Esta mañana se ha celebrado en Moncloa (despacho oficial del Presidente del gobierno español) una esperada reunión entre el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.

Pese a la formalidad e importancia institucional de una reunión de estas caracterí­sticas, la prensa ya se habí­a encargado de descafeinarla publicando la posición de uno y otro antes del encuentro. Desgraciadamente, como en otras tantas ocasiones, un asunto de tanta seriedad y trascendencia como el que estaba en cuestión, habí­a sido despachado en chascarrillos de prensa. El asunto no era intrascendente: el President Mas trasladaba el acuerdo que por mayorí­a absoluta habí­a aprobado el Parlament de Catalunya instando al gobierno español a la negociación de un «Pacto Fiscal» que posibilitara a Catalunya una gestión autónoma de sus ingresos y gastos fiscales en un modelo propio y diferenciado de la generalidad de las Comunidades Autónomas del estado (ahora que, al parecer, la mayorí­a de ellas reniegan de su status y responsabilidades para solicitar una vuelta recentralizadora bajo el paraguas de un rescate de España y su economí­a desde la Unión europea).

Adicionalmente, la visita del President Mas vení­a precedida de una manifestación, sin precedentes, de más de 1 millón de catalanes que, celebrando su DIADA, pedí­an la independencia de su paí­s. Obviamente, desde el Rey español, los partidos polí­ticos centralistas (o centralizados en cuanto a sus equipos de gobernanza y poder) y la mayorí­a de los medios de comunicación habí­an marcado sus posiciones, destacando «la barbarie e insensatez de los nacionalistas catalanes, la inoportunidad del momento en plena crisis, las prioridades de los españoles, el perjuicio que manifestaciones y peticiones de este tipo pueden suponer para el rescate español «que algún dí­a llegarờ y el anuncio del miedo de las cientos de empresas multinacionales con sede en Barcelona que empiezan a preparar su salida hacia otro lugar más estable o seguro» (en principio, lógicamente, lo más lejos posible del estado español, atendiendo a su recesión, desempleo, desbarajuste fiscal, escasa competitividad, desconfianza en el sistema judicial, corrupción en la Casa Real…). Como siempre, el demonio de los nacionalistas (siempre y cuando sean catalanes o vascos. Si se tratara de españoles, el nacionalismo desaparece para convertirse en cuestión de principio, soberaní­a y respeto a los derechos históricos) hací­a su aparición.

Pues bien. Hoy solamente quiero recordar unas palabras del entonces President de la Generalitat, José Montilla pronunciadas de forma solemne en 2008 en pleno proceso de reforma estatutaria. (Cabe recordar que el Sr. Montilla era el secretario general del Partido Socialista en Catalunya, miembro de la ejecutiva del PSOE, ex Ministro en el gobierno español. Es decir, miembro destacado de los nacionalistas españoles que no catalanes):

«SI CATALUí‘A PIERDE SU CAPACIDAD COMPETITIVA Y SU CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA COHESIí“N SOCIAL PUEDE QUEDAR ATRAPADA ENTRE UNA ESPAí‘A QUE MO LA ATIENDE (NI  ENTIENDE) Y UN FUTURO PROGRESO AL QUE NO PODRí LLEGAR»

«NO HACE FALTA QUE INSISTA EN EL RIESGO DE DESAFECCIí“N SI LOS CIUDADANOS DE CATALUí‘A NO SIENTEN QUE EL ESTADO APUESTA POR LAS NECESIDADES Y DESEOS DE CATALUí‘A.SOLO DESDE LAS RAZONES Y LOS ARGUMENTOS Y NO PLANTEANDO FALSOS DILEMAS, PODEMOS CONSTRUIR FUTUROS COMPARTIDOS»,

«CATALUí‘A PUEDE NEGOCIAR, SI. PERO YA NO PUEDE ESPERAR MAS Y, SOBRE TODO, NO PUEDE ACEPTAR QUE SE LE DIGA QUE ARA NO TOCA». Entonces, ni sus compañeros de partido, ni el presidente del gobierno español-correligionario suyo-cumplieron sus promesas respetando la decisión democrática de los catalanes en su Parlamento, ni el Congreso de los Diputados quiso enterarse y el Rey aún no habí­a estrenado su página web y no dijo nada. Hoy, al parecer, piensan, otra vez, que «ARA NO TOCA»…

   La  tragedia del 11-S que marcó no solamente el sentimiento de vulnerabilidad de la sociedad norteamericana, un antes y un después en la relación libertad-seguridad y, también, la excusa para  que servicios de inteligencia, ejércitos y gobiernos inventaran excusas y pruebas para avocar al mundo a sendas guerras en Irak y Afganistán, ha dejado una profunda huella en el americano medio y en el neoyorquino en particular. Más allá de las ví­ctimas vilmente asesinadas por el terrorismo injustificable, y los cientos o miles de familias y proyectos de vida truncados, verdaderos perdedores de la masacre.

   Hoy, años después, Nueva York ha amanecido con plena normalidad. Incluso son escasos los actos in memoriam programados, la vida parecerí­a seguir su cauce normal y no se observan medidas especiales que hagan recordar tan señalado dí­a.

   He  llegado al aeropuerto JFK para tomar un vuelo internacional y tanto el checking como los controles de seguridad han sido especialmente simples y rápidos para lo que es habitual en este aeropuerto. Quizás, la mayor nota discordante esté en el debate polí­tico entre los gobernantes de la Ciudad y el Estado de Nueva York a causa de la financiación, la gestión y el protagonismo principal del Museo de las Victimas a situarse en el antiguo World Trade Center, futuro Centro de la Libertad y la Memoria. Se anuncia que no ha sido posible llegar a tiempo para una inauguración provisional, tampoco lo estará el año próximo y abriga dudas razonables para su concreción antes del final de la construcción del nuevo espacio inmobiliario de la antes llamada zona cero.

