Un empujón irresponsable a las empresas, las pequeñas y graves secuelas ‘antiprocés’

(Artículo publicado el 15 de Octubre)

Ya sabemos que el pasado 1 de octubre la convocatoria de la Generalitat a decidir vía referéndum en torno a la voluntad de los catalanes a transitar hacia una República independiente en Europa, recibió el apoyo mayoritario de quienes acudieron a votar superando todo tipo de miedos, mensajes apocalípticos y la fuerza arrasadora de los aparatos del Estado unitario. Sabemos, también, de las atrocidades que le han seguido desde un Estado que pregona su compromiso con la ley, siempre que su decisión e interpretación unilateral sea gestionada por su establishment y el estatus quo extienda su inercia conformista con un modelo de relación inamovible. Sabemos también que el Parlamento Catalán ha asumido la Independencia como consecuencia de la decisión mayoritaria en el tormentoso referéndum y que ha ralentizado -en una difícil invitación a la mediación internacional y al pacto- su materialización o desconexión negociada (sobre todo con los poderes del Estado español y, por supuesto, con la Unión Europea de la que, en principio, desea seguir formando parte como ciudadanos europeos de pleno derecho que lo son hoy en día). Y sabemos, finalmente, que guste o no, el modelo de la transición exige una radical transformación del llamado “Estado autonómico”. Catalunya, Euskadi, España, Europa, estamos en juego y es momento, inaplazable, de recomponer un modelo nuevo, desde la confortabilidad de todos. Proceso que será coincidente, en el tiempo, con la inevitable reforma o iniciativa para repensar Europa y no solamente como consecuencia del Brexit, sino de las propias ineficiencias, insatisfacciones y nuevos desafíos y deseos europeos, en un contexto mundial complejo y lleno de tendencias novedosas que, queramos o no, están o llegarán para condicionar nuestra elección futura, sabedores que no se trata de esperar para ver que es lo que sucede, sino de apropiarnos de nuestro futuro y hacerlo posible conforme a nuestras aspiraciones.

Conocemos, de igual forma, tanto la respuesta del Gobierno español, su mayoría unionista en España -claramente minoritaria con tendencia a lo marginal en Catalunya y Euskadi- reclamando la existencia perenne de un Estado unitario y único en función de la herencia que entienden inamovible, apoyada por  una  orquestada sintonía mediática, reflejada, por ejemplo, en el titular de un importante medio económico editado en Madrid: “Chantaje Inaceptable”, desplegando su intensa cobertura a su serie “desafío secesionista” inspirada en la “oleada de empresas que huyen de Catalunya” y destacando que “el dinero y todos los comportamientos de carácter económico son decisiones racionales y si las empresas desean seguir en los mercados internacionales han de cambiar de sede”. Sin duda, la peor semana elegida para hacer dicha afirmación, como veremos más adelante, al coincidir con la distinción del nuevo premio nobel de economía para profesor Richard H. Thaler.

Sin duda alguna, economía y política resultan inseparables y su interdependencia es y será de enorme relevancia en lo que el futuro depare en el Procés y su curso. En esta línea, un penúltimo episodio en la batalla articulada por el Gobierno Rajoy en su objetivo de impedir un referéndum en Catalunya y el posicionamiento de su Parlamento tras los resultados esperables, ha sido el golpe “facilitador del cambio de Sedes Empresariales” a través del Boletín Oficial del Estado, previa generación del contexto adecuado que lo justificara con el apoyo, voluntario o impuesto, de sus aliados económicos o de las empresas necesitadas de un cambio sugerido, previsor , ideológico o, también en algún caso, de negocio.

Los ya viejos y conocidos juegos de la “Inteligencia de Estado”, amplificados por una amplia batería de medios de comunicación y de “Informes cualificados”, además de portavoces empresariales, campañas de descalificación y boicot del mercado y temores infundados engañando a la población, dieron sus frutos para “justificar” una medida distorsionadora de la realidad económico-empresarial y ganar el efecto temor, mediático, necesario para provocar una generalizada sensación de descalabro, pretendiendo presionar la etapa “final” del Procés en su esperada cita del pasado martes.

De la misma manera que los ya hoy nada sospechosos (sino plenamente descalificados) “Informes objetivos y rigurosos” que sirvieron para mentir sobre el “coste de la NO España” contra el proceso para el Nuevo Estatuto Vasco con el Lehendakari Ibarretxe, o la “pobreza galopante” que aquejaría a Escocia fuera del Reino Unido o la insignificancia y crisis económico-financiera del Reino Unido (UK-) tras el Brexit, la “inviabilidad de una Catalunya independiente” estaba servida. Desgraciadamente, para quienes generaban estos mensajes, Catalunya continuaba ofreciendo resultados que reflejaban una productividad que triplicaba la de la economía española, la continuaba superando en crecimiento del PIB, en tasas de ahorro, en captación de Inversión extranjera, en posicionamiento innovador, emprendedor y de internacionalización. Y, evidentemente, con estos credenciales y el 21% del PIB del Estado español, si Catalunya sería inviable, ¿qué decir de la SP- o España reducida sin Catalunya?

La confusa (interesada) mezcla de argumentos considerando, a la vez, a Catalunya como parte o no de la España analizada, trasladaba a la opinión pública mensajes preocupantes: “El día 10 quedarán fuera de Europa, en el limbo, no estarán en el espacio Euro, no tendrán acceso a las líneas internacionales de financiación, tendrán que pagar una deuda del 110% de su PIB, no podrán pagar pensiones, ni pagar los salarios de los funcionarios… los bancos con sede en Catalunya no tendrán acceso ni al Fondo de Solvencia, ni a la normativa, inspección y cobijo, ni del Banco de España, ni del Banco Central Europeo… Adicionalmente, España boicotearía, como mercado, los productos catalanes que, además, serían encarecidos por nuevos aranceles, elevados tipos impositivos y complejos trámites aduaneros… Obviamente, por el contrario, España y su economía no se verían afectados”

Y, por supuesto, no cabía esperar a contemplar dicho escenario. Bastaba con provocar la estampida.

Así, tras la intervención (truculenta, ilegal y unilateral) del Ministro de Hacienda (reprobado por el Congreso) de todas las cuentas de la Generalitat (que, por cierto no se sabe si ha congelado un solo euro a otra Comunidad Autónoma, Administración local, de Justicia o de su propia Administración Central del Estado inmersa en incumplimientos, actos ilegales o corrupción), de las presiones desde Vicepresidencia con el arma del CNI a diferentes empresas prestadoras de servicios, era el turno del Ministro de Economía. De Guindos ya fue colaborador necesario del hoy denostado Vicepresidente Económico Rato en el desmantelamiento de las Cajas de Ahorros rompiendo el grifo natural e imprescindible economía-territorio tan necesario para la financiación local, así como del modelo que dio lugar a Caixa, a Criteria y su poderoso imperio empresarial ligado a las principales industrias reguladas y cuya cuantía de resultados se explican y gestionan en gran medida desde el B.O.E.

De Guindos, que todavía en 2015 proponía un Real Decreto justificando la importancia en dejar en manos de la propiedad y las Juntas Generales de accionistas la aprobación de “algo tan sensible y vinculado al espíritu ……. de las empresas y su vinculación real a sus centros de administración”, como la sede de su domicilio social y fiscal, se apresuraba a facilitar el cambio express de los domicilios sociales con la decisión de los Administradores. Ya solamente respondía a la “necesaria libre competencia” aceleradora del mercado: ¿Libre competencia con sus políticas de concentración bancaria, de infraestructuras nacionalizables, recentralización administrativa, uso indiscriminado del BOE?

Medida que se justificaba, “en respuesta a la petición de algunos representantes empresariales”. Lo anunciaba con anterioridad a su presentación al Consejo de Ministros (se ha dado el caso de empresas cuyos Consejos decidieron el cambio en base a dicho RD con anterioridad a su publicación y entrada en vigor) y con el supuesto apoyo verbal de PSOE y Ciudadanos para su convalidación futura en el Congreso.

De esta forma, productores y vendedores de cava (denominación catalana de origen) dicen evitar el boicot español como si el código postal a conseguir en España pudiera ocultar su origen, ideología, propiedad y centros de decisión anclados en Catalunya. La banca catalana cotizada, con centros de administración y activos (además de sus directivos y accionistas clave) abandona Catalunya para “asentarse” en Alicante o Valencia en algún despacho de un Banco quebrado y rescatado por cesión del gobierno; la todopoderosa CAIXA moviliza a todo su grupo empresarial y hace público que no desplazará a un solo trabajador o directivo y, por supuesto, algunas empresas bajo sospecha por sus recientes fluctuaciones irregulares en Bolsa, se apresuran a buscar el cobijo de Madrid (al parecer aquí no hay ayudas de Estado, ni Haciendas autonómicas cuál paraíso fiscal), ni empresas en plena opa que tendrán el paraguas español del gobierno gracias “al ejercicio de la libre competencia” , para dar tranquilidad a sus inversores. Inversores a los que por supuesto, se convence que no han de tener miedo porque tienen sus domicilios en España que resultaría inmune ante una independencia catalana. Así, la España de la deuda superior a su PIB, del desempleo de cuatro millones de personas, la que no podrá recuperar su rescate bancario, la que tiene un gobierno que ve derrotadas sus iniciativas en el Congreso pero no se inmuta, la que dice no tener capacidad para afrontar el pago de sus pensiones, la que se quedaría sin “su 21% del PIB catalán”, la que es reprendida por el FMI destacando sus debilidades y a la que pide negociar en “beneficio mutuo, evitando el peligroso contagio, también, a Europa”, ofrece plenas garantías y tranquilidad a los inversores internacionales y, por supuesto, a los ahorradores españoles. Todo un relato amañado en origen que, por supuesto, obliga a toda empresa a activar planes de contingencia en respuesta a sus mapas de riesgos y que ve en las medidas facilitadoras del gobierno español, una red de seguridad momentánea bajo el amparo amigo de un Estado que cree “en el mercado y la libre competencia”.

Recordemos que la fijación del domicilio social de las empresas no debe ser un capricho aleatorio y que la Ley de Sociedades de Capital lo define como “el lugar en que se halla el centro de su efectiva Administración y Dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. Es decir, debe existir una relación (real y relevante) entre el lugar designado y el desarrollo de la actividad.

Esto no ha debido impactar demasiado, no ya a las empresas, sino al Gobierno. Es verdad que, para todas las empresas afectadas por el Régimen Común español, la trascendencia fiscal (más allá de la retención anticipada del IRPF) no será relevante en el corto plazo salvo el inevitable cambio en el modelo de gestión ( a distancia o traslados efectivos de personas críticas), sistemas y operaciones específicas, sobrecostes de la alta dirección, coste adicional en  “marketing” justificativo de su “nuevo arraigo” artificial y a sus nuevas relaciones con las Comunidades de acogida. Confiemos que Madrid, Alicante, Valencia y Baleares hayan superado sus problemas del pasado y sean Comunidades y Ciudades, institucionalmente más sólidas que Barcelona-Catalunya por el bien de las empresas en movimiento. La Competitividad de las empresas es mucho más que el BOE y depende, esencialmente, del eco sistema empresarial e institucional en el que se sitúa.

