(Artículo publicado el 21 de junio)

Euskadi ha levantado el “Estado de Alarma” y recupera todas las competencias que le fueron “suspendidas y retiradas” de forma unilateral, “porque no había otra solución para gestionar la respuesta a la pandemia” en palabras del Gobierno español. Hoy, por fin, retomamos el camino ya conocido de la corresponsabilidad y la autogestión, imprescindibles para construir un proyecto propio de futuro, desde la inevitabilidad de un periodo incierto de convivencia: COVID-NO COVID y su impacto en la salud, comportamientos sociales, reapertura económica y avance progresivo a nuestra habitual (o diferente) forma de vida.

Mañana se regularizará la vuelta ordinaria a lo largo del Estado y, de una u otra forma, más o menos, en toda Europa. Desgraciadamente, otras geografías tienen por delante otro periodo incierto y preocupante, pero, también, habrán de incorporarse a este nuevo escenario, retomando sus vidas con mayor o menor apoyo, oportunidades y restricciones.

Si bien no podemos predecir un escenario cierto, ni definir los tiempos y forma de salida, (desconocemos la letra de la recuperación económica V, L, U, etc.), ni el grado de las fortalezas y actitudes mentales y disposición personal y colectiva para una respuesta social, sanitaria, económica y política, sí podemos apreciar un buen número de factores positivos que, emergiendo de la urgencia fatídica, nos permiten abrigar con optimismo el complejo e incierto camino por recorrer.

Por delante, enfrentamos una realidad que obliga a concentrarse en el futuro, en las opciones de empleo, de reapertura social, económica y de proyectos que han estado suspendidos y aplazados en estos cien días de confinamiento general. Es, afortunadamente, una prórroga, en la mayoría de los casos, con el oxígeno de medidas temporales que posibilitan mitigar la angustia y dificultades existentes. Mecanismos de rescate financiero, supresión de plazos administrativos que hoy se reactivan, medidas laborales como los ERTES que han facilitado un colchón amortiguador del enorme golpe sufrido, transferencias financieras y subvenciones, minimizan las penas y dificultades y, por supuesto, la aprobación y entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (que esperemos sea bien implementado) aportando una red mínima de dignidad y bienestar a los más desfavorecidos.

Este Ingreso Mínimo Vital supone una piedra angular sobre la que esforzarnos en un ingente trabajo a realizar, no solo para consolidarlo y convertirlo en un derecho subjetivo real, independiente de la empleabilidad o trabajo alguno compensatorio, hacia aquel modelo de renta básica universal que hagamos sostenible en el ansiado objetivo de lograr un verdadero estado social de bienestar al servicio de un desarrollo inclusivo pleno.

En Euskadi, la aprobación de este instrumento no va a cambiar demasiado, de momento, en lo que a derechohabientes supone, dada la existencia de la RGI, que se ha venido perfeccionando a lo largo del tiempo desde aquel primer “salario social” implantado, en un marco de contestación y preocupación externa, a primeros del ya algo lejano 1987.

La lectura estos días de “Buena Economía para tiempos difíciles” de los premio nobel, Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo , recuerda uno de los viejos debates de aquel año de 1986 en el que, en el seno de una sociedad como la vasca, occidental, avanzada, vanguardista y de renta media superior a las economías de su entorno y considerada privilegiada e incluso “rica” en el contexto próximo analizado, pudiera hablarse de pobreza (en términos, siempre, de relatividad) y fuera, precisamente desde su Gobierno, desde donde se tomara la iniciativa de su estudio, su publicación y difusión, así como de liderar políticas e iniciativas mitigadoras.

En una Euskadi castigada por la dura crisis económica mundial y sus particulares crisis propias, necesitada de reconvertir su tejido industrial, superar su desempleo (26%), de “reimaginar su futuro” rumbo a una Europa de esperanza, garantía democrática, de libertad y de cohesión social, y en lucha desolada por la paz y la convivencia en un entorno complejo y capaz de desanimar a cualquiera (desde luego a todo potencial inversor), el extraordinario esfuerzo y trabajo realizado desde la viceconsejería de empleo y bienestar social con el objetivo de conocer la realidad en los diferentes hogares vascos, determinar sus carencias y necesidades y, sobre todo, aportar la vía mínima necesaria para diseñar e implantar estrategias para un nuevo modelo de política social para Euskadi, movilizando a la población “no pobre” en favor de los más desfavorecidos, dio paso a un inusitado esfuerzo generador de políticas de vanguardia. El desconocimiento entonces de la evidencia, unido a la siempre compleja definición y determinación de los conceptos al uso, no solo no impidió el desarrollo de este trabajo, sino que posibilitó una rigurosa aportación, también conceptual, a este campo, hoy tan en “boga” a lo largo de Europa y del mundo.

