(Artí­culo publicado el 10 de Diciembre)

Padecer el infernal tráfico de Nueva York, su desorden en la gestión del transporte de mercancí­as en el interior de Manhattan y perder casi tres horas en llegar hasta el aeropuerto JF Kennedy para volar a Europa no es sí­ntoma suficiente para constatar el progresivo deterioro de la competitividad estadounidense, pero sí­ un elemento más que se une al anunciado nuevo (ya estructural repetido año a año) shortcut o congelación del gasto público de Washington, que obliga a paralizar la administración, generalmente, y ahora con el presidente Trump, con mayor intensidad y focalización en los servicios públicos vinculados a salud, educación y administración ordinaria por no citar a servicios de emergencia -bomberos incluidos- en plena catástrofe como la provocada por los incendios en California y las oleadas de nieve previstas para este fin de semana en la nueva ola frí­a que avanza desde Texas hacia Nueva Inglaterra. Sin embargo, sí­ es una grave preocupación, ampliamente constatada, la parálisis polí­tica de Washington en un bipartidismo consolidado, confrontado, bipolar y a juicio de los ciudadanos incapaz de afrontar los desafí­os y retos del paí­s y sus habitantes. La amenaza del creciente y galopante déficit histórico de los Estados Unidos aparece y desaparece en las agendas de sus señorí­as según el momento, la coyuntura polí­tica y el deseo prioritario de su presidente, ya sea para infravalorarlo y acometer nuevos programas o para paralizar toda acción de gobierno trasladando la responsabilidad a quienes no le aprueban su presupuesto, como es el caso esta semana. El senador Sanders descalificaba ayer a Trump y a los republicanos recordando que si el apoyo que piden «por responsabilidad patriótica» es el de apoyar a un gobierno que solo gobierna para quienes financiaron su campaña y abandona a los ciudadanos desfavorecidos, bien puede permanecer cerrado el gabinete hasta que alguien negocie desde un compromiso con la población. Así­ las cosas, Trump se ocupa de lo suyo y provoca al mundo trasladando su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que incendia los ánimos del frágil consenso interreligioso e internacional en torno a la ciudad santa de todos.

En este breve contexto, desde el privilegio del encuentro anual de la red MOC del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard (que ya reúne a 140 universidades e institutos en los cinco continentes), bajo la dirección del profesor Michael E. Porter, tení­amos la oportunidad de ocuparnos de lo que consideramos la mayor de las preocupaciones del momento: ¿Cómo generar prosperidad sostenible e inclusiva a lo largo del mundo, mejorando de forma permanente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos co-creando valor entre las empresas y la sociedad? En definitiva, entender la competitividad y el bienestar como un todo inseparable, compartiendo valor entre empresas, sociedad y gobiernos para generar beneficios económicos y sociales a la vez.

En este proceso, resulta indispensable trasladar la necesidad de una búsqueda permanente del propósito, el compromiso y la responsabilidad implicables a todos los actores. No se trata de academia y/o investigación y docencia teórica de autoafirmación y complacencia individual sino de transformar el mundo generando impacto positivo en los demás.

Así­, con este propósito -más allá del aprendizaje mutuo que las diferentes experiencias desarrolladas a lo largo del mundo y los avances aportados a los modelos y conceptos en materia de competitividad, clusterización, estrategia, liderazgo, innovación, valor compartido y desarrollo endógeno como guí­as de nuestro trabajo-, el encuentro contó con un nuevo mensaje provocador, valiente, arriesgado y comprometido. Porter, en su permanente viaje estratégico hacia la competitividad, explora el mundo de los gobiernos y de la polí­tica en relación a su capacidad real de dar respuesta a las demandas y desafí­os exigibles por el bien común y los complejos y volátiles tiempos que vivimos. Si ya hace un año publicaba una primera aproximación a la idea de que uno de los mayores impedimentos para el buen desarrollo de la economí­a estadounidense era Washington, en esta ocasión ha presentado una nueva publicación sobre por qué la ausencia de competición real en la industria de la polí­tica en Estados Unidos está fracasando (Why competition in the politics industry is failing in America. A strategy for reinvigorting our democracy), aportando una novedosa aproximación conceptual y práctica que recomienda una lí­nea de trabajo para revigorizar la democracia. En compañí­a de Katherine Gehl, prestigiosa empresaria, ejecutiva y polí­tica con un amplio trabajo de investigación social y activa, Porter no aborda este trabajo por casualidad. En 2016, tras casi dos años de trabajo, junto con otros colegas de la Universidad de Harvard, publicaba los resultados de una macroencuesta realizada a todos los egresados de la Universidad en los últimos 15 años, la inmensa mayorí­a de los cuales ocupaban puestos relevantes en el mundo de la empresa, el gobierno, la academia y las instituciones sin ánimo de lucro. El informe (Problems unsolved and a divided nation. US Competitiveness Project) comparaba el estado de la competitividad de los Estados Unidos con los primeros paí­ses del mundo, y no salí­a muy bien parado, mostrando una grave caí­da en los rankings históricos. Llamaba la atención que el factor destacado como principal obstáculo, débil y en progresivo deterioro, era «el sistema polí­tico estadounidense». Situado en el peor de los cuadrantes resultantes, contrastaba con la manifestación de la importancia que los mismos encuestados daban a contar con un buen sistema polí­tico que, además de garantizar la democracia, actuara motivado por el bien común afrontando los riesgos y desafí­os, en este caso, de la competitividad de su paí­s, economí­a y sociedad. La conclusión era despiadada: «Si bien en el pasado era admiración y referente mundial de innovación, modelo democrático y de impulso económico, hoy es el mayor de los obstáculos para afrontar los desafí­os del mañana».

A partir de ahí­, el trabajo se centró en un novedoso análisis del sistema y la polí­tica como una industria en sí­ mismo. Aplicando su contrastado y prestigiado modelo de las cinco Fuerzas como herramienta indispensable para analizar cualquier industria en la que se sitúa cualquier empresa en cualquier lugar, se analizó la Industria de la Polí­tica estadounidense. Entresacamos algunas claves.

La primera preocupación y motivo de seria reflexión es la constatación de que pese a lo que se cree, «la polí­tica americana no está fracasando en su objetivo, porque precisamente, su objetivo no es el servicio o bien común sino la pervivencia del duopolio que la propia clase polí­tica se ha encargado de crear, fortalecer, reforzar y blindar con sus propias reglas del juego». Por tanto, el sistema no está roto sino que hace aquello para lo que ha sido diseñado. Desgraciadamente, según este análisis, mientras la sociedad espera del sistema polí­tico del que se supone se ha dotado de forma libre y democrática, soluciones reales, eficientes, efectivas y aplicables en tiempo, forma y coste equitativos e inmediatos a sus problemas sentidos o percibidos con intensidad por las mayorí­as y, en especial, por las clases desfavorecidas, el sistema aplaza promesas, no propone soluciones aceptables y, lo que es peor, los pospone evitando riesgos con la complacencia de un electorado que les ha elegido y que, no obstante, no exige ni evalúa resultados. El informe se detiene en un minucioso catálogo de datos elocuentes. Mientras el 78% de las iniciativas en el 114 Congreso americano quedaron en el tintero, bloqueadas por el partido que no las presentaba, o las grandes reformas anunciadas (la fiscal, de salud o de control del déficit) que defendí­an en campaña la totalidad de los candidatos con el presidente Obama a la cabeza y la corresponsabilidad del lí­der de la oposición republicana, se convirtieron en vanas esperanzas no aplicadas, ninguno fue penalizado en las urnas. Obama repitió mandato, Ryan se convirtió en el lí­der y speaker de la Cámara y el 90% de los representantes y congresistas elegidos repetí­an escaño.

Otra denuncia del informe es el hecho de que la no competencia o competencia bipartidista en duopolio es escasamente saludable. Se trata de posicionarse con mensajes y actitudes mutuamente excluyentes, demonizando al contrario con o sin justificación y razonamiento alguno, salvo en casos de acuerdos del establishment, generalmente a favor del mantenimiento y blindaje de las propias reglas del juego que les hacen perdurar intercambiando continuamente puestos, posiciones de representación y financiación lateral o paralela. Un sistema que ha corrompido la comunicación abierta y transparente y que utiliza los instrumentos oscuros del Estado -aquí­ les llamarí­amos «las cloacas del Estado» de las que Felipe González se jactaba de utilizar para defender la democracia y de las que el Gobierno Rajoy ha hecho un buen uso como el ejercicio de la policí­a polí­tica ha demostrado con las acciones de sus ministerios del Interior- y las frecuentes fake news (noticias falsas) desde el corazón del gobierno, sus servicios de inteligencia o medios de comunicación afines.