Lo que sí es claro es que la actuación del Gobierno es irresponsable y generadora de una batalla, hoy por el dominio social, la identidad empresarial, mañana por el domicilio fiscal con mayor impacto y pasado mañana por la economía real de los diferentes territorios, así como de la competitividad individual de las empresas actuantes.

Pero como comentaba un poco más arriba, este movimiento coincide en la semana con la concesión del premio nobel de economía al profesor de la Universidad de Chicago Richard H. Thaler. A lo largo de su trabajo y publicaciones (en especial “Misbehaving” centrado en las limitaciones reales del individuo medio  en la toma de decisiones y en “Nudge” sobre el “pequeño empujón” necesario para mejorar nuestras decisiones acerca de la salud, el bienestar y la felicidad) ha cuestionado las escuelas de la economía tradicional pro mercado y ha explicado cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias esperables de los mercados.

La Academia Sueca le premia por su contribución decisiva a “construir un puente entre los análisis psicológicos y económicos de los procesos de decisión individuales”. Y con él, esperamos que la Psicología de la Economía, la Economía Conductual y el comportamiento impredecible de las personas, no trastoque los planes y esquemas o escenarios de comportamiento de quienes han creído ver en el mercado la necesidad de un cambio rápido, al amparo de un gobierno desesperado empeñado en mantenerse en la inercia del estatus quo para garantizar su pensamiento único. Volviendo a Thaler, recordemos que estamos rodeados de “Arquitectos de opciones” que son quienes organizan el contexto en el que la gente toma decisiones. Las más de las veces, lejos de orientarlas al bien común y al interés legítimo, manipulan la información, moldean escenarios y contextos ficticios y se instalan en ellos confiando en que, para una mayoría, por comodidad, inacción o voluntad real, la mejor opción es no hacer nada, ni cambiar lo sustancial (“eligen la opción por defecto, como en el teléfono móvil”), y se limita a optar por el momento sin pensar o visualizar el punto final de llegada.

Una grave decisión. Hoy, lo relevante es el último episodio del Procés y las consecuencias inmediatas en la gestión de la independencia suspendida. Pero, mañana, en uno u otro escenario, recordaremos estos “pequeños” movimientos facilitadores del traslado express. El tiempo, los nuevos contextos, la psicología y comportamiento conductual de quienes han tomado estas decisiones, nos permitirá medir las consecuencias (en este caso, para Catalunya, para España y, por supuesto, para las empresas desdomiciliadas). Sin duda, “un empujón irresponsable a la empresa”, parafraseando a Thaler en su “Nudge”, merecedor del reconocimiento internacional.

La ridícula pérdida de los papeles, a la búsqueda de papeletas

(Artículo publicado el 1 de Octubre)

El pasado 11 de diciembre, una marea pacífica y entusiasta de ciudadanos catalanes volvió a decir SÍ a su derecho a decidir y a elegir un determinado modelo de relación, de autogobierno y de organización de su administración política y pública. En esta ocasión, como viene haciendo año tras año, reclamando el diálogo necesario para acordar una nueva y deseada confortabilidad en el espacio político-administrativo en el que haya de desarrollar su futuro.

En 2006, Cataluña también dijo sí, con referéndum preceptivo, a un nuevo Estatuto de Autonomía aprobado mayoritariamente por su Parlamento, atendiendo al procedimiento constitucional establecido. Sin embargo, tras cuatro años de recursos y recortes, el mismo Tribunal Constitucional y partidos políticos que esgrimen las bondades y purezas del “Punto de encuentro de todos”, se encargaron de “cepillar” el Estatuto para dejarlo en el actual Estatuto vigente. Un Estatuto para Cataluña que no quieren los catalanes.

Y con este marco normativo-político, a la espera de los próximos acontecimientos con la doble cita álgida de hoy (Referendum 1-O y su consecuente proclamación o no de la Independencia y devenir de acciones en cadena), se han venido sucediendo las acciones de los aparatos del Estado para impedir una consulta, recuperar -como viene siendo habitual desde el momento cero de la llamada transición- de forma unilateral las competencias y poderes otorgados a Catalunya en sus distintos Estatutos, posicionamientos mediáticos, mayoritariamente “unionistas”, en la carrera para el logro de sus objetivos, dirigiendo la Fiscalía, Policía y guardia civil, jueces amigos, etc., bajo el amparo de sus tribunales de Justicia y Constitucional o de Cuentas con actuaciones sumarísimas y sentencias prediseñadas con carácter previo a la evidencia, prueba, derecho a la defensa, sabedores de que su propio control de procesos, tiempos y decisiones, de producirse, no llegarán hasta muchos años más tarde cuando no solamente no haya habido referendum este domingo, sino que hayan desaparecido del mapa político los incómodos jugadores que no mantienen el adecuado alineamiento con sus deseos e intenciones. Atrás está la palabra solemne y rotunda (teatral a la luz de los acontecimientos) de un Mariano Rajoy en 2006 como jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados reclamando, al entonces Presidente Rodríguez Zapatero, “el ejercicio democrático de la consulta, exigiéndole la celebración de un Referendum demandado por el pueblo catalán, destacando su llamamiento a la responsabilidad de Estado, exigiendo alejarse de regímenes populistas y la necesidad de demostrar la existencia de democracia en España”. Por lo visto, el presidente califica el actual estatus propio de una democracia orgánica, de baja calidad e intensidad y que actúa de espaldas al pueblo.     Tras la Diada, lejos de propiciar medidas de diálogo, se han apresurado a impedir cualquier iniciativa o pensamiento pro-consulta con la amenaza de llenar las cárceles con al menos mil presos políticos inhabilitados en una intervención nunca vista en la democracia europea de postguerra, deteniendo a los alcaldes que mostraban su voluntad de facilitar la celebración de la consulta. Más tarde, el desembarco de la Guardia Civil, la sustracción de competencias y responsabilidades al mando de la seguridad y la imposición de “Zares” o “Virreyes” en colonias de la Metrópoli, suponen un camino sin retorno (por cierto, ante la pasividad del jefe del Estado).

Y siendo lo anterior de extraordinaria gravedad, es en este contexto en el que merece la pena llamar la atención sobre otro aspecto relevante, que parece aceptarse con normalidad o con relativa “justificación” y consideración como “medida proporcionada” con el silencio cómplice de múltiples actores y de la oposición de apoyo PSOE-Ciudadanos y que va mucho más allá del 1 de octubre y de la consulta.

Se trata de la irrupción arbitraria e ilegal del gobierno español en el mundo económico-financiero y empresarial en un claro chantaje atemorizador que pretende, una vez más, saltar de la política al barro, sacando ventaja puntual de su posición dominante. Así, desde la Vicepresidencia del Gobierno, desde sus reprobados Ministerios (Hacienda, Justicia e Interior), iniciaron una cruzada dirigiéndose a empresas de servicios profesionales y tecnologías de la información para “advertirles” que no podían realizar dictamen, informe o proyecto alguno para las Administraciones Catalanas con la excusa de que “todo ello iría encaminado a la secesión”, por lo que serían presa de la ley y, sobre todo, de la marginación del gobierno (y sus Comunidades Autónomas controladas) en relaciones y contrataciones futuras.

Así, el mismo día en que se celebraba la Diada, el diario económico Expansión publicaba, en una sección de coyuntura, “El Desafío Secesionista”, lo que ya era sobradamente conocido en el ámbito empresarial: “el Ministerio de Hacienda exige a las empresas tecnológicas y de consultoría y servicios profesionales toda información de los últimos ocho meses, sobre contactos, proyectos, trabajos y contratos relacionados con las Administraciones Públicas Catalanas, su sector público empresarial y entidades colaboradoras”. Acompañaba la noticia con afirmaciones del Ministerio (“se trata de evitar desvíos de Fondos Públicos hacia la creación de infraestructura tecnológica propia y autosuficiente al servicio del Procés”). No hay constancia alguna, sin embargo, de que hayan hecho algo similar con otras Administraciones Públicas (incluida la propia Administración General del Estado) al amparo, supuesto, de la normativa oficial en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. Así, si con simplemente acudir al portal público www.adjudicacionestic.com, verían cómo tan solo en los últimos cinco meses se han adjudicado más de 500 proyectos en el ámbito de las tecnologías de la Información, destacando la Xunta de Galicia y diferentes Comunidades Autónomas dirigidas por militantes del PP y PSOE, con la nada sorprendente relevancia de la adjudicación, en más de un 70% de lo contratado a las empresas Telefónica e Indra, nada sospechosas de su implicación con los gobiernos y partidos “constitucionalistas”. No se trata de información, sino de presión y miedo.

Convendría recordar un par de cuestiones clave: 1) el rol de los Gobiernos y sus competencias y funciones y 2) la importancia de las TICs y, con ellas, las tecnologías y proyectos asociados con la gestión, modernización, transformación de la economía y tantas actividades esenciales al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Precisamente en estos días, con la publicación del Índice Global de Capital Humano (W.E.F.-Foro Económico Mundial), comprobamos cómo España se sitúa a la cola de Europa, en una posición 66 del ranking global analizado, no solo con una diferente capacidad o stock de formación y capacidades base, sino con peores expectativas de desarrollo y Know How a futuro, entre otras cosas, gracias a graves insuficiencias en capacidades y competencias propias de una transformación productiva, digitalización de la economía, economía del conocimiento y adecuación empleo-formación. Máxime cuando el Capital Humano resulta crítico, no solamente para la institucionalización, normalización y gobernanza y democratización de las sociedades y, en consecuencia, la mejora permanente en los niveles de bienestar. Resulta evidente, la importancia de la inversión, también, de manera especial, en tecnología (en gran medida en las TICs básicas y facilitadoras o aceleradoras de la transformación). Pero, además, la gravedad de esta intromisión gubernativa de mala fe, es conveniente recordar que la financiación autonómica en España está debidamente regulada (Constitución, Estatutos, leyes orgánicas…) tanto para las Comunidades sujetas al Régimen Común (Cataluña incluida), como al Régimen Foral y las situaciones especiales de Canarias (región europea ultra periférica) y Ceuta y Melilla (con fiscalidad indirecta por su singular regulación estatutaria). Todos ellos protegidos por principios de autonomía financiera extendibles al resto de recursos que éstas entidades disponen más allá de la “financiación estatal”.

Por si esto no fuera suficiente, merece la pena insistir en que Cataluña (mientas no se implemente, en su caso, su independencia) tiene en vigor su Estatuto de Autonomía (por muy recortado y no deseado que sea) en el que se recoge, como no cabría esperar otra cosa, sus competencias. Así en su título VI “de la financiación de la Generalitat”, su artículo 202.2 establece cómo “la Generalitat dispone de plena autonomía de gasto para poder aplicar sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales determinadas por sus Instituciones de autogobierno”. Por no añadir la amplia definición de sus recursos, de su propia Hacienda (no para después del 1 de octubre y su desconexión, sino ahora), sus competencias financieras; mecanismos de gestión y control, así como la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat que canaliza toda relación entre las Administraciones.