   En la calle, otro debate mayor: la campaña presidencial de Noviembre. En plena fase final, Obama lucha por convencer a sus desanimados votantes que no se ha apartado de sus promesas si bien confundió u omitió los plazos. Pide renovar su confianza y otorgarle otros cuatro años para  cumplir lo prometido, vencer a la realidad y evitar que «los de siempre» destruyan lo que él ha empezado a cambiar. Por contra Romney apela a los resultados observables de la era Obama, al desempleo creciente, al empobrecimiento relativo generalizado del ciudadano medio en estos cuatro años y sugiere se analice su gestión a lo largo de su vida polí­tica y empresarial: «yo no hablo de lo que he estudiado y aprendido en libros, como otros, yo digo que haré lo que ya he hecho».

   Hoy el 11-S no es moneda de cambio o confrontación en la elección americana. Lo es la economí­a, el bienestar de la clase media y la capacidad de ofrecerle un futuro mejor.

   A miles de kilómetros de distancia, cientos de miles de familiares y nuevas ví­ctimas continúan librando las batallas de Afganistán e Irak y el mundo es, sin duda, diferente a lo que era aquel fatí­dico 11-S. Sobrevuelo Guantánamo. Definitivamente, el mundo es diferente y el dí­a, de normal, tiene más bien poco.

     La recientemente aprobada sexta reforma del sistema financiero español (el que hace tan solo menos de cuatro años era el mejor sistema financiero del mundo según el Presidente Zapatero y las autoridades bancarias y financieras españolas) incorpora el concepto comunitario europeo «resolución» al objeto de regular nuevos instrumentos que faciliten la liquidación ordenada de entidades de crédito claramente inviables. Esta ví­a, a la vez que incorpora una alternativa activa para terminar con entidades cuyo deterioro es tal que desaconseja cualquier tratamiento parcial o parcheo avocados al fracaso, posibilita minimizar el coste de los procesos públicos que han de intervenir de forma inevitable ante la imposibilidad del mercado en aportar una respuesta justa, equitativa, y adecuada a los tiempos.

     Así­, al margen de otras consideraciones que los contenidos del citado Real Decreto- Ley nos merecen y serán objeto de próximos comentarios, merece la pena resaltar algunos elementos clave que deberí­amos recordar a lo largo de los próximos meses:

1)   El gobierno español y las autoridades financieras del Estado español han dejado de tener capacidad  de decisión propia, limitándose a traducir las «sugerencias y recomendaciones» del G-20, del Fondo Monetario Internacional y de la UE a través de su «Memorando de Entendimiento» para acudir al rescate de España. Pocas veces, el preámbulo y exposición de motivos de un decreto ley de un gobierno es tan explí­cito reconociendo porqué se propone su aprobación, cuál es su origen y en donde residen las limitaciones de actuación y margen de maniobra.

2)   Los nuevos instrumentos y í“rganos de Gobierno financiero (FROB, Banco de España, Sociedad de Liquidación de activos tóxicos…) modifican su composición, funciones y organización y dan entrada relevante a los representantes de la troika (BCE, FMI, UE) gestora y controladora del sistema reformado.

3)   Al margen de cualquier uso del lenguaje y de comunicado oficial al uso, el BOE certifica, en esta norma, el rescate o intervención del sistema financiero español.

4)   La figura de la «RESOLUCIí“N» es una buena noticia si se acierta en su aplicación. ¿Quién decidirá si un banco o entidad de crédito no tiene futuro de la mano de restructuraciones parciales y sucesivas?, ¿Quién definirá el momento y el coste alternativo para aplicar esta figura a una entidad concreta? Tomada esta compleja decisión, ¿Cómo se procede a «matarlo»? Atendiendo al Decreto Ley, la decisión conlleva una serie de acciones de obligado cumplimiento y que parecen razonables: cese y sustitución de los órganos de dirección y administración de la entidad a «resolver», asignación de activos y pasivos a entidades de la competencia (o a una banca pública), aprobar un plan ad hoc con la consiguiente financiación extraordinaria que incluya un » primer sacrificio» de los accionistas, acreedores preferentes y titulares de deuda subordinada acompañados de la aportación pública necesaria, previa autorización de Bruselas y los «vigilantes de negro», valoración «real» de los activos tóxicos que habrán de transferirse al «banco malo» de próxima creación.

5)   Adecuación del core capital de las entidades financieras a un parámetro y criterio homogéneo (9%), lo que supone un nuevo ajuste del sistema y una nueva discriminación generalizada sin tener en cuenta realidades diferenciadas ni comportamientos del pasado, premiando, nuevamente, a quienes no hicieron bien sus deberes.

     Por tanto, está por ver la fortaleza de un gobierno que ha de tomar estas medidas, su grado de mediatización y dependencia, las garantí­as de transparencias y la eficacia de su aplicación e impacto. De momento, la primera señal no ha sido demasiado ejemplar, aprobando una nueva asignación de 4.500 millones de euros a Bankia, justo unas horas antes de publicarse esta norma, evitando la aplicación de la misma.

     Finalmente, un último peligro: la exposición de motivos nos advierte la temporalidad de la norma aprobada, sujeta a los cambios que la directiva europea en trámite pueda incluir. Asistirí­amos a una nueva reforma financiera. Esta vez, claramente impuesta desde el exterior sin maquillaje alguno. Es decir, asistimos a, más que a una Resolución a una fase más de la restructuración en curso.