Este pequeño muestrario de su análisis se extiende a todos los elementos que componen la «nueva industria» y se cierra con un capí­tulo de recomendaciones que tienen dos destinatarios: uno, el propio sistema y sus jugadores; son ellos los que pueden y deben cambiar sus objetivos y reglas del juego atendiendo a lo que llamarí­amos los cambios y megatendencias de los ciudadanos si quieren mantener el modelo, de la misma forma que las empresas han de entender los tiempos y olas de cambio en las reglas del juego y la entrada de nuevos jugadores, la polí­tica estadounidense debe afrontar su propio cambio. Y dos, la sociedad civil estadounidense, quienes consolidan y blindan la industria polí­tica, son precisamente los ciudadanos que les votaron y dieron un mandato determinado. Si el sistema falla y/o no responde a lo que la ciudadaní­a espera, está en sus manos su transformación.

Sin duda, se trata de un informe que ha de generar una gran polémica. Entre otras cosas, ¿el sistema y polí­tica estadounidense es una industria en si misma? ¿Es una industria especial que ha de cumplir reglas del juego diferentes a las de otras? ¿Es en realidad el gran obstáculo de la competitividad y prosperidad de los Estados Unidos? No hay respuestas concluyentes, pero sí­ preguntas a plantearse. Por encima de todo, la relevancia de la importancia e impacto de la polí­tica y los gobiernos en la economí­a, el bienestar y la prosperidad incluyente de los ciudadanos. La polí­tica y las cosas del gobierno no son cuestiones separadas y aplazables en el tiempo de las cosas «que de verdad importan» a las personas y a las empresas. Estados Unidos parece entenderlo y muestra su preocupación por el estado de la cuestión. Su rol mundial decrece; su liderazgo competitivo, también, las desigualdades en su seno aumentan y la insatisfacción se generaliza. Los estadounidenses valoran el papel de la polí­tica y sus gobiernos como elementos esenciales en la solución, pero hoy muchos (uno de cada cinco) lo ve como el mayor obstáculo para la solución de sus demandas y desafí­os. Esto también es competitividad, riqueza, bienestar, igualdad y co-crear valor y prosperidad.

(Artí­culo publicado el 26 de Noviembre)

El pasado 20 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea (General Affairs Council) decidió la relocalización de dos importantes Agencias europeas, hoy residenciadas en Londres, en nuevas sedes una vez concretado el Brexit a partir de marzo de 2019. La Agencia Bancaria Europea (EBA) dejará su entorno en la potente City londinense para alojarse en Parí­s. Relevantes plazas financieras como Frankfurt o Dublí­n vieron no elegidas sus candidaturas. En paralelo, otra Agencia Europea, la de Medicamentos (EMA), fue asignada a ímsterdam, elegida entre 16 ciudades con potentes y cualificadas alternativas (Copenhague, Milán, Dublí­n… y, por supuesto, Barcelona).

La European Medicines & Science Medicines Health Agency (EMA), a través de su Presidente, celebraba la decisión y se preparaban para afrontar los 16 meses de traslado de operaciones, destacando cómo «ímsterdam cumple con la gran mayorí­a de nuestras inquietudes y deseos y, ofrece excelente conectividad, con extraordinario espacio adecuado para nuestra instalación acorde a nuestras necesidades, responde a nuestra demanda concreta para el buen desarrollo de nuestras actividades, ha dado preferencia a nuestro modelo de negocio al servicio de la salud pública y animal y, sobre todo, responde al deseo de nuestros funcionarios y empleados cuya gran mayorí­a mostraba su preferencia en trasladarse a ímsterdam»

Con esta decisión, la importante Agencia Europea, responsable de la evaluación cientí­fica, supervisión y monitorización de la seguridad, calidad y eficiencia de los fármacos tanto en los hoy 28 Estados Miembro de la Unión Europea, como de los paí­ses del espacio económico europeo (E.E.A.), garantiza la continuidad ordinaria de su trabajo y responsabilidad en Londres con su nuevo anclaje en ímsterdam en pleno corazón de la permanente «banana azul», espacio de máximo desarrollo y bienestar de nuestra Europa. Y la Agencia seguirá hablando inglés.

La decisión de la Unión Europea ha provocado una enorme y desabrida batalla mediática, «polí­tica» y de «pseudo especialistas» en el Estado español y ninguna controversia, ni en los otros 18 aspirantes, ni en los 27 Estados Miembro (la salvedad obvia es España) y compañeros de viaje, ni en el mundo de la industria farmacéutica, ni en las personas directamente implicadas en el traslado, personal y familiar, desde Londres.

La «España no nacionalista», sin embargo, nos contaba el éxito de Barcelona antes de concurso alguno. Como es habitual en sus discursos propagandí­sticos mediáticos, «Barcelona es la mejor opción técnica», despreciando cualquier otra alternativa. Como siempre, siguiendo la cansina costumbre futbolera y deportiva, que constituye una especie de enfermedad de superioridad a la española, proclamando siempre que se trata de la mejor liga de futbol del mundo, de la mejor o única selección del tal o cual deporte, las competiciones son ganadas antes de iniciar los encuentros y se pierden, casi siempre, por «cuestiones extrañas ajenas a la esencia de la decisión». De la misma forma que Madrid ha perdido siempre que ha invertido en sus ofertas para organizar los Juegos Olí­mpicos, «pese a tener la mejor propuesta, el despliegue incomparable de la Corona y su influencia mundial, así­ como el gran aparato diplomático español» (al parecer no basta con ofrecer un café con leche en la Plaza Mayor), supuestamente por oscuras razones, en esta ocasión, Barcelona no ha resultado elegida. (Recordemos que, de las 33 Agencias europeas existentes, 5 tienen su sede en el Estado -Vigo, Madrid, Alicante, Barcelona y Bilbao- y cuando fueron elegidas nadie argumentó razones extrañas).

Sin duda alguna, Barcelona era una muy buena candidata. La única opción válida en el Estado español, con fortalezas relevantes como ciudad amable y visible, como hub biotecnológico del Mediterráneo y la Europa del Sur, con una relevante oferta de talento y servicios complementarios para el desarrollo ordinario de una Agencia como la EMA. Personalmente, no oculto mi simpatí­a, sin ningún tipo de duda, por Barcelona-Catalunya tanto por mi vinculación y empatí­a, valoración de la Ciudad-Nación, como por razones personales y profesionales. Pero… ¿y ímsterdam?, ¿y las diferencias entre las ofertas presentadas?

Si alguien se toma la molestia de repasar y comparar las ofertas presentadas por las diferentes ciudades candidatas, quizás puede entender cómo, más allá, de las, sin duda, connotaciones polí­tico-económicas-sociales que concurren en la relación Catalunya-España, existen cuestiones objetivas, nada extrañas, favorecedoras de la decisión tomada.

«The Dutch Bid» (la propuesta holandesa), recogida en un extraordinario y sencillo documento de 84 páginas, da coherencia a una oferta ganadora que responde, con exactitud a lo que se pedí­a: «Responder a las necesidades concretas de la EMA», es decir, acoger a la Agencia, a su staff y familias, garantizar la continuidad ordinaria de sus trabajos (tanto ahora, en los próximos 16 meses mientras continúe trabajando en Londres, como a partir del momento cero de la nueva sede) y fortalecer un futuro avance y desarrollo en sus tareas a partir de 2019, con carácter, en principio, definitivo. Esta oferta holandesa, entiende la Agencia, más allá de su núcleo básico, como una potente red clusterizada en el mundo de la salud a cuyos actores relevantes y relacionados (profesionales y empresas de servicios, industria farmacéutica, profesionales de la salud, financiación experta y especializada, propiedad intelectual, espacio de investigación e innovación…) ha de acoger de igual forma. De esta manera, el Gobierno holandés centró y concretó una propuesta «empaquetando» todos los elementos necesarios para responder a la necesaria continuidad operativa de la Agencia, sin sobresaltos, facilitando, también, la coordinación con todas las Agencias Reguladoras en los diferentes Estados Miembro y del EEA, desde la relevante y probada experiencia de la reconocida Agencia holandesa del Medicamento que extiende su brazo a lo largo de los cinco continentes.