Pero, al margen de normas, cabe preguntarse cuál es el papel de un gobierno. ¿No es exigible a cualquier gobierno del ámbito territorial que sea, se ocupe de la mejor administración de servicios y recursos al servicio del bienestar de sus ciudadanos? ¿No debe preocuparse en mejorar su gestión? ¿No ha de explotar su capacidad de fomento y apoyo al mejor desarrollo económico y social de sus ciudadanos? ¿No parece razonable la mejora permanente de las plataformas tecnológicas, servicios avanzados, aplicación de las TICs, no solo a las comunicaciones y a la revolución 4.0, o a la sanidad, la educación, la administración de justicia, los transportes y sus infraestructuras, los medios audiovisuales y su propia modernización de la gestión pública? Sin duda, de la misma manera que es exigible a la Administración General del Estado, a la Administración de Justicia, a la Seguridad Social o a cualquier gobierno de Comunidad Autónoma o Ayuntamiento la mejor actuación, eficiencia y gestión de su financiación, deberíamos saber que la Generalitat de Cataluña puede y debe actuar en esta línea. Y más aún, cumplir con el mandato presupuestario de su Parlamento.

El miedo pretende extenderse más allá de la realidad y la lógica (también empresarial). En estos últimos días conocemos las cifras de la inversión extranjera en España. En los años del Procés, Cataluña ha atraído 46.000 millones de euros en inversión extranjera directa (Alemania, Francia, Japón, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, Luxemburgo…). No parecen asustados más allá de la obligada ocupación ante la incertidumbre. De la misma manera que las empresas multinacionales españolas invierten en otros países entre los que destacan muchos con realidades complejas (guerras, violencia, delincuencia, corrupción, tasas de cambio, monedas débiles y variadas ideologías y modalidades de gobiernos…) mitigando riesgos, gestionando contingencias y conviviendo con la normalidad de la complejidad. Cataluña cierra 2016 con la mejor cifra de inversión extranjera de sus últimos 16 años (5.000 millones de euros), haciendo valer algunos de sus hechos diferenciales como el tejido económico, peso y calidad de su tejido económico, capital humano, apertura exterior y su nada despreciable 21% del PIB del Estado español.

En fin, la actuación del gobierno español, en este caso, no solamente se traduce en un “pleito competencial”, “una tutela auto concedida” o una intromisión prepotente y anti democrática, sino, también, un chantaje y presión inadmisible al mundo profesional, empresarial y ciudadano.

Hoy, con la excusa del Procés y la búsqueda de urnas, documentos y papeletas, así como proyectos alternativos para dotarse de un Estado más eficiente (que debería incluir con toda normalidad el diseño de nuevas “estructuras e instrumentos”), pone de manifiesto su fiebre centralizadora creyéndose el mando absoluto de un Estado que les guste o no, dejó de ser único e indivisible a partir de la transición post franquista que sus antecesores no apoyaron y hoy pretende convertir en el mantra único del encuentro entre diferentes realidades y, sobre todo, diferentes aspiraciones de futuro.

Hoy es por las urnas del 1 de octubre, mañana será por su decisión e imposición unilateral. Creen haber ganado. Más bien, todo parece indicar que el movimiento en marcha no tiene vuelta atrás. Merecería focalizar las energías en la búsqueda valiente de nuevos modelos de relación y pensar en un futurible mapa y no en un esquema del pasado. El 1 de octubre no es, en ningún caso, un punto final. Un larguísimo camino nos espera y no solo en Catalunya. Recorrerlo desde la ilegitimidad y nula credibilidad resultará tortuoso. Las malas artes se han puesto sobre la mesa y, definitivamente, se han perdido los papeles a cambio de unas papeletas. Papeletas que, sin embargo, tarde o temprano, volverán a las mesas, garantizando el ejercicio pacífico y democrático del derecho a elegir un futuro propio.

De Bruselas a Sibiu 2019: ¿La cita para una nueva Europa?

(Artículo publicado el 17 de Septiembre)

Semana europea en diferentes frentes, variados jugadores y trayectos dispares a la vez que, de una u otra forma, necesariamente convergentes.

Por un lado, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en su discurso del “Estado de la Unión” en Bruselas, Theresa May en el Parlamento de Westminster y la ciudadanía catalana en las calles de Barcelona acompañados de sus instituciones, celebrando su Diada nacional. Tres miradas desde Europa para una Europa diferente.

En Bruselas, Juncker, trascendía de los cinco modelos y escenarios alternativos que propusiera meses atrás para repensar una nueva Europa, proponiendo una nueva oferta convertida en un sexto escenario que, según sus palabras, “es una propuesta personal que pretende interpretar el buen momento que vive Europa, el apoyo recibido por los diferentes líderes de los 27 Estados de la Unión post Brexit y el deseo de reforzar una Europa más unida, más fuerte, más democrática”. Una apuesta exigente con un plazo concreto (marzo 2019) para una cumbre a celebrar en Sibiu, Rumania, al objeto de explorar esta nueva ventana de oportunidad con un Brexit concluido y una propuesta nítida al electorado europeo que habrá de concurrir a unas nuevas elecciones al Parlamento europeo, de modo que lo haga con un panorama cierto, eligiendo a un Presidente único (Comisión y Consejo Europeo) con plena autoridad y credibilidad democrática. Juncker, desde su experiencia y larga presencia y dedicación europeas en múltiples posiciones relevantes, como él mismo se encargó de recordar en su discurso, aboga, ahora, por una Europa de velocidad única y de compromisos, obligaciones y, se supone, beneficios iguales en una Europa a 27, con una moneda única (todos deben incorporarse al euro, desapareciendo espacios diferenciados) de la mano del logro definitivo de una Unión Monetaria y Económica, en un espacio Schengen de todos y para todos. Apuesta que facilitaría un verdadero Mercado Único, sin proteccionismos o medios diferenciados, Estado a Estado y en todas las áreas de actividad. Por supuesto, con un único mercado de la energía. Pero, no solo se trata de mercados, sino de construir un espacio social de la mano de un sistema de estándares sociales para todos los ciudadanos europeos (y la exigencia de su cumplimiento en países terceros que comercian con la “nueva Europa”), con un verdadero espacio garante del libre movimiento e igualdad de condiciones para todos los trabajadores europeos. Un sistema impositivo que haga que las empresas paguen sus beneficios, como si su determinación sea estanca y la creación de valor y beneficio se diera en una parte concreta de su larga cadena de valor perfectamente territorializable. Adicionalmente, protegida, con una Unión Europea de defensa que genere, entre otras cosas, “un espacio sin agujeros negros en el que se apoye el terrorismo”… Es decir, todo un sueño “aprovechando el impulso del viento sobre las velas desplegadas de una Europa de éxito” que habría superado su crisis económica, su desafección ciudadana, su pesimismo ante un potencial liderazgo o mundial, comprometida con sus valores fundacionales, su protagonismo reciente en los últimos setenta años, con una recuperada autoestima y elevado sentido de pertenencia de sus ciudadanos, volcada en una acelerada agenda a dos años. Concluir estos deseos y tareas en lo que queda de legislatura y con los actuales jugadores participantes en Estrasburgo y Bruselas (esos mismos a los que hace unos días abroncaba en el hemiciclo por la irresponsabilidad, absentismo y escaso compromiso, plagados del absentismo crónico que rodea a un buen número de parlamentarios, así como el denunciado, por él mismo, egoísmo proteccionista de algunos Estados Miembro) no parece factible en su interés en construir la Europa del 2025.

Sin duda, el esfuerzo soñador del Presidente Juncker merece respeto y consideración. Un modelo, un escenario, una voluntad. Si bien, al margen de conocer la opinión de sus señorías, de los gobiernos de los Estados Miembro y de los múltiples jugadores implicados, parecería difícil cumplir una hoja de ruta como la señalada, máxime si cada uno de los miembros continúa en el debate entre los otros cinco escenarios (y alguno más) con que se invitaba a repensar Europa. Adicionalmente, su planteamiento se deja en el tintero relevantes “cuestiones previas” por abordar y resolver antes de acometer tan intenso recorrido. Su, en apariencia, excesivo optimismo coyuntural y las prisas de un Presidente que llega al final de su mandato, demasiado pronto, deja muchos flecos por resolver y negociar, con carácter previo. ¿Es la Europa unida en torno a los Estados actuales, en una continua cesión de soberanía (en exclusiva hacia arriba, con escasa participación y controles reales de la ciudadanía), la mejor opción para afrontar un futuro aquejado de retos y problemas críticos, más allá de una recuperación temporal que no termina de impactar positivamente en la vida y bienestar de todos los europeos? ¿La unión económica que se sugiere responde a los verdaderos deseos de desarrollo inclusivo a la vez que competitivo para todo el mapa europeo, aquejado, además, de múltiples modelos y estadios de sus economías? ¿Queremos confiar las decisiones a un “superministro económico-financiero” en Bruselas, apoyado en una nueva “inspección de trabajo centralizado” y bajo pilares de los Acuerdos de Libre Comercio a gestionar? ¿Queremos fijar las prioridades en un determinado gasto inamovible en defensa más allá del mensaje de la seguridad? Parecería necesario ganar confianza y credibilidad previas con nuevos procesos de información y toma de decisiones con el debido control democrático. ¿Todos a Schengen? Sí, pero, ¿para que cada uno reponga fronteras cuando se incumplen los Acuerdos ante una imparable inmigración por una u otra causa? Efectivamente, su propuesta plantea proteger Europa y sus fronteras, pero no parece que suponga la solidaridad y acogida europea que proclaman los valores. Solidaridad vinculada con Igualdad en un largo recorrido que exige valores y compromisos, por supuesto, pero compartidos y definidos con todas las voces en juego.

Juncker contempla la posibilidad (teórica en su discurso) de una ampliación progresiva más allá de los 27 (en especial hacia los Balcanes) y vuelve al inacabable caramelo trucado de Turquía (sí, pero no) y aporta ideas para un Parlamento trasnacional, un Gobierno potente y un cambio en determinadas estructuras de gobernanza. Ahora bien, ignora, deliberadamente, el malestar interno (en Europa, en sus Estados Miembro…) y apuesta por la Europa, cerrada, de sus Estados, olvidando la composición interna de los mismos. Para él, unión de Estados, unión de consumidores, darán la cesión plena de unas soberanías fragmentadas par esa Europa fuerte y unida que “proteja, empodere y defienda a sus Miembros”. La propia “unidad de Inteligencia” de Bruselas informa de un supuesto mapa europeo de potenciales espacios “independizables” recogiendo hasta 25 con la inclusión de una Ucrania “separable” (por supuesto, con un elevado grado de imprecisiones y descripciones no homogéneas).

