(Artí­culo publicado el 20 de Agosto)

A la espera del primer desenlace en la siguiente etapa prevista en el Procés catalán con su próxima cita el 1 de Octubre (previa estación intermedia en la Diada del 11-S) con el gobierno español y su incondicional «tribunal Constitucional» atrincherados en la seguridad que la justicia de parte les proporciona con una clara ventaja que protege sus posiciones, sean las que sean, recordamos el 20 de agosto de 1991 cuando el parlamento de Estonia alumbró una nueva página en la manera de construir Europa, en libertad y democracia, rompiendo estructuras estatales del pasado ante la amenaza real de una Unión Soviética (de la que formaba parte) en pleno proceso de cambio y transformación.

Hoy, ante la voluntad de algunos paí­ses y miembros significados, ciudadanos de la Unión Europea, que pretenden determinarse, dentro de Europa, pero de una manera singular y diferenciada, nos encontramos con un núcleo duro que se apalanca en su posición dominante y de privilegio para imponer sus posiciones inmovilistas. Ni la Comisión Europea, ni las autoridades de un buen número de Estados Miembro de la Unión parecen ser conscientes de sus propios errores cometidos a lo largo de ya demasiados años, ni de su responsabilidad alí­cuota en la profunda crisis (polí­tica, económica, social, humanitaria y de gobernanza) que no solamente provoca consecuencias negativas a sus ciudadanos, sino que favorece el desencanto y la búsqueda de alternativas con expectativas (nadie es capaza de conocer un escenario y resultado final) para un futuro mejor en un espacio de futuro en el que se encuentren lo suficientemente confortables como para asumir el riesgo de apropiarse de su propio destino, en la confianza de que no necesariamente lo harán peor que «sus dirigentes» en Bruselas, Madrid, Parí­s o Berlí­n, anhelando que las decisiones que les afecten puedan someterse al control e impulso democráticos desde la proximidad y vecindad inmediatas. No asumen la realidad que, por acción u omisión, ha influido de forma decisiva en el desencanto de muchos y en la elección de un BREXIT tras años de convivencia y proyectos compartidos. Así­, lejos de la necesaria autocrí­tica por su gestión, sus nefastas polí­ticas (y sobre todo en su ejecución) facilitadoras de una profunda crisis de confianza y credibilidad, de un desapego y malestar con su parálisis institucional y su boato no justificable y el desigual reparto de beneficios y poder, parecerí­an sentirse reforzados por sus propios argumentos desde una elevada prepotencia que les lleva a afrontar la inevitable y obligatoria negociación  de un proceso de salida, Brexit, complejo, con implicaciones multi parte, desde una falsa superioridad pretendiendo «ganar y humillar» a quienes han optado, de manera pací­fica, democrática y en el marco legal y polí­tico previsto, por retomar o emprender un nuevo camino que entienden puede resultar beneficioso para sus ciudadanos.

De esta forma, ya desde el perí­odo pre Brexit, Bruselas jugó un papel de parte, entrometiéndose en la decisión británica, con argumentos tremendistas escasamente soportados, no ya en la realidad descriptiva de hechos y datos, sino en la resistencia a explorar ví­as de futuro (como ya lo hiciera en el proceso previo en Escocia). Más tarde, conocido el resultado del referéndum y la aprobación mayoritaria del Brexit se ha resistido a buscar soluciones de mutua confortabilidad, presentando su cara ácida y displicente en apoyo a su anunciado «Brexit duro», despreocupándose no solamente del mejor futuro del Reino Unido, sino el de los propios Miembros de la Unión Europea y del proyecto comunitario en sí­ mismo. En esta lí­nea, sus principales portavoces repiten una y otra vez que antes de cualquier escenario de futuro compartido, deben fijarse las cuentas deudoras y los costes de salida, sobre la base de unos informes de parte, débilmente soportados que diseña escenarios financieros sobre la base de supuestos compromisos firmes (especialmente presupuestarios) en programas europeos con históricas desviaciones y trayectoria de incumplimientos, muy similares a la práctica ineficiente que la propia Unión ha venido demostrando ejercicio tras ejercicio en sus relaciones internas con los diferentes Estados Miembro.

En este sentido, esta misma semana, el Reino Unido ha presentado un documento en el que se ofrece su voluntad para abordar un «proceso suave, amigable, realista y de interés y beneficio mutuo» para acordar un sistema aduanero facilitador de la libre circulación de personas y mercancí­as, con especial sensibilidad a un delicadí­simo problema no del todo resuelto, Irlanda, cuyo proceso de pacificación y normalización exige un mimo especial, minorando el riesgo de ruptura. Un modelo que permita a los «extranjeros», residentes hoy en el Reino Unido, una tranquilidad, al menos medio placista, que permita redefinir espacios de relación interdependiente con Escocia ante hipotéticas decisiones futuras de pertenencia o no a la Unión Europea y/o Reino Unido, que permita mantener espacios compartibles como todos los Estados no Miembros de la UE que sí­  lo son del Espacio Europeo, o con alguno de los múltiples modelos de colaboración existentes ya hoy en la amplia Europa, más allá del ámbito director de Bruselas. La propuesta de trabajo sobre la base de «unas fronteras invisibles o blandas« (la tecnologí­a hoy, facilita todo tipo de control más allá de barreras y alambradas), ha sido descalificada y tachada de «fantasí­a británica».

Vistas estas reacciones, hemos de preguntarnos si se desea un Acuerdo, si se piensa en los beneficios mutuos al servicio de las personas y de los pueblos que componen el espacio europeo en el que soñamos vivir o se pretende «bunkerizar» una ineficiente e ingobernable «nueva Europa» al dictado de un reducido grupo de personas, partidos, grupos de interés y Estados Miembro que se auto erigen en un núcleo duro, alejado de un verdadero control democrático directo que vele por los valores y principios que llevaron a los «padres fundadores» a soñar e implicarse en el mundo de la fantasí­a, la ilusión y los sueños para construir un mundo mejor, diferente al de la violencia, la imposición, y las guerras que vivieron. Construir un espacio de paz, libertad, seguridad y bienestar, sin lugar para la imposición de las armas, requiere un espí­ritu soñador y un compromiso práctico y permanente aunando la diversidad colaborativa, subsidiaria e interdependiente, en un largo e inacabable proceso de alianzas múltiples deseosas de compartir objetivos, valores y, sobre todo, un espacio de futuro, sin duda, diferente al observable en estos momentos.

Desgraciadamente, una vez más, parece que la torpeza, pereza e inmovilismo de quienes se aferran al pasado y al estatus quo, impide afrontar el BREXIT y su desenlace como una obligada oportunidad para repensar una nueva Europa. Lejos de pensar que ha sido un mal pasajero y de diseñar planes y estrategias para «convencer a los jóvenes británicos que sus padres les han engañado, que han votado los viejos, insolidarios, xenófobos, iletrados y poco viajados» y provocar sucesivas votaciones hasta que el resultado sea el que «Bruselas quiera» (dicho sea de paso, como ha pasado en varias ocasiones), merecerí­a la pena pensar en Grande, pensar en futuro, poner el foco en la nueva construcción de una nueva Europa, y no perder el tiempo levantando murallas separadoras de quienes tienen otra manera de imaginar el futuro y observan el impacto y consecuencias de las nuevas variables que perfilan el mundo por venir (demografí­a, economí­a, Sociedad, seguridad, estado de bienestar, tecnologí­a, empleo, voluntad de los pueblos en transitar su propio camino apropiándose de su libre decisión, nuevos instrumentos de gobernanza), alumbrando nuevos procesos decisorios, libres y democráticos.

Si el propio presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, animaba a repensar Europa bajo la sugerencia de cinco modelos u opciones a elegir e invitaba a un ejercicio dialogado de «prospección inteligente y valiente» de diferentes escenarios y sus consecuencias, llama la atención que, por la fuerza de los hechos, se ralentiza y arrumba en el olvido el debate y coraje necesarios para transformar un modelo caduco, amparándose en su complejidad, acomodándose al inmovilismo y pereza instalados en la burocratizada Europa.

Europa exige una profunda transformación. Sigue siendo un referente irrenunciable y es mucho lo que ha de aportar al resto del mundo y, por supuesto, a los ciudadanos europeos. El Brexit, como otros movimientos en ciernes a diferentes ritmos, deben observarse como espacios de oportunidad. Son una buena excusa de reflexión hacia pensamientos innovadores y creativos que provoquen algo diferente. Una oportunidad que de verse como un problema que incomoda el descanso aletargado de unos pocos y la búsqueda, siempre inquietante, de nuevos horizontes, no hará sino impedir un mejor futuro para todos. Es la excusa adecuada para repensar los espacios internos, redefinir los conceptos de soberaní­a e independencia, de reformular un estado social de bienestar alcanzable y sostenible, de afrontar una crisis humanitaria y un mundo  de desigualdad creciente, de proponer nuevos modelos de gobernanza y afrontar la siempre incómoda modernización y reforma de las burocratizadas administraciones públicas, de dar cohesión a la diversidad y romper con el mantra globalizador uniforme… Lejos de dejar en manos de las guerras la redefinición de los espacios de futuro, demos la voz al pensamiento creativo y al diálogo. Una oportunidad para la polí­tica a la vanguardia de las soluciones a las demandas de las diferentes Sociedades que componen una Europa plural.

Repensar, reconstruir, redefinir nuevos espacios. Precisamente hoy, 20 de agosto, celebramos aquel verano de 1991 en el que asistimos, positivamente sorprendidos, a la restauración y declaración de independencia de la República de Estonia, de forma democrática y pací­fica, dando un paso más en las diferentes fases de su propio proceso iniciado años atrás en pleno dominio soviético. Su parlamento, «asumiendo el mandato recibido de nuestro pueblo» («We carried out the People´s will»), «confirmando nuestra independencia nacional y proponiendo el reconocimiento y aplicación de nuevas relaciones diplomáticas internacionales a lo largo de Europa y del mundo, con la aprobación de una nueva Constitución a someter a un referéndum aprobatorio y dando lugar a nuevas elecciones y forma de gobierno…»

Estonia, como cada uno, siguió su propio proceso y camino. Alumbró un nuevo espacio de futuro. La Unión Europea de entonces acogió este «incómodo» compromiso con espí­ritu abierto y negociador. Otros (las Repúblicas Bálticas, las primeras) les siguieron, el mundo, en general, se sumó al reconocimiento internacional y apoyo explí­cito, en un impecable proceso democrático. Europa repensó su extensión, su territorialidad, su dimensión, su modelo de gobernanza, su economí­a, su financiación, sus programas de desarrollo, su espacio diplomático, su modelo de seguridad en el espacio atlántico, la incorporación de sus funcionarios, y extendió su solidaridad. Nuevas reglas, nuevos instrumentos, nuevos aliados. Sin duda, un buen recuerdo para entender que nuestro sueño europeo es cambiante y dinámico y que, por supuesto, el deseo de una nueva Europa a construir sobre la fortaleza de sus inseparables pilares fundacionales es posible: un espacio de paz, libertad y seguridad; un espacio de prosperidad; un espacio de bienestar y cohesión social; un espacio colaborativo, subsidiario, interdependiente; un espacio de solidaridad dentro y fuera de sus fronteras.