A partir de aquí­, una sencilla, a la vez que clara y potente explicitación del «paquete ofertado», se articula en cuatro elementos clave perfectamente interrelacionados y coordinados: Continuidad (Real Estate, operaciones, servicios, gestión del perí­odo de transición y solución, ad hoc, llave en mano, con un esquema financiero y subvenciones públicas especí­ficas), Conectividad (insuperable conectividad: hard y soft, aeropuertos, conexiones ferroviarias, automóvil y sistemas de transporte eficientes y de altí­sima frecuencia con conexión directa con todas las capitales Europeas, desde un hinterland privilegiado, a 92 minutos en coche de Bruselas y una pieza clave soportada en el conocimiento y uso ordinario del inglés por el 90% de la población, además del ecosistema para la industria de salud y medicamentos), Compromiso (para el traslado y acogida, para el desarrollo y potenciación de la Agencia y su entorno profesional clusterizable, así­ como un potente plan para expatriados y sus familias) y Comunidad (la oferta real de una Comunidad escolar internacional y empleo para parejas y familiares, prestaciones de vida desde el momento de su llegada, acceso a financiación, condiciones fiscales, etc.). 4C’s, más allá de un simple marketing nemotécnico.

Esta propuesta, además de firme, no solamente viene descrita como una pieza literaria en un relato prometedor, sino reforzada con todo tipo de datos contundentes. No se describe todo lo que es o tiene Holanda o ímsterdam, sino aquello especí­fico y diferencial para las necesidades y demandas concretas de la Agencia (no es relevante que el Estado tenga 52 aeropuertos de diferentes niveles -como anuncia la candidatura española, por ejemplo-, sino tres concretos a menos de 30 kilómetros, uno de ellos a 6 minutos en tren al Centro de Acogida de la nueva ubicación; o «ayuda en la búsqueda de empleo», sino «gestión personal directa en una economí­a con el 5,5% de desempleo»). No resulta ocioso que todos los indicadores que destaca la oferta de Barcelona se ven superados uno a uno por ímsterdam: Número de ciudades conectadas, distancia y tiempo a puntos de interés, número de empresas farmacéuticas relacionadas, centros de formación médico-sanitario, número de empresas de servicios profesionales especializadas en salud, presupuestos en I+D+i en salud, presupuestos y aportaciones de la Agencia Reguladora «Nacional» en cada caso, tasa de creación y supervivencia de start ups Bio, número y variedad de centros o escuelas internacionales… Y, sin duda, ubicación. Así­, la sede propuesta (Zuidas en ímsterdam o la Torre «Agbar» de Barcelona) presenta especificidades muy concretas para su uso inmediato y futuro.

Es decir que, merece la pena repasar «la mejor oferta técnica», compararla con la ganadora, de manera que no solamente seamos medianamente objetivos sino, ser conscientes de los espacios de aprendizaje y mejora existentes. Solamente de esta forma se puede mejorar y fortalecer una oferta de atracción y sede y, sobre todo, el desarrollo de hubs económicos de desarrollo.

Así­ las cosas, resulta evidente contemplar el contexto polí­tico-económico-social en el que se produce la decisión.

Sin embargo, al margen de contenidos concretos de la oferta, la mayorí­a de las voces se aproximan desde el paraguas mediático dominante: «el independentismo penaliza Barcelona», como reclamo unilateral del «constitucionalismo español» instalado que, en histérica expresión de la Ministra de Sanidad, «es el peor virus. No aman ni a España, ni a Catalunya, ni a Europa», su particular nacionalismo español parecerí­a irrelevante en su concepción y supuesto trabajo europeo. Si queremos enunciar elementos influyentes en este aspecto, merecerí­a preguntarse en qué medida, más allá de voluntades, culpas o protagonistas, en torno al concepto y contexto actual, han influido algunos elementos clave: más allá de la objetividad y racionalidad de una propuesta singular, ¿ha pesado la situación polí­tica y contexto actuales en Barcelona-Catalunya-España?, ¿qué ha tenido más impacto?: un «procés» a lo largo de los años mostrando a Europa una permanente movilización ciudadana pací­fica, creciente dí­a a dí­a, reclamando su autogobierno, en Europa, a través de un nuevo modelo democrático de relación con el Gobierno Central y diferentes pueblos en el Estado español, o la incomprensible no gestión de una posible consulta popular, o la intervención del Gobierno Central con el apoyo de un poder judicial en cuestión, con la cobertura de un Senado oscuro e inoperante, suspendiendo una Autonomí­a, encarcelando a un Gobierno legí­timo y suprimiendo un Parlamento democráticamente elegido con la excusa de «devolver la voz y voto al pueblo» hasta que vote lo que quienes no ganaron las elecciones esperan. ¿Habrán impactado las imágenes de una policí­a encerrada en los muelles de la ciudad para intervenir y volver a casa? ¿Llamarí­a la atención de un Jurado ocupado en residenciar una serie internacional en una ciudad distintiva, la incomprensible intervención exprés de un Gobierno «invitando» a las empresas a salir de Catalunya violentando sus propias leyes de Sociedades de Capital, derechos de los accionistas y ruptura de reglas ordinarias del «mercado» y tejido socio-económico existente? ¿Pesarí­a en esta decisión el peso real de una España cuestionada en Europa tanto por la corrupción y cuestiones judiciales asociadas, abiertas y en curso, que implican al Presidente del Gobierno ya su partido? Más allá de palabras de cortesí­a del Presidente Jean-Claude Juncker, ¿preocupará el hecho de que el Gobierno español «de acogida», tenga a sus ministros clave reprobados por el Congreso?, o finalmente, ¿la eficiencia de la diplomacia española, su inteligencia comercial o estrategia de interacción europea es tan relevante como se proclama?

Efectivamente, las autoridades españolas han presentado una propuesta para Barcelona, demostrando en la práctica su incómoda relación con la ciudad y con el Gobierno de Catalunya y su escasa aceptación Institucional en el «territorio de acogida». En su propio alegato han reclamado de los jueces decisores del concurso, valorar la conveniencia de «repartir Agencias» a lo largo de diferentes Estados Miembro y han puesto el acento en la «Europa del Sur». Holanda ha hablado de ímsterdam y Europa. Cada uno ha jugado sus legí­timas bazas y, en esta ocasión, ha resultado elegida ímsterdam. (En unos dí­as, Europa-España, jugarán otro reparto de roles en el ámbito económico-financiero. Si se elige un español ¿será por ser «el mejor preparado del mundo»?)

En lo personal, como ya he mencionado, mi simpatí­a estaba con Barcelona. Bienvenida ímsterdam. Aprendamos de la experiencia. Quizás merezca la pena repasar las 16 ofertas y candidaturas. Sin duda nos llevarí­amos muchas sorpresas y aprenderí­amos potenciales soluciones para futuros proyectos y algo más de las fortalezas y bondades reales de las capitales candidatas, de su entorno y ecosistemas de salud y, sobre todo, de su realidad y potencia económica, social y polí­tica. Toda una rica y variada Europa que nos interesa a quienes de verdad amamos Europa aunque queramos construirla de otra manera.

(Artí­culo publicado el 12 de Noviembre)

El primer alcalde de la democracia, Jon Castañares, se concentró en ordenar la contabilidad y los servicios esenciales de un deteriorado Ayuntamiento heredado del franquismo, en un contexto de declive económico, polí­tico y social que parecí­a no tener futuro. Si bien, anclado en un pasado histórico de vanguardia que siempre habí­a mirado a Europa y al mundo, mantení­a la esperanza de iluminar el apagado entorno rodeado de tristeza, pesimismo y abandono o déficit (infraestructural, de servicios, de proyectos) en un marco de desanexiones reconfigurando los lí­mites de la ciudad.

Desde ese inicial punto de partida, el alcalde de la emergencia, José Luis Robles, tras las inundaciones de saldo mortal y destructivo, se volcó en la reconstrucción de un Casco Viejo otrora y hoy vibrante y dinámico, haciendo de la necesidad oportunidad en un intento de recuperar el orgullo, identidad y compromiso de nuestros ciudadanos. Josu Ortuondo lidió con la descalificadora etiqueta de la ciudad de las maquetas, promoviendo infraestructuras y proyectos clave para la transformación de la villa, inventando unas finanzas colaborativas que posibilitaran acometer inversiones que hoy disfrutamos. Gorordo y Duñabeitia en su tránsito impulsor de la ciudad, la aproximación a la calle y a iniciativas que, con el tiempo, fueron base de proyectos hoy alternativos de gran valor urbano. Iñaki Azkuna añadió una impronta personal que coronó su trabajo con el premio al mejor alcalde del mundo, que reconocí­a el binomio ciudad-alcalde. Y hoy, Juan Mari Aburto, enfrenta el avance imparable de una ciudad que no para y que ha hecho de la transformación y la innovación permanente -conjugando fortalezas, ADN y valores- pilares de un nuevo futuro por seguir construyendo. Un tracto positivo y discontinuo del buen hacer de nuestros alcaldes que siempre han sabido interactuar con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco en este complejo y apasionante viaje.