Al mismo tiempo, el Parlamento de Londres daba un paso único en la historia y en su ejecución del Brexit aprobado por sus ciudadanos. Nada menos que la aprobación de la llamada “Ley de Derogación o Desconexión controlada”. Más de 20.000 leyes vigentes como consecuencia de su pertenencia (todavía hoy) a la Unión Europea (desde 1.972) pasan a convertirse en la ley británica como primer paso para evitar “agujeros negros”, dando lugar a la “revisión por lectura única” para proceder a su enmienda o adecuación progresiva una vez se legisle en el propio Parlamento de Westminster, en una de las mayores transposiciones legislativas observada a lo largo delo mundo. (Por supuesto, pese a que el Reino Unido sigue formando parte de la Unión Europea, no se han visto intervenciones ni de fiscalías, ni de cuerpos policiales, ni de gobierno alguno requiriendo detenciones, investigaciones o medidas reclamando la ilegalidad de la decisión soberana del Parlamento.)  El Reino Unido decidió, por mayoría popular a través de un referéndum convocado al efecto, salir de la Unión Europea, dejar atrás sus estructuras de gobernanza y liberarse del peso y proceso decisorio de Bruselas que entendía contrarios a sus intenciones y manera de hacer política; optó por la capacidad de recuperación de los vestigios de soberanía compartida previamente cedidos (y/o arrancados) y de apropiarse de su futuro. Sabedor de que es tan Europa como el resto de Miembros, quiere seguir siendo protagonista en ella, pretende generar o compartir un espacio preferente y positivo (bilateral) de colaboración en beneficio mutuo, pero desde la dirección de su propio destino. Sabe que los pasos que está dando exigen otros movimientos internos de reconfiguración de un “Reino” complejo, en el que la Devolución de Poderes (Irlanda del Norte e Irlanda, Escocia, Gales), han de reforzarse, que son dispares las voluntades de autogobierno, soberanía e independencia en cada uno de ellos, pero que la realidad hace inevitable la apuesta valiente por un nuevo modelo tanto de relación, como de gobernanza, internos y con terceros -empezando por la Unión Europea- a lo largo del mundo.

El Reino Unido ha decidido seguir otro camino fuera de la Unión Europea. Mientras menos tardemos en aceptarlo y en entender las bondades y necesidades de un Acuerdo positivo, amigable y bilateral de futuro, mejor servicio daremos a todos los ciudadanos y facilitaremos, en verdad, desde el respeto a los valores europeos, construir nuevos espacios de bienestar.

Y también mirando a Europa, la ciudadanía catalana ha celebrado su Diada nacional, saliendo a las calles de Barcelona, proclamando su voluntad pacífica y democrática de construir un nuevo modelo de organización política y administrativa, sin salir de la Europa de la que ya forman parte, a cuya legislación se deben y de la que son ciudadanos de pleno derecho, hoy, con sus obligaciones, derechos, aspiraciones y decepciones, convencidos que pueden  lograr una mejor alternativa de futuro para todos. El Procés, paso a paso, año a año, demuestra la fortaleza y convicción de su movimiento chocando con un muro amparado en la unilateralidad, los aparatos de Estado y su ley excluyente y no concurrente. ¿Es este el modelo sobre el que Juncker cree posible construir su nuevo sexto escenario de una Europa más unida, más fuerte y más democrática?

Sin duda, parecería más cómodo mirar para otro lado e insistir en la complejidad del tablero “nacional-regional” europeo, como coartada para no dar nuevos pasos, pero no es sino dar la espalda a una realidad viva. O Europa (y cada uno de sus 27 Estados Miembro) se ocupan del asunto o cualquier paso en falso no hará sino retrasar y deteriorar el proceso. Europa mal convive con un buen número de pueblos y naciones que aspiran a un modelo propio y diferenciado. Su grado de reivindicación, sus tiempos y el modo en que los Estados del que hoy forman parte les trata y “acoge”, aceleran o retrasan su necesidad de cambio. Pero no atenderlos de manera adecuada y no incorporarlos con personalidad protagonista en el proceso de construcción europea, supone un paso en falso y creciente desafección. Aprovechemos las “ventanas de oportunidad” que nos ofrecen las voluntades pacíficas y democráticas para el cambio.

Europa es un maravilloso sueño, referente de valores, con vocación solidaria y deseosa de ser un verdadero espacio de paz, democracia y libertad. No es un mercado, ni una fortaleza, ni un aparato burocrático, endogámico, al servicio de una élite privilegiada. Europa es y debe ser un verdadero espacio de oportunidad, un líder referente en un mundo necesitado de horizonte, de resultados. Lo relevante no es mantener una estructura única, un mando centralizado unitario, ni un centro de decisiones a imponer desde Bruselas. La realidad es compleja y son múltiples las voluntades de crear un espacio diferente. Co-soberanía sí, pero desde la voluntad y decisión bilateral e igualitaria. No desde la imposición unilateral de fortalezas heredadas. Es cuestión de futuro y no de pasado.

Como siempre, está en nuestras manos el llegar, de una u otra manera, a la cita del 2019. ¿Cuál es nuestro escenario?

De vuelta a la nueva complejidad

(Artículo publicado el 3 de Septiembre)
Despedíamos el curso anterior con la necesaria predisposición a disfrutar lo mejor posible de un reparador verano en la confianza de encontrar, a nuestra vuelta, bien por activa o por pasiva, un mundo mejor al que dejábamos tan solo un mes atrás, bajo el autoengaño esperanzado del anhelado cambio favorable.

No obstante, la semana de reencuentro nos acoge con una inquietante prueba de misiles y dialéctica político-militar y comercial que enrarece la difícil convivencia USA-China-Corea y sugiere temor, incertidumbre y negras consecuencias con grave impacto global más allá de sus largas y amplias fronteras. Preocupante escenario que se une a un devastador y angustioso terrorismo yihadista agravado, en esta ocasión, por la proximidad física en Barcelona desde la supuesta lejanía tanto de las causas que lo provocan, como de los “Centros de Dirección e Inteligencia” que suponemos vigilantes y concentrados en su solución y que, como desgraciadamente conocemos muy bien, se ve acompañado de la mezquindad de la guerra sucia, las noticias fake y el aprovechamiento despreciable de quienes creen obtener beneficios inmediatos explotando el dolor ajeno. Un negro espacio del que no han desaparecido la “no suficiente recuperación económica y superación de la crisis” (pese a las propagandísticas y ridículas afirmaciones de la Ministra de Trabajo del gobierno español, Fátima Báñez, con su “solución a la española” -sana, sólida y social- como si de una tortilla de patatas se tratara), obviando rescates financieros, incremento de la desigualdad y otras muchas graves consecuencias en la prosperidad esperable bajo intentos de mitigar el paro, la desigualdad y la inequidad. Situaciones y problemas no distintos a los que dejábamos días atrás y que a más de uno le sirven de coartada, para decirnos que habiendo cuestiones tan graves y globales por resolver, no es momento de perder el tiempo, ni en desuniones (“seguidme con mi unidad impuesta y única”), ni en pequeñeces locales o individuales (“la gente seria solamente piensa en el bien común que yo defino”), ni en corrupciones, mentiras o incompetencias de gobernanza (“no hay otra política o solución que la que yo aplico”, “son cosas del pasado”), recurriendo, desde el establishment, a la descalificación “secesionista , retrógrada o infantil provocados por el exceso etílico” culpabilizando al Brexit, al Procés catalán y a todo aquel que no acepte el dictado de su dominante política de pensamiento único.

Con este panorama no especialmente estimulante, resultan refrescantes algunas   lecturas de diferente signo que invitan a trascender de cada una de las muchas cuestiones concretas que nos ocupan para reflexionar en torno a las mismas. Así, el aún caliente ejemplar de septiembre de Finanzas y Desarrollo del F.M.I., centra su número en una interesante propuesta basada en dos grandes preguntas: ¿“Cooperación global en una difícil batalla cuesta arriba”? y ¿“Cómo tratar problemas complejos y globales en un entorno de escepticismo sobre los beneficios de la globalización y el multilateralismo, aquejado del desapego a la dirección política, gobernantes, medios de comunicación, tecnócratas y expertos”?

Esta doble cuestión lleva al citado medio a recorrer interesantes análisis evidenciando direcciones contradictorias en torno a un círculo perverso: La superación de la crisis, la pacificación mundial, las bases de crecimiento y desarrollo fruto de la cooperación global liberada en la postguerra mundial por Estados Unidos y el Reino Unido y apoyada en los instrumentos multilaterales para su co-gestión democrática, han dejado para la historia uno de los mayores periodos de bienestar y libertad. Contra la evidencia histórica de dejar a las catástrofes, a la violencia y a las crisis el origen de las sucesivas derrotas de la desigualdad y diversas recomposiciones del equilibrio para el desarrollo mundial (“The Greater Leveler”, de Walter Scheidel), tanto el proceso de construcción de la hoy Unión Europea, como la generación de diferentes instrumentos internacionales (Naciones Unidas, FMI, BM, etc.) han aportado un beneficioso espacio de desarrollo general de la mano de la paz.

Sin embargo, hoy, es precisamente en ese liderazgo y en esos instrumentos en donde reside gran parte de la desconfianza y de la escasa credibilidad y/o capacidad para ofrecer las respuestas que demanda la Sociedad.

¿Significa, entonces, que la cooperación, el análisis y respuestas globales, la gobernanza multilateral han dejado de tener sentido? No, pero cada uno de estos elementos y conceptos ha cambiado. Se trata de la nueva complejidad (soluciones y credibilidad democráticas locales y globales; co soberanías o independencias colaborativas, pluri-estrategias únicas y propias con el compromiso de sus actores y protagonistas, nueva gobernanza desde la innovación imaginativa y variados instrumentos y culturas de gestión y decisión, objetivos esenciales diferenciados en diferentes tiempos y prioridades…). Un mundo necesitado de confianza y credibilidad, tal y como refleja la encuesta “Global Shapers Survey”, publicada esta misma semana por el World Economic Forum, con las opiniones de 32.000 jóvenes, menores de 30 años, de 186 países diferentes, destacando no solamente que se sienten ajenos a las decisiones que les afectan, sino que desconfían de las noticias, mensajes y compromisos que les transmiten los medios o gobernantes.

Así, conectar diferentes voces, facilitar la colaboración real, imaginar nuevos jugadores e instrumentos resulta imprescindible para afrontar los problemas y demandas sociales. En esta línea, el profesor Don Tapscott, de la Universidad de Toronto, publicaba unos comentarios introductorios al Informe de Investigación sobre nuevos modelos de resolución de problemas y su gobernanza (www.gsnetwork.org), ofreciendo no solamente una metodología y herramientas facilitadoras de potenciales soluciones a la complejidad global en diferentes áreas temáticas (por ejemplo, en mi opinión, de especial interés en Prosperidad, Humanidad y Desarrollo), con el ejemplo de su utilización en la vigente formulación de los “17 objetivos Globales y Sostenibles de Naciones Unidas”, sino múltiples conceptos que incluyen en el proceso: afrontar vías positivas de solución y no problemas, incorporar el mayor número y cualificación de stake holders (o grupos de interés), incorporación inteligente y selectiva de la información, explorar impacto y consecuencias o resultados esperables sobre los que seguir trabajando, construir planes de acción para conseguir resultados multi-variables, escalar procesos e iniciativas para generar un mayor impacto y CONECTAR conocimiento, personas, actores, empresas, países, regiones, gobiernos… En definitiva, nuevas redes cooperativas globales y locales, gestionables y controlables de forma democrática. Así, la voz de los expertos también baja al día a día para el contraste creativo y real, convirtiéndose en el combustible de la confianza y respeto necesarios para iniciar cualquier tipo de colaboración y voluntad de compartir búsqueda de soluciones y explorar oportunidades.

