(Artí­culo publicado el 21 de Enero)

Dentro de las citas anuales de referencia mundial destaca, sin duda, el encuentro del World Economic Forum en la pequeña localidad suiza de Davos, a celebrar en esta ocasión del 23 al 26 de enero. El encuentro de lí­deres empresariales, de gobierno y de destacados organismos sin ánimo de lucro, culturales y entes multilaterales, además del mundo académico, facilita el intercambio de visiones y perspectivas en torno a los retos y desafí­os globales y un determinado posicionamiento en torno «al estado del arte» del mundo en que vivimos. El encuentro anual supone, a la vez, la presentación de diferentes Informes que son elaborados a lo largo del año por los múltiples Consejos Asesores y Grupos de trabajo conforme a la Agenda del Foro en un intenso y amplio proceso colaborativo multi grupos de interés y diverso en lo profesional, cultural, ideológico y geográfico.

En esta ocasión, bajo el reclamo de la Agenda prevista «Creating a Shared Future in a Fractured World» (Creando un futuro compartido en un mundo fracturado), Davos, destaca la propuesta de un documento base para la reflexión: «Global Risks 2018″, en su ya decimotercera edición, soportado en la metodologí­a de «encuestas tuteladas» a más de 1.000 lí­deres mundiales, identificando los principales riesgos globales que no solamente parecerí­a deban preocuparnos, sino su grado de impacto (previsible) y la probabilidad estimada de que ocurran. En este caso, no solo se trata de predecir el futuro, ni de señalar megatendencias, sino de compartir percepciones formales de los principales riesgos a los que hemos de enfrentarnos y, sobre todo, avanzar un conjunto de polí­ticas y decisiones a tomar para mitigar sus consecuencias negativas. Informe y contenido al servicio no de una determinada corriente de pensamiento económico, sino la provocada oferta de todo un mundo de ideas en pleno debate y contraste. Todo un proceso a la búsqueda de nuevos caminos y soluciones para un mundo necesitado de orientación y certezas.

 En este ejercicio 2018, el Informe añade a los resultados de la encuesta, tres apartados complementarios de gran interés: los principales shocks del futuro, aquellos riesgos ya identificados en el pasado revisando las polí­ticas y medidas que se recomendaron en su dí­a para evaluar su eficacia en el objetivo de solución perseguida y la calidad de los procesos de gestión y toma de decisiones ante los riesgos observables.

De esta forma, diez riesgos globales en función del grado de impacto previsible y clasificados por categorí­as (económicos, medio ambientales, geopolí­ticos, sociales o tecnológicos), sugieren una cierta «Agenda Base» que deberí­a preocupar y ocupar a los responsables en el proceso de toma de decisiones en todo tipo de organizaciones a lo largo del mundo.

Desde luego, no resulta nada sorprendente observar el listado de riesgos y su posición en la matriz impacto-probabilidad, en la que la categorí­a medio ambiental destaca de forma considerable, no ya por las demandas o movimientos ecologistas tradicionales del pasado ya superados, sino por la envergadura de sus consecuencias negativas cuando los riesgos se convierten en realidad: eventos meteorológicos extremos (huracanes, inundaciones), desastres y catástrofes naturales, aceleración de las fallas fruto de la no mitigación de efectos del cambio climático, o los desastres medio ambientales provocados por el «error del hombre», por inacción o inadecuada gestión de recursos o gobernanza aplicados en su generación o evidencia que se ven reflejadas o asociadas a un efecto (cambio climático) con mayores evidencias dí­a a dí­a.

Obviamente, si bien no se ve muy probable que suceda, la utilización de armas de destrucción masiva, es el riesgo de mayor impacto negativo que, pese a  no pasar al grupo de máximo riesgo-probabilidad de ocurrencia en sí­ mismo y pese a inestables liderazgos de «fuego y furia», tan de moda, desgraciadamente en estos dí­a, en cambio, se ve interrelacionado con una serie de riesgos asociados que sí­ cobran peso en su impacto y percepción de posibilidades con consecuencias nefastas para la humanidad: ataques terroristas y conflictos regionales violentos y/o armados. Ciberataques y uso fraudulento de los datos, la información y la comunicación, cobran especial relevancia y, por supuesto, toda una baterí­a de riesgos sociales que, como no podrí­a ser de otra forma, además de ser interdependientes de todas y cada una de las categorí­as de riesgo mencionadas, suponen algunas relevantes consecuencias propias, como es el caso en torno a la migración involuntaria, las crisis alimentarias y del agua, la propagación de las enfermedades infecciosas, el desempleo y la marginación.

En este Mapa de Riesgos, llama la atención el limitado impacto que generarí­an los riesgos o fallos en materia económica. Citados con frecuencia y a los que, sin embargo, no se otorga una probabilidad muy elevada de producirse, cuestiones crí­ticas de enorme importancia relativizadas para la gran mayorí­a de lí­deres encuestados. El desempleo y empleo informal, así­ como un previsible desplazamiento tanto de puestos y modalidades de trabajo, su localización y perfiles profesionales, motivados por las nuevas tecnologí­as esperadas sustitutivas, crisis fiscales y financieras (en especial bancarias) que ocupan los medios de comunicación diarios, con una generalizada sensación de peligro inminente, nuevas burbujas de activos en las mayores economí­as, déficits infraestructurales, ausencia de mecanismos financieros adecuados, acceso y disponibilidad energética, deflación-inflación por bloques y economí­as, fraude y economí­a negra o ilí­cita… parecen diluirse cuando se cruzan ambos ejes: su impacto (en caso de producirse) y su probabilidad de ocurrencia. Al parecer, la sensación de haber superado la década de la crisis global (hipotecaria, financiera, económica), lleva a un más que relativo optimismo y confianza en que el conjunto de la economí­a (hoy todo el espacio OCDE crece) conforma un escenario lo suficientemente estable y capaz de abordar sus problemas en una «nueva normalidad». Percepción unida a una última categorí­a: geopolí­tica, calificada de enorme impacto, pero, una vez más, entendible como superable, fruto tanto del aprendizaje compartido, como de la sensación de inevitable tránsito hacia nuevos modelos de gobernanza y reconfiguración del proceso de participación y toma de decisiones que son exigibles. Una lectura optimista llevarí­a a la aceptación de una importante confianza en la humanidad, en las Instituciones y en el bien común que terminarí­an encontrando la mejor manera de superar las dificultades que la complejidad creciente ofrece.

Ya en la referencia inicial, tanto a las estimaciones de los nuevos «shocks del futuro», como al tí­tulo del encuentro de Davos, se pone de manifiesto el rol relevante de los estilos de dirección, perfiles de los lí­deres que han de transformar o crear una nueva sociedad futura, superadora de un mundo fracturado en el que parecemos situarnos, para lo que resulta imprescindible una nueva gobernanza, nuevas estructuras geopolí­ticas, nuevos sistemas y procesos de toma de decisiones que contemplen nuevas realidades. Escenario y prospectiva influidos, a la vez, por el carácter sistémico e interconectado que hace que cada riesgo individual, más allá de su pequeño o gran impacto propio, se verá condicionado por su intersección con otros que desencadenan efectos impredecibles, a la vez que de enorme impacto conjunto.

Como veí­amos, un singular mapa de riesgos como el descrito, minimiza de manera aislada el enorme impacto de la economí­a (o algunas de sus manifestaciones) en nuestras vidas. Sin embargo, en su acción permanente sobre los aspectos sociales, nuestra forma y sistema de vida, nuestra empleabilidad y/o la capacidad de acceso a los elementos clave de una economí­a inclusiva y de progreso, a la educación, el trabajo y la tecnologí­a, a la transformada sociedad digital de la que ya formamos parte sustancial y, en definitiva, a sociedades diferentes en un mundo interconectado, obliga a abordar procesos permanentes de trabajo, relación, compartibles tanto en objetivos, como en resultados.

Así­, uno de las mayores oportunidades del Informe mencionado no está en el total acierto o no de cada una de las partes, riesgos y/o probabilidades de que sucedan, ni de la suerte o desgracia en acertar en un escenario final de llegada, sino en la propia «magia del proceso», integradora de todas aquellas áreas de conocimiento e interdependencia de las categorí­as socio-económicas, medio ambientales, tecnológicas y geopolí­ticas, en sistemas y disciplinas interconectadas, con la participación multi-agente. Y, entre estos últimos, el protagonismo irrenunciable de las personas en sociedad y de sus gobiernos que siguen siendo pieza esencial en el resultado. Su capacidad y competencia reguladora, emprendedora, generadora de protección y provisión del bien común, le otorga una máxima responsabilidad. Será, precisamente, fruto de este trabajo el resultado en la mitigación y superación de riesgos y la posibilidad de construir un nuevo futuro compartido.

De esta forma, la lectura analí­tica y crí­tica de cada uno de los riesgos/impactos/probabilidades aisladas, se ve gravemente afectada cuando se observa desde la lente sistémica e integradora, tanto de la interconexión creciente de los elementos observables, como del cuestionamiento de las reglas e instrumentos bajo los que desarrollan, como de las polí­ticas que rigen su funcionamiento y gestión, no ya para el caso de producirse, sino para su prevención evitando su colapso generador.

Si, por ejemplo, la observancia de una economí­a cuyos titulares pudieran llevar a la satisfacción superadora de una gran crisis, la conciencia de no haber hecho los suficientes cambios anunciados (e imprescindibles) en los albores hace una década, la falta de instrumentos de control y la ausencia de alternativas al modelo preexistente, posibilitarí­an la irrupción de nuevas crisis con efectos negativos a una cada vez más interrelacionada economí­a. De igual forma, el mencionado documento nos lleva a cuestionarnos sobre el comportamiento potencial perverso que pudieran tener graves riesgos sistémicos en torno a «avances» dados por, en principio, positivos para la globalidad de la humanidad, desde el propio comercio exterior y libre intercambio que darí­a paso al gran mercado global, la tecnologí­a (automatización, robotización e inteligencia artificial) que facilitarí­a el trabajo y suprimirí­a la rutina «obsoleta», la información masiva y la indigestión de sus toneladas de datos y mensajes acumulados (ni contrastada, ni veraz), no gestionada para uso especí­fico e inteligente, o la confortabilidad de poderes (gobiernos y organismos) de espí­ritu centralista y excluyente de «nuevos fenómenos» crecientes a lo largo del mundo que hacen del «trinomio autodeterminación nacional, identidad cultural y diálogo creativo» su bandera, clamando por el uso de herramientas y conceptos disruptivos (económicos, sociales, tecnológicos) la base de una exigible innovación constitucional con nuevas formas y comunidades multilaterales, una nueva gobernanza como guí­a de la administración y polí­ticas que dirijan los riesgos y su perversa utilización en soluciones al servicio de ese futuro compartido que se desea construir, mitigando uno de los grandes y principales nubarrones de nuestro tiempo: la desconfianza ciudadana ante el Estado clásico y sus instrumentos de poder enrocados en un status quo escasamente adecuado para transitar las innovadoras respuestas que el Mapa de Riesgos sugiere.

La nueva complejidad en la que hemos de vivir, dificulta el acierto en escenarios finales y aconseja el esfuerzo y logros permanentes a lo largo del proceso hacia un nuevo futuro deseable afrontando riesgos y desafí­os. Su recompensa, sin duda, nos ofrecerá superar obstáculos, mitigar los impactos negativos de los diferentes riesgos y aproximarnos a escenarios deseables más allá de situaciones heredadas no buscadas.

(Artí­culo publicado el 7 de Enero)

Singapur, Nueva Zelanda, Emiratos írabes Unidos y en un escalón muy próximo, Reino Unido, Estonia e Israel lideran el índice Global de Evolución y Logro en la Sociedad Digital (Digital Evolution Index). Valor hacia el que, al parecer, todo paí­s ha de aspirar como garantí­a de éxito y servicio a sus ciudadanos y en un momento en el que no hay gobierno, empresa o ciudadano que no trabaje (o diga hacerlo) en una estrategia, bien para la digitalización de su economí­a, su capacitación y/o aplicación generalizada a sus actividades de hoy y de mañana.

