(Artículo publicado el 29 de Noviembre)
En el marco de noticias derivadas del proceso catalán para su «desconexión» de las estructuras de Estado y la Declaración Institucional del Parlament para anunciar su propósito y futuras líneas de acción, más allá de la crónica diaria del desencuentro entre los ganadores de las elecciones cara a la formación de un gobierno, cobra fuerza una determinada línea editorial y de debate destacando «una ola de traslado de empresas desde Catalunya a España (Madrid en su mayoría)».
Si bien resulta evidente que es obligación de todo administrador el análisis de su entorno empresarial y la adecuada elaboración y gestión de su «Mapa de Riesgos», no deja de ser llamativo el contenido de los mensajes emitidos desde diferentes organismos y foros económico-empresariales que, como no podría ser de otra manera, se ven influidos por la ideología personal de quienes los componen o dirigen y un sorprendente ruido mediático unido a una aparente campaña de desencanto y miedo.
Así las cosas, parecería instalarse la idea de que tras un titular de prensa («3.000 empresas dejan Catalunya tras las elecciones»), la incertidumbre a una propuesta del Junts Pel Si y la CUP habría provocado, de inmediato, la huida. Una huida que no parece reparar en el análisis comparado de los procesos de creación, mantenimiento y cierre empresarial, ni de la dirección de traslados de domicilios sociales, operativos o fiscales de las empresas, ni de los efectos de la crisis a lo largo del tiempo, o de los cambios legales y económicos así como de las oportunidades de negocio, fuerzas del mercado o aglomeración y concentración empresarial. Basta señalar, antes de seguir adelante, que si en 2.015 han sido 3.000 las empresas que han salido de Catalunya, eran 4.500 las que lo hacían en los años anteriores desde la crisis del 2.008. Y, adicionalmente, resulta oportuno recordar que su traslado mayoritario, lo era y es hacía Madrid.
Un Informe de D&B Informa, especialista en Información Comercial y Financiera, compara la «mudanza» de domicilios (no siempre acompañado de cambio de sede fiscal o social) entre Catalunya y Madrid. En el último año, 1.106 empresas han dejado la Comunidad de Madrid y 738 han salido de Catalunya. Madrid cuenta en su tejido económico con un 1,1% de empresas medianas y grandes, mientas en Catalunya suponen el 0,7%. En ambas, son las microempresas las que suponen el 56% de su tejido empresarial. Además de la mudanza, cabe recordar que en el caso de empresas de «alto crecimiento» (las que han aumentado sus ventas o número de empleados en un 20% anual en los últimos tres años), Catalunya supera a Madrid (1.145 vs 930 empresas) y tiene el mayor nivel de empresas activas de todo el Estado español (594.000) con un 18%. Madrid, otros factores al margen, como capital del Estado, en un marco de excesiva centralización, concentra las mayores empresas con participación pública (directa e indirecta), multinacionales, sociedades instrumentales NO operativas, entidades financieras, SICAV’s, etc. asociadas no directamente al mercado y economía real en su operación e implantación territorial.
Con estos datos, cabría preguntarse, entonces, ¿por qué Madrid resulta más fiable, más rentable, más certera y segura, menos frágil y, en definitiva, más competitiva como territorio y contexto socio-económico-político para las empresas con base en Catalunya?
El escenario español, Catalunya aparte, ofrece una clara incertidumbre en su gobernabilidad. A falta de conocer el impacto que la reciente ola de terror que ha rebrotado en Europa y el mundo que «favorecerá» el voto hacia partidos tradicionales haciendo «mejorar» las expectativas de PP y PSOE, todo lleva a contemplar la entrada de nuevos jugadores en el sistema español, la casi obligada necesidad de pactos anti natura (al menos en temas como la economía, la fiscalidad, el modelo de Estado y la concepción de un Estado de Bienestar), arrastrando cambios en los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas sujetas a débiles pactos que han facilitado el control de minorías. Ni que decir que la España que pudiera parecer atractiva para el traslado está invadida de una lacerante corrupción, de una clara desafección de los ciudadanos a sus Instituciones, de un insoportable intrusismo entre poderes cuestionando el rol independiente de la Justicia. Factores de alto riesgo que ahondan los graves desequilibrios macroeconómicos que se siguen aquejando, en un contexto de desempleo y desigualdad agobiante que cuestiona todo proyecto de crecimiento y desarrollo. ¿En dónde reside la ventaja competitiva para «ir a Madrid»? Más allá de las empresas, parecería que los beneficios se asocian a las personas concretas que verían mejorar su contribución fiscal y su «confortabilidad ideológica». Criterios y objetivos legítimos y nada desdeñables pero que han de identificarse correctamente para no perder en ese juego la viabilidad y competitividad real de las empresas que dirigen.