BREXIT (y otros movimientos democráticos y pací­ficos) son por encima de todo, aliados y oportunidades para dar respuestas constructivas a las demandas ciudadanas. No miremos hacia el inmovilismo del pasado como algo irreversible y no mejorable. Hoy, como ayer, y siempre, alumbremos una nueva Europa.

(Artí­culo publicado el 6 de Agosto)

Atraí­do por el reclamo positivo de Barcelona-Catalunya como ciudad-Paí­s europeo y mediterráneo de singular relevancia cultural, económica, urbaní­stica, de ocio y académica (además de la especificidad polí­tica coyuntural que despierta interés en el mundo), su entorno de recreo (playas, montañas, deporte …), un gran despliegue turí­stico internacional se da cita de forma incremental año tras año, bien por su elección como destino temporal o como tránsito de conexión ya sea por ví­a marí­tima o aérea.

Siguiendo esta lógica, decenas de miles de viajeros eligieron Barcelona -paso o destino- para disfrutar de sus merecidas vacaciones de verano para este año en curso. Desgraciadamente, su libre elección se ha convertido en una auténtica pesadilla. Atrapados en un aeropuerto sometido al monopolio gestor de una Sociedad Pública (AENA), gestionada a distancia desde la lógica uniformizadora de una Administración que entiende preferible ceder su responsabilidad de servicios esenciales a una concesión privada y no a otra Institución o Administración pública -local o Infra estatal- por razones exclusivamente polí­ticas, sufriendo largas e interminables colas con el pretexto de la seguridad (la más de las veces bajo el control y supervisión de personal no cualificado, escasamente educado para atender a un cliente o ciudadano a cuyo servicio se debe) y convertidos en inocentes piezas de chantaje o presión negociadora de sus condiciones laborales, haciendo del castigo a terceros su mejor bandera reivindicativa. Larga e incómoda espera que, además, ha destrozado las expectativas y vacaciones de muchos, perdiendo sus conexiones a destinos finales, estropeando planes familiares y el consecuente quebranto económico, por no destacar la proyección de una imagen negativa de la Ciudad-Paí­s en cuestión. Por si no fuera suficiente, quienes lograron superar el espacio aeroportuario e intentaron trasladarse a algún otro punto, se enfrentaron a la caótica desatención de otro servicio básico, el transporte, enfrascado en su particular lucha entre el servicio ordinario de taxis y la emergente economí­a colaborativa aplicada a este mundo y simplificada en las empresas UBER y CABIFY. Todo un caótico panorama alejado de la voluntad de descanso, veraneo y turismo esperable.

Una y otra situación, bajo el amparo (violencia e incumplimientos legales aparte) del justo derecho a la huelga, en un desorganizado y en algunos casos comportamiento delictivo de algunos, provocando un desaguisado además de un negativo impacto, no solamente en el ámbito turí­stico, sino en la libre circulación de las personas como en sus expectativas de trabajo o descanso. Y no hemos hecho sino empezar agosto, con la duda razonable de esperar otras actuaciones similares tanto de estos grupos y actividades, como de otros prestadores de servicio al público.

Pero si estos hechos asociables con la mala gestión de las empresas relacionadas y las lagunas regulatorias al respecto influyen en el ya de por sí­ largo debate en torno al mundo del turismo y sus bondades, su distribución coste-beneficio en las poblaciones destino y su relación entre residentes locales y su convivencia por la concentración masiva localizada de visitantes en determinados espacios, en esta ocasión se han visto agravados por la irrupción de la violencia callejera que un determinado grupo ha decidido impulsar al amparo de la turismofobia. Adicionalmente, la «artillerí­a mediático-polí­tica» española, contraria al proceso democrático y pací­fico favorecedor de un referéndum en el llamado Procés, cuya siguiente parada está prevista para el próximo 1 de octubre, no ha tardado en vincular dichos actos delictivos e intolerables con el posicionamiento pro-independencia y/o pro-derecho a decidir. Obviamente, se abstienen de mencionar actos similares en Baleares, por ejemplo, o Madrid en donde se tratará, simplemente, de un debate en torno al Turismo y su impacto en la Sociedad.

En este marco, hoy mismo, desde la Organización Mundial del Turismo Internacional (UNWTO) se publican cifras correspondientes al primer semestre de 2017 qué, en lo correspondiente al estado español, además de situarlo a las puertas de convertirse en el primer lugar mundial receptor de turistas, destaca el ingreso por gastos de visitantes extranjeros en 7.548 millones de euros con un gasto medio de 1.065 euros por visitante. A esta frí­a pero significativa cifra, habrí­a que añadir el análisis pormenorizado de todas aquellas aportaciones de lo que supone un auténtico Cluster del Turismo (todas aquellas actividades relacionadas, regionalizables en cualquier Unidad de actuación, como puede ser cada Comunidad Autónoma o Barcelona-Catalunya siguiendo con nuestro ejemplo de referencia), incluyendo hostelerí­a, transportes, vivienda, infraestructuras, cultura, ocio, deporte, formación, tecnologí­a, emprendimiento, salud, servicios profesionales, administraciones públicas, entretenimiento… relacionadas, contribuidoras o consecuencia del  servicio al turismo.

Recordemos (de la mano del mismo UNWTO) algunos datos clave sobre «la industria del turismo» cuya expansión ha sido constante en las seis últimas décadas liderando el crecimiento y diversificación de los sectores económicos a lo largo del mundo, convirtiéndose en un vector clave en la transformación de la sociedad, favoreciendo el progreso socio económico, motor generador de empleo, desarrollo de infraestructuras (sobre todo básicas) y fuente generadora de ingresos y exportaciones sin parangón. Baste, también, recordar que las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1.950 a 270 millones en 1.980, 674 millones en 2.000 y nada menos que 1250 millones en 2.016. El turismo internacional supone el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios con un crecimiento anual superior al del comercio mundial, supone el 10 % del PIB mundial, ocupa a 1 de cada 11 empleos, y moviliza de 5 a 6 mil millones de turistas internos. La cuota de mercado del turismo de los paí­ses emergentes alcanza el 45% y las estimaciones para el 2.030 lo sitúan en el 58% con la elevada influencia que en sus diferentes niveles de desarrollo comporta, para un total previsto de 1.800 millones de turistas internacionales.

Este marco descrito obliga a profundizar, desde su impacto real, no ya en situaciones coyunturales determinadas, sino en un profundo proceso de reflexión de las diferentes estrategias a seguir (regionalizadas, Comunidad a Comunidad, Ciudad a Ciudad con determinadas acciones diferenciadas según localizaciones y espacios concretos).

Volviendo al caso Barcelona ya mencionado, recordemos que son muchos los años en que diferentes luces rojas se encendí­an (no solo allí­, sino a lo largo del mundo) y que vienen generando lo que hoy parece ser una cierta «turismo fobia», cuestionando las bondades de la actividad y promoción turí­stica o su presencia no deseada en determinados lugares o momentos. Merece la pena retroceder a mediados de los años 80 cuando el turismo pasa de su asociación directa con el mundo de la cultura a su consideración como motor de la actividad económica con su progresivo e imparable peso en el PIB, un relevante cambio en los modelos de gestión, su claro impulso de nuevas actividades y el análisis y trabajo implí­cito o explí­cito de la configuración de auténticos clusters del turismo (en el caso de Euskadi, por ejemplo, 1.983 supone el primer ejercicio en que una Institución pública, la Diputación Foral de Bizkaia, adscribe la responsabilidad del Turismo a un departamento económico y no de Cultura, Promoción y Desarrollo Económico) y un claro tránsito del Turismo Cultural, al de Negocio urbaní­stico, de salud, deportivo, etc. incorporando etiquetas, especialidades en torno a un concepto amplio y completo en el marco de estrategias de desarrollo regional. En definitiva, estrategias Ciudad o Paí­s.

Así­, Barcelona, apostó por un modelo de promoción turí­stica que tuvo un punto clave de inflexión con los Juegos Olí­mpicos de 1.992, luciendo su mejores galas para la atracción del interés mundial (imagen, turismo, tarjeta de visita…) siendo el motor de transformación urbana, de modernización y mejora de la Ciudad y el área metropolitana, de generación de autoestima y precepción de reconocimiento internacional, puesta en valor de sus movilizaciones pací­ficas y democráticas desde un voluntariado no visto hasta entonces, y múltiple iniciativas económicas de gran valor Paí­s. La atracción por la ciudad y el interés en visitarla no ha dejado de parar. Generalitat y entidades públicas y privadas han trabajado en cuidar ese valor compartido mitigando efectos negativos sobrevenidos. La estrategia básica deseada por toda Administración es que el visitante lo sea de calidad, que pernocte un suficiente número de noches para dejar ingresos medios elevados, que consuma todo o casi todo en casa, que utilice todos los servicios posibles, que lo haga de manera respetuosa con la convivencia en Comunidad, que no sea un turismo barato, destructor y que se distribuya en el tiempo y a lo largo y ancho de todo el territorio evitando concentraciones excesivas. Por supuesto, que esto se produzca en términos de sostenibilidad a la vez que sea un motor generador de riqueza y bienestar y que su balanza particular coste-beneficio resulte positiva para casa. Las estrategias, planes oficiales, iniciativas se sucedieron. En medio, demasiadas luces rojas se iban sucediendo: localidades convertidas en focos de turismo juvenil asociado a la bebida y el desmadre colectivo con el claro deterioro de infraestructuras, convivencia e imagen de calidad, turismo por horas para disfrutar discoteca y espacio de ocio fugaz,  casi siempre pagado í­ntegramente en el exterior. Para ir y volver tras las horas de fiesta, añadiendo el efecto negativo del éxito no regulado favoreciendo alquileres ilegales o no declarados, usos no autorizados de vivienda y locales, concentración irregular en determinados barrios y Comunidades y la novedosa irrupción imparable de la emergente economí­a colaborativa que, a través de sus plataformas tecnológicas globalizadas, transforma los modelos de negocio y servicio, los usos legales de los activos (viviendas, espacios de ocio, acceso, transporte, etc.) desbordando las iniciativas administrativas.