Sin embargo, siendo relevante aparecer bien situados en esta foto, cabe preguntarse no solamente lo qué significa la Sociedad Digital para los ciudadanos y sus paí­ses, qué mide en realidad este í­ndice (y otros muchos más allá de una referencia estadí­stica) sino, sobre todo, cuál es la base esencial sobre la que un paí­s, sus gobiernos, agentes, instituciones y personas hemos de construir nuestro futuro.

Revisando uno de los artí­culos más leí­dos en el año 2017 de entre los publicados de la mano del World Economic Forum en el marco de sus trabajos en el proceso de «trasformación del mundo superando los desafí­os globales», Anne-Marie Slaughter, presidenta ejecutiva de New America (movimiento civil para la mejora y «reinvención» de Estados Unidos y sus gobiernos), se preguntaba acerca de la justificación de la existencia de los gobiernos para simplificar su respuesta en tres grandes responsabilidades: proteger a sus ciudadanos, proveerles de aquellos bienes y servicios públicos necesarios e invertir en aquello a lo que no accederí­an los ciudadanos por sí­ solos. Así­, partiendo del viejo y simple argumento, como proteger contra la violencia que supone afrontar y mitigar todo riesgo de inseguridad (sea por ataque de terceros, ausencia o mal uso de la ley, fragilidad ante el «desgobierno», caos en diferentes modalidades, la economí­a ilegal, negra o corrupta, la ausencia de controles democráticos), sugerí­a repensar el rol protector y juzgarlo ante el contexto mundial observable, así­ como los instrumentos utilizados por los propios gobiernos para ejercitar dicha protección y juzgarlos desde un punto de vista democrático, justo, equitativo y absolutamente respetuoso de los derechos humanos a cuyo servicio ha de supeditarse tan ansiada protección.

Protector y proveedor parecerí­an retroalimentarse, según su argumentación, si bien el lí­mite de dicha provisión lo sitúa en aquellos bienes y servicios a los que no se puede acceder de forma individual, lo que, más allá de la acción colectiva o cooperativa, de la aplicación extrema del principio de subsidiaridad, o de las infraestructuras para todo tipo de conectividad y soporte del desarrollo endógeno, supondrí­a entrar en todo el espacio del estado social de bienestar, con demandas (y necesidades) crecientes en el ámbito de la provisión y protección social, de equidad, la inclusión, cohesión y la garantí­a de acceso a todo tipo de oportunidades en la máxima igualdad posible. Y es esta nueva interpretación de su doble papel protector y proveedor lo que le obliga a transitar hacia una tercera responsabilidad, el espacio y rol inversor. Los gobiernos se justificarí­an, también, por su visión inversora que ha de cimentarse en una desarrollada cultura emprendedora (innovación, compromiso, riesgo, continuidad y soluciones a las necesidades y demandas a futuro). Para ello, este último apartado supone dotar a los ciudadanos, paí­s a paí­s, región a región, ciudad a ciudad, de plataformas en las que las personas dispongan de aquellos elementos que permiten el desarrollo pleno de sus capacidades para el logro de sus fines, lo que les llevarí­a, en el tiempo, a requerir «menor gobierno» o como me permito sugerir «diferentes gobiernos» probadores, proveedores e inversores en menos necesidades y demandas cambiantes (deseos y voluntades) a lo largo del tiempo.

Es precisamente este último papel a jugar el que, sin abandonar ni menospreciar los anteriores, ofrece todo un mundo novedoso tanto de interrogantes, como de ilusión creativa en la potencial revitalización de los gobiernos, de los modelos socio-polí­ticos que impulsan o dirigen, de las nuevas instituciones y herramientas por diseñar e implementar y, por supuesto, del nuevo rol que junto a los diferentes niveles de gobierno, habrí­an de jugar el resto de los agentes económicos, polí­ticos, sociales, además de las personas, una a una.

De esta forma, la primera cuestión a incorporar con claridad en estas responsabilidades pasa por dar por bueno el servicio regulatorio y administrativo de todo gobierno, si bien la mayor exigencia diferenciada radicarí­a en su capacidad y voluntad (y, por supuesto, resultados), en su rol emprendedor, creativo, innovador e inversor, lo que supone apuestas, asumir riesgos, proposiciones únicas de valor diferentes a las de sus «gobiernos/paí­ses competidores» anticipándose a las tendencias y «decisiones del mercado», adecuando y alineando recursos a estrategias propias para futuros deseados y no de mantenimiento del estatus quo. Es decir, si cualquier aproximación al mundo que nos viene concluye con llamamientos a la empresa y a la sociedad a prepararse para afrontar el impacto que innovación, tecnologí­a, digitalización, emprendimiento y revolución 4.0, así­ como movilidad, flexibilidad, internacionalización, etc. como herramientas imprescindibles para ganar el futuro, no parece razonable que no se apliquen, de manera exigente, a los gobiernos, a sus administraciones y función pública, jugadores y agentes representativos e institucionales y, por supuesto, a sus propias estructuras y aparatos de Estado.

Es precisamente en este triángulo Polí­tica-Economí­a-Sociedad en el que las diferentes responsabilidades de unos y otros se funden en una interdependencia multidireccional que posibilite generar, potencias y facilitar plataformas favorecedoras del talento necesario para provocar los cambios y transformaciones indispensables por transitar hacia las Sociedades Digitales (por definir, mucho más allá de la tecnologí­a).

Hoy, como en todo momento de nuestra historia en la que aparece una tecnologí­a, conocimiento o hecho disruptivo, resultan inevitables «trade offs» o intercambios positivos y negativos, «ganadores y perdedores» que, por la dureza de sus consecuencias, en la actualidad, se traducen en el debate del empleo/puesto de trabajo asociado o cuestionando a y por nuevas tecnologí­as y mano de obra, automatización, robótica, inteligencia artificial… versus humanización y ocupación. La tendencia, difí­cil de medir y concretar, apunta a un resultado positivo y beneficioso en el largo plazo (cuando esto sea…) acompañado de efectos negativos inmediatos fruto de una más que supuesta sustitución de tareas rutinarias, penosas, de «escasa cualificación», automatizables por definición, generadoras de valor (por definir) e impulsoras de nuevos y mejores cambios en el cí­rculo virtuoso de la innovación y mejora en la calidad de vida de las sociedades a las que deben servir los gobiernos, también ya mencionados. Resolver esta paradoja del beneficio disruptivo es papel asignado al talento que hemos de saber potenciar, cuidar y desarrollar en nuestras sociedades. En esta lí­nea, la autora de la obra «El negocio de la empatí­a» (Belinda Palmer), firme defensora de la fortaleza de «nuestra humanidad» ante la carrera innovadora-tecnológica, advierte sobre las carencias de nuestros sistemas educativos necesitados, en su opinión, de una adecuada combinación de alfabetización y dominio tecnológico con la inteligencia emocional y la necesidad de introducir «innovación real» en el contenido educativo de nuestra sociedad. Educación y valores, de compleja concreción, pero sobre los que no se puede pasar de puntillas, con costosas ausencias de debate real y soluciones incompletas o confortables desde el dejar estar.

Hace unos dí­as, asistí­amos a una más de las muchas jornadas de huelga anunciadas en el mundo educativo en Euskadi (similar al de la inmensa mayorí­a de las reclamaciones a lo largo del mundo y, en especial, en nuestro entorno) y llama la atención que las protestas y razones de la movilización se referí­an, en exclusiva, a las condiciones materiales de los agentes y estructura del sistema y salvo ratios de número de alumnos por aula o número de horas lectivas, nula apelación a contenidos curriculares, exigencia académica y formativa del profesorado, demanda de su actualización y puesta al dí­a en aquellas «nuevas capacidades y competencias» que el talento y empatí­a que queremos para el futuro, tanto en los enseñantes, como en los métodos y modelos, servicios, infraestructura, gestión y gobernanza necesarios para un nuevo espacio de futuro. Oí­mos con frecuencia, a lo largo del mundo, el reclamo por contenidos que sustituyan a aquellos del pasado que nos han sido de gran valor para llegar hasta aquí­, pero que no creemos sean los que han de llevarnos a nuevos estadios. Como ejemplo, el British National Curriculum (recordemos que lo hemos señalado como uno de los paí­ses a la cabeza del índice Global para la Sociedad Digital), exige superar la formación basada en la lectura, escritura y aritmética por nuevas capacidades que califica en un Decálogo Obligatorio (Solución de problemas complejos, pensamiento crí­tico, creatividad, gestión de personas, interacción y coordinación con terceros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio a los demás, negociación y flexibilidad cognitiva).

Obviamente, ni dicho decálogo tienen por qué ser la panacea, ni es cuestión de copiarlo. Sin embargo, parecerí­a razonable repensar el conjunto.

Y si los gobiernos tienen una serie de responsabilidades como las descritas, no podemos olvidar que el resto también somos parte de su logro o fracaso. Con Slaughter, comentaba el rol proveedor e inversor de TALENTO y CAPITAL HUMANO, esenciales en un futuro deseado y demandado por la sociedad, en un momento en el que la desigualdad y las fracturas existentes cobran protagonismo. Recibí­amos el año con un interesante artí­culo de Minouche Shafik, director de la London School of Economics and Political Science en el que, precisamente, apuntaba al efecto e impacto dual de la tecnologí­a en la transformación del estado social de bienestar y el empleo/igualdad/desigualdad previsibles. Shafik avanza una ya reiterada lí­nea de acción a considerar: generar nuevos contratos sociales que asuman los problemas apuntados, ajustando la automatización a polí­ticas positivas de empleo (con óptica local y real, medible), asociar la esperanza de vida a la edad laboral y de jubilación, establecer sistemas de flexi-seguridad, reordenar y formalizar empleo-trabajo parcial, temporal, con sistemas de formación permanente a lo largo de la vida, invirtiendo en salud y educación, pero no guiados por la cantidad o el PIB, sino por el contenido, calidad y valor (de la educación y de la salud) y llevar al debate social el nosotros en lugar del ellos. Construir el talento, la provisión y protección innovadoras que esperamos de los gobiernos es para y desde todos.

Esta propuesta, o el decálogo antes mencionado, o cualquier responsabilidad atribuible al gobierno o a terceros, tiene un alto coste. No lo pueden ni deben pagar o asumir algunos. Como ciudadanos estamos legitimados para exigir responsabilidades, pero, a la vez, obligados a cumplir con las nuestras y a ejercer nuestro juicio crí­tico respecto a las diferentes demandas y acciones de unos y otros.

Esto va de tecnologí­a, sí­, pero, sobre todo, de educación, de digitalizar la economí­a, de riqueza y bienestar social. Repensemos y ejercitemos la búsqueda, creación y retención del talento mencionado. Será la forma de ganar el futuro desde las cambiantes responsabilidades de cada momento y de cada agente.

(Artí­culo publicado el 24 de Diciembre)

Finalmente, la anómala convocatoria de «Elecciones autonómicas» en Catalunya ha ofrecido su resultado, dejando una ficha coyuntural que, pese a las intervenciones de quienes creí­an modificar voluntades mayoritarias y dar por terminado el llamado Procés, no ha hecho sino retornar al punto de salida, situando en primer plano las cuestiones pendientes pre 155, ratificando la fortaleza de una voluntad y compromiso de transformación de la realidad polí­tico-administrativa en curso.