El último reconocimiento internacional (Bilbao Mejor Ciudad Europea 2018, concedido por The Academy of Urbanism), pone en valor la relevancia de Bilbao en la convergencia de elementos esenciales en materia de urbanismo, desarrollo sostenible y medio ambiente, finanzas y transparencia, gobernanza, aspectos sociales y desarrollo inclusivo, identidad e innovación. Y aporta un galardón más al prestigioso currí­culum de la villa como La Mejor Ciudad-Región del Mundo (Premio Lee Kuan Yew), cuyo jurado internacional basó en criterios de liderazgo participativo estable, estrategia y visión explí­cita y aplicada, instrumentos adecuados de implementación, colaboración público-público y público-privada, identidad y cultura, conjuración de polí­ticas económicas y sociales y urbanismo responsable en respuesta a las demandas de un vector económico de transformación social. En esta lí­nea, Isocarp (International Society of City and Regional Planners) distinguió a nuestra Ciudad-Región Bilbao-Euskadi como modelo para la generación y transformación de «espacios hacia una economí­a creativa» (Making Spaces for the Creative Economy 2005). Y el World Economic Forum incluyó a Bilbao como modelo y caso de estudio para su Informe City Competitiveness como ejemplo vivo de los determinantes de las Ciudades-Región competitivas para un mundo global en plena transformación.

El premio recogido en Londres por nuestro alcalde es, ante todo, un reconocimiento a una larga trayectoria tras un propósito estratégico comprometido con el bienestar de la ciudadaní­a, la competitividad de sus empresas e instituciones y el desarrollo inclusivo, sostenible en el tiempo. Es un estí­mulo más para renovar compromisos y transitar hacia un futuro plagado de nuevos desafí­os, que exige coraje colectivo para asumir y gestionar riesgos. No es ni fruto de la casualidad, ni un episodio anecdótico.

Más allá de la ciudad

Bilbao es un referente mundial en el concierto internacional. Pero, como hemos puesto de manifiesto en el breve recorrido de la mano de los alcaldes de nuestra reciente democracia (todos ellos pertenecientes al PNV, por cierto, encabezando las corporaciones pluripartidarias que lo han hecho posible), el resultado obtenido no se puede entender en el ámbito municipal limitado a la demarcación de la ciudad. Bilbao-Euskadi, como Euskadi-Hiria o Ciudad-Región Vasca, explica el verdadero resultado observable. La batuta (o makila) de la ciudad ha exigido la alianza público-público con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco (como instituciones diferenciales, planificadoras, ejecutoras, acompañantes) en este proceso transformador, así­ como de la indiferenciada actuación ordinaria de otras administraciones (Gobierno español, Unión Europea) en la aplicación de las polí­ticas generales a disposición de toda ciudad o región. Conviene precisarlo y distinguirlo, ya que cuando se trata de explicar la estrategia diferencial en la transformación de una ciudad (como el caso de Bilbao) cara a entender y extraer conclusiones sobre las mejores prácticas para ser utilizadas en otros lugares, se cae en el error de confundir etiquetas y actores prescindiendo de los contenidos reales, de los intangibles, del ADN de las ciudades y del rol real de las instituciones y actores implicados. En este sentido, podemos mencionar tres ejemplos que nos pueden aportar suficiente perspectiva.

Uno: el alcalde de una ciudad española abordó el diseño e implementación de la estrategia de su ciudad, contando, sobre el papel, con el apoyo de las fuerzas vivas de la ciudad. Querí­a replicar la planificación urbana en base a su adecuación a Bilbao y hacer que una sociedad de reciente creación con el entonces Ministerio de Transportes español, de estructura idéntica a la Sociedad Bilbao Rí­a 2000, funcionara (no es ocioso mencionar que el alcalde en cuestión y el ministro/gobiernos de turno, pertenecí­an a un mismo partido). Pues bien, hoy es el dí­a que ese Plan Estratégico y esa Sociedad Pública no han logrado ni movilizar a la sociedad, ni mucho menos, transformarla. Caso generalizado en muchas de las ciudades a lo largo del mundo. ¿Por qué contando con los mismos asesores, arquitectos, urbanistas, empresas tractoras, evidencias internacionales, entes financiadores y, en apariencia, planes similares, el resultado es desigual? ADN, capital humano, calidad y compromiso institucional, gobernanza real, cultura, sentido de pertenencia… intangibles que no son replicables en corta y pega. La interacción de la ciudad y su hinterland, un puerto y su despliegue territorial, la modificación de la trama ferroviaria en el interior de la urbe, la promoción inmobiliaria, comercial y urbaní­stica, el tejido económico soporte de la sociedad, la calidad del mapa polí­tico, la apuesta por tu ciudad y paí­s, marcan la diferencia más allá del acceso a la financiación, las agendas públicas o la grandeza de intervención urbana.

Más allá del Guggenheim

Dos: el efecto Guggenheim. No seré yo quien minimice, ni mucho menos, un proyecto estratégico de primera lí­nea como es Guggenheim y mucho menos hacerlo en su exitoso vigésimo aniversario. Lo que sí­ merece la pena destacar es que quienes simplifican con la apelación al efecto Guggenheim en la transformación de la ciudad, del paí­s, se dejan en el camino muchos elementos esenciales que configuran el resultado actual Bilbao-Euskadi. Guggenheim Bilbao, sin duda alguna, ha marcado de forma significativa, nuestra percepción y apreciación en el mundo. He dicho (y publicado) a lo largo de cientos de intervenciones por el mundo (desde mi propia posición en el proyecto y en el Consejo de la Fundación en Nueva York), que existe una aproximación inversa al binomio inseparable Bilbao-Guggenheim. Desde la apertura de Guggenheim Bilbao Museoa, cientos de ciudades del mundo han acudido a la Fundación en Nueva York, solicitando un Guggenheim Bilbao. Se han analizado (en diferentes grados) un sinnúmero de ciudades, se han acordado alianzas concretas y, a fecha de hoy, tan solo se ha cerrado una de ellas (Abu Dabi) en proceso y previsión de apertura en torno a 2021. El verdadero elemento tractor arte-economí­a-territorio es mucho más que un museo o infraestructura cultural innovadora o un socio de prestigio internacional y lí­der en el panorama cultural. Guggenheim Bilbao ha sido posible precisamente por la convergencia exitosa de tres estrategias únicas diferenciadas, sinérgicas y enriquecedoras entre sí­: una estrategia ciudad-paí­s (Bilbao-Euskadi) para la internacionalización y modernización de nuestra economí­a y nuestra gente con un acelerador regenerador de la ciudad de Bilbao;una estrategia de liderazgo museí­stico-cultural de la Fundación Solomon R. Guggenheim ganando su posición en el ámbito internacional y, por supuesto, una estrategia única de Guggenheim Bilbao Museoa liderando el mundo museí­stico-cultural europeo.

¿Qué ha pasado con la veintena de copias del efecto Guggenheim en ciudades del Estado? Dicho esto, sin duda, el verdadero efecto Guggenheim Bilbao transciende del museo, ha impregnado valores en la actitud y actuación de nuestras empresas, ha fortalecido una mentalidad de prestigio, innovación y unidad en nuestra ciudad, ha generado resultados esperables en el amplio cluster del arte (formación, educación a través del arte, diseño, construcción, arquitectura, comercio, transportes, turismo, logí­stica, gastronomí­a…). Todo un valor al servicio de una ciudad. Desde aquel primer contrato a una firma de arquitectura extranjera (Wilford &Stirling Associates) de la Diputación Foral de Bizkaia para el diseño de la Estación Internacional de Abandoibarra (el primero y único proyecto que aún no ha visto la luz), pasando por la pléyade de primeras figuras mundiales (siempre acompañadas de arquitectos e ingenierí­as vascas) con obra icónica a la vez que útil y al servicio de la ciudad, existe todo un larguí­simo recorrido.

Más allá de su Ayuntamiento

Tres: Bilbao-Euskadi. Un elemento esencial en el desarrollo exitoso de nuestro modelo exige contemplar Bilbao como nodo director, tractor y/o acompañante protagonista de todo lo que sucede en su entorno, en conexión amplia y activa con el resto de territorio vasco, sus instituciones y el conjunto de agentes polí­ticos, económicos, sociales y académicos que lo conforman. Ninguna de las iniciativas concretas, de sus proyectos emblemáticos, de sus logros se entienden sin la complicidad del resto de agentes que hacen de la ciudad-región, el espacio competitivo y solidario que es Bilbao.