Es evidente que no estamos ante un hecho ni coyuntural, ni de ámbito exclusivo de Barcelona-Catalunya. Toda Ciudad o Paí­s con activos de valor susceptibles de atraer «turistas» está obligado a repensar su propia estrategia turí­stica, en sentido amplio y completo. Como hemos visto, el turismo, redefinido de una u otra forma, supone un beneficio imparable, tractor del desarrollo y crecimiento continuo. Las regiones y Ciudades competimos, también, en términos de imagen y reconocimiento, estando, sobre todo, al servicio de sus propios ciudadanos. Ahora bien, como todo, el balance bondades-perjuicios, coste-beneficio, exige de una evaluación especí­fica y de su adecuada regulación. No es momento de dejarse llevar por una «turismo fobia» paralizante, sino de diseñar estrategias positivas para un futuro generador de valor (turismo-residente, calidad, innovador y creativo, sostenible, inclusivo y respetuoso con la Comunidad receptora, tractor del desarrollo socio económico, favorecedor de la apertura al mundo y promotor de nuestra imagen, cultura, idiosincrasia y valores diferenciales).

En definitiva, superar la «turismo fobia» coyuntural desde estrategias creativas que hagan deseable participar desde un movimiento turí­stico internacional de valor, adecuado a nuestros propios intereses.

(Artí­culo publicado el 23 de Julio)

Hace ahora 15 años, los profesores Michael E. Porter y Mike Kramer publicaban en la Harvard Business Review un artí­culo sobre «la Ventaja Competitiva de la Filantropí­a Corporativa», introduciendo nuevos paradigmas en el rol a desempeñar por las empresas más allá de sus fines y resultados de negocio, el alcance del compromiso social más allá de su impacto social directo como consecuencia de su aportación emprendedora y sus obligaciones de «buen ciudadano», cumplidor de la normativa, generador de empleo y riqueza, pagador de impuestos y sensibilidad contributiva con su Comunidad próxima. Paradigma y compromisos que se han venido multiplicando en el tiempo en un movimiento generalizado a lo largo del mundo, reforzado e impulsado por toda una variedad de «Escuelas de Pensamiento» que han ido reforzando la consideración de la «Responsabilidad Social Corporativa» (Premio Mckinsey 2006 a los ya citados autores) y la «Creación del Valor Compartido» (Premio Mckinsey 2011 a los mismos distinguidos profesores y amigos) en una clara evolución que condiciona, favorablemente, la focalización, estrategias, objetivos y modelos de actuar y de negocio de la empresa a lo largo del mundo.

El proceso (imparable) ha venido y viene transformando las empresas y el mundo, de una u otra manera, cambiando la percepción y mentalidad en torno al compromiso y responsabilidades sociales más allá de la Cuenta de Resultados (aportación social y compromisos en sí­ mismos), poniendo en valor los activos empresariales, sus condiciones especiales para la gestión e interacción de recursos al servicio de resultados eficientes, con proyección y trascendencia en el largo plazo, de manera sostenible. La empresa, así­, pasa a ser el principal actor garante de resultados claros ante las demandas y necesidades sociales, aportando elementos diferenciales a la voluntad de las ONG´s y las responsabilidades polí­ticas de los gobiernos.

Así­, desde la consideración satisfactoria inicial de una clara aportación a la Sociedad, la empresa ha ido incorporando no solamente la interiorización de otras necesidades y problemas, haciéndolos propios, transitando desde la filantropí­a, la responsabilidad social y la redefinición de una visión social y empresarial únicas, provocadora de sus propios y diferenciados modelos de negocio. Hoy, a las exigencias ordinarias a la empresa (y, en especial, al empresario y/o accionista e inversor), se suman múltiples y complejas demandas. Demandas y roles que, en los años de crisis, con carácter adicional a posicionamientos ideológicos, han venido a traducirse en un halo de culpabilidad y sinónimo del otrora capitalismo clásico, facilitando la fácil descalificación gratuita de cualquiera a quien baste señalar etiquetas «neoliberales» o excluyentes desde posturas cómodas de autodefiniciones que parecerí­an no deber explicaciones ni, mucho menos, crí­ticas y evaluación alguna por su propia responsabilidad.

En esta lí­nea de debate social, entre distinciones sobre economí­a del bien común, economí­as inclusivas, economí­as y empresas participativas, responsabilidad y progreso social, brotan nuevos elementos al enriquecedor panorama descrito. Por ejemplo, el fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, calificado por la revista Forbes «como el segundo hombre con mayor patrimonio neto individual del mundo» (en torno a 90.000 millones de dólares), ha acudido a Internet y las Redes Sociales para pedir «sugerencias para canalizar mi dinero y esfuerzo en la mejor dirección posible en la solución de necesidades sociales». Bezos, con largo historial de participación activa en el mundo de la filantropí­a, insiste en ideas que estén centradas en el hoy y la acción inmediata y no focalizadas en el largo plazo, provocando, además, un debate de calado en el ámbito empresarial y de la responsabilidad social en el que la mayorí­a de actores dominantes preconizan la focalización largo placista que permita erradicar necesidades reales de una forma duradera y sostenible en el tiempo. Recordemos que la propuesta de Bezos pretende «el mejor uso de su patrimonio personal y sus esfuerzos personales generando impacto urgente hacia una solución permanente en el tiempo», complementarios o adicionales a la «nueva visión, socialmente responsable de su empresa Amazon». Amazon ha redefinido su estrategia sobre la base de una potentí­sima visión: «Nuestro objetivo es el suministrar todo lo que se necesite para reconstruir la civilización», más allá de una misión de Compañí­a en la óptima relación de intermediación entre proveedor y consumidor. Su apuesta no es cuestión de marketing o de buenas palabras. Bezos realiza una cierta investigación de mercado para que sea la red quien manifieste nuevas lí­neas de trabajo de modo que pueda direccionar su tiempo, trabajo y dinero, desde la convicción personal de devolver una buena parte de lo recibido a la Sociedad, más allá de la redistribución impositiva y pública de parte del valor añadido generable en sus empresas. Convencido, a la vez, de las fortalezas y capacidades personales como directivo y emprendedor que avalarí­an una gestión eficiente y eficaz de sus recursos, lejos de cederlos, sin más, a terceros, para un uso incierto. De esta forma, la iniciativa agita el debate en torno al paradigma cambiante de la filantropí­a, acentuando su redefinición para un nuevo mundo, diferente, en el que vivimos.

Este debate abierto se extiende por el mundo con todo tipo de iniciativas que provocan un cambio relevante no ya solo en las empresas, sino en los gobiernos y sus polí­ticas de cooperación, en las instituciones y organismos multilaterales internacionales, en las diferentes ONG’s y Fundaciones sin ánimos de lucro y, por supuesto, en cada uno de nosotros como miembros de una Comunidad y Sociedad cambiante.

Hace unas semanas, otro empresario de éxito, «colega» de Bezos en la franja de los 80/90 mil millones de dólares de patrimonio en la ya citada lista Forbes, Amancio Ortega, fundador de Inditex, decidí­a donar 320 millones de euros a la Sanidad Pública en el Estado español. Donativo que deberí­a concretarse en equipamientos contra el cáncer en la renovación de programas de las diferentes Autoridades de Salud. Si bien el apoyo ha sido amplio, no han faltado las reacciones contrarias, lideradas por una «Federación de Defensores de la Sociedad Pública», bajo el argumento del rechazo a la filantropí­a «exigiendo mayor carga impositiva, evitar acciones propagandí­sticas y privatización de la salud». Más allá de los resultados empresariales de Inditex (200.000 trabajadores en 93 mercados en el mundo) y sus compromisos y responsabilidades intrí­nsecas, ¿resulta rechazable o criticable que su principal accionista destine, a tí­tulo personal, 320 millones de euros a la compra de equipamiento de última generación para tender a una población que realiza 200.000 diagnósticos de cáncer al año, cubriendo una necesidad social, con resultados e impacto inmediato y cuyo beneficio alcance a un gran número de personas? Señalemos que las donaciones se realizan a las diferentes Autoridades de los Sistemas de Salud, en base a sus Planes y Programas de actuación y conforme a sus planes de renovación de infraestructura y equipamiento. Ni pretende definir polí­ticas o modelos de salud, ni establecer un presupuesto público finalista, ni arrogarse la responsabilidad de atender o curar el cáncer. Simplemente, ha hecho un ejercicio libre, voluntario, de carácter filantrópico, optando por canalizar una contribución a un segmento de dificultades y necesidades demandadas por una Sociedad para la que toda intervención y aportación de recursos, es, por definición, insuficiente. ¿Si lejos de priorizar y canalizar recursos hacia objetivos concretos bajo garantí­as de control y gestión eficaces, hubiera donado dinero a entidades no gubernamentales, guiadas por la buena voluntad, pero de escasa potencia gestora para actuar en múltiples iniciativas «menores» y dispersas y no en una economí­a desarrollada, sino en sociedades lejanas en desarrollo, se aplaudirí­a la intervención privada?

Hoy, Inditex, anuncia en su Junta General su renovada y ajustada estrategia empresarial bajo el eje del crecimiento (en ventas, en beneficios, en empleos, en nuevos mercados) y la renovada «Economí­a Circular» (reciclaje de ropa e insumos y desechos operativos, sostenibilidad, compromiso global de sus proveedores en su implantación y desarrollo, eco-eficiencia energética y construcción verde en sus tiendas y centros tecnológicos y logí­sticos), reforzando sus centros de dirección y logí­stica en Arteixo, Galicia. Parecerí­a que incorpora la solución a demandas y necesidades sociales a sus objetivos empresariales, al margen de la filantropí­a que quiere practicar su principal accionista desde instrumentos diferenciados a los de su empresa madre y su propia Fundación con vinculación directa a la empresa, promueve programas de apoyo y subvención a nuevas aventuras empresariales y de autoempleo. O en otro tipo de actuación, celebrada por los ciudadanos de Nueva York, ha «adoptado un parque», el Parque Bryant, próximo a una de sus mayores tiendas en la Gran Manzana, para dotar al parque y espacios públicos de la zona de Wifi gratuito, de máxima calidad. ¿Reclamo comercial?, ¿apoyo a la Comunidad?, ¿ambos?

En este contexto, Allen Braswell («Rethinking Philanthropy in the Modern World – Repensando la Filantropí­a en el Mundo Moderno») hace referencia a la progresiva búsqueda de relatos e historias completas de las causas y compromisos sociales vinculados al ADN empresarial como factor de éxito en resultados, sostenibilidad y crecimiento y liderazgo empresarial, a la vez que replantea la intersección entre el impacto urgente con la visión y estrategia largo placista. Pretende generalizar el uso de historias reales, contadas por sus protagonistas para conectar con la emoción motora del compromiso y la transformación social, acometiendo problemas sociales.