En resumen, el panorama post 21-D pasa por consolidar una mayorí­a absoluta de las candidaturas soberanistas catalanas, una todaví­a mayor, si cabe, mayorí­a de quienes exigen el ejercicio del derecho a decidir su futuro en una consulta vinculante, la marginalidad del partido en el Gobierno español, el fracaso de las burbujas «transversales» previas tan solo hinchadas por el poder y persistencia mediática española (conviene señalar que la cadena elegida por Catalunya para seguir la jornada electoral, triplicando su audiencia respecto de la suma de la segunda a cuarta cadena que le seguí­a,  ha sido la denostada TV3 que pretendieran suprimir desde  el pacto del 155), el parón de la alcaldesa Colau, la concentración del mapa sociológico de los polí­gonos y espacios conexos de la Barcelona Metropolitana y Tarragona en torno a Ciudadanos como referente directo del españolismo y/o unionismo real, contundente y «limpio» desplazando a PP-PSOE y, por encima de todo, el éxito del President Puigdemont liderando una lista superadora de un partido en crisis, de un movimiento herido de consideración tras el 1-O y dañado por el tacticismo de un socio que ha tardado demasiado en entender la legitimidad y compromiso de continuidad histórica de un Govern destituido, e inmerso en una más que aparente confrontación electoral desde situaciones judiciales y tácticas diferenciadas, en un contexto complejo, incierto, en un clima adverso. En los 947 municipios catalanes, Junts per Catalunya ha ganado en 667, ERC en 143 (es decir, 810, nada menos, con huella y color amarillo prohibido en los medios y por la Junta Electoral creada al servicio de tan irregulares elecciones).

Sin embargo, más allá de la fotografí­a inicial, siempre condicionada por el carácter irregular de la propia contienda electoral, de escasa credibilidad y operativa democrática, convocada al amparo de una mayorí­a formal (la unionista con peso en España y, como se ha comprobado en sus urnas, claramente minoritaria en Catalunya) con la cobertura trucada de un Senado cuestionado desde su origen al servicio de intereses partidarios, de financiación paralela para los partidos y de apariencia «territorial y de contrapoder», con la supresión previa del Parlament y Govern legí­timos cuya composición no era del agrado de quienes creyeron poder alterar la voluntad popular por un decreto ley sancionado por la corona, como cheque en blanco, para fusionar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sin ningún tipo de control democrático, lo verdaderamente observable es lo que está por venir.

Desde el punto de vista algo más que instrumental, lo primero a recordar es que el escenario del 155 sigue instalado en Catalunya y su aplicación, prórroga o suspensión está en manos, única y exclusivamente, del presidente y gobierno español derrotados de la forma más contundente posible. Si bien la literalidad del decreto que lo implantó (sancionado por el Rey) fija su vigencia hasta la constitución de un nuevo gobierno resultante del nuevo parlamento elegido el 21-D, tanto el entramado judicial montado como la propia unilateralidad al servicio del presidente Rajoy, permite todo tipo de intervenciones. La foto electoral llevarí­a a pensar en la constitución ordenada de un nuevo parlamento antes del próximo 23 de enero, la elección-restitución del President Puigdemont refrendado en las urnas y un gobierno «independentista», para una nueva fase del Procés pro República Catalana. Desgraciadamente, este proceso legí­timo y democrático, se puede ver empañado por la actuación del trinomio gobierno-sistema y poder judicial-policial y establishment (mediático-económico) españoles-unionistas tanto para continuar en su fracasado diseño y gestión unilateral del «155», de los procesos judiciales, encarcelamientos, deslocalización empresarial express, y «relato constitucionalista» enrocados en una concepción superada de la unidad de una España limitada a la percepción de un poder centralista y centralizado, con el incomprensible apoyo o confort distante de una Unión Europea de espaldas a la realidad. Pero, sin duda, pese a la previsible presión que el crecido papel de Ciudadanos pretenda ejercer ante un PP-PSOE desorientados para «impedir quimeras nacionalistas» (y no solamente en Catalunya. ¡Ojo Euskadi!), la realidad hace inevitable entender que el movimiento en Catalunya no es ni sedición, ni rebelión tumultaria , ni terrorismo, ni ningún atentado criminal contra nada, la Justicia y Administración Penitenciaria está obligada a garantizar el libre ejercicio de responsabilidades de los cargos electos y, en consecuencia, el retorno del President del exilio pudiera suponer su encarcelamiento o puesta a disposición judicial, pero no su inhabilitación o impedimento alguno para acceder a su acta de diputado, a su nombramiento como Presidente y al desempeño de sus funciones (como parlamentario y President). En definitiva, el momento y los resultados, exigen inteligencia democrática y espí­ritu innovador para la transformación del Estado. Un estado español que, o bien asume la necesidad/voluntad de su inaplazable cambio radical, o se entronca en el inmovilismo de corto plazo al servicio de un mal entendido interés particular, de unos pocos, que siguen pensando que su herencia recibida, hace más de 50 años, es su mejor garantí­a de pervivencia.

Catalunya es la potente punta del iceberg del no retorno a un Estado del pasado. La coyuntura internacional, la situación de crisis económica y social y el terrorismo (en Euskadi, sobre todo), además del post franquismo no perseguido y el miedo a golpes de Estado a manos de los militares, dieron paso a una reforma y transición que permitió demasiadas concesiones impropias de una verdadera demanda democrática de separación de una dictadura, de deseos de autogobierno (absolutamente desigual, potente y real en Euskadi y Catalunya, matizable en algunas otras regiones y/o naciones según sus propias manifestaciones, o inexistentes en otras), con una monarquí­a moldeada desde el franquismo, mantenida y tolerada como mal menor y un modelo de «Estado autonómico» del que muchos esperaban que tan solo fuera una fachada o cascarón, con escaso contenido real, gestionable desde el unilateralismo de los aparatos del Estado (entendido como Gobierno Central bajo el duopolio AP/UCD-PSOE).

Recordemos que muy pronto se sucedieron intentos de golpe de Estado (Operación Galaxia, 23-F), el vergonzante «Pacto de los lí­deres españoles del Congreso» favoreciendo una LOAPA que, «recortarí­a el error de los constitucionalistas» y terminaba con la voluntad democrática, desde luego, de catalanes y vascos. Un modelo descafeinado a la baja que, sin embargo, posibilitaba el acceso a un elevado auto gobierno y respondí­a a un deseo de desarrollo abierto a sucesivos y progresivos cambios y actualizaciones en función de la demanda que, en cada momento, fuera decidida por la población especí­fica (vasca y o catalana según el caso). Un sistema y modelo que muy pronto se vio limitado a la interpretación, voluntad y decisión unilateral de los sucesivos gobiernos centrales. A partir de allí­, la manera de avanzar en el autogobierno ha sido el intercambio de votos requerido por el modelo formal de Gobierno español, desde el unilateralismo para aprobar investiduras, presupuestos o atenuar el efecto de comisiones de investigación o negociaciones puntuales, de modo que negociar-avanzar se ha traducido ante terceros en condicionantes excesivos a un centralismo bipartidista que «no deberí­a ser incordiado». Así­ se ha hipotecado el extraordinario potencial que el modelo tení­a, que, de forma tí­mida, permitió el desarrollo de una España que pasó de la alpargata a la modernidad en pocas décadas, de un espacio de convivencia y de relativa esperanza en un futuro respeto al deseo de autogobierno real en dos naciones (Catalunya y Euskadi) confiando en su sueño europeí­sta y en la realidad socio-económica y de identidad y pertenencia que pudiera provocar una transformación real del Estado, a una organización polí­tico-administrativa contestada y descalificada por sus propios gestores centralizados.

Hoy, España tiene una nueva oportunidad: o asume su transformación hacia tres Estados (España, Catalunya, Euskadi), reconvirtiéndose en un Estado Confederal en el que la cosoberaní­a y las relaciones bilaterales reales y diferenciadas se den de abajo-arriba desde las naciones que lo forman (otra vez, Euskadi y Catalunya con la posibilidad de que aluna más lo desee y puede ejercer su derecho decisorio), o se mantiene en «sus trece» e impone un modelo pseudo-descentralizado, suprimiendo la representación real de «los nacionalistas incómodos» y se empeña en una estrategia incoherente, pretendiendo una recentralización paralizante, provocadora de un desencanto y desafección permanentes.

El escenario catalán exige una nueva polí­tica y coraje inteligente para construir nuevos modelos de relación. Volver al enfrentamiento del pasado, imponer soluciones (o pasear mientras el mundo se mueve, a la espera de «lo que tenga que pasar») es una irresponsabilidad que no se puede permitir.

En este contexto, el nuevo Parlament y Govern están llamados no a recuperar el mí­nimo autogobierno previo al «155», sino el autogobierno futuro demandado por la sociedad catalana. El Gobierno español y sus fuerzas de apoyo no pueden volver al amparo de tribunales (de escasa credibilidad, por cierto) y perpetuar procedimientos y actitudes del pasado. Es momento de imaginar nuevos espacios de relación, de futuro. El encuentro, juntos o separados, es posible.

Inteligencia de Estado. No queda otra alternativa.

Una «inteligencia» al servicio del futuro deseado por los ciudadanos que no pueden verse condenados a una convivencia forzosa y no deseada, sino que han de ser protagonistas de decisiones claves e innovadoras con un horizonte y escenario diferente por el que merezca la pena el esfuerzo de su recorrido. Hoy, Catalunya ha vuelto a demostrar su voluntad de movilizarse de manera activa, pací­fica y democrática cuantas veces sea necesario. Está dispuesta a renunciar a las mieles temporales de un relativo bienestar material dirigido o controlado por terceros. Quiere apropiarse de su futuro, experimentar modelos alternativos a la dirección única a la que se siente sometida, desde un duopolio español a 600 kilómetros de distancia fí­sica y a siglos de incomprensión. Exige su derecho a equivocarse, así­ como su posibilidad de éxito desde modelos, culturas y compromisos diferenciados. Asume el desprecio locuaz de unos lí­deres europeos -de salida- incapaces de afrontar el futuro desde el desafí­o de la complejidad y confí­a en sus capacidades y competencias para convertir su nación sin Estado en un estado creí­ble, que elija con quién, cuándo y cómo compartir su co-soberaní­a huyendo de toda imposición desde la herencia y la costumbre. No son tiempos de argumentar o debatir sobre el pasado, sino de construir el futuro.

Si a partir de hoy, seguimos pensando en términos de bloques (unionistas mal llamados constitucionalistas e independentistas mal llamados separatistas) volveremos a chocar en la misma piedra. ¿Más cárcel para descolgar las opciones que no gustan a algunos?, ¿más argumentos para obligar a un Govern a establecerse en el exilio?, ¿más boicot a empresas, productos y personas que se dice defender y querer en casa?, ¿más diplomacia económica al servicio del estatus quo, desde partidos y gobiernos claramente minoritarios en Catalunya, abanderando una supuesta mayorí­a silenciosa? Parecerí­a razonable, abandonar el pasado e iniciar un proceso transformador, de ilusión y compromiso, construyendo un escenario nuevo.

Hoy, es por Catalunya (y por España). Pero nadie puede llevarse a engaño. Si bien cada caso, tiempo y situación es diferente, existe un sentimiento y voluntad generalizada: la «España del mañana» no puede ser la de hoy. Nuevos tiempos, nuevas realidades, nuevos proyectos y estados de futuro.

La gente quiere (queremos) soluciones a la vez que sabe (sabemos) que las mismas no son iguales según quien las tome, a qué objetivos responden y, sobre todo, a qué escenario han de conducirnos.

Hoy ha sido el momento de Catalunya. Hoy y mañana, también, el de Euskadi, el del Estado español, el de Europa. No nos equivoquemos. No se han equivocado los votantes catalanes, ni los ha engañado el Gobierno del exilio o TV3. Simplemente, han dicho lo que piensan, sienten y quieren: la oportunidad de dotarse de un modelo diferente, de elegir sus nuevas relaciones, de dotarse de nuevas estructuras de Estado, de soñar y hacer posible un nuevo escenario.

