(Artículo publicado el 9 de Agosto)
La poco usual costumbre de presentar unos presupuestos generales del Estado en pleno Agosto vacacional provoca un buen número de opiniones encontradas.
Si bien es verdad que una de las primeras obligaciones de un gobierno es la de formular un presupuesto de modo que la Asamblea o Parlamento correspondiente lo apruebe o revoque de modo que en el primero de los casos, garantice el funcionamiento ordinario de su Administración para el ejercicio objeto del mismo o, en el segundo caso, constatado el rechazo de la Cámara, propiciar la alternancia del gobierno parecería poco razonable la decisión del gobierno Rajoy, presentando un presupuesto para el ejercicio 2016, con un gobierno agotado, de veraneo y a las puertas de unas próximas elecciones no más allá de octubre-noviembre. Resulta evidente que el presupuesto en cuestión no tiene mucho recorrido práctico ni siquiera en el caso de que el Partido Popular ganara las elecciones del próximo otoño. La expectativa electoral apunta a nuevos juegos de mayorías que obligarán a pactos bi o multi partido que, obviamente, exigirían acuerdos de modificación presupuestaria. Además, si creemos en la honestidad de los portavoces de la oposición que se han apresurado a descalificar el hecho de presentarlos (el PSOE incluso los califica como «Fraude Constitucional») y anuncian su derogación tras las elecciones, cabría esperar que, desde hoy mismo, quienes aspiran a gobernar en un próximo periodo se den a la tarea de elaborar unos nuevos presupuestos alternativos, así como la batería legislativa que habría de acompañarlos (seguramente empezando por un Decreto-Ley a los que tanto nos ha acostumbrado el gobierno del PP) de modo que una vez constituido un nuevo gobierno, los «nuevos presupuestos» pudieran aplicarse evitando la pérdida de tiempo, de energía, incertidumbre y parón en el funcionamiento de las diferentes administraciones públicas (y agentes privados afectados) implicados en la letra y número de los citados presupuestos «derogables», facilitando el normal funcionamiento de una nueva legislatura por venir.
Siendo tan poco previsible su aplicación, ¿por qué el PP aprueba un proyecto de presupuestos e inicia un periodo extraordinario de comparecencias de sus altos cargos -la mayoría de ellos no serán a futuro responsables de los presupuestos que hoy defienden- a salto de mata entre la playa y el Congreso? ¿Se trata de un abuso de propaganda electoral, del ejercicio máximo de su responsabilidad o de un juego provocador que permita, a futuro, echar en cara a un hipotético mero gobierno, su decisión respecto de lo que «ellos hubieran hecho»?, o ¿Es, simplemente, su voluntad de hipotecar el comportamiento futuro de un nuevo gobierno?
Sea cual sea la intención, el resultado parece inadecuado. Por delante, elecciones generales y elecciones plebiscitarias en Catalunya suponen elementos exógenos de especial calado como para pensar en un gran impacto sobre el futuro presupuestario. Adicionalmente, el escenario político parecería haber cambiado en los últimos meses y las recientes elecciones autonómicas y municipales han ofrecido resultados -directos e indirectos- diferentes a los habituales dando entrada a nuevos jugadores y alumbrando nuevos espacios de pacto a determinar el futuro gobierno. ¿Estamos en una situación excepcional que obligue a contar con «cualquier presupuesto» y aplicarlo de inmediato para evitar males mayores? Esperemos que no.