Hoy, Bilbao puede y debe enorgullecerse del trabajo bien hecho y del reconocimiento internacional y, sobre todo, ciudadano. Hace unas semanas tuve la oportunidad de comentar con el alcalde la alta calificación que la ciudadaní­a en Bilbao daba a su barrio y a la villa en su conjunto. Valoraba de forma muy positiva su calidad de vida, seguridad, nivel de servicios públicos y el grado de bienestar. Sin, duda, el mejor de los inputs para acompañar y valorar el reconocimiento internacional.

Un merecido premio y, sobre todo, un renovado impulso al compromiso para avanzar hacia una verdadera ciudad de valores, bienestar, desarrollo inclusivo en un cada vez más complejo y desafiante mundo en el que, a medida que pareciera hacerse más global, el verdadero espacio protagonista, de identidad, pertenencia y vida, no es sino local. Una buena noticia para Bilbao.

(Artí­culo publicado el 29 de Noviembre)

Bajo la dirección de mi colega y amigo Amit Kapoor al frente del Instituto para la Competitividad de la India y en colaboración con la Social Progress Imperative, se ha presentado el índice de Progreso social en los Estados (provincias) de la India.

El amplio trabajo realizado sobre la base del SPI (índice de Progreso Social) pretende aportar nuevas herramientas de análisis para la toma de decisiones de empresarios, polí­ticos y «lí­deres transformadores» de la sociedad, entendiendo cómo, pese al avance en desarrollo económico de la India, el desarrollo y progreso social, no se ha dado en la misma proporción y cómo, además, las diferencias entre los diferentes estados no son solamente notorias, sino que, en algunos casos, relativamente sorprendentes, mostrando una más que notable brecha entre el PIB y el desarrollo social. Así­, en un Paí­s-Continente (por definirlo de alguna manera) en el que vive la sexta parte de la población mundial (1.300 millones de personas), con una gran mayorí­a carente del acceso a los servicios esenciales en materia de salud, educación y nutrición y con un 30% de su población rural sin electricidad, o en el que al menos el 35% de los procesos judiciales requieren más de 3 años para completarse, resultaba más que conveniente abordar un proyecto de esta magnitud a partir de la iniciativa, impulso y metodologí­a de Michael E. Porter y Michael Green en su ya acreditada iniciativa para el Progreso Social. Un complejo y riguroso trabajo que permite disponer de herramientas fiables de medición y orientación en las polí­ticas públicas y el uso prioritario de los recursos, dando luz al mundo empresarial para repensar y reorientar sus modelos de negocio y roles particulares.

Si bien a cualquiera que piense en la India ha de resultarle una obviedad hablar de heterogeneidad, diferencias regionales, desequilibrios entre Estados, distritos o barrios, y en consecuencia, darí­a por buenos (e imprescindibles) diferentes modelos y niveles de gobierno, distribución competencial entre unos y otros y estrategias públicas diferenciadas para cada región o ciudad, así­ como estrategias empresariales distintas según regiones o mercados internos por acometer, no les parecerí­a tan evidente trasladar dicha «normalidad» a otros Paí­ses-Mercados del mundo en que operen o vivan,  como lo demuestran diferentes actitudes y decisiones (públicas y privadas) en determinados paí­ses y regiones a lo largo del mundo como en el caso del Estado español tal y como hemos podido comprobar esta misma semana. Como ejemplo, baste referirnos a la «extrañeza» con la que el gobierno español, sus antecesores del PSOE (promotores de la ley), las patronales y algunas empresas multinacionales, han recibido la anulación de los artí­culos esenciales de la Ley de Unidad de Mercado que, en palabras del Tribunal Constitucional, «no ampara situarse en el lugar que se quiera para operar en todo el territorio del Estado sin cumplir regulaciones especí­ficas de diferentes Comunidades Autónomas atendiendo a sus particularidades, determinantes económicos, polí­ticos y sociales». Levantan la voz y «advierten» del peligro de no contar con licencias únicas, modelos y organizaciones de gobierno centralizadas e iguales y «ventanilla única» adecuadas a su propia organización interna.

Algo tan elemental permite acercarnos a la esencia del trabajo en cuestión realizado en India. Recordemos que el mencionado índice incluye, en exclusiva, indicadores sociales en cuanto a necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades (derechos, libertades, tolerancia, inclusión y acceso a la educación avanzada). Más allá del PIB (Producto Interior Bruto) de muy reciente uso (1944), cuando los determinantes y manera de entender la economí­a eran muy diferentes a los de hoy, y que ha «facilitado» una manera supuestamente homogénea de medir las economí­as y su rendimiento regional, y que ha condicionado de manera excesiva (y excluyente) las polí­ticas públicas (economí­as y sociales) en las últimas décadas, la realidad pasa factura y las desigualdades, carencias y no acceso desde la base a cifras globales, ha venido generando la necesidad de nuevas maneras de observar el mundo, la economí­a, la interacción economí­a-sociedad en el ámbito de nuevos espacios y objetivos de inclusión. Así­, siendo relevante el crecimiento económico, resulta insuficiente para el bienestar y progreso social de las ciudades, demandantes, dí­a a dí­a, de nuevas medidas, polí­ticas y soluciones de sus gobiernos. Un ejemplo de esta disociación real lo hemos tenido esta misma semana con la presentación del Plan de Trabajo de la Unión Europea para el 2018, cuyo preámbulo y objetivo destaca la importancia del crecimiento económico global de la Europa 27 (2% del PIB) haciendo nula referencia a las diferencias no ya solo entre Estados o regiones europeas (ni siquiera de «los 98 nuevos problemas de gobernanza» que señalaba Juncker para despejar el asunto Catalunya-España), sino entre ciudadanos europeos. Su olvido y tendencia es más que significativo de las prioridades europeas para su último ejercicio en la Comisión. (Un horizonte nada apetecible, no ya para «los 98″ que queremos otra y más Europa, sino para los 27 post Brexit). En esta lí­nea en apariencia dominante en el pensamiento globalizador, el Informe en la India aporta aires nuevos y permite observar relevantes contradicciones, como por ejemplo la dualidad entre desnutrición (estados pobres) y obesidad (paí­ses ricos) en materia de salud, o el avance en términos de valor en salud en regiones menores y otrora más desatendidas gracias a polí­ticas de saneamiento, agua y comunitarización de la atención en salud, con el apoyo de iniciativas endógenas, mejorando considerablemente la salud en dichas regiones con un deterioro significativo en ciudades y regiones «ricas». Polí­ticas diferentes, estrategias micro, ad hoc, marcan la diferencia. Resultados o indicadores que invitan a los lí­deres transformadores a repensar su gobernanza y modelos de solución focalizando sus recursos en aquellos elementos tractores del cambio, con un claro aviso en las primeras conclusiones de los autores del Informe: imprescindible asociar indicadores y desarrollo económico al progreso social, «bajar» el índice Medio Paí­s a cada uno de sus 28 Estados y al territorio Delhi, desglosando su peso y componentes sociales, el verdadero impacto lineal del rendimiento económico con el social (observando grandes disparidades como, por ejemplo, el escaso impacto relativo del desarrollo económico en el valor de la salud o determinados espacios del bienestar, tal y como ya lo habí­amos conocido en Estado Unidos, por ejemplo, en el que destinar el 18% de su PIB en salud no evita que sea uno de los paí­ses del mundo con peores sistemas de salud y población atendida), un mejor impacto y mejorí­a en necesidades básicas que en «oportunidades de futuro» (aumento constante de la brecha «ricos-pobres» a lo largo del tiempo). Y, por encima de todo, un claro valor aportando caminos a recorrer para el cambio hacia agendas para un desarrollo integral menos distante entre regiones y comunidades, identificando los espacios y nichos reales de inversión por acometer.

Conclusiones válidas para la India y, en general, para cualquier lugar del mundo. Así­, no muy lejos de allí­ (en términos relativos), el reciente Congreso del Partido Comunista chino, se ha dotado de su renovada estrategia incorporando a su Constitución «el pensamiento de Xi Jinping». Su visión 2050 le lleva a «hacer que China se alce por encima de todas las naciones del mundo para una nueva era». Dentro de sus «seis estrategias esenciales» destaca la reestructuración del mundo rural, el desarrollo interregional coordinado y reformas institucionales regionalizadas al objeto de «llevar el éxito perseguido a todos los territorios de China». Las «mil Chinas» que conforman este gran gigante exigen estrategias e Instituciones propias, más allá del liderazgo observable en Beijin, desconcentrado en sus 2.500 delegados y decenas de miles de ejecutores a lo largo del Paí­s.