Nuevo escenario que demanda una serie de actuaciones reparadoras, previas, antes de iniciar  el diálogo creativo e imprescindible para cualquier solución de futuro : Indulto, amnistí­a, archivo de causas o restart polí­tico-judicial para todos los «descabezados», restitución de la legitimidad del Parlament y Govern, cambios en el Gobierno español y los partidos perdedores (no hace falta señalarlos) cuyas estrategias, tácticas y gestión tóxica y equivocada ha quedado contestada en las urnas , neutralidad (o simple ética profesional) en medios de opinión y comunicación y vocación real de servicio en el espacio polí­tico institucional (incluyendo cierta cúpula de la Unión Europea). Y, por supuesto, no vendrí­a mal un Rey con mensaje tradicional de noche vieja o bien con su acostumbrada intrascendencia ya asumida o un novedoso e inesperado llamamiento transformador constructivo-creativo (no olvidemos que hoy es Nochebuena y esperamos de Olentzero la magia navideña).

 Inteligencia e imaginación de Estado, con los mejores deseos para una nueva fase para el 2018.

(Artí­culo publicado el 10 de Diciembre)

Padecer el infernal tráfico de Nueva York, su desorden en la gestión del transporte de mercancí­as en el interior de Manhattan y perder casi tres horas en llegar hasta el aeropuerto JF Kennedy para volar a Europa no es sí­ntoma suficiente para constatar el progresivo deterioro de la competitividad estadounidense, pero sí­ un elemento más que se une al anunciado nuevo (ya estructural repetido año a año) shortcut o congelación del gasto público de Washington, que obliga a paralizar la administración, generalmente, y ahora con el presidente Trump, con mayor intensidad y focalización en los servicios públicos vinculados a salud, educación y administración ordinaria por no citar a servicios de emergencia -bomberos incluidos- en plena catástrofe como la provocada por los incendios en California y las oleadas de nieve previstas para este fin de semana en la nueva ola frí­a que avanza desde Texas hacia Nueva Inglaterra. Sin embargo, sí­ es una grave preocupación, ampliamente constatada, la parálisis polí­tica de Washington en un bipartidismo consolidado, confrontado, bipolar y a juicio de los ciudadanos incapaz de afrontar los desafí­os y retos del paí­s y sus habitantes. La amenaza del creciente y galopante déficit histórico de los Estados Unidos aparece y desaparece en las agendas de sus señorí­as según el momento, la coyuntura polí­tica y el deseo prioritario de su presidente, ya sea para infravalorarlo y acometer nuevos programas o para paralizar toda acción de gobierno trasladando la responsabilidad a quienes no le aprueban su presupuesto, como es el caso esta semana. El senador Sanders descalificaba ayer a Trump y a los republicanos recordando que si el apoyo que piden «por responsabilidad patriótica» es el de apoyar a un gobierno que solo gobierna para quienes financiaron su campaña y abandona a los ciudadanos desfavorecidos, bien puede permanecer cerrado el gabinete hasta que alguien negocie desde un compromiso con la población. Así­ las cosas, Trump se ocupa de lo suyo y provoca al mundo trasladando su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que incendia los ánimos del frágil consenso interreligioso e internacional en torno a la ciudad santa de todos.

En este breve contexto, desde el privilegio del encuentro anual de la red MOC del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard (que ya reúne a 140 universidades e institutos en los cinco continentes), bajo la dirección del profesor Michael E. Porter, tení­amos la oportunidad de ocuparnos de lo que consideramos la mayor de las preocupaciones del momento: ¿Cómo generar prosperidad sostenible e inclusiva a lo largo del mundo, mejorando de forma permanente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos co-creando valor entre las empresas y la sociedad? En definitiva, entender la competitividad y el bienestar como un todo inseparable, compartiendo valor entre empresas, sociedad y gobiernos para generar beneficios económicos y sociales a la vez.

En este proceso, resulta indispensable trasladar la necesidad de una búsqueda permanente del propósito, el compromiso y la responsabilidad implicables a todos los actores. No se trata de academia y/o investigación y docencia teórica de autoafirmación y complacencia individual sino de transformar el mundo generando impacto positivo en los demás.

Así­, con este propósito -más allá del aprendizaje mutuo que las diferentes experiencias desarrolladas a lo largo del mundo y los avances aportados a los modelos y conceptos en materia de competitividad, clusterización, estrategia, liderazgo, innovación, valor compartido y desarrollo endógeno como guí­as de nuestro trabajo-, el encuentro contó con un nuevo mensaje provocador, valiente, arriesgado y comprometido. Porter, en su permanente viaje estratégico hacia la competitividad, explora el mundo de los gobiernos y de la polí­tica en relación a su capacidad real de dar respuesta a las demandas y desafí­os exigibles por el bien común y los complejos y volátiles tiempos que vivimos. Si ya hace un año publicaba una primera aproximación a la idea de que uno de los mayores impedimentos para el buen desarrollo de la economí­a estadounidense era Washington, en esta ocasión ha presentado una nueva publicación sobre por qué la ausencia de competición real en la industria de la polí­tica en Estados Unidos está fracasando (Why competition in the politics industry is failing in America. A strategy for reinvigorting our democracy), aportando una novedosa aproximación conceptual y práctica que recomienda una lí­nea de trabajo para revigorizar la democracia. En compañí­a de Katherine Gehl, prestigiosa empresaria, ejecutiva y polí­tica con un amplio trabajo de investigación social y activa, Porter no aborda este trabajo por casualidad. En 2016, tras casi dos años de trabajo, junto con otros colegas de la Universidad de Harvard, publicaba los resultados de una macroencuesta realizada a todos los egresados de la Universidad en los últimos 15 años, la inmensa mayorí­a de los cuales ocupaban puestos relevantes en el mundo de la empresa, el gobierno, la academia y las instituciones sin ánimo de lucro. El informe (Problems unsolved and a divided nation. US Competitiveness Project) comparaba el estado de la competitividad de los Estados Unidos con los primeros paí­ses del mundo, y no salí­a muy bien parado, mostrando una grave caí­da en los rankings históricos. Llamaba la atención que el factor destacado como principal obstáculo, débil y en progresivo deterioro, era «el sistema polí­tico estadounidense». Situado en el peor de los cuadrantes resultantes, contrastaba con la manifestación de la importancia que los mismos encuestados daban a contar con un buen sistema polí­tico que, además de garantizar la democracia, actuara motivado por el bien común afrontando los riesgos y desafí­os, en este caso, de la competitividad de su paí­s, economí­a y sociedad. La conclusión era despiadada: «Si bien en el pasado era admiración y referente mundial de innovación, modelo democrático y de impulso económico, hoy es el mayor de los obstáculos para afrontar los desafí­os del mañana».

A partir de ahí­, el trabajo se centró en un novedoso análisis del sistema y la polí­tica como una industria en sí­ mismo. Aplicando su contrastado y prestigiado modelo de las cinco Fuerzas como herramienta indispensable para analizar cualquier industria en la que se sitúa cualquier empresa en cualquier lugar, se analizó la Industria de la Polí­tica estadounidense. Entresacamos algunas claves.

La primera preocupación y motivo de seria reflexión es la constatación de que pese a lo que se cree, «la polí­tica americana no está fracasando en su objetivo, porque precisamente, su objetivo no es el servicio o bien común sino la pervivencia del duopolio que la propia clase polí­tica se ha encargado de crear, fortalecer, reforzar y blindar con sus propias reglas del juego». Por tanto, el sistema no está roto sino que hace aquello para lo que ha sido diseñado. Desgraciadamente, según este análisis, mientras la sociedad espera del sistema polí­tico del que se supone se ha dotado de forma libre y democrática, soluciones reales, eficientes, efectivas y aplicables en tiempo, forma y coste equitativos e inmediatos a sus problemas sentidos o percibidos con intensidad por las mayorí­as y, en especial, por las clases desfavorecidas, el sistema aplaza promesas, no propone soluciones aceptables y, lo que es peor, los pospone evitando riesgos con la complacencia de un electorado que les ha elegido y que, no obstante, no exige ni evalúa resultados. El informe se detiene en un minucioso catálogo de datos elocuentes. Mientras el 78% de las iniciativas en el 114 Congreso americano quedaron en el tintero, bloqueadas por el partido que no las presentaba, o las grandes reformas anunciadas (la fiscal, de salud o de control del déficit) que defendí­an en campaña la totalidad de los candidatos con el presidente Obama a la cabeza y la corresponsabilidad del lí­der de la oposición republicana, se convirtieron en vanas esperanzas no aplicadas, ninguno fue penalizado en las urnas. Obama repitió mandato, Ryan se convirtió en el lí­der y speaker de la Cámara y el 90% de los representantes y congresistas elegidos repetí­an escaño.

Otra denuncia del informe es el hecho de que la no competencia o competencia bipartidista en duopolio es escasamente saludable. Se trata de posicionarse con mensajes y actitudes mutuamente excluyentes, demonizando al contrario con o sin justificación y razonamiento alguno, salvo en casos de acuerdos del establishment, generalmente a favor del mantenimiento y blindaje de las propias reglas del juego que les hacen perdurar intercambiando continuamente puestos, posiciones de representación y financiación lateral o paralela. Un sistema que ha corrompido la comunicación abierta y transparente y que utiliza los instrumentos oscuros del Estado -aquí­ les llamarí­amos «las cloacas del Estado» de las que Felipe González se jactaba de utilizar para defender la democracia y de las que el Gobierno Rajoy ha hecho un buen uso como el ejercicio de la policí­a polí­tica ha demostrado con las acciones de sus ministerios del Interior- y las frecuentes fake news (noticias falsas) desde el corazón del gobierno, sus servicios de inteligencia o medios de comunicación afines.

Este pequeño muestrario de su análisis se extiende a todos los elementos que componen la «nueva industria» y se cierra con un capí­tulo de recomendaciones que tienen dos destinatarios: uno, el propio sistema y sus jugadores; son ellos los que pueden y deben cambiar sus objetivos y reglas del juego atendiendo a lo que llamarí­amos los cambios y megatendencias de los ciudadanos si quieren mantener el modelo, de la misma forma que las empresas han de entender los tiempos y olas de cambio en las reglas del juego y la entrada de nuevos jugadores, la polí­tica estadounidense debe afrontar su propio cambio. Y dos, la sociedad civil estadounidense, quienes consolidan y blindan la industria polí­tica, son precisamente los ciudadanos que les votaron y dieron un mandato determinado. Si el sistema falla y/o no responde a lo que la ciudadaní­a espera, está en sus manos su transformación.

Sin duda, se trata de un informe que ha de generar una gran polémica. Entre otras cosas, ¿el sistema y polí­tica estadounidense es una industria en si misma? ¿Es una industria especial que ha de cumplir reglas del juego diferentes a las de otras? ¿Es en realidad el gran obstáculo de la competitividad y prosperidad de los Estados Unidos? No hay respuestas concluyentes, pero sí­ preguntas a plantearse. Por encima de todo, la relevancia de la importancia e impacto de la polí­tica y los gobiernos en la economí­a, el bienestar y la prosperidad incluyente de los ciudadanos. La polí­tica y las cosas del gobierno no son cuestiones separadas y aplazables en el tiempo de las cosas «que de verdad importan» a las personas y a las empresas. Estados Unidos parece entenderlo y muestra su preocupación por el estado de la cuestión. Su rol mundial decrece; su liderazgo competitivo, también, las desigualdades en su seno aumentan y la insatisfacción se generaliza. Los estadounidenses valoran el papel de la polí­tica y sus gobiernos como elementos esenciales en la solución, pero hoy muchos (uno de cada cinco) lo ve como el mayor obstáculo para la solución de sus demandas y desafí­os. Esto también es competitividad, riqueza, bienestar, igualdad y co-crear valor y prosperidad.

(Artí­culo publicado el 26 de Noviembre)

El pasado 20 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea (General Affairs Council) decidió la relocalización de dos importantes Agencias europeas, hoy residenciadas en Londres, en nuevas sedes una vez concretado el Brexit a partir de marzo de 2019. La Agencia Bancaria Europea (EBA) dejará su entorno en la potente City londinense para alojarse en Parí­s. Relevantes plazas financieras como Frankfurt o Dublí­n vieron no elegidas sus candidaturas. En paralelo, otra Agencia Europea, la de Medicamentos (EMA), fue asignada a ímsterdam, elegida entre 16 ciudades con potentes y cualificadas alternativas (Copenhague, Milán, Dublí­n… y, por supuesto, Barcelona).

