilfarro burocrático acompañante, respuesta compartida de la iniciativa privada en adecuación a los estímulos movilizados y medidas especiales de ejecución de los proyectos priorizados.

El FMI, que no siempre ha apoyado o animado a acometer este tipo de apuestas de futuro, aclara que sus proyecciones son válidas dado el estado de incertidumbre en el que nos encontramos a nivel mundial, el abaratamiento de la deuda global, siempre que la disciplina fiscal y financiera, país a país, gobierno a gobierno y de las empresas tractoras que se impliquen, no menoscaben la respuesta esperable y creíble de los agentes asignados.

Este posicionamiento oficial responde de manera alineada a la reciente intervención de su directora-gerente, Kristalina Georgieva, con ocasión del 125 aniversario de la Escuela de Economía de la LSE en Londres, su alma mater. Partía de recordarnos el carácter excepcional de lo que estamos viviendo: la caída de la actividad económica (segundo trimestre de 2020) como consecuencia del cierre, durante semanas, del 85% de la economía mundial. Estima que la recuperación será “un largo camino cuesta arriba, desigual, parcial, con tiempos y puntos inadvertibles en un marco de extrema incertidumbre”. En este escenario, no solo justifica un endeudamiento excepcional, políticas de apoyo público (fiscal y monetarias), sino que advierte del peligro de una retirada prematura de las ayudas e intervenciones públicas, recordando que la desigual situación de partida de los diferentes países y economías ha llevado a que los paises avanzados opten por “hacer lo que sea necesario…” y los menos desarrollado por “lo que sea posible”. Unos y otros, defendiendo la salud de las personas, protegiendo el mínimo gasto social que posibilite la “supervivencia” de empresas y trabajadores y, de una u otra forma, intentando transitar hacia un futuro estructuralmente diferente, hacia una economía que, al margen de adjetivos, habrá de ser necesariamente otra, ante la amenaza de “un retroceso generalizado de la mejora en las condiciones de vida”. Estará en nuestras manos evitar, a lo largo del tiempo, dicho deterioro presagiado.

Así las cosas, parecería razonable (pese a que la deuda mundial se sitúa en el entorno del 100% del PIB), redoblar esfuerzos en las políticas de inversión pública (sobre todo) y su impulso acompañante desde las empresa tractoras, en el método elegible para la asignación prioritaria de proyectos ante fondos disponibles (en nuestro caso, los de la UE, y propios), atendiendo a necesidades reales, evitando la paralizante burocracia alarmante, huyendo de las “etiquetas demagógicas” que presionan hacia capítulos de gasto con escaso efecto tractor hacia el futuro esperable. Es decir, no vale todo y tan importante como la selección de iniciativas lo es el instrumento, mecanismo de gestión y fin perseguible. Optar por satisfacer a todos con repartos per cápita, por la fuerza mediática o el lobbismo de ocasión supone errar en la oportunidad.

La pandemia vivida (aún en ella), como cualquier catástrofe, por definición, no prevista, pone en marcha situaciones y mecanismos de excepcionalidad ofreciendo respuestas ágiles que, desgraciadamente, desaparecen una vez vuelta la “normalidad”. De esta forma, la temerosa actitud y desconfianza ante quienes han de decidir una determinada elección, asumiendo riesgos inevitables, imprescindibles en una adecuada respuesta a las necesidades del momento, no puede distorsionar el buen uso de esta deuda que habremos de paga a futuro. Cuando se dispone de instituciones democráticas, sujetas a control ordinario legitimado para ejercerlo, parecería razonable conceder la confianza imprescindible para desempeñar un papel que exige toma de decisiones ágiles adecuadas a los objetivos que se proponen. Los filtros deberían ser claros, el proceso de toma de decisiones debidamente explícito y concreto, mostrando su coherencia estratégica con las transformaciones deseables, más allá de etiquetas o grupos de interés. Sería el aval de “calidad” que parece sugerir el FMI, nada diferente al “control de los hombres de negro” que de una u otra forma exigen los “frugales” en el uso de fondos europeos, o los ciudadanos a cualquier gobierno.