Volviendo al principio de este artí­culo, el trabajo de estos 15 años de Porter-Kramer y el movimiento «Shared Value» (Compromiso Empresa-Sociedad en la Co-Creación de Valor) no pretende sustituir ni la misión de los gobiernos, ni la de las empresas, ni cuestionar o sustituir filantropí­a y responsabilidad social corporativa, sino ir más allá en un compromiso empresarial: «Hacer de las necesidades y demandas sociales los modelos exitosos de negocios». Las empresas que así­ lo hagan, serán quienes lideren el nuevo mundo en transformación. Todo un reto absolutamente transversal y multi-industria. Toda empresa, a lo largo del mundo, de cualquier industria, puede y debe abordar este largo viaje desde su propio ADN. Esencia de toda estrategia: El propósito, causa y pasión. En definitiva, usando las palabras y recomendaciones de Blake Mycoskie, el impulsor de la iniciativa «Uno por Uno» («Compra un par de zapatos y dona otro a los niños descalzos», hoy 75 millones donados) en su libro «Start something that matters» (Emprende algo que importe…), parecerí­a razonable repensar nuestras empresas, gobiernos y modelos de negocio en el amplio marco del compromiso social, desbloqueando barreras e inercias, promoviendo nuevas estrategias co-creando valor, mejorando las condiciones de vida de nuestra sociedad. No es un movimiento para disfrazar una actividad comercial o de negocio, desde el marketing, hacia el compromiso social. Es un compromiso real desde la unicidad de una estrategia Empresa-Sociedad en beneficio compartido co-creando valor. Respuestas con impacto hoy, interactuando de forma estable con el largo placismo necesario, garante de la sostenibilidad de los proyectos mitigando o erradicando las necesidades de la gran mayorí­a de la población.

Esta nueva lí­nea de pensamiento, quince años después, avanza en un generalizado movimiento desde la fortaleza corporativa que canaliza los mejores activos empresariales y personales al servicio de la Sociedad. Más allá de la filantropí­a…, de las Cuentas de Resultados…, desde la ideologí­a simplista que excluye el rol único de un agente público o privado…

Cuando las necesidades sociales son de la magnitud e intensidad que padecemos, la co-creación de valor Empresa-Gobiernos-Sociedad resulta imprescindible. Cada uno, desde su estrategia y rol diferenciado, migrando de la filantropí­a al valor compartido, desde el reconocimiento y agradecimiento a las aportaciones, mecenazgos, filantropí­a y diferentes modalidades de responsabilidad social.

(Artí­culo publicado el 9 de Julio)

En el momento de escribir este artí­culo, los medios de comunicación destacan el anuncio de la aprobación inminente en el Consejo de Ministros españoles de «una histórica oferta de empleo público» que según el titular elegido «crearí­a en torno a 20.000 empleos».

Sin duda, la creación o regularización (según se mire) de 20.000 empleos, es una buena noticia para un paí­s lí­der en el desempleo europeo con un arrastre estructural de su incapacidad histórica para la generación de empleo sostenible. Gobierno español y sindicatos han lanzado las campanas al vuelo y ponen el acento de sus mensajes, bien en la cobertura de espacios públicos desatendidos, en la extraordinaria lucha contra el fraude, o en determinados colectivos concretos que parecerí­an resolver algunos conflictos en curso (evaluadores del carnet de conducir, inspectores de Hacienda, «aumento» de funcionarios en los servicios públicos de empleo, «policí­as sanitarios territoriales» o personal de la administración de Justicia). En definitiva, pendiente de la convalidación del Decreto Ley correspondiente en el Congreso, se tratarí­a de 20.352 plazas de las que 10.000 serí­an de libre ingreso en la Administración Central (General) del Estado y la Administración de Justicia, 5.000 de promoción interna (ya ocupados y existentes) y 4.000 extraordinarios en el refuerzo de las competencias recentralizadoras de la Administración Central (Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Empleo…). Nueva oferta para una plantilla actual de 525.000 personas empleadas en la Administración Central (553.000 en el año 2007). La fuerza «creativa» de empleo en este momento, podrí­a adormecer debates imprescindibles sobre los que la Sociedad deberí­a posicionarse más allá de un hecho, en apariencia meramente coyuntural. Quizás el momento veraniego no haya sido casual y un gobierno que nos tiene acostumbrados a gobernar a golpe de decreto ley, tira de boletí­n con las maletas veraniegas preparadas.

La noticia merecerí­a algunas reflexiones y consideraciones para valorar su bondad, su adecuación a las necesidades del paí­s y su gobernanza, y a la creación de empleo en sí­ mismo.

Si echamos mano del Informe de Competitividad del Paí­s Vasco 2017 (¿Y mañana?) recientemente publicado y utilizamos algunas de las reflexiones en materia de gobernanza, más allá de sus conclusiones y/o recomendaciones para el caso vasco, podemos constatar una serie de hechos objetivos que determinan la evolución del rol y composición de las Administraciones Públicas a lo largo del tiempo. Resulta evidente que los Estados-Nación, con mayor o menor eficiencia y acierto, además de voluntad polí­tica y decisión y control democrático, han recorrido un doble camino de «cesión competencial» hacia entes supranacionales (caso UE, OTAN, «Acuerdos Globales«…) o entes infraestatales (Estado de las Autonomí­as, por ejemplo, o Ley Municipal y de entes locales). A la vez, la economí­a y los impactos innovadores, territoriales, tecnológicos, sociales y condicionantes socio polí­ticos, han dibujado nuevos escenarios que incrementan la incertidumbre y complejidad, exigen estrategias y polí­ticas públicas novedosas y diferenciadas, demandan nuevas competencias y capacidades de sus gestores y administradores, fijan nuevos marcos regulatorios y normativos, exigen modelos coopetitivos de actuación, obligarí­an a transformaciones radicales en las diferentes Administraciones Públicas y condicionarán la interacción (interna y externa) en diferentes niveles de gobierno, en concurrencia multi-competencial para afrontar los desafí­os existentes. Más allá del consabido discurso sobre las duplicidades competenciales, las ventanillas únicas o las «bolsas de ineficiencia» achacables a una organización confederada peculiar y singular, que tiende a simplificar la realidad de un mundo complejo en sí­ mismo, que hace inevitable convivir con múltiples sistemas de gobierno, multiplicidad de agencias, instrumentos y Organismos y un diálogo permanente bajo un amplio abanico de instrumentos de control, participación y coordinación con jerarquización necesariamente difusa en espacios concurrentes y compartibles.

Si además, miramos con una cierta perspectiva las megatendencias con las que habremos de convivir de una u otra forma, constatando que todo gobierno y toda área de actividad exigen la participación de multiniveles territoriales con la consiguiente asimetrí­a real (modelo productivo, aspiraciones de autogobierno, capacidad y voluntad legislativa, sistema fiscal, de financiación y protección social, seguridad, interacción con mercados exteriores, lengua, cultura, posicionamiento geográfico, demandantes de estrategias propias, únicas y diferenciadas), enfrentados a desafí­os complejos no siempre coincidentes en tiempo e intensidad con otros, y que han de asumir transformaciones de todo tipo (sobre todo intangibles), parecerí­a evidente que cada Administración Pública tiene nuevos roles y nuevas polí­ticas públicas que acometer. Adicionalmente, hechos relevantes como determinados cambios demográficos, los crecientes movimientos migratorios, la presencia de la llamada economí­a ilí­cita, la «economí­a colaborativa» y/o «capitalismo de base popular y múltiple» que introducen nuevas maneras de entender el empleo, el trabajo, las relaciones informales entre las partes, nuevas regulaciones, nuevas plataformas tecnológicas, suponen inputs de inevitable trascendencia. Ni qué decir de la llamada revolución 4.0 que provocará todo tipo de nuevos modelos de negocio o actividades transversales, afectando a todas las industrias (también al empleo en las Administraciones Públicas). Y, por supuesto, sin valorar el realismo o no del determinismo de la incorporación de la automatización, la robótica o la inteligencia artificial y su impacto favorecedor o sustitutorio del empleo que provoca una nueva óptica a considerar.

Finalmente, en lo que a este escenario general respecta, no cabe duda que las estructuras flexibles, interdisciplinarias, ágiles, transformadoras, innovadoras, serán clave en el éxito de cualquier apuesta y estrategia empresarial, territorial o de paí­s y serán el verdadero determinante del bienestar y desarrollo competitivo e inclusivo de cualquier sociedad.

Con un panorama como el anterior, ¿basta con sustituir las plazas actuales por nuevos funcionarios o resulta imprescindible un trabajo previo de redefinición del impacto esperable en cada puesto y administración concreta?, ¿no resulta imprescindible, en el Estado español, afrontar una nueva configuración del llamado «Estado de las Autonomí­as»?, ¿no resulta evidente que el desarrollo asimétrico existente demanda estrategias propias diferenciadas, acelerar procesos de «devolución competencial» y reducción/modificación» del rol de la Administración Central y nuevas polí­ticas públicas distintas desde diferentes Administraciones Públicas? Esto también es autogobierno, polí­tica de Estado y responder a las «necesidades y preocupaciones reales de los ciudadanos».

Recordemos un hecho adicional que no parece haber tenido demasiada repercusión pública más allá de algún artí­culo en la prensa económica con algunas aportaciones un tanto sesgadas: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Unidad de Mercado. Su publicación, se presentaba bajo el titular de «Duro golpe a la Competitividad», «Atentado al libre mercado y la globalización», «Costará 45.000 millones de euros a las empresas multinacionales en España»… y se pedí­a al PP, PSOE y Ciudadanos (el resto no debemos contar para nada cuando de «construir Estado y Mercado eficiente» se trata, visto desde la globalizada Madrid), «buscar cualquier alternativa a la ley para sortear la errónea decisión del Tribunal…». Dicho Tribunal, polí­tico y de más que cuestionable composición y funcionamiento, ha dictado una sentencia en contra de la pretendida «licencia única» que la mencionada Ley calificaba de intromisión, trabas comerciales, freno a la inversión con la fragmentación del mercado único en «17 islas autonómicas» al servicio de ideologí­as nacionalistas, creación de monopolios y clientelismo polí­tico…

Es decir, reconoce algo obvio. El mundo entero, su economí­a, se mueve en espacios interdependientes complejos, organizados bajo poderes soberanos o autónomos diferenciados, bajo controles democráticos (en su mayorí­a) que han de adecuar sus áreas competenciales y polí­ticas públicas a sus necesidades concretas.

