(Artículo publicado el 26 de Julio)
El mundo de las finanzas ha acaparado, en estos días, la atención pública desde la óptica restrictiva de «los mercados», el «rescate-default griego» y, en mucho menor medida «local», la sentencia del Tribunal Supremo español en torno a un recurso de la Generalitat de Catalunya contra la sistemática intervención de la Administración Central española en la financiación-subvención de la «Asistencia Social».
Las dos primeras parecen focalizarse en instrumentos, políticas, y objetivos de financiación en una determinada lógica macro entre acreedores y deudores contemplándose como acciones y políticas aisladas o autónomas «al margen de la economía real». Percepción negativa generalizada en una sociedad azotada por una crisis, la más reciente, de origen bancario-financiera, más tarde económica, luego social y, en todo momento, política. Entorno de frustración que castiga y penaliza, prácticamente sin matices a la «economía financiera» en lo que sería su aparente contraposición a la llamada «economía real». La última incidiría en el corazón y el alma de las personas.
Conviene, sin embargo, recordar una obviedad: economía real y financiera son indisociables. Lo que sí fija la enorme diferencia es el objetivo, la prioridad y, en su caso, el valor vs. el instrumento. Hoy, dadas las circunstancias, en esta vorágine perversa, la economía real parecería asociarse con la cara positiva y esperanzadora de la economía. En este contexto y en medio del dominio acaparado por las crisis griega y china, especialmente, la reciente Cumbre de Naciones Unidas para la renovación de sus compromisos con una sociedad global, sostenible y mitigadora de la pobreza ha pasado desapercibida y con ella los esfuerzos en la búsqueda de nuevos modos de afrontar su financiación.
En esta línea, tras un largo e intenso esfuerzo de trabajo conjunto, el Word Economic Forum y la O.C.D.E. han presentado su «Blended Finance Initiative» asociada a los objetivos 2015 para el desarrollo global recomendados desde Naciones Unidas. La Cumbre de Addís Abeba (Etiopía) ha sido el Foro adecuado y en el que, como no cabría esperar otro mensaje fuerza, ambas Organizaciones Internacionales han recordado uno de los mayores problemas (y desafíos) mundiales: La desigualdad global se incrementa y necesitamos nuevos modelos de desarrollo económico incluyente. Constatación de una realidad, desafío prioritario y compromiso inaplazable.
Así, la iniciativa propuesta pretende movilizar flujos de capital hacia los países en desarrollo, rediseñando los instrumentos y políticas financieras, convergiendo los mundos y espacios de la filantropía y las finanzas internacionales en una fusión público-privada dirigida a generar un verdadero IMPACTO consistente en favorecer del crecimiento económico y social compartido y unívoco, mitigando riesgos y ofreciendo el mayor retorno posible de beneficios en una verdadera transformación de la calidad de vida, sostenible, de las personas y países a los que se dirige. Otra vez, «innovación» pero no solo tecnológica y/o financiera en sí misma, sino aplicada a las demandas sociales.
Bajo este objetivo y compromiso, la iniciativa se propone «desbloquear recursos y agentes», a lo largo del mundo, hacia soluciones ganar-ganar transformando economías, sociedades y, sobre todo, vidas. Necesidades de transformación que reciben los nombres de infraestructuras, salud, educación, alimentación, agua… Sus promotores parten de una afirmación que parecería chocante para muchos: «Existe dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades», en un espacio creciente de los mercados de capital, con mercados, espacios emergentes que acceden a nuevas necesidades y soluciones con creciente poder adquisitivo y voluntad de intercambio de bienes y servicios, con cada vez mayor presencia y apuesta del inversor privado en los países y regiones en desarrollo, pero… los «cuellos de botella» que rodea estos complejos espacios de decisión y correcta asignación de recursos, la debida convergencia de intereses públicos y privados, el rol de los gobiernos (incluida la desgraciada corrupción presente en determinadas prácticas y casos) impide el correcto funcionamiento deseado. Así, una vez más, la tan reclamada colaboración, coopetencia y estrategia compartida vuelve a ocupar roles esenciales. En el fondo de esta iniciativa subyace la necesidad de abordar las potenciales soluciones no ya desde silos confrontados o sustitutivos gobierno-iniciativa privada, sino como acciones conjuntas complementarias con el apoyo de un tercer actor: las fuerzas intermedias o facilitadoras, bien concebidas como organizaciones NO gubernamentales o como nuevos instrumentos no públicos al servicio de la sociedad.