No es de extrañar, en un plano muy distinto y distante, que los Acuerdos de Paz en Colombia hayan dedicado una parte relevante de los mismos al diseño e implantación de «Estrategias integradas regionalizadas» para la «otra Colombia» y sus zonas rurales, objeto de aislamiento y marginación (real o relativa) a lo largo de su historia con el compromiso de institucionalizar nuevas polí­ticas de salud, educación y desarrollo inclusivo contando con las variadas poblaciones (también con gran diversidad lingí¼í­stica y cultural) y sus «Comunidades endógenas».

India, China, América, Europa… Todo un mundo a la búsqueda de modelos propios y diferenciados. El progreso social, el desarrollo inclusivo, reclaman su consideración como objetivo prioritario. Empeñarse en medir con indicadores del pasado por muy confortables que parezcan, en mantener estructuras «nacionales-estatales» centralizadas y alejadas de las realidades diferenciales en el interior de sus Estados del pasado, basados en la confortabilidad de sus estructuras heredadas y no afrontar cambios deseados e inevitables, por temor o pereza a transitar la complejidad de su gobernanza, solamente lleva al fracaso tarde o temprano y es, sobre todo, una irresponsabilidad. Anclarse en el pasado heredado y no asumir el riesgo del futuro deseado supone agravar los problemas, consolidar la desafección y hurtar al derecho a una vida digna, socialmente exigible.

Bienvenido este nuevo trabajo sobre la India que, además, refuerza el gran avance del SPI y la iniciativa de proceso social emprendida hace unos años y a la que Euskadi, como en otros campos, se incorporó desde sus momentos iniciales. Un largo camino por recorrer sabiendo que la luz que genera, ayuda a entender las causas y consecuencias de las decisiones por tomar. Un facilitador para el logro de propósitos al servicio de las personas.

Una vez más, hoy más que ayer, hemos de insistir en el trinomio diferenciado economí­a-sociedad-territorio bajo objetivos únicos y distintos de desarrollo inclusivo, desde el autogobierno indispensable para apropiarnos de nuestro futuro. El mundo real no permite separación de fases, estadios y tiempos: hoy crecimiento, mañana reparto, pasado organización y polí­tica. Por el contrario, todos ellos son componentes indisociables de un mismo tiempo, necesidad y objetivo, conformando elementos esenciales de las estrategias y polí­ticas transformadoras.

Nuevos tiempos, nuevas lecciones aprendidas, nuevos propósitos, nuevos instrumentos y nuevos jugadores.

(Artí­culo publicado el 15 de Octubre)

Ya sabemos que el pasado 1 de octubre la convocatoria de la Generalitat a decidir ví­a referéndum en torno a la voluntad de los catalanes a transitar hacia una República independiente en Europa, recibió el apoyo mayoritario de quienes acudieron a votar superando todo tipo de miedos, mensajes apocalí­pticos y la fuerza arrasadora de los aparatos del Estado unitario. Sabemos, también, de las atrocidades que le han seguido desde un Estado que pregona su compromiso con la ley, siempre que su decisión e interpretación unilateral sea gestionada por su establishment y el estatus quo extienda su inercia conformista con un modelo de relación inamovible. Sabemos también que el Parlamento Catalán ha asumido la Independencia como consecuencia de la decisión mayoritaria en el tormentoso referéndum y que ha ralentizado -en una difí­cil invitación a la mediación internacional y al pacto- su materialización o desconexión negociada (sobre todo con los poderes del Estado español y, por supuesto, con la Unión Europea de la que, en principio, desea seguir formando parte como ciudadanos europeos de pleno derecho que lo son hoy en dí­a). Y sabemos, finalmente, que guste o no, el modelo de la transición exige una radical transformación del llamado «Estado autonómico». Catalunya, Euskadi, España, Europa, estamos en juego y es momento, inaplazable, de recomponer un modelo nuevo, desde la confortabilidad de todos. Proceso que será coincidente, en el tiempo, con la inevitable reforma o iniciativa para repensar Europa y no solamente como consecuencia del Brexit, sino de las propias ineficiencias, insatisfacciones y nuevos desafí­os y deseos europeos, en un contexto mundial complejo y lleno de tendencias novedosas que, queramos o no, están o llegarán para condicionar nuestra elección futura, sabedores que no se trata de esperar para ver que es lo que sucede, sino de apropiarnos de nuestro futuro y hacerlo posible conforme a nuestras aspiraciones.

Conocemos, de igual forma, tanto la respuesta del Gobierno español, su mayorí­a unionista en España -claramente minoritaria con tendencia a lo marginal en Catalunya y Euskadi- reclamando la existencia perenne de un Estado unitario y único en función de la herencia que entienden inamovible, apoyada por  una  orquestada sintoní­a mediática, reflejada, por ejemplo, en el titular de un importante medio económico editado en Madrid: «Chantaje Inaceptable», desplegando su intensa cobertura a su serie «desafí­o secesionista» inspirada en la «oleada de empresas que huyen de Catalunya» y destacando que «el dinero y todos los comportamientos de carácter económico son decisiones racionales y si las empresas desean seguir en los mercados internacionales han de cambiar de sede». Sin duda, la peor semana elegida para hacer dicha afirmación, como veremos más adelante, al coincidir con la distinción del nuevo premio nobel de economí­a para profesor Richard H. Thaler.

Sin duda alguna, economí­a y polí­tica resultan inseparables y su interdependencia es y será de enorme relevancia en lo que el futuro depare en el Procés y su curso. En esta lí­nea, un penúltimo episodio en la batalla articulada por el Gobierno Rajoy en su objetivo de impedir un referéndum en Catalunya y el posicionamiento de su Parlamento tras los resultados esperables, ha sido el golpe «facilitador del cambio de Sedes Empresariales» a través del Boletí­n Oficial del Estado, previa generación del contexto adecuado que lo justificara con el apoyo, voluntario o impuesto, de sus aliados económicos o de las empresas necesitadas de un cambio sugerido, previsor , ideológico o, también en algún caso, de negocio.

Los ya viejos y conocidos juegos de la «Inteligencia de Estado», amplificados por una amplia baterí­a de medios de comunicación y de «Informes cualificados», además de portavoces empresariales, campañas de descalificación y boicot del mercado y temores infundados engañando a la población, dieron sus frutos para «justificar» una medida distorsionadora de la realidad económico-empresarial y ganar el efecto temor, mediático, necesario para provocar una generalizada sensación de descalabro, pretendiendo presionar la etapa «final» del Procés en su esperada cita del pasado martes.

De la misma manera que los ya hoy nada sospechosos (sino plenamente descalificados) «Informes objetivos y rigurosos» que sirvieron para mentir sobre el «coste de la NO España» contra el proceso para el Nuevo Estatuto Vasco con el Lehendakari Ibarretxe, o la «pobreza galopante» que aquejarí­a a Escocia fuera del Reino Unido o la insignificancia y crisis económico-financiera del Reino Unido (UK^–) tras el Brexit, la «inviabilidad de una Catalunya independiente» estaba servida. Desgraciadamente, para quienes generaban estos mensajes, Catalunya continuaba ofreciendo resultados que reflejaban una productividad que triplicaba la de la economí­a española, la continuaba superando en crecimiento del PIB, en tasas de ahorro, en captación de Inversión extranjera, en posicionamiento innovador, emprendedor y de internacionalización. Y, evidentemente, con estos credenciales y el 21% del PIB del Estado español, si Catalunya serí­a inviable, ¿qué decir de la SP^– o España reducida sin Catalunya?

La confusa (interesada) mezcla de argumentos considerando, a la vez, a Catalunya como parte o no de la España analizada, trasladaba a la opinión pública mensajes preocupantes: «El dí­a 10 quedarán fuera de Europa, en el limbo, no estarán en el espacio Euro, no tendrán acceso a las lí­neas internacionales de financiación, tendrán que pagar una deuda del 110% de su PIB, no podrán pagar pensiones, ni pagar los salarios de los funcionarios… los bancos con sede en Catalunya no tendrán acceso ni al Fondo de Solvencia, ni a la normativa, inspección y cobijo, ni del Banco de España, ni del Banco Central Europeo… Adicionalmente, España boicotearí­a, como mercado, los productos catalanes que, además, serí­an encarecidos por nuevos aranceles, elevados tipos impositivos y complejos trámites aduaneros… Obviamente, por el contrario, España y su economí­a no se verí­an afectados»

Y, por supuesto, no cabí­a esperar a contemplar dicho escenario. Bastaba con provocar la estampida.