¿No serí­a razonable aprovechar la oportunidad que todos estos elementos de cambio provocan en la necesaria dotación de nuevas plazas de empleo público para repensar el propio hecho de la función pública (su forma de acceso, promoción interna, formación, evaluación… continuidad o no en una plaza, duración de su contratación versus puestos de por vida, etc.), la redefinición del servicio y función en sí­ mismo y la necesidad y eficiencia de su existencia (los servicios públicos de empleo son un buen ejemplo histórico de su insignificante valor añadido a las polí­ticas activas de empleo), la dotación de profesorado y gestores docentes en un sistema educativo de bajos resultados comparados, la lógica de un repliegue de determinados cuerpos de seguridad del Estado y su adecuación competencial y a nuevas realidades delictivas y de seguridad, o a la racionalidad de la economí­a o de las relaciones internacionales, por ejemplo?. ¿No ha de considerarse en el debate el dualismo del empleo vigente, entre fijos y temporales, de por vida o indefinidos de mercado, públicos o privados, por decir algo?

En definitiva. Bueno es que se creen puestos de trabajo y que se refuercen los roles públicos imprescindibles para el desarrollo y progreso social. Ahora bien, ¿no merece la pena hacer los deberes previos y repensar la gobernanza, el rol de las diferentes Administraciones Públicas y las competencias, capacidades, perfiles y condiciones de las personas que han de desempeñar las nuevas funciones del futuro?

(Artí­culo publicado el 25 de junio)

Desgraciadamente, las consecuencias de la crisis económica, de la brecha y desigualdad real existente y de la mala fama (en muchí­simos casos muy bien ganada, a pulso) de determinadas industrias (bancaria, financiera, etc., como ejemplo generalizado), así­ como de múltiples polí­ticas dominantes en muchos gobiernos (el español y la mal llamada austeridad europea sin ir más lejos) y negativas iniciativas empresariales, polí­ticas y sociales alejadas de las soluciones sociales esperables, constituyen una negra realidad.

Este hecho incuestionable parecerí­a dar carta de naturaleza, por el contrario, a la permisiva demonización y uso indiscriminado del calificativo «neoliberalismo» en boca de todos aquellos que con mencionarla, parecerí­an situarse al margen de cualquier responsabilidad o crí­tica respecto de su acción o inacción ante los problemas y demandas sociales, a la vez que homogenizan y simplifican, sin diferenciación alguna ni matices, cualquier polí­tica pública o de gobierno, generalizan el malestar y el descrédito público de todo éxito o estrategia empresarial significativa, pretendiendo (con gran apoyo mediático) arrogarse la pureza ideológica y aparente compromiso responsable en favor de las causas sociales, sin crí­tica alguna y sin reclamo de explicaciones. Usar este apelativo parecerí­a situarlos al margen de las causas y auto-validarse como ví­ctimas pasivas al margen de su acrí­tica actuación (o parálisis), instalados en el NO a todo. Afortunadamente, hay mucha gente que, al margen de calificativos de moda, Sí trabaja, de manera compartida y colaborativa, en favor del PROGRESO SOCIAL.

Sin duda, hemos de ocuparnos en conocer y profundizar en la realidad, lamentamos preocupados la insuficiencia o dirección, errónea, de polí­ticas y actuaciones (públicas y privadas), pero no demos por buenos eslóganes mitineros y vací­os, instalados en la moda de programas sin rigor. Y nada mejor para distinguir entre rigor y compromiso versus palabrerí­a oportunista que acudir, por ejemplo, a la SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE, iniciativa y plataforma creada al servicio de empresas, Gobiernos y Comunidades (además del mundo académico y del pensamiento), para trabajar en favor del PROGRESO SOCIAL definido como «la capacidad de una Sociedad para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos, establecer las bases que posibiliten la mejora sostenible de su calidad de vida y propicie la creación de las condiciones que hagan posible el desarrollo potencial pleno de las personas y las Comunidades en que viven». Plataforma y objetivos que se integran con vehí­culos de valor compartido Empresa-Sociedad y con el paraguas global de la apuesta por un crecimiento y competitividad inclusivos desde la generación/acceso/distribución de valor y riqueza para las personas.

Así­, esta semana, el director de la Social Progress Imperative, Michael Green, presentaba la publicación del índice de Progreso Social 2017. índice que se ha analizado (y comparado) en y entre 128 paí­ses, con 50 indicadores (exclusivamente sociales y medio ambientales) más allá del PIB y valores económicos, en tres dimensiones interrelacionadas: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades (bases reales para el desarrollo futuro). En cada una de estas dimensiones, se analizan cuatro componentes o bloques esenciales que agrupan contenidos temáticos especí­ficos.

El índice, como herramienta analí­tica que ya cumple cinco años desde su primera utilización y que ha ido aplicándose, por extensión, a regiones, entes sub estatales y ciudades-región o metrópoli (Euskadi fue pionera y piloto para su aplicación sub estatal-ciudad región y promotor-colaborador en su extensión a lo largo de la Unión Europea de la mano de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad) y se ha convertido no solo en referente mundial, sino en instrumento clave para la toma de decisiones en el diseño de polí­ticas públicas y orientación de necesidades y fuentes de los «nuevos modelos de negocio» de las empresas comprometidas «con la transformación del mundo» de una manera inclusiva.

La edición 2017 pone de manifiesto profundas diferencias entre distintos paí­ses (y entre sus regiones o espacios internos), así­ como relevantes descompensaciones entre los bloques o dimensiones que definen el Progreso Social. Basta recurrir a uno de sus mensajes clave: «Si el mundo fuera un paí­s, su calificación serí­a de 64,85 (base 100) y se situarí­a en términos comparados entre los niveles de Indonesia y Botsuana. Desagregado por dimensiones, existe una enorme diferencia entre paí­ses. El resultado global es de 73,8 en Necesidades Básicas, 68,69 en Fundamentos del Bienestar y un limitado 51,85 en Oportunidades de Desarrollo. Este último resalta el máximo objetivo lejano en su logro: Derechos Humanos e Individuales, Libertad personal y capacidad de decisión, Tolerancia, Inclusión, Acceso a Educación avanzada)». Resulta preocupante constatar que el más bajo de todos (en torno a 43 puntos) es precisamente la Inclusión.

El índice se clasifica en grupos:

1. Muy Alto Progreso Social (Canadá, Paí­ses Nórdicos, Alemania, UK, Australia y Nueva Zelanda)
2. Muy Bajo Progreso Social (con excesiva concentración en la ífrica Media o Central pese al elevado crecimiento del PIB emergente en los últimos años, lo que valida una vez más, la ya evidente constatación de la necesidad de recurrir a medirnos con otros indicadores más allá del generalizado PIB)

Si bien un aspecto positivo es el comprobar que se ha producido un avance a nivel global (periodo 2014-2017) pese a la situación de crisis (especialmente en Europa y Occidente), la velocidad de despegue y avance, resulta insuficiente además de desigual, no solamente por «geografí­as», sino en las áreas de actuación entre las que destacan como elementos tractores el acceso a la información y a la educación superior. Por el contrario, se han debilitado los resultados en el Bloque/Dimensión que indica las Oportunidades de Potencial Desarrollo. La brecha y desigualdad se agudiza y la insatisfacción de logro (evidentemente, más percibida en los «paí­ses poderosos y avanzados») provoca consecuencias graves mucho más allá de su objetividad intrí­nseca, generando un ambiente de desafección, falta de confianza, credibilidad y equí­vocas respuestas individualizadas.

En este panorama observable, encaja un gráfico publicado por el servicio de Investigación del Deutsche Bank (junio 2017) sobre la distribución de la renta e ingresos en los Estados Unidos, reflejando cómo el bloque del 10% en renta supone el 47% de la renta total del paí­s. Una pequeña fotografí­a de las diferencias cuya generalización, no lineal, pudiera extenderse a múltiples economí­as. Desigualdad y concentración de riqueza.

La buena noticia que destaca el mencionado í­ndice, es la de comprobar que determinados paí­ses se mantienen en cabeza y que hacen de sus objetivos esenciales –el progreso social de las personas en un desarrollo inclusivo– el principal reclamo de sus polí­ticas, a la vez que, si bien guardan una relativa correlación con su PIB, su Indicador de Progreso Social se sitúa por encima. Con Dinamarca a la cabeza (no parece que la apuesta del Presidente Artur Mas por hacer de Catalunya un «Estado Independiente Europeo, como la Dinamarca del Mediterráneo» fuera una orientación desencaminada. Se trata de compararse con los mejores y no conformarse con superar la mediocridad del vecindario), lí­der mundial de progreso social, junto con Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Paí­ses Bajos… se consolidan espacios de avance y aprendizaje. Si bien el logro es destacable, llama la atención el deterioro experimentado en estos años de crisis «sinérgica y de contagio europeo» que ha obligado a desatender ciertos espacios. En el caso danés, por ejemplo, con un descenso en indicadores en materia del acceso a la educación avanzada y salud-bienestar relativamente alejados de sus excelencias en el resto de indicadores. Una vez más, «el éxito acumulado no es garantí­a del éxito permanente o futuro».

Por tanto, una nueva herramienta a disposición de los «policy makers». El rigor y conocimiento real y comparado es una base imprescindible para definir aspiraciones de futuro y poner, a su disposición, los instrumentos adecuados debidamente alineados con lo que se desea. No cabe divorcio entre la estrategia y la asignación de medios en lo que no suponen las capacidades reales para liderar la transformación deseada.

Múltiples herramientas e iniciativas en marcha nos ayudan a transitar el compromiso de construir un futuro diferente. En esta misma lí­nea, tuvimos oportunidad de comprobar, de la mano de sus protagonistas, en la reciente Conferencia Anual » What Works» («Lo que funciona»), que reunió en Islandia a 200 empresarios, gobernantes, y lí­deres innovadores de la Sociedad Civil, de 25 paí­ses diferentes, iniciativas y proyectos reales en su compromiso por acelerar el Progreso Social, intentando transformar sus Instituciones y polí­ticas públicas, sus modelos de negocio empresariales, sus modos de interacción con terceros, su capacidad de respuesta colaborativa desde nuevos espacios de trabajo no gubernamental fortaleciendo su rol social.

En definitiva, con la relatividad inherente a todo tipo de rankings y su deseable perfeccionamiento en el tiempo, bienvenido el índice de Progreso Social. Con él, hoy sabemos un poco más que ayer de nuestra posición y estamos en mejores condiciones de trabajar en aquellos espacios de carencia y en aquellos determinantes del progreso y desarrollo que queremos. Lejos de etiquetas propagandí­sticas, midiendo las consecuencias reales de las decisiones y polí­ticas seguidas o por implantar.

(Artí­culo publicado el 11 de Junio)

En una semana plagada de noticias con fuerte contenido económico, merece la pena tratar de integrar una serie de mensajes de modo que facilitemos la comprensión de la posición en la que nos encontramos y, sobre todo, los desafí­os que enfrentamos, así­ como nuevas rutas a explorar para superarlos.