La European Medicines & Science Medicines Health Agency (EMA), a través de su Presidente, celebraba la decisión y se preparaban para afrontar los 16 meses de traslado de operaciones, destacando cómo «ímsterdam cumple con la gran mayorí­a de nuestras inquietudes y deseos y, ofrece excelente conectividad, con extraordinario espacio adecuado para nuestra instalación acorde a nuestras necesidades, responde a nuestra demanda concreta para el buen desarrollo de nuestras actividades, ha dado preferencia a nuestro modelo de negocio al servicio de la salud pública y animal y, sobre todo, responde al deseo de nuestros funcionarios y empleados cuya gran mayorí­a mostraba su preferencia en trasladarse a ímsterdam»

Con esta decisión, la importante Agencia Europea, responsable de la evaluación cientí­fica, supervisión y monitorización de la seguridad, calidad y eficiencia de los fármacos tanto en los hoy 28 Estados Miembro de la Unión Europea, como de los paí­ses del espacio económico europeo (E.E.A.), garantiza la continuidad ordinaria de su trabajo y responsabilidad en Londres con su nuevo anclaje en ímsterdam en pleno corazón de la permanente «banana azul», espacio de máximo desarrollo y bienestar de nuestra Europa. Y la Agencia seguirá hablando inglés.

La decisión de la Unión Europea ha provocado una enorme y desabrida batalla mediática, «polí­tica» y de «pseudo especialistas» en el Estado español y ninguna controversia, ni en los otros 18 aspirantes, ni en los 27 Estados Miembro (la salvedad obvia es España) y compañeros de viaje, ni en el mundo de la industria farmacéutica, ni en las personas directamente implicadas en el traslado, personal y familiar, desde Londres.

La «España no nacionalista», sin embargo, nos contaba el éxito de Barcelona antes de concurso alguno. Como es habitual en sus discursos propagandí­sticos mediáticos, «Barcelona es la mejor opción técnica», despreciando cualquier otra alternativa. Como siempre, siguiendo la cansina costumbre futbolera y deportiva, que constituye una especie de enfermedad de superioridad a la española, proclamando siempre que se trata de la mejor liga de futbol del mundo, de la mejor o única selección del tal o cual deporte, las competiciones son ganadas antes de iniciar los encuentros y se pierden, casi siempre, por «cuestiones extrañas ajenas a la esencia de la decisión». De la misma forma que Madrid ha perdido siempre que ha invertido en sus ofertas para organizar los Juegos Olí­mpicos, «pese a tener la mejor propuesta, el despliegue incomparable de la Corona y su influencia mundial, así­ como el gran aparato diplomático español» (al parecer no basta con ofrecer un café con leche en la Plaza Mayor), supuestamente por oscuras razones, en esta ocasión, Barcelona no ha resultado elegida. (Recordemos que, de las 33 Agencias europeas existentes, 5 tienen su sede en el Estado -Vigo, Madrid, Alicante, Barcelona y Bilbao- y cuando fueron elegidas nadie argumentó razones extrañas).

Sin duda alguna, Barcelona era una muy buena candidata. La única opción válida en el Estado español, con fortalezas relevantes como ciudad amable y visible, como hub biotecnológico del Mediterráneo y la Europa del Sur, con una relevante oferta de talento y servicios complementarios para el desarrollo ordinario de una Agencia como la EMA. Personalmente, no oculto mi simpatí­a, sin ningún tipo de duda, por Barcelona-Catalunya tanto por mi vinculación y empatí­a, valoración de la Ciudad-Nación, como por razones personales y profesionales. Pero… ¿y ímsterdam?, ¿y las diferencias entre las ofertas presentadas?

Si alguien se toma la molestia de repasar y comparar las ofertas presentadas por las diferentes ciudades candidatas, quizás puede entender cómo, más allá, de las, sin duda, connotaciones polí­tico-económicas-sociales que concurren en la relación Catalunya-España, existen cuestiones objetivas, nada extrañas, favorecedoras de la decisión tomada.

«The Dutch Bid» (la propuesta holandesa), recogida en un extraordinario y sencillo documento de 84 páginas, da coherencia a una oferta ganadora que responde, con exactitud a lo que se pedí­a: «Responder a las necesidades concretas de la EMA», es decir, acoger a la Agencia, a su staff y familias, garantizar la continuidad ordinaria de sus trabajos (tanto ahora, en los próximos 16 meses mientras continúe trabajando en Londres, como a partir del momento cero de la nueva sede) y fortalecer un futuro avance y desarrollo en sus tareas a partir de 2019, con carácter, en principio, definitivo. Esta oferta holandesa, entiende la Agencia, más allá de su núcleo básico, como una potente red clusterizada en el mundo de la salud a cuyos actores relevantes y relacionados (profesionales y empresas de servicios, industria farmacéutica, profesionales de la salud, financiación experta y especializada, propiedad intelectual, espacio de investigación e innovación…) ha de acoger de igual forma. De esta manera, el Gobierno holandés centró y concretó una propuesta «empaquetando» todos los elementos necesarios para responder a la necesaria continuidad operativa de la Agencia, sin sobresaltos, facilitando, también, la coordinación con todas las Agencias Reguladoras en los diferentes Estados Miembro y del EEA, desde la relevante y probada experiencia de la reconocida Agencia holandesa del Medicamento que extiende su brazo a lo largo de los cinco continentes.

A partir de aquí­, una sencilla, a la vez que clara y potente explicitación del «paquete ofertado», se articula en cuatro elementos clave perfectamente interrelacionados y coordinados: Continuidad (Real Estate, operaciones, servicios, gestión del perí­odo de transición y solución, ad hoc, llave en mano, con un esquema financiero y subvenciones públicas especí­ficas), Conectividad (insuperable conectividad: hard y soft, aeropuertos, conexiones ferroviarias, automóvil y sistemas de transporte eficientes y de altí­sima frecuencia con conexión directa con todas las capitales Europeas, desde un hinterland privilegiado, a 92 minutos en coche de Bruselas y una pieza clave soportada en el conocimiento y uso ordinario del inglés por el 90% de la población, además del ecosistema para la industria de salud y medicamentos), Compromiso (para el traslado y acogida, para el desarrollo y potenciación de la Agencia y su entorno profesional clusterizable, así­ como un potente plan para expatriados y sus familias) y Comunidad (la oferta real de una Comunidad escolar internacional y empleo para parejas y familiares, prestaciones de vida desde el momento de su llegada, acceso a financiación, condiciones fiscales, etc.). 4C’s, más allá de un simple marketing nemotécnico.

Esta propuesta, además de firme, no solamente viene descrita como una pieza literaria en un relato prometedor, sino reforzada con todo tipo de datos contundentes. No se describe todo lo que es o tiene Holanda o ímsterdam, sino aquello especí­fico y diferencial para las necesidades y demandas concretas de la Agencia (no es relevante que el Estado tenga 52 aeropuertos de diferentes niveles -como anuncia la candidatura española, por ejemplo-, sino tres concretos a menos de 30 kilómetros, uno de ellos a 6 minutos en tren al Centro de Acogida de la nueva ubicación; o «ayuda en la búsqueda de empleo», sino «gestión personal directa en una economí­a con el 5,5% de desempleo»). No resulta ocioso que todos los indicadores que destaca la oferta de Barcelona se ven superados uno a uno por ímsterdam: Número de ciudades conectadas, distancia y tiempo a puntos de interés, número de empresas farmacéuticas relacionadas, centros de formación médico-sanitario, número de empresas de servicios profesionales especializadas en salud, presupuestos en I+D+i en salud, presupuestos y aportaciones de la Agencia Reguladora «Nacional» en cada caso, tasa de creación y supervivencia de start ups Bio, número y variedad de centros o escuelas internacionales… Y, sin duda, ubicación. Así­, la sede propuesta (Zuidas en ímsterdam o la Torre «Agbar» de Barcelona) presenta especificidades muy concretas para su uso inmediato y futuro.

Es decir que, merece la pena repasar «la mejor oferta técnica», compararla con la ganadora, de manera que no solamente seamos medianamente objetivos sino, ser conscientes de los espacios de aprendizaje y mejora existentes. Solamente de esta forma se puede mejorar y fortalecer una oferta de atracción y sede y, sobre todo, el desarrollo de hubs económicos de desarrollo.

Así­ las cosas, resulta evidente contemplar el contexto polí­tico-económico-social en el que se produce la decisión.

Sin embargo, al margen de contenidos concretos de la oferta, la mayorí­a de las voces se aproximan desde el paraguas mediático dominante: «el independentismo penaliza Barcelona», como reclamo unilateral del «constitucionalismo español» instalado que, en histérica expresión de la Ministra de Sanidad, «es el peor virus. No aman ni a España, ni a Catalunya, ni a Europa», su particular nacionalismo español parecerí­a irrelevante en su concepción y supuesto trabajo europeo. Si queremos enunciar elementos influyentes en este aspecto, merecerí­a preguntarse en qué medida, más allá de voluntades, culpas o protagonistas, en torno al concepto y contexto actual, han influido algunos elementos clave: más allá de la objetividad y racionalidad de una propuesta singular, ¿ha pesado la situación polí­tica y contexto actuales en Barcelona-Catalunya-España?, ¿qué ha tenido más impacto?: un «procés» a lo largo de los años mostrando a Europa una permanente movilización ciudadana pací­fica, creciente dí­a a dí­a, reclamando su autogobierno, en Europa, a través de un nuevo modelo democrático de relación con el Gobierno Central y diferentes pueblos en el Estado español, o la incomprensible no gestión de una posible consulta popular, o la intervención del Gobierno Central con el apoyo de un poder judicial en cuestión, con la cobertura de un Senado oscuro e inoperante, suspendiendo una Autonomí­a, encarcelando a un Gobierno legí­timo y suprimiendo un Parlamento democráticamente elegido con la excusa de «devolver la voz y voto al pueblo» hasta que vote lo que quienes no ganaron las elecciones esperan. ¿Habrán impactado las imágenes de una policí­a encerrada en los muelles de la ciudad para intervenir y volver a casa? ¿Llamarí­a la atención de un Jurado ocupado en residenciar una serie internacional en una ciudad distintiva, la incomprensible intervención exprés de un Gobierno «invitando» a las empresas a salir de Catalunya violentando sus propias leyes de Sociedades de Capital, derechos de los accionistas y ruptura de reglas ordinarias del «mercado» y tejido socio-económico existente? ¿Pesarí­a en esta decisión el peso real de una España cuestionada en Europa tanto por la corrupción y cuestiones judiciales asociadas, abiertas y en curso, que implican al Presidente del Gobierno ya su partido? Más allá de palabras de cortesí­a del Presidente Jean-Claude Juncker, ¿preocupará el hecho de que el Gobierno español «de acogida», tenga a sus ministros clave reprobados por el Congreso?, o finalmente, ¿la eficiencia de la diplomacia española, su inteligencia comercial o estrategia de interacción europea es tan relevante como se proclama?

Efectivamente, las autoridades españolas han presentado una propuesta para Barcelona, demostrando en la práctica su incómoda relación con la ciudad y con el Gobierno de Catalunya y su escasa aceptación Institucional en el «territorio de acogida». En su propio alegato han reclamado de los jueces decisores del concurso, valorar la conveniencia de «repartir Agencias» a lo largo de diferentes Estados Miembro y han puesto el acento en la «Europa del Sur». Holanda ha hablado de ímsterdam y Europa. Cada uno ha jugado sus legí­timas bazas y, en esta ocasión, ha resultado elegida ímsterdam. (En unos dí­as, Europa-España, jugarán otro reparto de roles en el ámbito económico-financiero. Si se elige un español ¿será por ser «el mejor preparado del mundo»?)