Así­, tras la intervención (truculenta, ilegal y unilateral) del Ministro de Hacienda (reprobado por el Congreso) de todas las cuentas de la Generalitat (que, por cierto no se sabe si ha congelado un solo euro a otra Comunidad Autónoma, Administración local, de Justicia o de su propia Administración Central del Estado inmersa en incumplimientos, actos ilegales o corrupción), de las presiones desde Vicepresidencia con el arma del CNI a diferentes empresas prestadoras de servicios, era el turno del Ministro de Economí­a. De Guindos ya fue colaborador necesario del hoy denostado Vicepresidente Económico Rato en el desmantelamiento de las Cajas de Ahorros rompiendo el grifo natural e imprescindible economí­a-territorio tan necesario para la financiación local, así­ como del modelo que dio lugar a Caixa, a Criteria y su poderoso imperio empresarial ligado a las principales industrias reguladas y cuya cuantí­a de resultados se explican y gestionan en gran medida desde el B.O.E.

De Guindos, que todaví­a en 2015 proponí­a un Real Decreto justificando la importancia en dejar en manos de la propiedad y las Juntas Generales de accionistas la aprobación de «algo tan sensible y vinculado al espí­ritu ……. de las empresas y su vinculación real a sus centros de administración», como la sede de su domicilio social y fiscal, se apresuraba a facilitar el cambio express de los domicilios sociales con la decisión de los Administradores. Ya solamente respondí­a a la «necesaria libre competencia» aceleradora del mercado: ¿Libre competencia con sus polí­ticas de concentración bancaria, de infraestructuras nacionalizables, recentralización administrativa, uso indiscriminado del BOE?

Medida que se justificaba, «en respuesta a la petición de algunos representantes empresariales». Lo anunciaba con anterioridad a su presentación al Consejo de Ministros (se ha dado el caso de empresas cuyos Consejos decidieron el cambio en base a dicho RD con anterioridad a su publicación y entrada en vigor) y con el supuesto apoyo verbal de PSOE y Ciudadanos para su convalidación futura en el Congreso.

De esta forma, productores y vendedores de cava (denominación catalana de origen) dicen evitar el boicot español como si el código postal a conseguir en España pudiera ocultar su origen, ideologí­a, propiedad y centros de decisión anclados en Catalunya. La banca catalana cotizada, con centros de administración y activos (además de sus directivos y accionistas clave) abandona Catalunya para «asentarse» en Alicante o Valencia en algún despacho de un Banco quebrado y rescatado por cesión del gobierno; la todopoderosa CAIXA moviliza a todo su grupo empresarial y hace público que no desplazará a un solo trabajador o directivo y, por supuesto, algunas empresas bajo sospecha por sus recientes fluctuaciones irregulares en Bolsa, se apresuran a buscar el cobijo de Madrid (al parecer aquí­ no hay ayudas de Estado, ni Haciendas autonómicas cuál paraí­so fiscal), ni empresas en plena opa que tendrán el paraguas español del gobierno gracias «al ejercicio de la libre competencia» , para dar tranquilidad a sus inversores. Inversores a los que por supuesto, se convence que no han de tener miedo porque tienen sus domicilios en España que resultarí­a inmune ante una independencia catalana. Así­, la España de la deuda superior a su PIB, del desempleo de cuatro millones de personas, la que no podrá recuperar su rescate bancario, la que tiene un gobierno que ve derrotadas sus iniciativas en el Congreso pero no se inmuta, la que dice no tener capacidad para afrontar el pago de sus pensiones, la que se quedarí­a sin «su 21% del PIB catalán», la que es reprendida por el FMI destacando sus debilidades y a la que pide negociar en «beneficio mutuo, evitando el peligroso contagio, también, a Europa», ofrece plenas garantí­as y tranquilidad a los inversores internacionales y, por supuesto, a los ahorradores españoles. Todo un relato amañado en origen que, por supuesto, obliga a toda empresa a activar planes de contingencia en respuesta a sus mapas de riesgos y que ve en las medidas facilitadoras del gobierno español, una red de seguridad momentánea bajo el amparo amigo de un Estado que cree «en el mercado y la libre competencia».

Recordemos que la fijación del domicilio social de las empresas no debe ser un capricho aleatorio y que la Ley de Sociedades de Capital lo define como «el lugar en que se halla el centro de su efectiva Administración y Dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Es decir, debe existir una relación (real y relevante) entre el lugar designado y el desarrollo de la actividad.

Esto no ha debido impactar demasiado, no ya a las empresas, sino al Gobierno. Es verdad que, para todas las empresas afectadas por el Régimen Común español, la trascendencia fiscal (más allá de la retención anticipada del IRPF) no será relevante en el corto plazo salvo el inevitable cambio en el modelo de gestión ( a distancia o traslados efectivos de personas crí­ticas), sistemas y operaciones especí­ficas, sobrecostes de la alta dirección, coste adicional en  «marketing» justificativo de su «nuevo arraigo» artificial y a sus nuevas relaciones con las Comunidades de acogida. Confiemos que Madrid, Alicante, Valencia y Baleares hayan superado sus problemas del pasado y sean Comunidades y Ciudades, institucionalmente más sólidas que Barcelona-Catalunya por el bien de las empresas en movimiento. La Competitividad de las empresas es mucho más que el BOE y depende, esencialmente, del eco sistema empresarial e institucional en el que se sitúa.

Lo que sí­ es claro es que la actuación del Gobierno es irresponsable y generadora de una batalla, hoy por el dominio social, la identidad empresarial, mañana por el domicilio fiscal con mayor impacto y pasado mañana por la economí­a real de los diferentes territorios, así­ como de la competitividad individual de las empresas actuantes.

Pero como comentaba un poco más arriba, este movimiento coincide en la semana con la concesión del premio nobel de economí­a al profesor de la Universidad de Chicago Richard H. Thaler. A lo largo de su trabajo y publicaciones (en especial «Misbehaving« centrado en las limitaciones reales del individuo medio  en la toma de decisiones y en «Nudge» sobre el «pequeño empujón» necesario para mejorar nuestras decisiones acerca de la salud, el bienestar y la felicidad) ha cuestionado las escuelas de la economí­a tradicional pro mercado y ha explicado cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias esperables de los mercados.

La Academia Sueca le premia por su contribución decisiva a «construir un puente entre los análisis psicológicos y económicos de los procesos de decisión individuales». Y con él, esperamos que la Psicologí­a de la Economí­a, la Economí­a Conductual y el comportamiento impredecible de las personas, no trastoque los planes y esquemas o escenarios de comportamiento de quienes han creí­do ver en el mercado la necesidad de un cambio rápido, al amparo de un gobierno desesperado empeñado en mantenerse en la inercia del estatus quo para garantizar su pensamiento único. Volviendo a Thaler, recordemos que estamos rodeados de «Arquitectos de opciones» que son quienes organizan el contexto en el que la gente toma decisiones. Las más de las veces, lejos de orientarlas al bien común y al interés legí­timo, manipulan la información, moldean escenarios y contextos ficticios y se instalan en ellos confiando en que, para una mayorí­a, por comodidad, inacción o voluntad real, la mejor opción es no hacer nada, ni cambiar lo sustancial («eligen la opción por defecto, como en el teléfono móvil»), y se limita a optar por el momento sin pensar o visualizar el punto final de llegada.

Una grave decisión. Hoy, lo relevante es el último episodio del Procés y las consecuencias inmediatas en la gestión de la independencia suspendida. Pero, mañana, en uno u otro escenario, recordaremos estos «pequeños» movimientos facilitadores del traslado express. El tiempo, los nuevos contextos, la psicologí­a y comportamiento conductual de quienes han tomado estas decisiones, nos permitirá medir las consecuencias (en este caso, para Catalunya, para España y, por supuesto, para las empresas desdomiciliadas). Sin duda, «un empujón irresponsable a la empresa», parafraseando a Thaler en su «Nudge», merecedor del reconocimiento internacional.

(Artí­culo publicado el 1 de Octubre)

El pasado 11 de diciembre, una marea pací­fica y entusiasta de ciudadanos catalanes volvió a decir Sí a su derecho a decidir y a elegir un determinado modelo de relación, de autogobierno y de organización de su administración polí­tica y pública. En esta ocasión, como viene haciendo año tras año, reclamando el diálogo necesario para acordar una nueva y deseada confortabilidad en el espacio polí­tico-administrativo en el que haya de desarrollar su futuro.