Tomemos como punto de partida el informe presentado el pasado dí­a 7 por la OECD («Better but no enough« – «Mejor pero no lo suficiente»), de la mano de su Economista Jefe, Catherine L. Mann. Su mensaje puede resumirse de la siguiente manera: «Pese a que las apariencias sugieren un cierto repunte de las inversiones y el crecimiento global (en torno a un 3% general, un 2,0 en los paí­ses OECD y 1,8% de Europa), a que existen signos de aumento de la demanda de bienes de tecnologí­a media-alta e inversiones de capital (si bien ralentizada por polí­ticas «nacionales» temerosas), la PRODUCTIVIDAD permanece sin respuesta en su ya largo deterioro. La pérdida de empleo se concentra en sectores y paí­ses concretos y de forma mayoritaria en cualificaciones bajas, y la desigualdad en rentas y salarios se eleva de forma considerable».

Este análisis concluye con la recomendación de «un llamamiento a aplicar polí­ticas integrales que hagan que la globalización trabaje para todos, sobre la base de dos pilares clave: polí­ticas internacionales y reformas domésticas que relancen la inversión y la I+D, fomenten la innovación, aceleren la competencia desbloqueando estructuras de privilegio y monopolio, generen empleo y doten de una cualificación adecuada a la potencial empleabilidad ofertable en los diferentes espacios laborales locales».

Una vez más, un organismo internacional defensor y promotor de la globalización, no se resiste a destacar las insuficiencias de la apuesta sin matices (mercado y globalización) y la importancia del llamado «efecto local», así­ como de una crí­tica (en lenguaje diplomático velado) a la paralización inversora y presupuestaria desde, sobre todo, los gobiernos, a lo largo del mundo.

No obstante, a una decena de miles de kilómetros, en Estados Unidos, el Presidente Donald Trump, a saltos entre incendio e incendio, presentaba su primer proyecto de presupuestos (previamente modificado ante la oposición del Congreso y, en especial, de muchos de sus correligionarios). El presupuesto vení­a subtitulado: «A new Foundation for American Greatness» («Nuevos cimientos para la grandeza de América»). Desgraciadamente, lejos de suponer confrontar cambios estructurales necesarios, contení­a expectativas irreales que en palabras de Mohamed A. EL-Erian (prestigioso economista ex CEO de PIMCO), no es sino «un persistente y prolongado fracaso en facilitar un mayor crecimiento inclusivo de la misma manera que lo han venido haciendo las economí­as avanzadas en la última década, con preocupantes consecuencias económicas, financieras, sociales, polí­ticas e institucionales».

Vivimos perí­odos de «lento crecimiento global» o, al menos, insuficiente para generar el empleo requerido, para mantener o mejorar la productividad y, en consecuencia, garantizar salarios elevados. Además, los beneficios de ese limitado crecimiento son dispares, pesimamente distribuidos, concentrándose en muy pocas manos y acrecentando desigualdades (personas, regiones, paí­ses).

Si la OECD, al igual que prácticamente todo Organismo que se precie, reclama cambios crí­ticos en la orientación de las polí­ticas a seguir, la realidad parece empeñada en anclarse en el modelo en curso, ante las dificultades que un «cambio radical» exigirí­a, bloqueando nuevas lí­neas de actuación. Nadie duda que los cambios estructurales que se precisan requieren tiempo (entre otras cosas) y, desgraciadamente, sus «dividendos a futuro» tardarán en llegar mientras que el «coste de las decisiones» se produce de inmediato, generando más parálisis o confortabilidad con el «dejar hacer». Sabemos que cambiar el rumbo, o cambiar la mentalidad (académica, policy makers, sociedad) es tarea compleja y exige mucho tiempo. Adicionalmente, hoy debemos aceptar que no se ha terminado de entender bien del todo «qué es lo que determina el inesperado comportamiento triangular de la productividad, la inversión y los salarios».

Pero siendo esto así­, debemos reconocer las graves consecuencias negativas (¿e inesperadas?) de un bajo e insuficiente crecimiento inclusivo, que va más allá de los resultados económicos insatisfactorios hoy y que hipotecan la prosperidad futura.

Impacto negativo que erosiona a las instituciones, fomenta la desconfianza y mina la credibilidad de gobiernos, autoridades y «opiniones expertas» e incrementa la presión (negativa) sobre determinadas entidades (banca, sobre todo) o industrias y favorece reacciones generalizadas anti estatus quo o establishment, favoreciendo acciones e intereses individuales. El Manifiesto electoral de Jeremy Corbyn en el Reino Unido, en las elecciones de este jueves pasado, no es patrimonio laborista, sino reclamo universal «para todos y no para unos pocos«. No cambiar el rumbo supone, en definitiva, continuar profundizando en la crisis y sus consecuencias negativas, «malgastando recursos en fosos perdidos, perdedores, no competitivos, minando la capacidad inversora e innovadora en la construcción de un futuro distinto», como afirmaba la propia Catherine L. Mann en una conferencia el pasado diciembre en la Universidad de Harvard.

Situación que afecta a todo el Orden Internacional y que, por razones desconocidas, favorece, en exclusiva, a quienes intentan mantenerse en el pasado con discursos de futuro, otorgando demasiados privilegios no asociales a los resultados observables en los responsables de gestión (Banca, Crisis, Bruselas, Gobernantes-Corrupción…).

Lo sorprendente es que quienes más cómodos están son los Mercados Financieros y de Capitales (gran liquidez global disponible, crecimiento bajo y lento que hace todo más predecible, baja remuneración al dinero, demanda del mercado que carece de alternativas atractivas).

En definitiva, se pierde la confianza en los «Centros Gestores Globales» y se reclaman nuevos espacios, más próximos y democráticamente controlables, con oferta de iniciativas y polí­ticas alternativas.

Así­ las cosas, parecerí­a que para nadie debe ser un secreto que la disparidad de estadios de desarrollo a lo largo del mundo es infinita (pese al pensamiento globalizador) y que pensar en un mando único que se mueve a igual velocidad, con similares valores, necesidades y cultura, no es sino un graví­simo error.

En esta lí­nea, en los «Seminarios de Primavera» del Fondo Monetario Internacional, con «el futuro del trabajo» en discusión, el economista Jefe de Google, Profesor de Berkeley, Hal Varian, describí­a «La Paradoja de la Productividad» y, con ella, pretendí­a reconducir el debate en curso sobre el dilema «avance tecnológico = menos empleo» para llamar la atención sobre la baja productividad global fruto de factores demográficos («lo que falta es gente para producir todo lo que el sistema global demanda») al concluir el efecto de los «baby boomers» y el progresivo envejecimiento y retiro de la vida laboral, junto con estancamientos del crecimiento (al menos en determinadas regiones) y su efecto «no previsto y perturbador» de los salarios, increí­blemente bajos, cuestionando las leyes de oferta-demanda. Hal Varian, insistí­a, también, en el lento proceso de llevar la tecnologí­a al uso real del mercado en un gran gap entre tecnologí­a y expectativas con su aplicación real y generalizada. Invitaba a «repensar la productividad, sus determinantes y los efectos interrelacionados con el mercado de trabajo (empleo, salarios y sistemas de protección), la inversión (en tecnologí­a, capital humano, cohesión social) y la geo-localización distribuida (¿qué parte de las cadenas de valor hemos de acometer desde cada empresa, en qué lugar del mundo y en qué marco general de alianzas?), comprendiendo los «tiempos reales» para el largo trayecto idea-tecnologí­a-uso y mercado». De forma complementaria, Ruchir Sharma («Fuerzas de Cambio en un mundo post Crisis») insiste en que el boom innovador que hemos creí­do descubrir como mensaje en permanente crecimiento y promotor del bienestar inacabable, no era, «sino un chispazo». Si no somos capaces, en el contexto actual, de entender y gestionar lo que él define como las 3 D’s responsables del parón de nuestro crecimiento: Despoblación laboral productiva, Desaceleración inversora productiva y en sistemas y tecnologí­as de la información y Desglobalización, trasladando la vitalidad a «nuevos espacios regionales y locales» a lo largo del mundo desde los que interconectar con polí­ticas internacionales alineadas y sinérgicas, seremos incapaces de recuperar la confianza y proximidad necesarias para afrontar los problemas reales, demandas especí­ficas y gestión de las polí­ticas necesarias para dar respuesta a las demandas de sociedades desconectadas del mensaje globalizador y la cada vez menos entusiasta dirección centralizada de nuestros destinos.

Grandes debates, apasionantes reflexiones y lí­neas sugerentes para afrontar la «insuficiencia» que acompaña a los «mejores resultados y signos observables» transmitidos al inicio de este artí­culo. En todo caso, hay una cosa clara: serí­a recomendable acercarnos al futuro colocando el foco en las personas y su rol en sociedad, a la manera en que organizamos los recursos y el acceso a los mismos, más allá de una tecnologí­a concreta que nos asuste o a la confortabilidad de mantener las polí­ticas y mensajes que no han cumplido con las expectativas y desafí­os de nuestra sociedad. Crecer, invertir, buscar el camino de la prosperidad no deja de ser cuestión de principios y valores, voluntad y decisión democrática, gobernanza y opciones solidarias inclusivas. El mundo, pese a todo, se mueve y una corriente imparable aspira a construir otros escenarios diferentes.

Todo un futuro de oportunidades (y empleos productivos) nos espera. Pero si insistimos en atrincherarnos malgastando recursos (tiempos, gestión, capital, mensajes) debajo de la farola encendida porque da luz y no del lugar en el que perdimos aquello que buscamos, encontraremos cualquier cosa menos el futuro que queremos.

(Artí­culo publicado el 28 de mayo)

Si la crisis económica, el resultado del Brexit tras la antesala del referéndum escocés, el aún pendiente desenlace del caso Grecia y su progresivo rescate o las crecientes crisis sociales (migración, refugiados, desempleo, desigualdad…) y las diferentes voluntades, modalidades de desarrollo y desequilibrios internos, forzaron al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a proponer un Informe Base sobre los hipotéticos escenarios (oportunidades, resultados previsibles y consecuencias) para elegir el camino a seguir por los Estados Miembro de la Unión, juntos, unos pocos asociados o en solitario, el documento aprobado por los lí­deres de la Unión el pasado 25 de mayo, celebrando el 60 Aniversario del Tratado de Roma, en torno al futuro de Europa (White Paper on the Future of Europe), vení­a a añadir complejidad (inevitable y real) a un proceso que se ha venido en llamar «Debates sobre el futuro de Europa».