Euskadi, pionera en un “salario social” en tiempos en los que no se podía articular la normativa adecuada dadas las limitaciones competenciales, presupuestarias y políticas, fue “convenciendo” y explorando nuevos espacios y seguridad jurídica y financiera para abrirse camino al servicio de los objetivos buscados. Hoy, recibimos con satisfacción la iniciativa del Congreso y gobiernos españoles implicados en esta nueva “renta”, a la vez que animamos a transitar un largo recorrido por cursar: revisar la farragosa e insuficiente legislación limitante de la seguridad social, su simplificación administrativa, la reforma y cualificación de su gestión (acelerando, además, el desarrollo competencial correspondiente en el caso vasco de la transferencia vía comercio bilateral de su régimen económico) y repensar el marco e instrumentos imprescindibles para profundizar en un estado social de bienestar, en una intensa labor pedagógica.

La grave e imprevista coyuntura que vivimos provoca nuevas actitudes y mentalidades y pone en valor nuevos caminos por asumir. Es un buen momento para esforzarnos en estas transformaciones si bien complejas y que no deben responder ni al atajo simplista y demagógico, ni a la irresponsable improvisación, pero que pueden y deben emprenderse. Nuevos instrumentos que van mucho más allá de transferencias económicas y que aconsejan desmontar un buen número de obstáculos y herencias administrativas que pueden superarse, desde la responsabilidad, el balance de derechos, prestaciones y aportaciones solidarias.

Es momento de pensar en el largo plazo y soñar en un mundo mejor. El Ingreso Mínimo Vital debe demostrar ser una pieza esencial para ese proceso y no perderse en un “despilfarro” como, desgraciadamente, creen muchos. Hagamos de las políticas sociales y económicas necesarias en estos momentos, “la práctica de la buena economía para tiempos difíciles” y no una mala imitación o anécdota para volver a un pasado por superar.

Este nuevo impulso no debería enmarcarse en una pieza mitigadora de la pobreza (sea percibida o real, de mantenimiento, acumulación o entorno), o relativa, en exclusiva, a “situaciones sociales desfavorecidas” como se fijó en los objetivos iniciales de análisis en el año 1986, sino con una mirada mucho más amplia, compleja y transformadora, acorde con las demandas y necesidades de una nueva sociedad del futuro.

Sin olvidar el enfoque y respuesta inicial, el futuro del trabajo, la empleabilidad tal y como la conocemos hoy, habrán de transformarse en los próximos años fruto de los cambios económicos y sociales, de la introducción de las tecnologías (que en muchos casos exigirán reaprendizaje, formación y capacitación exnovo, desaparición o sustitución de tareas, cambios sustanciales en la relaciones laborales y contractuales, complejas deslocalizaciones), la digitalización de la industria, la economía, la administración pública, la educación, movilidad, servicios sociales… “obligando” a redefinir el binomio trabajo-ingreso (renta) y, en consecuencia, un nuevo contrato social. El Ingreso Mínimo Vital de hoy exige un progresivo tránsito, solidario, hacia un espacio desconocido que posibilite percibir ingresos con carácter universal, al margen de la formalidad del empleo. Revisar y reorganizar todo tipo de soporte existente, definir beneficios, compromisos, responsabilidades, obligaciones y, por supuesto, nuevos instrumentos (modernos y eficientes) de gestión, resultarán imprescindibles. Y, por supuesto, sostenibles con un irrenunciable marco claro de financiación (por cierto, hoy, inexistente en el ingreso recientemente aprobado). En definitiva, toda una transformación. No se trata, tan solo, de una transferencia financiera coyuntural.

Hoy, sin duda, estamos necesitados de una fuerte inyección de imaginación y de trabajo a la búsqueda de un nuevo sistema de prevención, protección, prestación y seguridad social.

Ahora, en tiempos de “vuelta al cole”, no es mal momento para meter este compromiso en nuestras mochilas. Al parecer, hemos generalizado una nueva actitud y recuperado el valor de la solidaridad social. Hagámosla permanente.