En lo personal, como ya he mencionado, mi simpatí­a estaba con Barcelona. Bienvenida ímsterdam. Aprendamos de la experiencia. Quizás merezca la pena repasar las 16 ofertas y candidaturas. Sin duda nos llevarí­amos muchas sorpresas y aprenderí­amos potenciales soluciones para futuros proyectos y algo más de las fortalezas y bondades reales de las capitales candidatas, de su entorno y ecosistemas de salud y, sobre todo, de su realidad y potencia económica, social y polí­tica. Toda una rica y variada Europa que nos interesa a quienes de verdad amamos Europa aunque queramos construirla de otra manera.

(Artí­culo publicado el 12 de Noviembre)

El primer alcalde de la democracia, Jon Castañares, se concentró en ordenar la contabilidad y los servicios esenciales de un deteriorado Ayuntamiento heredado del franquismo, en un contexto de declive económico, polí­tico y social que parecí­a no tener futuro. Si bien, anclado en un pasado histórico de vanguardia que siempre habí­a mirado a Europa y al mundo, mantení­a la esperanza de iluminar el apagado entorno rodeado de tristeza, pesimismo y abandono o déficit (infraestructural, de servicios, de proyectos) en un marco de desanexiones reconfigurando los lí­mites de la ciudad.

Desde ese inicial punto de partida, el alcalde de la emergencia, José Luis Robles, tras las inundaciones de saldo mortal y destructivo, se volcó en la reconstrucción de un Casco Viejo otrora y hoy vibrante y dinámico, haciendo de la necesidad oportunidad en un intento de recuperar el orgullo, identidad y compromiso de nuestros ciudadanos. Josu Ortuondo lidió con la descalificadora etiqueta de la ciudad de las maquetas, promoviendo infraestructuras y proyectos clave para la transformación de la villa, inventando unas finanzas colaborativas que posibilitaran acometer inversiones que hoy disfrutamos. Gorordo y Duñabeitia en su tránsito impulsor de la ciudad, la aproximación a la calle y a iniciativas que, con el tiempo, fueron base de proyectos hoy alternativos de gran valor urbano. Iñaki Azkuna añadió una impronta personal que coronó su trabajo con el premio al mejor alcalde del mundo, que reconocí­a el binomio ciudad-alcalde. Y hoy, Juan Mari Aburto, enfrenta el avance imparable de una ciudad que no para y que ha hecho de la transformación y la innovación permanente -conjugando fortalezas, ADN y valores- pilares de un nuevo futuro por seguir construyendo. Un tracto positivo y discontinuo del buen hacer de nuestros alcaldes que siempre han sabido interactuar con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco en este complejo y apasionante viaje.

El último reconocimiento internacional (Bilbao Mejor Ciudad Europea 2018, concedido por The Academy of Urbanism), pone en valor la relevancia de Bilbao en la convergencia de elementos esenciales en materia de urbanismo, desarrollo sostenible y medio ambiente, finanzas y transparencia, gobernanza, aspectos sociales y desarrollo inclusivo, identidad e innovación. Y aporta un galardón más al prestigioso currí­culum de la villa como La Mejor Ciudad-Región del Mundo (Premio Lee Kuan Yew), cuyo jurado internacional basó en criterios de liderazgo participativo estable, estrategia y visión explí­cita y aplicada, instrumentos adecuados de implementación, colaboración público-público y público-privada, identidad y cultura, conjuración de polí­ticas económicas y sociales y urbanismo responsable en respuesta a las demandas de un vector económico de transformación social. En esta lí­nea, Isocarp (International Society of City and Regional Planners) distinguió a nuestra Ciudad-Región Bilbao-Euskadi como modelo para la generación y transformación de «espacios hacia una economí­a creativa» (Making Spaces for the Creative Economy 2005). Y el World Economic Forum incluyó a Bilbao como modelo y caso de estudio para su Informe City Competitiveness como ejemplo vivo de los determinantes de las Ciudades-Región competitivas para un mundo global en plena transformación.

El premio recogido en Londres por nuestro alcalde es, ante todo, un reconocimiento a una larga trayectoria tras un propósito estratégico comprometido con el bienestar de la ciudadaní­a, la competitividad de sus empresas e instituciones y el desarrollo inclusivo, sostenible en el tiempo. Es un estí­mulo más para renovar compromisos y transitar hacia un futuro plagado de nuevos desafí­os, que exige coraje colectivo para asumir y gestionar riesgos. No es ni fruto de la casualidad, ni un episodio anecdótico.

Más allá de la ciudad

Bilbao es un referente mundial en el concierto internacional. Pero, como hemos puesto de manifiesto en el breve recorrido de la mano de los alcaldes de nuestra reciente democracia (todos ellos pertenecientes al PNV, por cierto, encabezando las corporaciones pluripartidarias que lo han hecho posible), el resultado obtenido no se puede entender en el ámbito municipal limitado a la demarcación de la ciudad. Bilbao-Euskadi, como Euskadi-Hiria o Ciudad-Región Vasca, explica el verdadero resultado observable. La batuta (o makila) de la ciudad ha exigido la alianza público-público con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco (como instituciones diferenciales, planificadoras, ejecutoras, acompañantes) en este proceso transformador, así­ como de la indiferenciada actuación ordinaria de otras administraciones (Gobierno español, Unión Europea) en la aplicación de las polí­ticas generales a disposición de toda ciudad o región. Conviene precisarlo y distinguirlo, ya que cuando se trata de explicar la estrategia diferencial en la transformación de una ciudad (como el caso de Bilbao) cara a entender y extraer conclusiones sobre las mejores prácticas para ser utilizadas en otros lugares, se cae en el error de confundir etiquetas y actores prescindiendo de los contenidos reales, de los intangibles, del ADN de las ciudades y del rol real de las instituciones y actores implicados. En este sentido, podemos mencionar tres ejemplos que nos pueden aportar suficiente perspectiva.

Uno: el alcalde de una ciudad española abordó el diseño e implementación de la estrategia de su ciudad, contando, sobre el papel, con el apoyo de las fuerzas vivas de la ciudad. Querí­a replicar la planificación urbana en base a su adecuación a Bilbao y hacer que una sociedad de reciente creación con el entonces Ministerio de Transportes español, de estructura idéntica a la Sociedad Bilbao Rí­a 2000, funcionara (no es ocioso mencionar que el alcalde en cuestión y el ministro/gobiernos de turno, pertenecí­an a un mismo partido). Pues bien, hoy es el dí­a que ese Plan Estratégico y esa Sociedad Pública no han logrado ni movilizar a la sociedad, ni mucho menos, transformarla. Caso generalizado en muchas de las ciudades a lo largo del mundo. ¿Por qué contando con los mismos asesores, arquitectos, urbanistas, empresas tractoras, evidencias internacionales, entes financiadores y, en apariencia, planes similares, el resultado es desigual? ADN, capital humano, calidad y compromiso institucional, gobernanza real, cultura, sentido de pertenencia… intangibles que no son replicables en corta y pega. La interacción de la ciudad y su hinterland, un puerto y su despliegue territorial, la modificación de la trama ferroviaria en el interior de la urbe, la promoción inmobiliaria, comercial y urbaní­stica, el tejido económico soporte de la sociedad, la calidad del mapa polí­tico, la apuesta por tu ciudad y paí­s, marcan la diferencia más allá del acceso a la financiación, las agendas públicas o la grandeza de intervención urbana.

Más allá del Guggenheim

Dos: el efecto Guggenheim. No seré yo quien minimice, ni mucho menos, un proyecto estratégico de primera lí­nea como es Guggenheim y mucho menos hacerlo en su exitoso vigésimo aniversario. Lo que sí­ merece la pena destacar es que quienes simplifican con la apelación al efecto Guggenheim en la transformación de la ciudad, del paí­s, se dejan en el camino muchos elementos esenciales que configuran el resultado actual Bilbao-Euskadi. Guggenheim Bilbao, sin duda alguna, ha marcado de forma significativa, nuestra percepción y apreciación en el mundo. He dicho (y publicado) a lo largo de cientos de intervenciones por el mundo (desde mi propia posición en el proyecto y en el Consejo de la Fundación en Nueva York), que existe una aproximación inversa al binomio inseparable Bilbao-Guggenheim. Desde la apertura de Guggenheim Bilbao Museoa, cientos de ciudades del mundo han acudido a la Fundación en Nueva York, solicitando un Guggenheim Bilbao. Se han analizado (en diferentes grados) un sinnúmero de ciudades, se han acordado alianzas concretas y, a fecha de hoy, tan solo se ha cerrado una de ellas (Abu Dabi) en proceso y previsión de apertura en torno a 2021. El verdadero elemento tractor arte-economí­a-territorio es mucho más que un museo o infraestructura cultural innovadora o un socio de prestigio internacional y lí­der en el panorama cultural. Guggenheim Bilbao ha sido posible precisamente por la convergencia exitosa de tres estrategias únicas diferenciadas, sinérgicas y enriquecedoras entre sí­: una estrategia ciudad-paí­s (Bilbao-Euskadi) para la internacionalización y modernización de nuestra economí­a y nuestra gente con un acelerador regenerador de la ciudad de Bilbao;una estrategia de liderazgo museí­stico-cultural de la Fundación Solomon R. Guggenheim ganando su posición en el ámbito internacional y, por supuesto, una estrategia única de Guggenheim Bilbao Museoa liderando el mundo museí­stico-cultural europeo.

¿Qué ha pasado con la veintena de copias del efecto Guggenheim en ciudades del Estado? Dicho esto, sin duda, el verdadero efecto Guggenheim Bilbao transciende del museo, ha impregnado valores en la actitud y actuación de nuestras empresas, ha fortalecido una mentalidad de prestigio, innovación y unidad en nuestra ciudad, ha generado resultados esperables en el amplio cluster del arte (formación, educación a través del arte, diseño, construcción, arquitectura, comercio, transportes, turismo, logí­stica, gastronomí­a…). Todo un valor al servicio de una ciudad. Desde aquel primer contrato a una firma de arquitectura extranjera (Wilford &Stirling Associates) de la Diputación Foral de Bizkaia para el diseño de la Estación Internacional de Abandoibarra (el primero y único proyecto que aún no ha visto la luz), pasando por la pléyade de primeras figuras mundiales (siempre acompañadas de arquitectos e ingenierí­as vascas) con obra icónica a la vez que útil y al servicio de la ciudad, existe todo un larguí­simo recorrido.

Más allá de su Ayuntamiento

Tres: Bilbao-Euskadi. Un elemento esencial en el desarrollo exitoso de nuestro modelo exige contemplar Bilbao como nodo director, tractor y/o acompañante protagonista de todo lo que sucede en su entorno, en conexión amplia y activa con el resto de territorio vasco, sus instituciones y el conjunto de agentes polí­ticos, económicos, sociales y académicos que lo conforman. Ninguna de las iniciativas concretas, de sus proyectos emblemáticos, de sus logros se entienden sin la complicidad del resto de agentes que hacen de la ciudad-región, el espacio competitivo y solidario que es Bilbao.

Hoy, Bilbao puede y debe enorgullecerse del trabajo bien hecho y del reconocimiento internacional y, sobre todo, ciudadano. Hace unas semanas tuve la oportunidad de comentar con el alcalde la alta calificación que la ciudadaní­a en Bilbao daba a su barrio y a la villa en su conjunto. Valoraba de forma muy positiva su calidad de vida, seguridad, nivel de servicios públicos y el grado de bienestar. Sin, duda, el mejor de los inputs para acompañar y valorar el reconocimiento internacional.

Un merecido premio y, sobre todo, un renovado impulso al compromiso para avanzar hacia una verdadera ciudad de valores, bienestar, desarrollo inclusivo en un cada vez más complejo y desafiante mundo en el que, a medida que pareciera hacerse más global, el verdadero espacio protagonista, de identidad, pertenencia y vida, no es sino local. Una buena noticia para Bilbao.