La propia Comisión Europea promueve diferentes debates temáticos pidiendo a los Estados Miembro, regiones, ciudades y partidos polí­ticos, posicionarse sobre la base de un área de paquetes e informes «temáticos» con la pretensión de que todo un cúmulo de variables y objetivos sean tratados de forma convergente. De esta forma, se requiere determinar la dimensión social de la Europa del futuro, el rol fortalecedor de una economí­a y sociedad globalizadas, la profundización de una economí­a y polí­tica monetaria única, un nuevo compromiso protagonista en materia de defensa y seguridad y el futuro de las finanzas de la Unión. A esto, falta por añadir un buen número de Informes «parciales» sobre gobernanza, desarrollo inclusivo, pertenencia-relación de la Unión Europea con cada uno de sus Estados Miembro, entre ellos y, dentro de cada uno de ellos, el de los diferentes entes infra estados, naciones sin Estado o Ciudades (en sus diferentes modalidades de Ciudad, Mega Ciudad, Ejes o Polos y aglomeraciones, etc.).

Todo este enriquecedor, complejo e imprescindible debate, bajo principios de la máxima subsidiaridad-colaboración-convergencia posible, bajo criterios de cohesión social y territorial y al servicio de nuevos espacios de competitividad y bienestar. Un reto estratégico y funcional de enorme magnitud que, sin violentar las vigentes reglas de juego y reparto de derecho y poder polí­tico, permiten el derecho a veto o exigen, en la mayorí­a de los casos, mayorí­as reforzadas o unanimidad, en un marco burocratizado, con escasa capacidad de liderazgo y decisión, desde la profundidad de la cada vez más alejada complicidad con la sociedad europea.

En este interesantí­simo momento y proceso en curso, hemos asistido a una semana con diferentes inputs a considerar. Nuestro Lehendakari ha visitado Bruselas para transmitir a Jean-Claude Juncker el posicionamiento inicial de Euskadi en el marco, al parecer, de la participación y colaboración en el ambicioso, sobre el papel, Plan de Inversiones de la Unión Europea de modo que Euskadi no solo sea parte del mismo, sino que asuma el protagonismo directo en la gestión de los temas relacionados con nuestras competencias. Posición más que relevante cuando a unos pocos kilómetros de distancia, España-Catalunya abordan sus diferencias alejándose de una opción dialogada que permita contabilizar la voluntad de la sociedad catalana para elegir su camino que, hasta hoy, no pretende dar la espalda a Europa, sino todo lo contrario. Mientras en Europa se abre un debate general para repensar el futuro, Rajoy-PP, en el el Estado español, se instalan en un peligroso estadio de espera pasiva amparados en las ventajas diferenciales de un veto ante el no cambio, acudiendo a todo tipo de instrumentos de presión como el último, puesto en marcha con la connivencia de la Justicia, medios de comunicación determinados y grupos de interés concretos, amenazando a empresas privadas (las públicas ya tienen instrucciones por definición) en caso de que presten sus servicios profesionales en cualquier tipo de asesoramiento, consulta, informe, contraste que pudiera ser objeto de análisis por la Generalitat. El insólito caso de prohibir a un gobierno democrático estudiar ví­as de mejora. ¿Debe todo gobierno esperar a que un gabinete concreto decida que es el momento de revisar el sistema de protección social, el obsoleto y anacrónico sistema de oficinas públicas de empleo, los mecanismos de financiación a disposición del desarrollo territorial, por ejemplo?

Adicionalmente, del otro lado del Canal y ante las próximas elecciones de Reino Unido, el inicio de negociaciones para gestionar el Brexit, parece enconarse con condiciones previas y, ¡ojo!, con exigencias comunitarias por incorporar a la factura de salida, no ya compromisos y pasivos reales, sino los documentos «programáticos, no realizables, indefinidos y consensuables» de lo que con excesiva frecuencia nos inunda la maquinaria de Bruselas en forma de planes, horizontes, polí­ticas y manifiestos, ni finalistas, ni cumplidos en su gran mayorí­a, transformándose, mandato tras mandato, en un nuevo Plan con distinto nombre y sistema de gestión reconvertido, complicando su ejecución a la vez que igualando un determinado café para todos.

Bajo este marco, la semana también ha dado pie a un peligroso movimiento sobre el que deberí­amos estar muy atentos: «Defendiendo a Europa: el caso de una mayor colaboración de la Unión en seguridad y defensa».

Nadie puede cuestionar que el terrorismo y la proliferación de conflictos hace una Europa y un mundo cada vez menos hospitalario, más peligroso, más inseguro y que no podemos iniciar un mundo desde una postura «naif» como si no irí­a con nosotros. Pero el peligro de supeditar todo objetivo y estrategia vital a las decisiones de los halcones, al mando militarizado y a la justificación de la eliminación de libertades y decisiones y control democráticos al amparo de una «prometida» seguridad al 100%, no puede hurtarse de las decisiones democráticas, controlables. Venimos asistiendo a un discurso concertado desde diferentes áreas de responsabilidad (Ministerios, Estados Miembro…) preparando el terreno para las dotaciones extraordinarias de Fondos Presupuestarios prioritarios e inamovibles, para la defensa, explicando que Europa ha vendido la defensa a terceros (Estados Unidos), lo que no solo es una indefensión, sino que nuestra capacidad innovadora, minimiza el empleo, castiga a la I+D, debilita el desarrollo económico europeo y, por supuesto, nos hace más inseguros. En esta lí­nea, no ya los Ministros de Defensa, sino la Vicepresidenta Mogherini, nos recuerda que «esta es la prioridad europea porque es la prioridad de los ciudadanos europeos», o el Vicepresidente de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jurki Katainen, pida más competencias presupuestarias centralizadas de modo que los recursos de los Estados Miembro, pasen al control y decisión «eficientes» de la Unión.

Esta colaboración ha saltado, temporalmente, por lo aires, tras la barbarie de Manchester por el mal uso de la información entre las policí­as y servicios norteamericanos filtrando «asuntos noticiables» a su conveniencia mediática. En paralelo, la visita de Trump a la OTAN, como si del viejo «Cobrador del Frak» se tratara, no ha hecho sino demostrar que las apuestas colaborativas en Defensa tienen lí­mites y contrapartidas «soberanas» que han de contemplarse evitando entregas incondicionales o el aplauso a intervenciones unilaterales.

Y en este contexto, en Euskadi, el Forum Deusto y Orkestra han concluido su ciclo de conferencias y debates sobre «Bienestar y Competitividad» con una última mesa redonda con los Portavoces Parlamentarios Vascos. Como viene siendo natural en nuestro Paí­s, ambos reclamos (Competitividad en Solidaridad, Desarrollo Inclusivo) son compartidos y prioritarios y forman parte de la esencia de nuestras polí­ticas públicas y estrategias de Paí­s. Ahora bien, la dificultad está en su alcance y contenido, en sus ritmos, en los compromisos y ejecución finales y al parecer, siempre en el marco de Europa. Un marco que ha de cambiar, necesariamente. Es, por tanto, una buena ocasión para aprovechar la ponencia parlamentaria debatiendo sobre autogobierno y un nuevo estatus polí­tico para incorporar la variable europea, preguntándonos cuál de la diferentes opciones y escenarios sugeridos por la Comisión, deberí­amos defender.

Grandes retos y demasiadas preguntas pertinentes que si bien son de largo plazo, exigen hitos clave en el corto plazo que nos permitan avanzar hacia esa Europa de futuro, puestos en contraste con la publicación (menuda semana informativa) del ya tradicional «Paquete de Primavera» de la Unión Europea, que recoge el diagnóstico y control del estado del arte por los diferentes Estados Miembro, el grado de cumplimento de sus compromisos con la estabilidad económico-financiera y sus «recomendaciones», parecerí­a que los grandes debates, los enormes retos estratégicos, duermen supeditados al corto plazo, en revisiones trimestrales al servicio de variables macroeconómicas, a la espera de tiempos mejores. Recordemos que son muchos los Estados Miembro (como España) que, rescatados, siguen obligados a la aprobación de sus cuentas públicas por la mano oculta de la troika, que le sugiere reducir su déficit, profundizar en reformas en el mercado laboral, garantizar «la unidad de mercado», romper monopolios de Colegios Profesionales, modificar su legislación y sistemas de contratación pública y flexibilizar y hacer eficientes sus sistemas de empleo. Por supuesto, por decoro, recuerda que el Gobierno español y su sistema judicial no hacen todo lo posible por eliminar o mitigar la corrupción. Ambos son también asuntos de sumo interés para los europeos, í­ntimamente relacionados con el autogobierno y controles democráticos, con el bienestar y la competitividad.

Recomendación macro e igualitaria, simpleza administrativa y prioridades financieras. Los retos del mañana, una vez más, parecen aplazados para el debate general de largo plazo.

Pero si algo ha vuelto a poner de manifiesto el debate polí­tico, ha sido, una vez más, la necesidad de no separar las polí­ticas económicas, sociales, presupuestarias, etc. del debate sobre autogobierno, estatus Paí­s y polí­tica con mayúsculas. Bienestar y Competitividad implican instituciones, competencias, modelos, voluntades propias y diferenciadas. Algunos pretenden que todo se pueda hacer sin herramientas adecuadas, propias, bajo el mantra de las soluciones «globalizadas y centralizadas». Este posicionamiento no puede ocultarse bajo el demagógico reclamo a no pensar, en verdad, en «las necesidades de los europeos» (y de los vascos), sino en discursos válidos para el corta y pega, generalizado y dominante, que consolida la confortabilidad de quienes hoy ya cuentan con su modelo.

(Artí­culo publicado el 14 de Mayo)

En un pequeño corro de amigos coincidentes en un encuentro empresarial celebrado esta semana, departí­amos de manera distendida sobre el momento que vivimos, bajo un eje y diagnóstico compartido: El mundo parece estar «descacharrado», a la vez que su complejidad lo hace interesante y apasionante.

Si el Papa Francisco y, con él, otros muchos analistas advierten que estamos instalados en una Tercera Guerra Mundial deslocalizada, por lo que parecerí­a que no la percibimos y actuamos como si no fuera con nosotros, salvo que padezcamos uno de los miles espacios de conflicto real existentes, o si algunos pretenden asociar sinónimos simplistas y falsos en torno a una supuesta asincroní­a: Populistas o Demócratas, entendiendo que se es demócrata si asumes la globalización de algunos, sin matices, o al contestarla y cuestionarla pasas a formar parte de los antisistema y xenófobos del populismo. Si apoyas el europeí­smo francés de Macron, otorgas un voto en blanco a lo que decidan hacer unos pocos en Bruselas y su traslado de obligado cumplimiento a todo ciudadano de la Unión. Si te comprometes con la revolución digital y el movimiento 4.0, atentas contra el empleo y si exiges disciplina, rigor, compromiso, responsabilidad, resultados, perteneces al colectivo retrógrado y conservador del pasado. Si eres un joven emprendedor que promueve un proyecto individual subvencionado con capital de autoempleo más que de empresa, eres alabado por la sociedad, jaleado por los medios de comunicación, pero si sacas el proyecto adelante, lo haces crecer y generas riqueza y beneficios y lo conviertes en una verdadera empresa, eres un «neoliberal» y empresario «explotador e insolidario» por definición. Y así­, sucesivamente.