Las empresas (y, sobre todo, los empresarios), por definición, conviven con el riesgo y asumen la inevitabilidad de gestionarlo. El beneficio esperable, por otra parte, suele estar asociado con dicho nivel de sobre-riesgo evitando el escenario plano y no diferenciado al que se «enfrentan» las empresas con su competencia en los diferentes mercados. Hace unos días, por ejemplo, el Consejero Delegado de la primera empresa española de petróleo, explicaba su apuesta, por encima de cualquier otro país y entorno: Bolivia. Sin duda un país no exento de ciertos riesgos. El presidente de uno de los principales bancos con presencia en el Estado español, renovaba una gran apuesta por inversiones relevantes en Turquía. Las principales empresas «españolas» con elevada cuota global, obtienen más del 60% de sus ingresos y beneficios en países emergentes con todo tipo de comportamiento y diferentes niveles de riesgo. El mundo entero supone un espacio de fragilidad en el que invertir está lleno de incertidumbre.
Parecería que, más allá de reuniones y análisis coyunturales, las empresas que han de plantearse su continuidad o no en un determinado Territorio (algo más que un Mercado), deberían recrear su verdadero «Diamante de Competitividad», atendiendo al conjunto de factores que explicarán, finalmente, sus resultados. ¿Una Catalunya «desconectada», dentro o fuera de un «Nuevo Estado español» y/o «dentro/fuera de una Nueva Europa por redefinirse» perderá o ganará ventajas competitivas para el tipo de actividad y ofertas que ha de realizar la empresa en cuestión? ¿Desaparecerá el mercado catalán de 7 MM de habitantes europeos con un alto nivel de renta, bienestar y consumo? ¿Desparecerá la cultura empresarial, su tejido interrelacionado, sus amplias redes clusterizadas en las principales industrias que hoy operan en Catalunya? ¿Cambiarán las políticas económicas de una futura Catalunya? ¿Obtendrán beneficios las empresas que se trasladen fuera de Catalunya en sus operaciones con/en Catalunya en el futuro?
Más bien, cabría esperar de una empresa que cuando entra en un país, salvo en situaciones verdaderamente excepcionales, apuesta por quedarse «para siempre», integrándose en el entorno, contribuyendo a fortalecer el propio «diamante y contexto competitivo del Territorio». Su gestión, su política, su interacción con el resto de agentes será, esencialmente, «Institucional», más allá de simpatías o preferencias ideológicas y personales.
La fragilidad, la violencia, el conflicto, la volatilidad… hacen más complejo aún, si cabe, el mundo de la empresa y una toma de decisiones. Grandes y crecientes bolas de riesgo, de pobreza, de desigualdad, de confrontación, de potencial inseguridad jurídica, de enorme transformación política y de cuestionamiento institucional, amplifican incertidumbre y complican la generación de estrategias de éxito. Por supuesto que cualquier elemento adicional, generador de un mayor grado de incertidumbre, obliga a una revisión rigurosa de los contextos en que una empresa ha de moverse. De la misma forma que debemos analizar una Catalunya pre y post «desconexión», ha de hacerse para una España con o sin Catalunya, o para una Gran Bretaña dentro o fuera de la Unión Europea o, en su momento, en una Escocia junta o separada del Reino Unido. Ahora bien, no confundamos ni la Competitividad empresarial, ni la Competitividad de un Territorio con decisiones, percepciones y comportamientos personales. Actitudes y decisiones absolutamente legítimas.
Es un momento en el que, más allá de Catalunya, el mundo ha de replantearse el cómo fortalecer las inversiones en un contexto de fragilidad, necesitado de un desarrollo inclusivo.