(Artí­culo publicado el 29 de Noviembre)

Bajo la dirección de mi colega y amigo Amit Kapoor al frente del Instituto para la Competitividad de la India y en colaboración con la Social Progress Imperative, se ha presentado el índice de Progreso social en los Estados (provincias) de la India.

El amplio trabajo realizado sobre la base del SPI (índice de Progreso Social) pretende aportar nuevas herramientas de análisis para la toma de decisiones de empresarios, polí­ticos y «lí­deres transformadores» de la sociedad, entendiendo cómo, pese al avance en desarrollo económico de la India, el desarrollo y progreso social, no se ha dado en la misma proporción y cómo, además, las diferencias entre los diferentes estados no son solamente notorias, sino que, en algunos casos, relativamente sorprendentes, mostrando una más que notable brecha entre el PIB y el desarrollo social. Así­, en un Paí­s-Continente (por definirlo de alguna manera) en el que vive la sexta parte de la población mundial (1.300 millones de personas), con una gran mayorí­a carente del acceso a los servicios esenciales en materia de salud, educación y nutrición y con un 30% de su población rural sin electricidad, o en el que al menos el 35% de los procesos judiciales requieren más de 3 años para completarse, resultaba más que conveniente abordar un proyecto de esta magnitud a partir de la iniciativa, impulso y metodologí­a de Michael E. Porter y Michael Green en su ya acreditada iniciativa para el Progreso Social. Un complejo y riguroso trabajo que permite disponer de herramientas fiables de medición y orientación en las polí­ticas públicas y el uso prioritario de los recursos, dando luz al mundo empresarial para repensar y reorientar sus modelos de negocio y roles particulares.

Si bien a cualquiera que piense en la India ha de resultarle una obviedad hablar de heterogeneidad, diferencias regionales, desequilibrios entre Estados, distritos o barrios, y en consecuencia, darí­a por buenos (e imprescindibles) diferentes modelos y niveles de gobierno, distribución competencial entre unos y otros y estrategias públicas diferenciadas para cada región o ciudad, así­ como estrategias empresariales distintas según regiones o mercados internos por acometer, no les parecerí­a tan evidente trasladar dicha «normalidad» a otros Paí­ses-Mercados del mundo en que operen o vivan,  como lo demuestran diferentes actitudes y decisiones (públicas y privadas) en determinados paí­ses y regiones a lo largo del mundo como en el caso del Estado español tal y como hemos podido comprobar esta misma semana. Como ejemplo, baste referirnos a la «extrañeza» con la que el gobierno español, sus antecesores del PSOE (promotores de la ley), las patronales y algunas empresas multinacionales, han recibido la anulación de los artí­culos esenciales de la Ley de Unidad de Mercado que, en palabras del Tribunal Constitucional, «no ampara situarse en el lugar que se quiera para operar en todo el territorio del Estado sin cumplir regulaciones especí­ficas de diferentes Comunidades Autónomas atendiendo a sus particularidades, determinantes económicos, polí­ticos y sociales». Levantan la voz y «advierten» del peligro de no contar con licencias únicas, modelos y organizaciones de gobierno centralizadas e iguales y «ventanilla única» adecuadas a su propia organización interna.

Algo tan elemental permite acercarnos a la esencia del trabajo en cuestión realizado en India. Recordemos que el mencionado índice incluye, en exclusiva, indicadores sociales en cuanto a necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades (derechos, libertades, tolerancia, inclusión y acceso a la educación avanzada). Más allá del PIB (Producto Interior Bruto) de muy reciente uso (1944), cuando los determinantes y manera de entender la economí­a eran muy diferentes a los de hoy, y que ha «facilitado» una manera supuestamente homogénea de medir las economí­as y su rendimiento regional, y que ha condicionado de manera excesiva (y excluyente) las polí­ticas públicas (economí­as y sociales) en las últimas décadas, la realidad pasa factura y las desigualdades, carencias y no acceso desde la base a cifras globales, ha venido generando la necesidad de nuevas maneras de observar el mundo, la economí­a, la interacción economí­a-sociedad en el ámbito de nuevos espacios y objetivos de inclusión. Así­, siendo relevante el crecimiento económico, resulta insuficiente para el bienestar y progreso social de las ciudades, demandantes, dí­a a dí­a, de nuevas medidas, polí­ticas y soluciones de sus gobiernos. Un ejemplo de esta disociación real lo hemos tenido esta misma semana con la presentación del Plan de Trabajo de la Unión Europea para el 2018, cuyo preámbulo y objetivo destaca la importancia del crecimiento económico global de la Europa 27 (2% del PIB) haciendo nula referencia a las diferencias no ya solo entre Estados o regiones europeas (ni siquiera de «los 98 nuevos problemas de gobernanza» que señalaba Juncker para despejar el asunto Catalunya-España), sino entre ciudadanos europeos. Su olvido y tendencia es más que significativo de las prioridades europeas para su último ejercicio en la Comisión. (Un horizonte nada apetecible, no ya para «los 98″ que queremos otra y más Europa, sino para los 27 post Brexit). En esta lí­nea en apariencia dominante en el pensamiento globalizador, el Informe en la India aporta aires nuevos y permite observar relevantes contradicciones, como por ejemplo la dualidad entre desnutrición (estados pobres) y obesidad (paí­ses ricos) en materia de salud, o el avance en términos de valor en salud en regiones menores y otrora más desatendidas gracias a polí­ticas de saneamiento, agua y comunitarización de la atención en salud, con el apoyo de iniciativas endógenas, mejorando considerablemente la salud en dichas regiones con un deterioro significativo en ciudades y regiones «ricas». Polí­ticas diferentes, estrategias micro, ad hoc, marcan la diferencia. Resultados o indicadores que invitan a los lí­deres transformadores a repensar su gobernanza y modelos de solución focalizando sus recursos en aquellos elementos tractores del cambio, con un claro aviso en las primeras conclusiones de los autores del Informe: imprescindible asociar indicadores y desarrollo económico al progreso social, «bajar» el índice Medio Paí­s a cada uno de sus 28 Estados y al territorio Delhi, desglosando su peso y componentes sociales, el verdadero impacto lineal del rendimiento económico con el social (observando grandes disparidades como, por ejemplo, el escaso impacto relativo del desarrollo económico en el valor de la salud o determinados espacios del bienestar, tal y como ya lo habí­amos conocido en Estado Unidos, por ejemplo, en el que destinar el 18% de su PIB en salud no evita que sea uno de los paí­ses del mundo con peores sistemas de salud y población atendida), un mejor impacto y mejorí­a en necesidades básicas que en «oportunidades de futuro» (aumento constante de la brecha «ricos-pobres» a lo largo del tiempo). Y, por encima de todo, un claro valor aportando caminos a recorrer para el cambio hacia agendas para un desarrollo integral menos distante entre regiones y comunidades, identificando los espacios y nichos reales de inversión por acometer.

Conclusiones válidas para la India y, en general, para cualquier lugar del mundo. Así­, no muy lejos de allí­ (en términos relativos), el reciente Congreso del Partido Comunista chino, se ha dotado de su renovada estrategia incorporando a su Constitución «el pensamiento de Xi Jinping». Su visión 2050 le lleva a «hacer que China se alce por encima de todas las naciones del mundo para una nueva era». Dentro de sus «seis estrategias esenciales» destaca la reestructuración del mundo rural, el desarrollo interregional coordinado y reformas institucionales regionalizadas al objeto de «llevar el éxito perseguido a todos los territorios de China». Las «mil Chinas» que conforman este gran gigante exigen estrategias e Instituciones propias, más allá del liderazgo observable en Beijin, desconcentrado en sus 2.500 delegados y decenas de miles de ejecutores a lo largo del Paí­s.

No es de extrañar, en un plano muy distinto y distante, que los Acuerdos de Paz en Colombia hayan dedicado una parte relevante de los mismos al diseño e implantación de «Estrategias integradas regionalizadas» para la «otra Colombia» y sus zonas rurales, objeto de aislamiento y marginación (real o relativa) a lo largo de su historia con el compromiso de institucionalizar nuevas polí­ticas de salud, educación y desarrollo inclusivo contando con las variadas poblaciones (también con gran diversidad lingí¼í­stica y cultural) y sus «Comunidades endógenas».

India, China, América, Europa… Todo un mundo a la búsqueda de modelos propios y diferenciados. El progreso social, el desarrollo inclusivo, reclaman su consideración como objetivo prioritario. Empeñarse en medir con indicadores del pasado por muy confortables que parezcan, en mantener estructuras «nacionales-estatales» centralizadas y alejadas de las realidades diferenciales en el interior de sus Estados del pasado, basados en la confortabilidad de sus estructuras heredadas y no afrontar cambios deseados e inevitables, por temor o pereza a transitar la complejidad de su gobernanza, solamente lleva al fracaso tarde o temprano y es, sobre todo, una irresponsabilidad. Anclarse en el pasado heredado y no asumir el riesgo del futuro deseado supone agravar los problemas, consolidar la desafección y hurtar al derecho a una vida digna, socialmente exigible.

Bienvenido este nuevo trabajo sobre la India que, además, refuerza el gran avance del SPI y la iniciativa de proceso social emprendida hace unos años y a la que Euskadi, como en otros campos, se incorporó desde sus momentos iniciales. Un largo camino por recorrer sabiendo que la luz que genera, ayuda a entender las causas y consecuencias de las decisiones por tomar. Un facilitador para el logro de propósitos al servicio de las personas.

Una vez más, hoy más que ayer, hemos de insistir en el trinomio diferenciado economí­a-sociedad-territorio bajo objetivos únicos y distintos de desarrollo inclusivo, desde el autogobierno indispensable para apropiarnos de nuestro futuro. El mundo real no permite separación de fases, estadios y tiempos: hoy crecimiento, mañana reparto, pasado organización y polí­tica. Por el contrario, todos ellos son componentes indisociables de un mismo tiempo, necesidad y objetivo, conformando elementos esenciales de las estrategias y polí­ticas transformadoras.

Nuevos tiempos, nuevas lecciones aprendidas, nuevos propósitos, nuevos instrumentos y nuevos jugadores.

(Artí­culo publicado el 15 de Octubre)

Ya sabemos que el pasado 1 de octubre la convocatoria de la Generalitat a decidir ví­a referéndum en torno a la voluntad de los catalanes a transitar hacia una República independiente en Europa, recibió el apoyo mayoritario de quienes acudieron a votar superando todo tipo de miedos, mensajes apocalí­pticos y la fuerza arrasadora de los aparatos del Estado unitario. Sabemos, también, de las atrocidades que le han seguido desde un Estado que pregona su compromiso con la ley, siempre que su decisión e interpretación unilateral sea gestionada por su establishment y el estatus quo extienda su inercia conformista con un modelo de relación inamovible. Sabemos también que el Parlamento Catalán ha asumido la Independencia como consecuencia de la decisión mayoritaria en el tormentoso referéndum y que ha ralentizado -en una difí­cil invitación a la mediación internacional y al pacto- su materialización o desconexión negociada (sobre todo con los poderes del Estado español y, por supuesto, con la Unión Europea de la que, en principio, desea seguir formando parte como ciudadanos europeos de pleno derecho que lo son hoy en dí­a). Y sabemos, finalmente, que guste o no, el modelo de la transición exige una radical transformación del llamado «Estado autonómico». Catalunya, Euskadi, España, Europa, estamos en juego y es momento, inaplazable, de recomponer un modelo nuevo, desde la confortabilidad de todos. Proceso que será coincidente, en el tiempo, con la inevitable reforma o iniciativa para repensar Europa y no solamente como consecuencia del Brexit, sino de las propias ineficiencias, insatisfacciones y nuevos desafí­os y deseos europeos, en un contexto mundial complejo y lleno de tendencias novedosas que, queramos o no, están o llegarán para condicionar nuestra elección futura, sabedores que no se trata de esperar para ver que es lo que sucede, sino de apropiarnos de nuestro futuro y hacerlo posible conforme a nuestras aspiraciones.