La mencionada inversión pública no debe traducirse, en exclusiva, en infraestructura y obra pública tradicional. Inversión sí, gasto no, sería la mejor de las interpretaciones posibles a considerar. Otros muchos proyectos no solo no son incompatibles, sino favorecedores y aceleradores de los resultados, a largo plazo, esperables por la transformación verde, la economía circular, la transformación digital y tecnológica, la “reconversión de la infraestructura de centros/hospitales demandada”, o de la “modificación radical” de las aulas, o de los “centros físicos” para nuevos mapas sanitarios, socio-sanitarios o servicios comunitarios, innovadoras infraestructuras culturales y “reinvención del espacio público” adecuado para nuevas culturas de ocio, por no mencionar la reconversión urbana, de oficinas y vivienda, o los sistemas de telecomunicaciones para todos, atendiendo a cambios demográficos, incorporación de la tecnología, avances en la atención a las personas, formación, educación y el propio sentido y concepto del trabajo, además de la movilidad y los valores medio ambientales, sociales o culturales que habrán de impulsarse. No estamos hablando de invertir en “ladrillo” como contraposición de “invertir en personas”. Se trata de invertir en país, de generar las condiciones y contexto adecuado para el desarrollo económico y social, la cohesión territorial y la competitividad indispensables para garantizar un bienestar inclusivo y sostenible. Las viejas teorías keynesianas (más actuales que nunca), anticíclicas, parecen vigentes (incluso en el Fondo Monetario Internacional). Es momento de decisiones extraordinarias (sensatas, pero extraordinarias).

Desde “los grandes problemas infraestructurales de Bizkaia” de los primeros años ochenta, la “Euskadi del 93” o “Euskadi XXI”, por citar algunos planes vertebradores de la transformación en su momento, Euskadi ha sabido apostar por la infraestructura (física e inteligente) como acelerador del desarrollo y bienestar, anticipando un futuro deseable, conjugando demandas y necesidades sociales con una apuesta de cohesión social y territorial, competitividad solidaria y liderazgo transformador, al servicio de las personas. El binomio sociedad-economía ha venido acompañando el “modelo vasco de desarrollo inclusivo” a lo largo del tiempo, tanto en momentos de escasez, como en aprovechamiento de espacios temporales de suficiencia aparente (nunca existen recursos suficientes para todas las demandas y necesidades sociales cambiantes).

La COVID-19 ha incrementado incertidumbre y brechas de la preexistente desigualdad, pero también nuevos espacios de oportunidad y líneas de futuro. Inversión pública es, también, cambiar actitudes y consideraciones de gasto. Invertir en salud y servicios sociales, por ejemplo, y “no gastar” en ellos. La consideración de la salud, también, como generador de riqueza y prosperidad, contemplar el “amplio mundo de las ciencias de la salud”, la innovación y gestión de la salud, invertir en la mejora y desarrollo de las condiciones preexistentes (sociales, comunitarias, diferenciadoras de pobreza relativa, sus condiciones de vida y acceso real…), la investigación asociada a evitar la enfermedad, a prevenir y garantizar mejores condiciones de vida. Invertir no es la réplica de modelos, prácticas y perfiles profesionales preexistentes, sino en transformaciones radicales. Esto es inversión pública. La integración y la inclusión social son, sin duda, elementos esenciales en la generación de sociedades más cohesionadas, facilitadoras de sentido de pertenencia, confianza mutua (entre la colectividad y ésta con sus instituciones y gobernantes), mitigación de la marginación y de la exclusión y, también, una oferta y oportunidad de movilidad (física y en el llamado “ascensor social”). No, no es cuestión de inversión pública asociada en exclusiva con “infraestructura física” o de “priorizar el ladrillo y el suelo”. Es cuestión de invertir, desde el protagonismo público y el impulso y acompañamiento privado, en el bienestar, empleo y riqueza de la gente. Es tiempo de invertir en futuro, de asumir determinados riesgos que no son absolutamente predecibles pero que, estimamos transformadores de un país que quiere un redoblado esfuerzo de bienestar para una sociedad que, de una u otra forma, será diferente a la actual en un mundo, también, algo diferente al que vivimos.

Aceleremos la recuperación. Provoquemos resultados deseables y esperables. Es el momento para redoblar imaginación en la “nueva” inversión pública y verdadero motor de la transformación y apuesta diferenciada de futuro. Aprovechemos esta gran “ventana de oportunidad”. Lejos de centrarnos en gestionar los recursos del presente, esforcémonos en crear otro futuro. La inversión pública y su consecuente interacción con la iniciativa privada, constituyen ejes esenciales vertebradores de la tan necesaria visión transformadora. Un buen momento para esfuerzos e iniciativas extraordinarias. Ya llegará el día en el que decidamos sobre la siempre necesaria imaginación innovadora para acordar la restructuración global de las múltiples deudas soberanas. Entonces, habremos superado la excepcionalidad, mitigado los negros nubarrones de hoy y fortalecido las bases de un mundo diferente y mejor.