«Blended Finance» pretende ser mucho más que un ya conocido PPP (modelo de colaboración público-privada) como modo alternativo, de sustitución de un proyecto concreto con interés complementario, sino algo especial, diferenciado y estable, que se autoproclama como una apuesta del rediseño de las estrategias de colaboración financiera para el desarrollo. Iniciativa que parte con un compromiso base como plataforma ad hoc, «Convergence Blending Global Finance» en la que inversores privados y ONG’s aporten sus fondos y recursos al servicio de la financiación de proyectos de impacto real para el desarrollo sostenible (en el tiempo). Plataforma física real, con sede en Toronto, bajo la gestión inicial de Dalberg (grupo especializado en estos ámbitos colaborativos, especialmente, a los llamados países emergentes).
Todo un reto, todo un camino más por recorrer.
Y, es aquí, donde surge, una vez más la apariencia poco relacionada en referencia a la «tercera percepción pública» que comentaba al principio de este artículo. La noticia de la sentencia del Supremo ha provocado una primera reacción, interesada y de parte, demonizando a Catalunya «cuya insolidaridad y actitud de mirarse el ombligo, perjudica a miles de ONG’s y ciudadanos», en palabras de la Secretaria de Estado para Asuntos Sociales del gobierno Rajoy en España.
Empecemos por decir que llama la atención que 30.000 ONG’s reciban dinero desde los presupuestos generales del Estado (más bien, de la Administración Central), en una competencia transferida -en exclusiva- a las Comunidades Autónomas (tan Estado, tan o más eficientes y próximos… como la Administración Central), y resulta fuera de lugar que el gobierno español tan preocupado por las duplicidades de otras Administraciones no se ocupe de su propia casa, y que un cargo público político, tenga tan escaso cuidado en sus palabras. Las ONG’s no deben vivir del Estado, ni crear ni mantener sus estructuras de unos fondos públicos permanentes. Lo que sí pueden y deben hacer es acceder a Fondos Públicos y Privados al servicio de proyectos, iniciativas y programas de interés e impacto social, desde una acreditación objetiva, probada eficiencia y con resultados e impacto real en la sociedad. Iniciativas alineables con las políticas públicas (en este caso de los gobiernos competentes en la materia y no de otros). La colaboración público-privada resulta esencial, optimiza su gestión, favorece la convergencia financiera, mejora la focalización y monitorización de proyectos y resultados, favorece el voluntariado real, acerca las posibilidades de solución a las demandas sociales y permite movilizar recursos en favor de la sociedad.
Lo que no puede ser, si queremos desbloquear dificultades, ineficiencias y cuellos de botella es que «en nombre» de la asistencia social valga cualquier actividad clientelar de una Administración Pública que no es competente para hacerlo (máxime cuando se trata de un gobierno que dice desconfiar de las ONG’s cuando ofrecen informes y estadísticas que no le gustan).
El rol de las ONG’s, de la filantropía, el valor compartido empresa-sociedad es esencial en estos nuevos espacios de compromiso y responsabilidad. El de los Gobiernos, por supuesto. Pero eso sí, el de los gobiernos responsables y competentes.
En definitiva, se trata de recibir con esperanza nuevas iniciativas y compromisos no solo hacia nuevas estrategias y desafíos para el desarrollo, sino a la indispensable convergencia entre las economías real y financiera. La renovación de los objetivos globales que pretenden continuar mitigando la pobreza y desigualdad en el mundo resulta esencial. La valoración del camino recorrido es objetivamente positiva (en cuanto a resultados macro y globales) si bien no solo insuficiente, sino gravosa en términos de desigualdad relativa, espacio a espacio, región a región, sociedad a sociedad.
Etiopía ha de ser un nuevo nombre de referencia con puntos de inflexión para la solución de estas desigualdades y graves necesidades. Un punto de encuentro entre diferentes actores, con nuevos instrumentos y roles convergentes. Ojalá asistamos a nuevos caminos y mejores resultados.