Conocemos, de igual forma, tanto la respuesta del Gobierno español, su mayorí­a unionista en España -claramente minoritaria con tendencia a lo marginal en Catalunya y Euskadi- reclamando la existencia perenne de un Estado unitario y único en función de la herencia que entienden inamovible, apoyada por  una  orquestada sintoní­a mediática, reflejada, por ejemplo, en el titular de un importante medio económico editado en Madrid: «Chantaje Inaceptable», desplegando su intensa cobertura a su serie «desafí­o secesionista» inspirada en la «oleada de empresas que huyen de Catalunya» y destacando que «el dinero y todos los comportamientos de carácter económico son decisiones racionales y si las empresas desean seguir en los mercados internacionales han de cambiar de sede». Sin duda, la peor semana elegida para hacer dicha afirmación, como veremos más adelante, al coincidir con la distinción del nuevo premio nobel de economí­a para profesor Richard H. Thaler.

Sin duda alguna, economí­a y polí­tica resultan inseparables y su interdependencia es y será de enorme relevancia en lo que el futuro depare en el Procés y su curso. En esta lí­nea, un penúltimo episodio en la batalla articulada por el Gobierno Rajoy en su objetivo de impedir un referéndum en Catalunya y el posicionamiento de su Parlamento tras los resultados esperables, ha sido el golpe «facilitador del cambio de Sedes Empresariales» a través del Boletí­n Oficial del Estado, previa generación del contexto adecuado que lo justificara con el apoyo, voluntario o impuesto, de sus aliados económicos o de las empresas necesitadas de un cambio sugerido, previsor , ideológico o, también en algún caso, de negocio.

Los ya viejos y conocidos juegos de la «Inteligencia de Estado», amplificados por una amplia baterí­a de medios de comunicación y de «Informes cualificados», además de portavoces empresariales, campañas de descalificación y boicot del mercado y temores infundados engañando a la población, dieron sus frutos para «justificar» una medida distorsionadora de la realidad económico-empresarial y ganar el efecto temor, mediático, necesario para provocar una generalizada sensación de descalabro, pretendiendo presionar la etapa «final» del Procés en su esperada cita del pasado martes.

De la misma manera que los ya hoy nada sospechosos (sino plenamente descalificados) «Informes objetivos y rigurosos» que sirvieron para mentir sobre el «coste de la NO España» contra el proceso para el Nuevo Estatuto Vasco con el Lehendakari Ibarretxe, o la «pobreza galopante» que aquejarí­a a Escocia fuera del Reino Unido o la insignificancia y crisis económico-financiera del Reino Unido (UK^–) tras el Brexit, la «inviabilidad de una Catalunya independiente» estaba servida. Desgraciadamente, para quienes generaban estos mensajes, Catalunya continuaba ofreciendo resultados que reflejaban una productividad que triplicaba la de la economí­a española, la continuaba superando en crecimiento del PIB, en tasas de ahorro, en captación de Inversión extranjera, en posicionamiento innovador, emprendedor y de internacionalización. Y, evidentemente, con estos credenciales y el 21% del PIB del Estado español, si Catalunya serí­a inviable, ¿qué decir de la SP^– o España reducida sin Catalunya?

La confusa (interesada) mezcla de argumentos considerando, a la vez, a Catalunya como parte o no de la España analizada, trasladaba a la opinión pública mensajes preocupantes: «El dí­a 10 quedarán fuera de Europa, en el limbo, no estarán en el espacio Euro, no tendrán acceso a las lí­neas internacionales de financiación, tendrán que pagar una deuda del 110% de su PIB, no podrán pagar pensiones, ni pagar los salarios de los funcionarios… los bancos con sede en Catalunya no tendrán acceso ni al Fondo de Solvencia, ni a la normativa, inspección y cobijo, ni del Banco de España, ni del Banco Central Europeo… Adicionalmente, España boicotearí­a, como mercado, los productos catalanes que, además, serí­an encarecidos por nuevos aranceles, elevados tipos impositivos y complejos trámites aduaneros… Obviamente, por el contrario, España y su economí­a no se verí­an afectados»

Y, por supuesto, no cabí­a esperar a contemplar dicho escenario. Bastaba con provocar la estampida.

Así­, tras la intervención (truculenta, ilegal y unilateral) del Ministro de Hacienda (reprobado por el Congreso) de todas las cuentas de la Generalitat (que, por cierto no se sabe si ha congelado un solo euro a otra Comunidad Autónoma, Administración local, de Justicia o de su propia Administración Central del Estado inmersa en incumplimientos, actos ilegales o corrupción), de las presiones desde Vicepresidencia con el arma del CNI a diferentes empresas prestadoras de servicios, era el turno del Ministro de Economí­a. De Guindos ya fue colaborador necesario del hoy denostado Vicepresidente Económico Rato en el desmantelamiento de las Cajas de Ahorros rompiendo el grifo natural e imprescindible economí­a-territorio tan necesario para la financiación local, así­ como del modelo que dio lugar a Caixa, a Criteria y su poderoso imperio empresarial ligado a las principales industrias reguladas y cuya cuantí­a de resultados se explican y gestionan en gran medida desde el B.O.E.

De Guindos, que todaví­a en 2015 proponí­a un Real Decreto justificando la importancia en dejar en manos de la propiedad y las Juntas Generales de accionistas la aprobación de «algo tan sensible y vinculado al espí­ritu ……. de las empresas y su vinculación real a sus centros de administración», como la sede de su domicilio social y fiscal, se apresuraba a facilitar el cambio express de los domicilios sociales con la decisión de los Administradores. Ya solamente respondí­a a la «necesaria libre competencia» aceleradora del mercado: ¿Libre competencia con sus polí­ticas de concentración bancaria, de infraestructuras nacionalizables, recentralización administrativa, uso indiscriminado del BOE?

Medida que se justificaba, «en respuesta a la petición de algunos representantes empresariales». Lo anunciaba con anterioridad a su presentación al Consejo de Ministros (se ha dado el caso de empresas cuyos Consejos decidieron el cambio en base a dicho RD con anterioridad a su publicación y entrada en vigor) y con el supuesto apoyo verbal de PSOE y Ciudadanos para su convalidación futura en el Congreso.

De esta forma, productores y vendedores de cava (denominación catalana de origen) dicen evitar el boicot español como si el código postal a conseguir en España pudiera ocultar su origen, ideologí­a, propiedad y centros de decisión anclados en Catalunya. La banca catalana cotizada, con centros de administración y activos (además de sus directivos y accionistas clave) abandona Catalunya para «asentarse» en Alicante o Valencia en algún despacho de un Banco quebrado y rescatado por cesión del gobierno; la todopoderosa CAIXA moviliza a todo su grupo empresarial y hace público que no desplazará a un solo trabajador o directivo y, por supuesto, algunas empresas bajo sospecha por sus recientes fluctuaciones irregulares en Bolsa, se apresuran a buscar el cobijo de Madrid (al parecer aquí­ no hay ayudas de Estado, ni Haciendas autonómicas cuál paraí­so fiscal), ni empresas en plena opa que tendrán el paraguas español del gobierno gracias «al ejercicio de la libre competencia» , para dar tranquilidad a sus inversores. Inversores a los que por supuesto, se convence que no han de tener miedo porque tienen sus domicilios en España que resultarí­a inmune ante una independencia catalana. Así­, la España de la deuda superior a su PIB, del desempleo de cuatro millones de personas, la que no podrá recuperar su rescate bancario, la que tiene un gobierno que ve derrotadas sus iniciativas en el Congreso pero no se inmuta, la que dice no tener capacidad para afrontar el pago de sus pensiones, la que se quedarí­a sin «su 21% del PIB catalán», la que es reprendida por el FMI destacando sus debilidades y a la que pide negociar en «beneficio mutuo, evitando el peligroso contagio, también, a Europa», ofrece plenas garantí­as y tranquilidad a los inversores internacionales y, por supuesto, a los ahorradores españoles. Todo un relato amañado en origen que, por supuesto, obliga a toda empresa a activar planes de contingencia en respuesta a sus mapas de riesgos y que ve en las medidas facilitadoras del gobierno español, una red de seguridad momentánea bajo el amparo amigo de un Estado que cree «en el mercado y la libre competencia».

Recordemos que la fijación del domicilio social de las empresas no debe ser un capricho aleatorio y que la Ley de Sociedades de Capital lo define como «el lugar en que se halla el centro de su efectiva Administración y Dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Es decir, debe existir una relación (real y relevante) entre el lugar designado y el desarrollo de la actividad.

Esto no ha debido impactar demasiado, no ya a las empresas, sino al Gobierno. Es verdad que, para todas las empresas afectadas por el Régimen Común español, la trascendencia fiscal (más allá de la retención anticipada del IRPF) no será relevante en el corto plazo salvo el inevitable cambio en el modelo de gestión ( a distancia o traslados efectivos de personas crí­ticas), sistemas y operaciones especí­ficas, sobrecostes de la alta dirección, coste adicional en  «marketing» justificativo de su «nuevo arraigo» artificial y a sus nuevas relaciones con las Comunidades de acogida. Confiemos que Madrid, Alicante, Valencia y Baleares hayan superado sus problemas del pasado y sean Comunidades y Ciudades, institucionalmente más sólidas que Barcelona-Catalunya por el bien de las empresas en movimiento. La Competitividad de las empresas es mucho más que el BOE y depende, esencialmente, del eco sistema empresarial e institucional en el que se sitúa.

Lo que sí­ es claro es que la actuación del Gobierno es irresponsable y generadora de una batalla, hoy por el dominio social, la identidad empresarial, mañana por el domicilio fiscal con mayor impacto y pasado mañana por la economí­a real de los diferentes territorios, así­ como de la competitividad individual de las empresas actuantes.

Pero como comentaba un poco más arriba, este movimiento coincide en la semana con la concesión del premio nobel de economí­a al profesor de la Universidad de Chicago Richard H. Thaler. A lo largo de su trabajo y publicaciones (en especial «Misbehaving« centrado en las limitaciones reales del individuo medio  en la toma de decisiones y en «Nudge» sobre el «pequeño empujón» necesario para mejorar nuestras decisiones acerca de la salud, el bienestar y la felicidad) ha cuestionado las escuelas de la economí­a tradicional pro mercado y ha explicado cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias esperables de los mercados.

La Academia Sueca le premia por su contribución decisiva a «construir un puente entre los análisis psicológicos y económicos de los procesos de decisión individuales». Y con él, esperamos que la Psicologí­a de la Economí­a, la Economí­a Conductual y el comportamiento impredecible de las personas, no trastoque los planes y esquemas o escenarios de comportamiento de quienes han creí­do ver en el mercado la necesidad de un cambio rápido, al amparo de un gobierno desesperado empeñado en mantenerse en la inercia del estatus quo para garantizar su pensamiento único. Volviendo a Thaler, recordemos que estamos rodeados de «Arquitectos de opciones» que son quienes organizan el contexto en el que la gente toma decisiones. Las más de las veces, lejos de orientarlas al bien común y al interés legí­timo, manipulan la información, moldean escenarios y contextos ficticios y se instalan en ellos confiando en que, para una mayorí­a, por comodidad, inacción o voluntad real, la mejor opción es no hacer nada, ni cambiar lo sustancial («eligen la opción por defecto, como en el teléfono móvil»), y se limita a optar por el momento sin pensar o visualizar el punto final de llegada.

Una grave decisión. Hoy, lo relevante es el último episodio del Procés y las consecuencias inmediatas en la gestión de la independencia suspendida. Pero, mañana, en uno u otro escenario, recordaremos estos «pequeños» movimientos facilitadores del traslado express. El tiempo, los nuevos contextos, la psicologí­a y comportamiento conductual de quienes han tomado estas decisiones, nos permitirá medir las consecuencias (en este caso, para Catalunya, para España y, por supuesto, para las empresas desdomiciliadas). Sin duda, «un empujón irresponsable a la empresa», parafraseando a Thaler en su «Nudge», merecedor del reconocimiento internacional.