Porque, en este contexto en el que nos movemos, ¿cómo podemos confiar en la fuente? ¿cómo discriminamos la “información” transmitida? Por ejemplo, en esta semana de vuelta a casa  podemos preguntarnos, si tiene alguna credibilidad la filtración de una supuesta “información no corroborada” de alguien en apariencia relacionado con sistemas de inteligencia estadounidenses para culpabilizar de una masacre terrorista a quien no creyó oportuno colocar bolardos en las Ramblas de Barcelona, o si, puede  generar confianza el control exclusivo de un servicio de inteligencia bajo el mando centralizado de un Ministro de Interior, rodeado del aparato de un antecesor reprobado por un Parlamento Democrático, grabado en plena conspiración política, creando información falsa. O, cabría preguntarse si cabe esperar el cuidado confiado de los grandes problemas a la gestión por tuits, o si, volviendo al ámbito económico, como expresara Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, “algunos economistas parecen martillos a la búsqueda de clavos ya conocidos, cuando de lo que se trata es de apropiarse de los problemas cambiantes de cada día y encontrar el verdadero diagnóstico para el crecimiento y la inclusión”. La complejidad es la norma. El lenguaje simplista que evita profundizar en los contenidos reales lejos de facilitar el camino de la solución lo hace inviable.

Nuevo curso, distintos retos (aunque a base de repetirlos parecerían los de siempre). La “nueva normalidad” no es sino la complejidad ordinaria. Su esencia no consiste en su grado de dificultad, sino en la inestable interrelación e interdependencia de múltiples personas, variados conocimientos, un sin número de instrumentos y compromisos colaborativos. Todo un proceso encadenado hacia potenciales beneficios, anhelos y consecuencias diversas. No son momentos de unidades ficticias sin compromisos compartidos, ni de salidas unilaterales e impuestas, ni de demagogia propagandística, ni de lenguaje negativista y excluyente o de guerra. Tan simple como aprender a usar mensajes firmes y constructivos sobre los que reescribir la complejidad en términos de solución y oportunidad colaborativa. Un regreso, fresco, relajado y creativo.

Afortunadamente, la riqueza del capital humano, debidamente organizado y focalizado, está a nuestra disposición.

Hoy como ayer. Un 20 de agosto alumbrando una nueva Europa…

(Artículo publicado el 20 de Agosto)

A la espera del primer desenlace en la siguiente etapa prevista en el Procés catalán con su próxima cita el 1 de Octubre (previa estación intermedia en la Diada del 11-S) con el gobierno español y su incondicional “tribunal Constitucional” atrincherados en la seguridad que la justicia de parte les proporciona con una clara ventaja que protege sus posiciones, sean las que sean, recordamos el 20 de agosto de 1991 cuando el parlamento de Estonia alumbró una nueva página en la manera de construir Europa, en libertad y democracia, rompiendo estructuras estatales del pasado ante la amenaza real de una Unión Soviética (de la que formaba parte) en pleno proceso de cambio y transformación.

Hoy, ante la voluntad de algunos países y miembros significados, ciudadanos de la Unión Europea, que pretenden determinarse, dentro de Europa, pero de una manera singular y diferenciada, nos encontramos con un núcleo duro que se apalanca en su posición dominante y de privilegio para imponer sus posiciones inmovilistas. Ni la Comisión Europea, ni las autoridades de un buen número de Estados Miembro de la Unión parecen ser conscientes de sus propios errores cometidos a lo largo de ya demasiados años, ni de su responsabilidad alícuota en la profunda crisis (política, económica, social, humanitaria y de gobernanza) que no solamente provoca consecuencias negativas a sus ciudadanos, sino que favorece el desencanto y la búsqueda de alternativas con expectativas (nadie es capaza de conocer un escenario y resultado final) para un futuro mejor en un espacio de futuro en el que se encuentren lo suficientemente confortables como para asumir el riesgo de apropiarse de su propio destino, en la confianza de que no necesariamente lo harán peor que “sus dirigentes” en Bruselas, Madrid, París o Berlín, anhelando que las decisiones que les afecten puedan someterse al control e impulso democráticos desde la proximidad y vecindad inmediatas. No asumen la realidad que, por acción u omisión, ha influido de forma decisiva en el desencanto de muchos y en la elección de un BREXIT tras años de convivencia y proyectos compartidos. Así, lejos de la necesaria autocrítica por su gestión, sus nefastas políticas (y sobre todo en su ejecución) facilitadoras de una profunda crisis de confianza y credibilidad, de un desapego y malestar con su parálisis institucional y su boato no justificable y el desigual reparto de beneficios y poder, parecerían sentirse reforzados por sus propios argumentos desde una elevada prepotencia que les lleva a afrontar la inevitable y obligatoria negociación  de un proceso de salida, Brexit, complejo, con implicaciones multi parte, desde una falsa superioridad pretendiendo “ganar y humillar” a quienes han optado, de manera pacífica, democrática y en el marco legal y político previsto, por retomar o emprender un nuevo camino que entienden puede resultar beneficioso para sus ciudadanos.

De esta forma, ya desde el período pre Brexit, Bruselas jugó un papel de parte, entrometiéndose en la decisión británica, con argumentos tremendistas escasamente soportados, no ya en la realidad descriptiva de hechos y datos, sino en la resistencia a explorar vías de futuro (como ya lo hiciera en el proceso previo en Escocia). Más tarde, conocido el resultado del referéndum y la aprobación mayoritaria del Brexit se ha resistido a buscar soluciones de mutua confortabilidad, presentando su cara ácida y displicente en apoyo a su anunciado “Brexit duro”, despreocupándose no solamente del mejor futuro del Reino Unido, sino el de los propios Miembros de la Unión Europea y del proyecto comunitario en sí mismo. En esta línea, sus principales portavoces repiten una y otra vez que antes de cualquier escenario de futuro compartido, deben fijarse las cuentas deudoras y los costes de salida, sobre la base de unos informes de parte, débilmente soportados que diseña escenarios financieros sobre la base de supuestos compromisos firmes (especialmente presupuestarios) en programas europeos con históricas desviaciones y trayectoria de incumplimientos, muy similares a la práctica ineficiente que la propia Unión ha venido demostrando ejercicio tras ejercicio en sus relaciones internas con los diferentes Estados Miembro.

En este sentido, esta misma semana, el Reino Unido ha presentado un documento en el que se ofrece su voluntad para abordar un “proceso suave, amigable, realista y de interés y beneficio mutuo” para acordar un sistema aduanero facilitador de la libre circulación de personas y mercancías, con especial sensibilidad a un delicadísimo problema no del todo resuelto, Irlanda, cuyo proceso de pacificación y normalización exige un mimo especial, minorando el riesgo de ruptura. Un modelo que permita a los “extranjeros”, residentes hoy en el Reino Unido, una tranquilidad, al menos medio placista, que permita redefinir espacios de relación interdependiente con Escocia ante hipotéticas decisiones futuras de pertenencia o no a la Unión Europea y/o Reino Unido, que permita mantener espacios compartibles como todos los Estados no Miembros de la UE que sí  lo son del Espacio Europeo, o con alguno de los múltiples modelos de colaboración existentes ya hoy en la amplia Europa, más allá del ámbito director de Bruselas. La propuesta de trabajo sobre la base de “unas fronteras invisibles o blandas” (la tecnología hoy, facilita todo tipo de control más allá de barreras y alambradas), ha sido descalificada y tachada de “fantasía británica”.

Vistas estas reacciones, hemos de preguntarnos si se desea un Acuerdo, si se piensa en los beneficios mutuos al servicio de las personas y de los pueblos que componen el espacio europeo en el que soñamos vivir o se pretende “bunkerizar” una ineficiente e ingobernable “nueva Europa” al dictado de un reducido grupo de personas, partidos, grupos de interés y Estados Miembro que se auto erigen en un núcleo duro, alejado de un verdadero control democrático directo que vele por los valores y principios que llevaron a los “padres fundadores” a soñar e implicarse en el mundo de la fantasía, la ilusión y los sueños para construir un mundo mejor, diferente al de la violencia, la imposición, y las guerras que vivieron. Construir un espacio de paz, libertad, seguridad y bienestar, sin lugar para la imposición de las armas, requiere un espíritu soñador y un compromiso práctico y permanente aunando la diversidad colaborativa, subsidiaria e interdependiente, en un largo e inacabable proceso de alianzas múltiples deseosas de compartir objetivos, valores y, sobre todo, un espacio de futuro, sin duda, diferente al observable en estos momentos.

Desgraciadamente, una vez más, parece que la torpeza, pereza e inmovilismo de quienes se aferran al pasado y al estatus quo, impide afrontar el BREXIT y su desenlace como una obligada oportunidad para repensar una nueva Europa. Lejos de pensar que ha sido un mal pasajero y de diseñar planes y estrategias para “convencer a los jóvenes británicos que sus padres les han engañado, que han votado los viejos, insolidarios, xenófobos, iletrados y poco viajados” y provocar sucesivas votaciones hasta que el resultado sea el que “Bruselas quiera” (dicho sea de paso, como ha pasado en varias ocasiones), merecería la pena pensar en Grande, pensar en futuro, poner el foco en la nueva construcción de una nueva Europa, y no perder el tiempo levantando murallas separadoras de quienes tienen otra manera de imaginar el futuro y observan el impacto y consecuencias de las nuevas variables que perfilan el mundo por venir (demografía, economía, Sociedad, seguridad, estado de bienestar, tecnología, empleo, voluntad de los pueblos en transitar su propio camino apropiándose de su libre decisión, nuevos instrumentos de gobernanza), alumbrando nuevos procesos decisorios, libres y democráticos.

Si el propio presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, animaba a repensar Europa bajo la sugerencia de cinco modelos u opciones a elegir e invitaba a un ejercicio dialogado de “prospección inteligente y valiente” de diferentes escenarios y sus consecuencias, llama la atención que, por la fuerza de los hechos, se ralentiza y arrumba en el olvido el debate y coraje necesarios para transformar un modelo caduco, amparándose en su complejidad, acomodándose al inmovilismo y pereza instalados en la burocratizada Europa.

Europa exige una profunda transformación. Sigue siendo un referente irrenunciable y es mucho lo que ha de aportar al resto del mundo y, por supuesto, a los ciudadanos europeos. El Brexit, como otros movimientos en ciernes a diferentes ritmos, deben observarse como espacios de oportunidad. Son una buena excusa de reflexión hacia pensamientos innovadores y creativos que provoquen algo diferente. Una oportunidad que de verse como un problema que incomoda el descanso aletargado de unos pocos y la búsqueda, siempre inquietante, de nuevos horizontes, no hará sino impedir un mejor futuro para todos. Es la excusa adecuada para repensar los espacios internos, redefinir los conceptos de soberanía e independencia, de reformular un estado social de bienestar alcanzable y sostenible, de afrontar una crisis humanitaria y un mundo  de desigualdad creciente, de proponer nuevos modelos de gobernanza y afrontar la siempre incómoda modernización y reforma de las burocratizadas administraciones públicas, de dar cohesión a la diversidad y romper con el mantra globalizador uniforme… Lejos de dejar en manos de las guerras la redefinición de los espacios de futuro, demos la voz al pensamiento creativo y al diálogo. Una oportunidad para la política a la vanguardia de las soluciones a las demandas de las diferentes Sociedades que componen una Europa plural.