El gobierno se ha apresurado a anunciar su propuesta como «un ejercicio de responsabilidad para evitar volver al pasado y aprovechar la ya evidente salida de la crisis« y ofrece «más dinero en gasto social (sanidad y dependencia), mayor compensación para los funcionarios que han sufrido la crisis y recursos para mitigar la deuda de las Comunidades Autónomas, sobre la base de una rebaja fiscal que generaría más ingresos y una sustancial reducción del gasto de desempleo ante el éxito de las políticas seguidas que hacen que disminuya la demanda de ayudas públicas». Este parece ser el discurso. Pero, no obstante, parece muy alejado de la realidad. No olvidemos que la economía española sigue sujeta al protocolo de rescate al que debió adherirse para afrontar su crisis y que el «Protocolo de Déficit Excesivo» obliga a someter sus cuentas a la vigilancia y aprobación, en su caso, de las autoridades europeas. Por tanto, cuidado con los mensajes truculentos. Unos presupuestos que de cumplirse ofrecerán una tasa de desempleo del 19,7% que el gobierno considera todo un éxito. Adicionalmente, su capítulo de inversiones deja «manga ancha» al gobierno para actuar o no en lo que promete con importantes partidas en infraestructuras cuyos complejos procesos de proyectos, licitaciones y adjudicaciones dan oxígeno al ejecutivo para «cubrir desviaciones» en sus fuentes de ingreso y que ya han puesto a la defensiva a todos los gobiernos afectados (los que en apariencia recibirían fondos como los que los verán recortados). Unos presupuestos que vuelven a cargar sobre las Comunidades Autónomas (verdaderos responsables del gasto social-salud, educación y bienestar -e infraestructuras básicas-, además de las políticas activas de empleo y promoción de la actividad económica, de la Administración de Justicia, entre otros) el peso del endeudamiento y la tensión del cumplimiento real de su cuadro y prospectiva macro-económica. Unos presupuestos que fortalecen «el brazo del Estado» (Defensa, Casa Real, Exteriores, Empresas Titulares del Estado, I+D… y otras no competencias sobre las que interviene desde el gasto como Cultura, Salud, Dependencia, etc.), más allá de sus competencias formales para introducirse en áreas de responsabilidad de terceros en el actual modelo autonómico. Unos presupuestos que siguen la mala y vieja costumbre de utilizar sus disposiciones adicionales para modificar leyes, políticas y programas más allá del espacio de sus contenidos reales para dejar en manos del contable o interventor de turno la decisión y gestión de las estrategias y políticas públicas, en un claro abuso de poder de muy dudosa legalidad.
En definitiva, lo que siempre ha de ser una buena noticia -disponer de un proyecto presupuestario en plazo- no parece una buena decisión en esta ocasión. Quizás, puestos a aprender, podríamos sugerir la oportunidad de avanzar en cambios sustanciales en los esquemas de gobierno. Por ejemplo, la creación de una Oficina Presupuestaria en el Congreso (y en cada uno de los Parlamentos o Asambleas de las Comunidades Autónomas) de modo que la información económica-financiera ofreciera una base cierta sobre la que actuar ante cada presupuesto con la perfecta identificación de créditos obligatorios por cumplimiento de legislación en curso, créditos de libre disposición sobre la que intervenir según criterios ideológicos o partidarios (absolutamente legislativos) y aquellos otros de plena disponibilidad. Evitaríamos depositar en el ejecutivo el control y poder del Presupuesto. Permitiríamos que los parlamentos pudieran actuar con mayor conocimiento de causa, con mayor celeridad y facilitaríamos las negociaciones post electorales en la definición de programas o espacios de poder compartibles, facilitando, además, a los ciudadanos, la comprensión de lo que se acuerda y las implicaciones que, en realidad, tendrán unos u otros acuerdos en nuestras vidas. En la misma línea, contemplar presupuestos que excedan el año, adecuándolos a los tiempos electorales y evitando prisas y tentaciones para dejar un presupuesto atado («por si ganamos» y «por si perdemos»). O, finalmente, si el gobierno del PP está motivado por intereses de servicio y eficacia, propiciar un acuerdo parlamentario para aprobar, de urgencia, una capacidad y flexibilidad mayor en las «prórrogas presupuestarias» en previsión al calendario electoral de modo que quien haya de asumir la función de gobierno (incluido el propio PP) pudiera actuar con celeridad.
En todo caso, ya hay una propuesta presupuestaria en el Congreso, cabe pensar que será enmendado por todas partes, si bien con escasa convicción de que las enmiendas resulten pactadas o aprobadas, y que el PP rechazará lo esencial y será aprobado tal y como ha sido propuesto por el gobierno. ¿Cuándo? ¿Con un gobierno en funciones? ¿Antes de la disolución de las Cortes? ¿Con un nuevo gobierno, diferente, que deba aplazarlo? En principio, un despropósito.
Un verano atípico que obliga, a quienes aspiran a presentarse como alternativa de gobierno, a trabajar en la preparación de un completo presupuesto alternativo que sustituya al actual. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que desde la oposición se anuncie la derogación de leyes «aprobadas a la contra» y, una vez en el gobierno, se dan por buenas o se tienen como mal menor. Esperemos que este «fraude constitucional» que señala el PSOE les lleve, por ejemplo, a proponer unos presupuestos en condiciones. En todo caso, siendo o no su objetivo, el PP ha puesto sobre la mesa un interesante desafío al resto de las fuerzas políticas: acudir a las próximas elecciones con un presupuesto distinto, comparable, más allá de la retórica y del discurso, soportado en números, identificando partida a partida, en aquello que se traduciría, al menos para el primer año, su apuesta electoral. Así, pese a la pereza merecida del verano, queda mucho trabajo a realizar en los gabinetes de los partidos políticos para trascender del programa electoral y aportar su propio presupuesto. Un trabajo posible para los próximos seis meses. ¡Mucho tiempo por delante!