(Artículo publicado el 19 de Octubre)
En un reciente encuentro con empresarios en México, en donde me encuentro estos días, un alto representante de la patronal y Presidente de una importante multinacional me preguntaba: «…al margen de las razones y argumentos sociales que usted ha expuesto, ¿puede resumirme por qué deberíamos participar los empresarios de forma directa en un proyecto de salud más allá de lo que realiza el Gobierno desde su responsabilidad?». Mi respuesta fue muy precisa: «Según los informes del Ministerio de Salud, las empresas mexicanas operan con trabajadores poco saludables: el 50% tiene sobre peso o es obeso, el 33% tiene colesterol alto, el 25%-30% está deprimido, el 20% padece tensión alta y el 12% diabetes. Se calcula que el coste indirecto por la pérdida de productividad atribuible a estas patologías es del 13,5%».
Sirva este episodio algo más que anecdótico para explicar la importancia de la interacción de las políticas económicas y sociales cuando hablamos de la competitividad de las empresas, las economías y los territorios. Hoy, analizada esta cuestión desde Euskadi, pudiera parecer una obviedad vista la estrategia de desarrollo humano sostenible que se ha venido impulsando, en los últimos 35 años, desde los diferentes gobiernos vascos -aunque algunos se empeñen en calificarlos de «neoliberales»-, pretendiendo convertir su repetitivo eslogan en «verdad del pregonero». Sin embargo, en el escenario de crisis en el que nos venimos moviendo en los ya largos 7 años, son cada vez más las tentaciones y voces de quienes vuelven a enarbolar «banderas en favor» de silos separadores entre lo económico («necesario, imprescindible y prioritario») y lo social («inasumible, costoso y de alto riesgo para las futuras generaciones«) dejando, al parecer, en manos de los «Ministros de Hacienda», los recortes presupuestarios, la «ortodoxia» del déficit «mágico» que a alguien se le ha ocurrido situar en un inamovible porcentaje de obligado cumplimiento y, peor aún, a quienes asustados por el endeudamiento, el crecimiento de las necesidades sociales y el incremento del gasto social (y sanitario), los movimientos migratorios y la contundencia de las estadísticas demográficas, lleva a criminalizar a la enfermedad, la desigualdad, la pobreza y la necesidad social. En este contexto, resulta llamativa la afirmación del ex Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafa Bengoa, en el contexto de la pésima y preocupante gestión de la epidemia del í‰bola: «La Ministra Mato no es responsable de la sanidad española. El responsable es el Ministro Montoro».
Y, en esta línea, volviendo al punto de partida de este artículo, no podemos sino recordar que la salud no es solamente ausencia de enfermedad sino, sobre todo, mitigación de los riesgos de enfermedad de las personas a lo largo de su vida, y exige -como hemos visto en el caso del í‰bola- de la interacción clusterizada de múltiples áreas de actividad y de gobierno (Salud, Hacienda, Interior, Defensa, Infraestructuras, Tecnologías de la Información, Acción Exterior…) y de múltiples agentes que interactúan en favor del bienestar pleno. De la misma manera, la Competitividad no es cuestión de costes salariales, o de industrias y tecnología, o de presupuesto en exclusiva. Si de forma reiterada hemos insistido que «en Competitividad todo importa», hoy más que nunca, hemos de reforzar la pedagogía socio-económica para evitar el confusionismo de muchas voces instaladas en el error. En este sentido, a lo largo de esta semana, entre otros muchos eventos, han tenido lugar un par de encuentros que vienen a cuento y merece la pena destacar: Un Workshop de la Social Progress Initiative bajo el apoyo de Orkestra y la Cumbre Europea de la Red «Shared Value Initiative» en Suiza. En ambos, destaca el eje conductor de esta nueva ola de pensamiento económico con el acento en la cada vez más relevante contribución de las ideas en torno al progreso social y al valor compartido empresa-sociedad trascendiendo del PIB, redefiniendo el rol de la empresa y los empresarios y reconfigurando sus roles en la cadena de valor y clústeres socio-económicos, orientando los «nuevos espacios y etapas» de la Competitividad, incitando a hacer de las demandas y necesidades sociales, el vector relevante de los nuevos modelos de negocio empresariales. Un nuevo paso adelante en el complejo mundo de la bien entendida Competitividad, si bien, desgraciadamente, aún escaso en el panorama político y empresarial -por supuesto sindical- necesitados de ideas refrescantes y compromisos renovados.
Ahora que los diferentes gobiernos (en especial los de las diferentes instituciones vascas por el interés inmediato que nos ocupa) afrontan la elaboración de sus proyectos de presupuesto, merecería la pena tener en cuenta la importancia de la apuesta conceptual de las estrategias (completas) para un crecimiento y desarrollo inclusivo sostenible como el que nos ha traído hasta aquí, a lo largo de los años, de la mano de un sueño, también europeo, de solidaridad y bienestar. El cada vez más generalizado y difundido «modelo vasco» no es una etiqueta, sino una estrategia diseñada a contra-corriente al servicio de las personas, del País y, también, de las empresas y nuestra economía. Esto y no otra cosa, es la apuesta por la Competitividad en Solidaridad. Absolutamente vigente -e imprescindible- para los tiempo que corren.
Así, volviendo en este caso al punto de reflexión en materia de salud, no vendría mal repensar sistemas, interacciones y factores críticos esenciales y determinantes de la salud. Volver la mirada a su organización, procesos y actividades -extra Sanidad- ayudarían, sin duda, a devolver el protagonismo a los agentes de salud, más allá de bondades o restricciones financieras.
Una vez más, en este caso desde el ámbito de la salud, recordemos que la mal entendida COMPETITIVIDAD es mucho más que palabras, competencia y etiquetas economicistas. Es, sobre todo, estrategia convergente entre empresas, gobiernos y territorios al servicio de las personas .Toda una semana empeñados en romper silos y paradigmas del pasado. Tendencias deseables e imprescindibles que permitan afrontar nuevos espacios de solución compartida a necesidades y demandas sociales -y económicas-, más allá de simplificadas y excluyentes asignaciones de responsabilidades parciales.