Repensar, reconstruir, redefinir nuevos espacios. Precisamente hoy, 20 de agosto, celebramos aquel verano de 1991 en el que asistimos, positivamente sorprendidos, a la restauración y declaración de independencia de la República de Estonia, de forma democrática y pacífica, dando un paso más en las diferentes fases de su propio proceso iniciado años atrás en pleno dominio soviético. Su parlamento, “asumiendo el mandato recibido de nuestro pueblo” (“We carried out the People´s will”), “confirmando nuestra independencia nacional y proponiendo el reconocimiento y aplicación de nuevas relaciones diplomáticas internacionales a lo largo de Europa y del mundo, con la aprobación de una nueva Constitución a someter a un referéndum aprobatorio y dando lugar a nuevas elecciones y forma de gobierno…”

Estonia, como cada uno, siguió su propio proceso y camino. Alumbró un nuevo espacio de futuro. La Unión Europea de entonces acogió este “incómodo” compromiso con espíritu abierto y negociador. Otros (las Repúblicas Bálticas, las primeras) les siguieron, el mundo, en general, se sumó al reconocimiento internacional y apoyo explícito, en un impecable proceso democrático. Europa repensó su extensión, su territorialidad, su dimensión, su modelo de gobernanza, su economía, su financiación, sus programas de desarrollo, su espacio diplomático, su modelo de seguridad en el espacio atlántico, la incorporación de sus funcionarios, y extendió su solidaridad. Nuevas reglas, nuevos instrumentos, nuevos aliados. Sin duda, un buen recuerdo para entender que nuestro sueño europeo es cambiante y dinámico y que, por supuesto, el deseo de una nueva Europa a construir sobre la fortaleza de sus inseparables pilares fundacionales es posible: un espacio de paz, libertad y seguridad; un espacio de prosperidad; un espacio de bienestar y cohesión social; un espacio colaborativo, subsidiario, interdependiente; un espacio de solidaridad dentro y fuera de sus fronteras.

BREXIT (y otros movimientos democráticos y pacíficos) son por encima de todo, aliados y oportunidades para dar respuestas constructivas a las demandas ciudadanas. No miremos hacia el inmovilismo del pasado como algo irreversible y no mejorable. Hoy, como ayer, y siempre, alumbremos una nueva Europa.

Vacaciones: Hacer y generar turismo de valor…

(Artículo publicado el 6 de Agosto)

Atraído por el reclamo positivo de Barcelona-Catalunya como ciudad-País europeo y mediterráneo de singular relevancia cultural, económica, urbanística, de ocio y académica (además de la especificidad política coyuntural que despierta interés en el mundo), su entorno de recreo (playas, montañas, deporte …), un gran despliegue turístico internacional se da cita de forma incremental año tras año, bien por su elección como destino temporal o como tránsito de conexión ya sea por vía marítima o aérea.

Siguiendo esta lógica, decenas de miles de viajeros eligieron Barcelona -paso o destino- para disfrutar de sus merecidas vacaciones de verano para este año en curso. Desgraciadamente, su libre elección se ha convertido en una auténtica pesadilla. Atrapados en un aeropuerto sometido al monopolio gestor de una Sociedad Pública (AENA), gestionada a distancia desde la lógica uniformizadora de una Administración que entiende preferible ceder su responsabilidad de servicios esenciales a una concesión privada y no a otra Institución o Administración pública -local o Infra estatal- por razones exclusivamente políticas, sufriendo largas e interminables colas con el pretexto de la seguridad (la más de las veces bajo el control y supervisión de personal no cualificado, escasamente educado para atender a un cliente o ciudadano a cuyo servicio se debe) y convertidos en inocentes piezas de chantaje o presión negociadora de sus condiciones laborales, haciendo del castigo a terceros su mejor bandera reivindicativa. Larga e incómoda espera que, además, ha destrozado las expectativas y vacaciones de muchos, perdiendo sus conexiones a destinos finales, estropeando planes familiares y el consecuente quebranto económico, por no destacar la proyección de una imagen negativa de la Ciudad-País en cuestión. Por si no fuera suficiente, quienes lograron superar el espacio aeroportuario e intentaron trasladarse a algún otro punto, se enfrentaron a la caótica desatención de otro servicio básico, el transporte, enfrascado en su particular lucha entre el servicio ordinario de taxis y la emergente economía colaborativa aplicada a este mundo y simplificada en las empresas UBER y CABIFY. Todo un caótico panorama alejado de la voluntad de descanso, veraneo y turismo esperable.

Una y otra situación, bajo el amparo (violencia e incumplimientos legales aparte) del justo derecho a la huelga, en un desorganizado y en algunos casos comportamiento delictivo de algunos, provocando un desaguisado además de un negativo impacto, no solamente en el ámbito turístico, sino en la libre circulación de las personas como en sus expectativas de trabajo o descanso. Y no hemos hecho sino empezar agosto, con la duda razonable de esperar otras actuaciones similares tanto de estos grupos y actividades, como de otros prestadores de servicio al público.

Pero si estos hechos asociables con la mala gestión de las empresas relacionadas y las lagunas regulatorias al respecto influyen en el ya de por sí largo debate en torno al mundo del turismo y sus bondades, su distribución coste-beneficio en las poblaciones destino y su relación entre residentes locales y su convivencia por la concentración masiva localizada de visitantes en determinados espacios, en esta ocasión se han visto agravados por la irrupción de la violencia callejera que un determinado grupo ha decidido impulsar al amparo de la turismofobia. Adicionalmente, la “artillería mediático-política” española, contraria al proceso democrático y pacífico favorecedor de un referéndum en el llamado Procés, cuya siguiente parada está prevista para el próximo 1 de octubre, no ha tardado en vincular dichos actos delictivos e intolerables con el posicionamiento pro-independencia y/o pro-derecho a decidir. Obviamente, se abstienen de mencionar actos similares en Baleares, por ejemplo, o Madrid en donde se tratará, simplemente, de un debate en torno al Turismo y su impacto en la Sociedad.

En este marco, hoy mismo, desde la Organización Mundial del Turismo Internacional (UNWTO) se publican cifras correspondientes al primer semestre de 2017 qué, en lo correspondiente al estado español, además de situarlo a las puertas de convertirse en el primer lugar mundial receptor de turistas, destaca el ingreso por gastos de visitantes extranjeros en 7.548 millones de euros con un gasto medio de 1.065 euros por visitante. A esta fría pero significativa cifra, habría que añadir el análisis pormenorizado de todas aquellas aportaciones de lo que supone un auténtico Cluster del Turismo (todas aquellas actividades relacionadas, regionalizables en cualquier Unidad de actuación, como puede ser cada Comunidad Autónoma o Barcelona-Catalunya siguiendo con nuestro ejemplo de referencia), incluyendo hostelería, transportes, vivienda, infraestructuras, cultura, ocio, deporte, formación, tecnología, emprendimiento, salud, servicios profesionales, administraciones públicas, entretenimiento… relacionadas, contribuidoras o consecuencia del  servicio al turismo.

Recordemos (de la mano del mismo UNWTO) algunos datos clave sobre “la industria del turismo” cuya expansión ha sido constante en las seis últimas décadas liderando el crecimiento y diversificación de los sectores económicos a lo largo del mundo, convirtiéndose en un vector clave en la transformación de la sociedad, favoreciendo el progreso socio económico, motor generador de empleo, desarrollo de infraestructuras (sobre todo básicas) y fuente generadora de ingresos y exportaciones sin parangón. Baste, también, recordar que las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1.950 a 270 millones en 1.980, 674 millones en 2.000 y nada menos que 1250 millones en 2.016. El turismo internacional supone el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios con un crecimiento anual superior al del comercio mundial, supone el 10 % del PIB mundial, ocupa a 1 de cada 11 empleos, y moviliza de 5 a 6 mil millones de turistas internos. La cuota de mercado del turismo de los países emergentes alcanza el 45% y las estimaciones para el 2.030 lo sitúan en el 58% con la elevada influencia que en sus diferentes niveles de desarrollo comporta, para un total previsto de 1.800 millones de turistas internacionales.

Este marco descrito obliga a profundizar, desde su impacto real, no ya en situaciones coyunturales determinadas, sino en un profundo proceso de reflexión de las diferentes estrategias a seguir (regionalizadas, Comunidad a Comunidad, Ciudad a Ciudad con determinadas acciones diferenciadas según localizaciones y espacios concretos).

Volviendo al caso Barcelona ya mencionado, recordemos que son muchos los años en que diferentes luces rojas se encendían (no solo allí, sino a lo largo del mundo) y que vienen generando lo que hoy parece ser una cierta “turismo fobia”, cuestionando las bondades de la actividad y promoción turística o su presencia no deseada en determinados lugares o momentos. Merece la pena retroceder a mediados de los años 80 cuando el turismo pasa de su asociación directa con el mundo de la cultura a su consideración como motor de la actividad económica con su progresivo e imparable peso en el PIB, un relevante cambio en los modelos de gestión, su claro impulso de nuevas actividades y el análisis y trabajo implícito o explícito de la configuración de auténticos clusters del turismo (en el caso de Euskadi, por ejemplo, 1.983 supone el primer ejercicio en que una Institución pública, la Diputación Foral de Bizkaia, adscribe la responsabilidad del Turismo a un departamento económico y no de Cultura, Promoción y Desarrollo Económico) y un claro tránsito del Turismo Cultural, al de Negocio urbanístico, de salud, deportivo, etc. incorporando etiquetas, especialidades en torno a un concepto amplio y completo en el marco de estrategias de desarrollo regional. En definitiva, estrategias Ciudad o País.

Así, Barcelona, apostó por un modelo de promoción turística que tuvo un punto clave de inflexión con los Juegos Olímpicos de 1.992, luciendo su mejores galas para la atracción del interés mundial (imagen, turismo, tarjeta de visita…) siendo el motor de transformación urbana, de modernización y mejora de la Ciudad y el área metropolitana, de generación de autoestima y precepción de reconocimiento internacional, puesta en valor de sus movilizaciones pacíficas y democráticas desde un voluntariado no visto hasta entonces, y múltiple iniciativas económicas de gran valor País. La atracción por la ciudad y el interés en visitarla no ha dejado de parar. Generalitat y entidades públicas y privadas han trabajado en cuidar ese valor compartido mitigando efectos negativos sobrevenidos. La estrategia básica deseada por toda Administración es que el visitante lo sea de calidad, que pernocte un suficiente número de noches para dejar ingresos medios elevados, que consuma todo o casi todo en casa, que utilice todos los servicios posibles, que lo haga de manera respetuosa con la convivencia en Comunidad, que no sea un turismo barato, destructor y que se distribuya en el tiempo y a lo largo y ancho de todo el territorio evitando concentraciones excesivas. Por supuesto, que esto se produzca en términos de sostenibilidad a la vez que sea un motor generador de riqueza y bienestar y que su balanza particular coste-beneficio resulte positiva para casa. Las estrategias, planes oficiales, iniciativas se sucedieron. En medio, demasiadas luces rojas se iban sucediendo: localidades convertidas en focos de turismo juvenil asociado a la bebida y el desmadre colectivo con el claro deterioro de infraestructuras, convivencia e imagen de calidad, turismo por horas para disfrutar discoteca y espacio de ocio fugaz,  casi siempre pagado íntegramente en el exterior. Para ir y volver tras las horas de fiesta, añadiendo el efecto negativo del éxito no regulado favoreciendo alquileres ilegales o no declarados, usos no autorizados de vivienda y locales, concentración irregular en determinados barrios y Comunidades y la novedosa irrupción imparable de la emergente economía colaborativa que, a través de sus plataformas tecnológicas globalizadas, transforma los modelos de negocio y servicio, los usos legales de los activos (viviendas, espacios de ocio, acceso, transporte, etc.) desbordando las iniciativas administrativas.