Tras este enriquecedor aperitivo, ya entrados en el coloquio del citado encuentro, uno de los temas destacados giró en torno a la economí­a e industria digital.

En palabras de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, «la revolución 4.0 no es una opción» con lo que animaba al empresariado y público asistente a redoblar esfuerzos en torno a una inevitable transformación. A escasos metros, en la mesa institucional que compartí­an, otras voces advertí­an que «el empleo que podemos ofrecer no encuentra la formación adecuada en la población desempleada y se verá agravada en los próximos años debido al impacto tecnológico» y trasladaba el compromiso y rol formativo del trabajador del futuro a la empresa.

Expuestos así­, estos diferentes puntos de vista están en el centro de un debate constante a lo largo del mundo, haciendo que lo que sí­ sea una opción, es la manera en que todos y cada uno de nosotros afrontamos dicha revolución digital en el marco de un  complejo escenario, en aparente confrontación entre las oportunidades que ofrece y las amenazas que pudiera suponer lo que lleva, por ejemplo, a algunos paí­ses y gobiernos a crear un «impuesto al desempleo tecnológico«, a cargar a aquellas empresas que inviertan en tecnologí­a (digitalización, automatización, robótica, inteligencia artificial…) sustitutiva de «mano de obra» en contraste con la cada vez más extensa e imparable apuesta por nuevas polí­ticas públicas de sensibilización, impulso, inversión y avance hacia el nuevo universo de la llamada Revolución 4.0, más allá de la imprescindible Industria 4.0, Nueva Manufactura o Smartización de la Economí­a. Todaví­a ayer, en Madrid, una asociación española de empresas multinacionales urgí­a al Presidente del Gobierno español a abanderar todo un pacto por la innovación digital, a comprometer presupuestos permanentes en su financiación y a «unificar» fondos evitando despilfarro y duplicidades (se supone que cuando algunas de ellas se mueven en el mismo espacio que otras lo que hacen es competencia sana y nunca despilfarro, copia o seguimiento duplicado…y en sus paí­ses origen se nutren de un fondo único y centralizado para sus inversiones) proclamando la importancia de la marca España tras sus proyectos innovadores.

Por el contrario, la opción vasca que explicara la Consejera, detallaba su reciente apuesta regionalizada en Alemania y sus alianzas con Baviera o la propia Unión Europea a través de su Comité de las regiones. Efectivamente, la revolución digital no es una opción, pero el cómo abordarla y qué hacer con ella sí­ que lo es.

De una u otra forma, vivimos ya, una Cuarta Revolución Industrial en la que, por encima de todo, el factor capital y trabajo han dado paso al conocimiento y talento como referentes esenciales. La tecnologí­a cobra fuerza (hoy más que nunca) como elemento facilitador y acelerador de un cambio, siendo su uso o aplicación perverso o beneficioso para la humanidad. De allí­ la importancia en la opción a tomar. Por encima de todo, simplificando, podemos insistir en que «la tecnologí­a se compra en el supermercado», por lo que la verdadera ventaja diferencial pasa por poner el acento en el qué, cómo y cuándo hacer las cosas (personas, empresas, gobiernos, paí­ses y la totalidad de agentes implicados) más que en la propia tecnologí­a en sí­ misma. ¿Qué modelos de negocio, de empresa, de paí­s y qué polí­ticas y estructuras de gobierno hemos de redefinir atendiendo al grado de uso de las nuevas tecnologí­as y oportunidades disponibles? Y una vez más, hemos de volver a la complejidad integradora de todos los ámbitos de actuación en el diseño de una estrategia con un propósito determinado evitando actuaciones aisladas. Así­, si destacamos la «Innovación» como el gran motor-apuesta de paí­s, el «Emprendimiento» como la solución y panacea de generación de riqueza, crecimiento y empleo, la «Internacionalización» como la fuente aceleradora (e indispensable o inevitable) para sobrevivir en una economí­a mundializada, no podemos olvidar que todas (y alguna más) estas áreas de actuación son piezas integrables en una Estrategia y propósito a perseguir e implementar y que, o son CREATIVAS, o no serán capaces de promover el cambio necesario. Si confiamos en la CREATIVIDAD, a cuyo servicio están las nuevas herramientas de la revolución del conocimiento en curso, podemos transitar hacia escenarios disruptivos y no a temerosas proyecciones del estatus quo. Es la propia innovación, el uso de la tecnologí­a y la esencia de esta nueva revolución del conocimiento lo que nos debe animar hacia un optimismo activo con el que transitar los desafí­os. En esta lí­nea, la reconfortante lectura del último Informe de INDEX (Organización danesa sin ánimo de lucro con la misión de «inspirar, educar y comprometer en el diseño de soluciones sostenibles a los desafí­os globales para mejorar la vida») destaca, como no podí­a ser de otra manera, el peso de la tecnologí­a como uso de los factores relevantes en las potenciales soluciones propuestas, si bien se pone el acento en su uso facilitador de plataformas innovadoras que inciden en nuevos espacios, como la realidad virtual, la inteligencia artificial, la innovación social y la gestión multi-variable, al servicio de la salud, de la educación, del cuidado y bienestar de las personas, de la transformación de las ciudades, del ocio y el trabajo, y, en definitiva, del desarrollo humano, anticipando todo un «universo de nuevos empleos y fuente de riqueza y bienestar para las próximas generaciones». Todo un mundo por crear. Un mundo aún inexistente y ausente de las estadí­sticas anquilosadas del paro registrado, tan frí­amente distorsionado por los servicios públicos de empleo, y, desgraciadamente, de gran parte de nuestro sistema educativo, empresarial y de gobierno.

En este mundo en transformación, resulta interesante acercarnos a la información con ópticas diferentes a las habituales. Es el caso, por ejemplo, de un trabajo de investigación de Bank of America/Merrill Lynch («New kids on the Block: Millennials and Centennials»). El proyecto forma parte de un intenso esfuerzo de investigación sobre personas y colectivos, innovación, gobernanza, mercados y el mundo «global y regional» en el marco de lo que concibe como el «atlas para cambiar el mundo». Si bien su propósito es el de aportar tan amplio conocimiento a la identificación de áreas y oportunidades de actividad futura, empresas ganadoras en las que invertir en los diferentes mercados de capital, la información observable y su rigurosa clasificación, permite ver un mundo en cambio extraordinariamente relevante. El citado Informe focalizado en los Millennials o Generación Y (población entre 19 y 35 años) los relaciona con la Generación Z o Centennials (de 0 a 18 años), ya que ambos estratos suponen el 60% de la población mundial sabiendo, además, que estos segundos, 2,4 billones de personas vivirán, previsiblemente, cien años en determinadas regiones y economí­as. Y son precisamente estos colectivos quienes conviven, de forma innata y normal, con la diversidad, la sostenibilidad, la «globalización», las tecnologí­as disruptivas, nuevos conceptos y modelos de empresa, de propiedad, de «negocios», de empleo, de educación, de emprendimiento, de polí­tica y gobernanza. Son «digitales nativos» y la llamada «disrupción tecnológica» es y será para ellos algo normal que forme parte del paisaje cotidiano (antes de cumplir 10 años poseerán un Smartphone de última generación que consultarán una media de 50 veces por dí­a, usarán los mensajes instantáneos y los emoticonos en lugar de la escritura para comunicarse…) pero, a la vez, por primera vez en la historia, esas generaciones Y y  Z, convivirán con otra (mayores de 65 años) que les superará (en el 2020) en número, con tasas de fertilidad y reposición en claro y profundo declive excepto en ífrica. ¿Qué opciones tomaremos para estos colectivos con culturas, sueños, habilidades y demandas dispares? ¿Dejaremos que la «nueva revolución sea de ellos» (entendiendo como tal el mundo tecnológico digital) en exclusiva o, por lo contrario, tomaremos opciones de cambio en nuestros modelos empresariales y de desarrollo económico, en vivienda, transporte, pensiones, educación, salud, ciudades, mercados laborales, finanzas, inversión y gobiernos? ¿Qué productos, bienes y servicios quieren, querrán o necesitaremos los diferentes grupos y colectivos?

Efectivamente, como bien decí­a la Consejera, «no es una opción». No es una opción para el colectivo empresarial (industrial y de servicios) al que se dirigí­a y a cuyo servicio de «acompañamiento e impulso» está enfocada la estrategia Industria 4.0 del Gobierno. Pero tampoco debe ser una opción para el conjunto de las Administraciones Públicas que parecerí­an suficientemente confortables por el hecho de una «natural» oleada de sustitución, por edad y jubilación, de sus plantillas funcionariales, anunciando «Concursos Oposición», masivos, para «cubrir y reponer» las mismas plazas que han de quedar libres. ¿No merecerí­a la pena optar por el complejo y arriesgado camino de repensar las Administraciones del futuro, los nuevos roles que hubieran de corresponder, los perfiles de esa economí­a digital y del conocimiento natural/disruptivo bajo modelos de empleabilidad adecuados a la «nueva normalidad» que está por venir y romper, por ejemplo, con el dualismo entre empleo fijo de por vida para unos y desempleo, precarización o «empleo de mercado» para otros (la mayorí­a de la población)?, ¿no es momento de repensar y redefinir las empresas, su propiedad, sus modelos de negocio?, ¿no es momento de repensar nuestros sistemas educativos (por ejemplo, «simplemente» preguntándonos si el «problema» con los becarios no tiene mucho que ver con la propia reforma de los planes de estudio de Bolonia y la obligatoriedad de incluir meses de prácticas, ni retribuidas, ni debidamente programadas o coordinadas con las empresas, ni tuteladas, ni monitorizadas desde las propias Universidades que las incorporan, obligatoriamente, a su Curriculum)?, ¿no es el momento de «filtrar» los proyectos de nuevos sistemas tributarios con estos nuevos requisitos de la «nueva revolución» e incorporar cargas y beneficios, estí­mulos, recaudación y direccionamiento del flujo de la actividad económica y generación y distribución de riqueza?

No es opción. La Revolución 4.0 está aquí­. Si es una opción elegir la posición a tomar.

Tenemos por delante todo un desafí­o, pero, sobre todo, un prometedor escenario optimista. Todo un mundo de oportunidades desde una enorme disponibilidad de herramientas y plataformas para hacer un buen uso de la tecnologí­a, desde la innovación, la creatividad, el talento y la estrategia. Como siempre, depende de nosotros. Nunca como hoy (y mañana) tendremos a nuestro alcance tantas fuentes, conocimiento y medios para generar novedosos empleos de valor añadido al servicio de verdaderos (novedosos también) sistemas de bienestar. Generaciones X, Y y Z tenemos un papel que jugar y múltiples opciones para elegir.