Es evidente que no estamos ante un hecho ni coyuntural, ni de ámbito exclusivo de Barcelona-Catalunya. Toda Ciudad o País con activos de valor susceptibles de atraer “turistas” está obligado a repensar su propia estrategia turística, en sentido amplio y completo. Como hemos visto, el turismo, redefinido de una u otra forma, supone un beneficio imparable, tractor del desarrollo y crecimiento continuo. Las regiones y Ciudades competimos, también, en términos de imagen y reconocimiento, estando, sobre todo, al servicio de sus propios ciudadanos. Ahora bien, como todo, el balance bondades-perjuicios, coste-beneficio, exige de una evaluación específica y de su adecuada regulación. No es momento de dejarse llevar por una “turismo fobia” paralizante, sino de diseñar estrategias positivas para un futuro generador de valor (turismo-residente, calidad, innovador y creativo, sostenible, inclusivo y respetuoso con la Comunidad receptora, tractor del desarrollo socio económico, favorecedor de la apertura al mundo y promotor de nuestra imagen, cultura, idiosincrasia y valores diferenciales).

En definitiva, superar la “turismo fobia” coyuntural desde estrategias creativas que hagan deseable participar desde un movimiento turístico internacional de valor, adecuado a nuestros propios intereses.

De la Filantropía al Valor Compartido

(Artículo publicado el 23 de Julio)

Hace ahora 15 años, los profesores Michael E. Porter y Mike Kramer publicaban en la Harvard Business Review un artículo sobre “la Ventaja Competitiva de la Filantropía Corporativa”, introduciendo nuevos paradigmas en el rol a desempeñar por las empresas más allá de sus fines y resultados de negocio, el alcance del compromiso social más allá de su impacto social directo como consecuencia de su aportación emprendedora y sus obligaciones de “buen ciudadano”, cumplidor de la normativa, generador de empleo y riqueza, pagador de impuestos y sensibilidad contributiva con su Comunidad próxima. Paradigma y compromisos que se han venido multiplicando en el tiempo en un movimiento generalizado a lo largo del mundo, reforzado e impulsado por toda una variedad de “Escuelas de Pensamiento” que han ido reforzando la consideración de la “Responsabilidad Social Corporativa” (Premio Mckinsey 2006 a los ya citados autores) y la “Creación del Valor Compartido” (Premio Mckinsey 2011 a los mismos distinguidos profesores y amigos) en una clara evolución que condiciona, favorablemente, la focalización, estrategias, objetivos y modelos de actuar y de negocio de la empresa a lo largo del mundo.

El proceso (imparable) ha venido y viene transformando las empresas y el mundo, de una u otra manera, cambiando la percepción y mentalidad en torno al compromiso y responsabilidades sociales más allá de la Cuenta de Resultados (aportación social y compromisos en sí mismos), poniendo en valor los activos empresariales, sus condiciones especiales para la gestión e interacción de recursos al servicio de resultados eficientes, con proyección y trascendencia en el largo plazo, de manera sostenible. La empresa, así, pasa a ser el principal actor garante de resultados claros ante las demandas y necesidades sociales, aportando elementos diferenciales a la voluntad de las ONG´s y las responsabilidades políticas de los gobiernos.

Así, desde la consideración satisfactoria inicial de una clara aportación a la Sociedad, la empresa ha ido incorporando no solamente la interiorización de otras necesidades y problemas, haciéndolos propios, transitando desde la filantropía, la responsabilidad social y la redefinición de una visión social y empresarial únicas, provocadora de sus propios y diferenciados modelos de negocio. Hoy, a las exigencias ordinarias a la empresa (y, en especial, al empresario y/o accionista e inversor), se suman múltiples y complejas demandas. Demandas y roles que, en los años de crisis, con carácter adicional a posicionamientos ideológicos, han venido a traducirse en un halo de culpabilidad y sinónimo del otrora capitalismo clásico, facilitando la fácil descalificación gratuita de cualquiera a quien baste señalar etiquetas “neoliberales” o excluyentes desde posturas cómodas de autodefiniciones que parecerían no deber explicaciones ni, mucho menos, críticas y evaluación alguna por su propia responsabilidad.

En esta línea de debate social, entre distinciones sobre economía del bien común, economías inclusivas, economías y empresas participativas, responsabilidad y progreso social, brotan nuevos elementos al enriquecedor panorama descrito. Por ejemplo, el fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, calificado por la revista Forbes “como el segundo hombre con mayor patrimonio neto individual del mundo” (en torno a 90.000 millones de dólares), ha acudido a Internet y las Redes Sociales para pedir “sugerencias para canalizar mi dinero y esfuerzo en la mejor dirección posible en la solución de necesidades sociales”. Bezos, con largo historial de participación activa en el mundo de la filantropía, insiste en ideas que estén centradas en el hoy y la acción inmediata y no focalizadas en el largo plazo, provocando, además, un debate de calado en el ámbito empresarial y de la responsabilidad social en el que la mayoría de actores dominantes preconizan la focalización largo placista que permita erradicar necesidades reales de una forma duradera y sostenible en el tiempo. Recordemos que la propuesta de Bezos pretende “el mejor uso de su patrimonio personal y sus esfuerzos personales generando impacto urgente hacia una solución permanente en el tiempo”, complementarios o adicionales a la “nueva visión, socialmente responsable de su empresa Amazon”. Amazon ha redefinido su estrategia sobre la base de una potentísima visión: “Nuestro objetivo es el suministrar todo lo que se necesite para reconstruir la civilización”, más allá de una misión de Compañía en la óptima relación de intermediación entre proveedor y consumidor. Su apuesta no es cuestión de marketing o de buenas palabras. Bezos realiza una cierta investigación de mercado para que sea la red quien manifieste nuevas líneas de trabajo de modo que pueda direccionar su tiempo, trabajo y dinero, desde la convicción personal de devolver una buena parte de lo recibido a la Sociedad, más allá de la redistribución impositiva y pública de parte del valor añadido generable en sus empresas. Convencido, a la vez, de las fortalezas y capacidades personales como directivo y emprendedor que avalarían una gestión eficiente y eficaz de sus recursos, lejos de cederlos, sin más, a terceros, para un uso incierto. De esta forma, la iniciativa agita el debate en torno al paradigma cambiante de la filantropía, acentuando su redefinición para un nuevo mundo, diferente, en el que vivimos.

Este debate abierto se extiende por el mundo con todo tipo de iniciativas que provocan un cambio relevante no ya solo en las empresas, sino en los gobiernos y sus políticas de cooperación, en las instituciones y organismos multilaterales internacionales, en las diferentes ONG’s y Fundaciones sin ánimos de lucro y, por supuesto, en cada uno de nosotros como miembros de una Comunidad y Sociedad cambiante.

Hace unas semanas, otro empresario de éxito, “colega” de Bezos en la franja de los 80/90 mil millones de dólares de patrimonio en la ya citada lista Forbes, Amancio Ortega, fundador de Inditex, decidía donar 320 millones de euros a la Sanidad Pública en el Estado español. Donativo que debería concretarse en equipamientos contra el cáncer en la renovación de programas de las diferentes Autoridades de Salud. Si bien el apoyo ha sido amplio, no han faltado las reacciones contrarias, lideradas por una “Federación de Defensores de la Sociedad Pública”, bajo el argumento del rechazo a la filantropía “exigiendo mayor carga impositiva, evitar acciones propagandísticas y privatización de la salud”. Más allá de los resultados empresariales de Inditex (200.000 trabajadores en 93 mercados en el mundo) y sus compromisos y responsabilidades intrínsecas, ¿resulta rechazable o criticable que su principal accionista destine, a título personal, 320 millones de euros a la compra de equipamiento de última generación para tender a una población que realiza 200.000 diagnósticos de cáncer al año, cubriendo una necesidad social, con resultados e impacto inmediato y cuyo beneficio alcance a un gran número de personas? Señalemos que las donaciones se realizan a las diferentes Autoridades de los Sistemas de Salud, en base a sus Planes y Programas de actuación y conforme a sus planes de renovación de infraestructura y equipamiento. Ni pretende definir políticas o modelos de salud, ni establecer un presupuesto público finalista, ni arrogarse la responsabilidad de atender o curar el cáncer. Simplemente, ha hecho un ejercicio libre, voluntario, de carácter filantrópico, optando por canalizar una contribución a un segmento de dificultades y necesidades demandadas por una Sociedad para la que toda intervención y aportación de recursos, es, por definición, insuficiente. ¿Si lejos de priorizar y canalizar recursos hacia objetivos concretos bajo garantías de control y gestión eficaces, hubiera donado dinero a entidades no gubernamentales, guiadas por la buena voluntad, pero de escasa potencia gestora para actuar en múltiples iniciativas “menores” y dispersas y no en una economía desarrollada, sino en sociedades lejanas en desarrollo, se aplaudiría la intervención privada?

Hoy, Inditex, anuncia en su Junta General su renovada y ajustada estrategia empresarial bajo el eje del crecimiento (en ventas, en beneficios, en empleos, en nuevos mercados) y la renovada “Economía Circular” (reciclaje de ropa e insumos y desechos operativos, sostenibilidad, compromiso global de sus proveedores en su implantación y desarrollo, eco-eficiencia energética y construcción verde en sus tiendas y centros tecnológicos y logísticos), reforzando sus centros de dirección y logística en Arteixo, Galicia. Parecería que incorpora la solución a demandas y necesidades sociales a sus objetivos empresariales, al margen de la filantropía que quiere practicar su principal accionista desde instrumentos diferenciados a los de su empresa madre y su propia Fundación con vinculación directa a la empresa, promueve programas de apoyo y subvención a nuevas aventuras empresariales y de autoempleo. O en otro tipo de actuación, celebrada por los ciudadanos de Nueva York, ha “adoptado un parque”, el Parque Bryant, próximo a una de sus mayores tiendas en la Gran Manzana, para dotar al parque y espacios públicos de la zona de Wifi gratuito, de máxima calidad. ¿Reclamo comercial?, ¿apoyo a la Comunidad?, ¿ambos?

En este contexto, Allen Braswell (“Rethinking Philanthropy in the Modern World – Repensando la Filantropía en el Mundo Moderno”) hace referencia a la progresiva búsqueda de relatos e historias completas de las causas y compromisos sociales vinculados al ADN empresarial como factor de éxito en resultados, sostenibilidad y crecimiento y liderazgo empresarial, a la vez que replantea la intersección entre el impacto urgente con la visión y estrategia largo placista. Pretende generalizar el uso de historias reales, contadas por sus protagonistas para conectar con la emoción motora del compromiso y la transformación social, acometiendo problemas sociales.

Volviendo al principio de este artículo, el trabajo de estos 15 años de Porter-Kramer y el movimiento “Shared Value” (Compromiso Empresa-Sociedad en la Co-Creación de Valor) no pretende sustituir ni la misión de los gobiernos, ni la de las empresas, ni cuestionar o sustituir filantropía y responsabilidad social corporativa, sino ir más allá en un compromiso empresarial: “Hacer de las necesidades y demandas sociales los modelos exitosos de negocios”. Las empresas que así lo hagan, serán quienes lideren el nuevo mundo en transformación. Todo un reto absolutamente transversal y multi-industria. Toda empresa, a lo largo del mundo, de cualquier industria, puede y debe abordar este largo viaje desde su propio ADN. Esencia de toda estrategia: El propósito, causa y pasión. En definitiva, usando las palabras y recomendaciones de Blake Mycoskie, el impulsor de la iniciativa “Uno por Uno” (“Compra un par de zapatos y dona otro a los niños descalzos”, hoy 75 millones donados) en su libro “Start something that matters” (Emprende algo que importe…), parecería razonable repensar nuestras empresas, gobiernos y modelos de negocio en el amplio marco del compromiso social, desbloqueando barreras e inercias, promoviendo nuevas estrategias co-creando valor, mejorando las condiciones de vida de nuestra sociedad. No es un movimiento para disfrazar una actividad comercial o de negocio, desde el marketing, hacia el compromiso social. Es un compromiso real desde la unicidad de una estrategia Empresa-Sociedad en beneficio compartido co-creando valor. Respuestas con impacto hoy, interactuando de forma estable con el largo placismo necesario, garante de la sostenibilidad de los proyectos mitigando o erradicando las necesidades de la gran mayoría de la población.

Esta nueva línea de pensamiento, quince años después, avanza en un generalizado movimiento desde la fortaleza corporativa que canaliza los mejores activos empresariales y personales al servicio de la Sociedad. Más allá de la filantropía…, de las Cuentas de Resultados…, desde la ideología simplista que excluye el rol único de un agente público o privado…

Cuando las necesidades sociales son de la magnitud e intensidad que padecemos, la co-creación de valor Empresa-Gobiernos-Sociedad resulta imprescindible. Cada uno, desde su estrategia y rol diferenciado, migrando de la filantropía al valor compartido, desde el reconocimiento y agradecimiento a las aportaciones, mecenazgos, filantropía y diferentes modalidades de responsabilidad social.

El empleo público del futuro

(Artículo publicado el 9 de Julio)

En el momento de escribir este artículo, los medios de comunicación destacan el anuncio de la aprobación inminente en el Consejo de Ministros españoles de “una histórica oferta de empleo público” que según el titular elegido “crearía en torno a 20.000 empleos”.

Sin duda, la creación o regularización (según se mire) de 20.000 empleos, es una buena noticia para un país líder en el desempleo europeo con un arrastre estructural de su incapacidad histórica para la generación de empleo sostenible. Gobierno español y sindicatos han lanzado las campanas al vuelo y ponen el acento de sus mensajes, bien en la cobertura de espacios públicos desatendidos, en la extraordinaria lucha contra el fraude, o en determinados colectivos concretos que parecerían resolver algunos conflictos en curso (evaluadores del carnet de conducir, inspectores de Hacienda, “aumento” de funcionarios en los servicios públicos de empleo, “policías sanitarios territoriales” o personal de la administración de Justicia). En definitiva, pendiente de la convalidación del Decreto Ley correspondiente en el Congreso, se trataría de 20.352 plazas de las que 10.000 serían de libre ingreso en la Administración Central (General) del Estado y la Administración de Justicia, 5.000 de promoción interna (ya ocupados y existentes) y 4.000 extraordinarios en el refuerzo de las competencias recentralizadoras de la Administración Central (Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Empleo…). Nueva oferta para una plantilla actual de 525.000 personas empleadas en la Administración Central (553.000 en el año 2007). La fuerza “creativa” de empleo en este momento, podría adormecer debates imprescindibles sobre los que la Sociedad debería posicionarse más allá de un hecho, en apariencia meramente coyuntural. Quizás el momento veraniego no haya sido casual y un gobierno que nos tiene acostumbrados a gobernar a golpe de decreto ley, tira de boletín con las maletas veraniegas preparadas.

La noticia merecería algunas reflexiones y consideraciones para valorar su bondad, su adecuación a las necesidades del país y su gobernanza, y a la creación de empleo en sí mismo.

Si echamos mano del Informe de Competitividad del País Vasco 2017 (¿Y mañana?) recientemente publicado y utilizamos algunas de las reflexiones en materia de gobernanza, más allá de sus conclusiones y/o recomendaciones para el caso vasco, podemos constatar una serie de hechos objetivos que determinan la evolución del rol y composición de las Administraciones Públicas a lo largo del tiempo. Resulta evidente que los Estados-Nación, con mayor o menor eficiencia y acierto, además de voluntad política y decisión y control democrático, han recorrido un doble camino de “cesión competencial” hacia entes supranacionales (caso UE, OTAN, “Acuerdos Globales”…) o entes infraestatales (Estado de las Autonomías, por ejemplo, o Ley Municipal y de entes locales). A la vez, la economía y los impactos innovadores, territoriales, tecnológicos, sociales y condicionantes socio políticos, han dibujado nuevos escenarios que incrementan la incertidumbre y complejidad, exigen estrategias y políticas públicas novedosas y diferenciadas, demandan nuevas competencias y capacidades de sus gestores y administradores, fijan nuevos marcos regulatorios y normativos, exigen modelos coopetitivos de actuación, obligarían a transformaciones radicales en las diferentes Administraciones Públicas y condicionarán la interacción (interna y externa) en diferentes niveles de gobierno, en concurrencia multi-competencial para afrontar los desafíos existentes. Más allá del consabido discurso sobre las duplicidades competenciales, las ventanillas únicas o las “bolsas de ineficiencia” achacables a una organización confederada peculiar y singular, que tiende a simplificar la realidad de un mundo complejo en sí mismo, que hace inevitable convivir con múltiples sistemas de gobierno, multiplicidad de agencias, instrumentos y Organismos y un diálogo permanente bajo un amplio abanico de instrumentos de control, participación y coordinación con jerarquización necesariamente difusa en espacios concurrentes y compartibles.

Si además, miramos con una cierta perspectiva las megatendencias con las que habremos de convivir de una u otra forma, constatando que todo gobierno y toda área de actividad exigen la participación de multiniveles territoriales con la consiguiente asimetría real (modelo productivo, aspiraciones de autogobierno, capacidad y voluntad legislativa, sistema fiscal, de financiación y protección social, seguridad, interacción con mercados exteriores, lengua, cultura, posicionamiento geográfico, demandantes de estrategias propias, únicas y diferenciadas), enfrentados a desafíos complejos no siempre coincidentes en tiempo e intensidad con otros, y que han de asumir transformaciones de todo tipo (sobre todo intangibles), parecería evidente que cada Administración Pública tiene nuevos roles y nuevas políticas públicas que acometer. Adicionalmente, hechos relevantes como determinados cambios demográficos, los crecientes movimientos migratorios, la presencia de la llamada economía ilícita, la “economía colaborativa” y/o “capitalismo de base popular y múltiple” que introducen nuevas maneras de entender el empleo, el trabajo, las relaciones informales entre las partes, nuevas regulaciones, nuevas plataformas tecnológicas, suponen inputs de inevitable trascendencia. Ni qué decir de la llamada revolución 4.0 que provocará todo tipo de nuevos modelos de negocio o actividades transversales, afectando a todas las industrias (también al empleo en las Administraciones Públicas). Y, por supuesto, sin valorar el realismo o no del determinismo de la incorporación de la automatización, la robótica o la inteligencia artificial y su impacto favorecedor o sustitutorio del empleo que provoca una nueva óptica a considerar.

Finalmente, en lo que a este escenario general respecta, no cabe duda que las estructuras flexibles, interdisciplinarias, ágiles, transformadoras, innovadoras, serán clave en el éxito de cualquier apuesta y estrategia empresarial, territorial o de país y serán el verdadero determinante del bienestar y desarrollo competitivo e inclusivo de cualquier sociedad.

Con un panorama como el anterior, ¿basta con sustituir las plazas actuales por nuevos funcionarios o resulta imprescindible un trabajo previo de redefinición del impacto esperable en cada puesto y administración concreta?, ¿no resulta imprescindible, en el Estado español, afrontar una nueva configuración del llamado “Estado de las Autonomías”?, ¿no resulta evidente que el desarrollo asimétrico existente demanda estrategias propias diferenciadas, acelerar procesos de “devolución competencial” y reducción/modificación” del rol de la Administración Central y nuevas políticas públicas distintas desde diferentes Administraciones Públicas? Esto también es autogobierno, política de Estado y responder a las “necesidades y preocupaciones reales de los ciudadanos”.

Recordemos un hecho adicional que no parece haber tenido demasiada repercusión pública más allá de algún artículo en la prensa económica con algunas aportaciones un tanto sesgadas: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Unidad de Mercado. Su publicación, se presentaba bajo el titular de “Duro golpe a la Competitividad”, “Atentado al libre mercado y la globalización”, “Costará 45.000 millones de euros a las empresas multinacionales en España”… y se pedía al PP, PSOE y Ciudadanos (el resto no debemos contar para nada cuando de “construir Estado y Mercado eficiente” se trata, visto desde la globalizada Madrid), “buscar cualquier alternativa a la ley para sortear la errónea decisión del Tribunal…”. Dicho Tribunal, político y de más que cuestionable composición y funcionamiento, ha dictado una sentencia en contra de la pretendida “licencia única” que la mencionada Ley calificaba de intromisión, trabas comerciales, freno a la inversión con la fragmentación del mercado único en “17 islas autonómicas” al servicio de ideologías nacionalistas, creación de monopolios y clientelismo político…

Es decir, reconoce algo obvio. El mundo entero, su economía, se mueve en espacios interdependientes complejos, organizados bajo poderes soberanos o autónomos diferenciados, bajo controles democráticos (en su mayoría) que han de adecuar sus áreas competenciales y políticas públicas a sus necesidades concretas.

¿No sería razonable aprovechar la oportunidad que todos estos elementos de cambio provocan en la necesaria dotación de nuevas plazas de empleo público para repensar el propio hecho de la función pública (su forma de acceso, promoción interna, formación, evaluación… continuidad o no en una plaza, duración de su contratación versus puestos de por vida, etc.), la redefinición del servicio y función en sí mismo y la necesidad y eficiencia de su existencia (los servicios públicos de empleo son un buen ejemplo histórico de su insignificante valor añadido a las políticas activas de empleo), la dotación de profesorado y gestores docentes en un sistema educativo de bajos resultados comparados, la lógica de un repliegue de determinados cuerpos de seguridad del Estado y su adecuación competencial y a nuevas realidades delictivas y de seguridad, o a la racionalidad de la economía o de las relaciones internacionales, por ejemplo?. ¿No ha de considerarse en el debate el dualismo del empleo vigente, entre fijos y temporales, de por vida o indefinidos de mercado, públicos o privados, por decir algo?

En definitiva. Bueno es que se creen puestos de trabajo y que se refuercen los roles públicos imprescindibles para el desarrollo y progreso social. Ahora bien, ¿no merece la pena hacer los deberes previos y repensar la gobernanza, el rol de las diferentes Administraciones Públicas y las competencias, capacidades, perfiles y condiciones de las personas que han de desempeñar las nuevas funciones del futuro?