En 2006, Cataluña también dijo sí­, con referéndum preceptivo, a un nuevo Estatuto de Autonomí­a aprobado mayoritariamente por su Parlamento, atendiendo al procedimiento constitucional establecido. Sin embargo, tras cuatro años de recursos y recortes, el mismo Tribunal Constitucional y partidos polí­ticos que esgrimen las bondades y purezas del «Punto de encuentro de todos», se encargaron de «cepillar» el Estatuto para dejarlo en el actual Estatuto vigente. Un Estatuto para Cataluña que no quieren los catalanes.

Y con este marco normativo-polí­tico, a la espera de los próximos acontecimientos con la doble cita álgida de hoy (Referendum 1-O y su consecuente proclamación o no de la Independencia y devenir de acciones en cadena), se han venido sucediendo las acciones de los aparatos del Estado para impedir una consulta, recuperar -como viene siendo habitual desde el momento cero de la llamada transición- de forma unilateral las competencias y poderes otorgados a Catalunya en sus distintos Estatutos, posicionamientos mediáticos, mayoritariamente «unionistas», en la carrera para el logro de sus objetivos, dirigiendo la Fiscalí­a, Policí­a y guardia civil, jueces amigos, etc., bajo el amparo de sus tribunales de Justicia y Constitucional o de Cuentas con actuaciones sumarí­simas y sentencias prediseñadas con carácter previo a la evidencia, prueba, derecho a la defensa, sabedores de que su propio control de procesos, tiempos y decisiones, de producirse, no llegarán hasta muchos años más tarde cuando no solamente no haya habido referendum este domingo, sino que hayan desaparecido del mapa polí­tico los incómodos jugadores que no mantienen el adecuado alineamiento con sus deseos e intenciones. Atrás está la palabra solemne y rotunda (teatral a la luz de los acontecimientos) de un Mariano Rajoy en 2006 como jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados reclamando, al entonces Presidente Rodrí­guez Zapatero, «el ejercicio democrático de la consulta, exigiéndole la celebración de un Referendum demandado por el pueblo catalán, destacando su llamamiento a la responsabilidad de Estado, exigiendo alejarse de regí­menes populistas y la necesidad de demostrar la existencia de democracia en España». Por lo visto, el presidente califica el actual estatus propio de una democracia orgánica, de baja calidad e intensidad y que actúa de espaldas al pueblo.     Tras la Diada, lejos de propiciar medidas de diálogo, se han apresurado a impedir cualquier iniciativa o pensamiento pro-consulta con la amenaza de llenar las cárceles con al menos mil presos polí­ticos inhabilitados en una intervención nunca vista en la democracia europea de postguerra, deteniendo a los alcaldes que mostraban su voluntad de facilitar la celebración de la consulta. Más tarde, el desembarco de la Guardia Civil, la sustracción de competencias y responsabilidades al mando de la seguridad y la imposición de «Zares» o «Virreyes» en colonias de la Metrópoli, suponen un camino sin retorno (por cierto, ante la pasividad del jefe del Estado).

Y siendo lo anterior de extraordinaria gravedad, es en este contexto en el que merece la pena llamar la atención sobre otro aspecto relevante, que parece aceptarse con normalidad o con relativa «justificación» y consideración como «medida proporcionada» con el silencio cómplice de múltiples actores y de la oposición de apoyo PSOE-Ciudadanos y que va mucho más allá del 1 de octubre y de la consulta.

Se trata de la irrupción arbitraria e ilegal del gobierno español en el mundo económico-financiero y empresarial en un claro chantaje atemorizador que pretende, una vez más, saltar de la polí­tica al barro, sacando ventaja puntual de su posición dominante. Así­, desde la Vicepresidencia del Gobierno, desde sus reprobados Ministerios (Hacienda, Justicia e Interior), iniciaron una cruzada dirigiéndose a empresas de servicios profesionales y tecnologí­as de la información para «advertirles» que no podí­an realizar dictamen, informe o proyecto alguno para las Administraciones Catalanas con la excusa de que «todo ello irí­a encaminado a la secesión», por lo que serí­an presa de la ley y, sobre todo, de la marginación del gobierno (y sus Comunidades Autónomas controladas) en relaciones y contrataciones futuras.

Así­, el mismo dí­a en que se celebraba la Diada, el diario económico Expansión publicaba, en una sección de coyuntura, «El Desafí­o Secesionista», lo que ya era sobradamente conocido en el ámbito empresarial: «el Ministerio de Hacienda exige a las empresas tecnológicas y de consultorí­a y servicios profesionales toda información de los últimos ocho meses, sobre contactos, proyectos, trabajos y contratos relacionados con las Administraciones Públicas Catalanas, su sector público empresarial y entidades colaboradoras». Acompañaba la noticia con afirmaciones del Ministerio («se trata de evitar desví­os de Fondos Públicos hacia la creación de infraestructura tecnológica propia y autosuficiente al servicio del Procés»). No hay constancia alguna, sin embargo, de que hayan hecho algo similar con otras Administraciones Públicas (incluida la propia Administración General del Estado) al amparo, supuesto, de la normativa oficial en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. Así­, si con simplemente acudir al portal público www.adjudicacionestic.com, verí­an cómo tan solo en los últimos cinco meses se han adjudicado más de 500 proyectos en el ámbito de las tecnologí­as de la Información, destacando la Xunta de Galicia y diferentes Comunidades Autónomas dirigidas por militantes del PP y PSOE, con la nada sorprendente relevancia de la adjudicación, en más de un 70% de lo contratado a las empresas Telefónica e Indra, nada sospechosas de su implicación con los gobiernos y partidos «constitucionalistas». No se trata de información, sino de presión y miedo.

Convendrí­a recordar un par de cuestiones clave: 1) el rol de los Gobiernos y sus competencias y funciones y 2) la importancia de las TICs y, con ellas, las tecnologí­as y proyectos asociados con la gestión, modernización, transformación de la economí­a y tantas actividades esenciales al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Precisamente en estos dí­as, con la publicación del índice Global de Capital Humano (W.E.F.-Foro Económico Mundial), comprobamos cómo España se sitúa a la cola de Europa, en una posición 66 del ranking global analizado, no solo con una diferente capacidad o stock de formación y capacidades base, sino con peores expectativas de desarrollo y Know How a futuro, entre otras cosas, gracias a graves insuficiencias en capacidades y competencias propias de una transformación productiva, digitalización de la economí­a, economí­a del conocimiento y adecuación empleo-formación. Máxime cuando el Capital Humano resulta crí­tico, no solamente para la institucionalización, normalización y gobernanza y democratización de las sociedades y, en consecuencia, la mejora permanente en los niveles de bienestar. Resulta evidente, la importancia de la inversión, también, de manera especial, en tecnologí­a (en gran medida en las TICs básicas y facilitadoras o aceleradoras de la transformación). Pero, además, la gravedad de esta intromisión gubernativa de mala fe, es conveniente recordar que la financiación autonómica en España está debidamente regulada (Constitución, Estatutos, leyes orgánicas…) tanto para las Comunidades sujetas al Régimen Común (Cataluña incluida), como al Régimen Foral y las situaciones especiales de Canarias (región europea ultra periférica) y Ceuta y Melilla (con fiscalidad indirecta por su singular regulación estatutaria). Todos ellos protegidos por principios de autonomí­a financiera extendibles al resto de recursos que éstas entidades disponen más allá de la «financiación estatal».

Por si esto no fuera suficiente, merece la pena insistir en que Cataluña (mientas no se implemente, en su caso, su independencia) tiene en vigor su Estatuto de Autonomí­a (por muy recortado y no deseado que sea) en el que se recoge, como no cabrí­a esperar otra cosa, sus competencias. Así­ en su tí­tulo VI «de la financiación de la Generalitat», su artí­culo 202.2 establece cómo «la Generalitat dispone de plena autonomí­a de gasto para poder aplicar sus recursos de acuerdo con las directrices polí­ticas y sociales determinadas por sus Instituciones de autogobierno». Por no añadir la amplia definición de sus recursos, de su propia Hacienda (no para después del 1 de octubre y su desconexión, sino ahora), sus competencias financieras; mecanismos de gestión y control, así­ como la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat que canaliza toda relación entre las Administraciones.

Pero, al margen de normas, cabe preguntarse cuál es el papel de un gobierno. ¿No es exigible a cualquier gobierno del ámbito territorial que sea, se ocupe de la mejor administración de servicios y recursos al servicio del bienestar de sus ciudadanos? ¿No debe preocuparse en mejorar su gestión? ¿No ha de explotar su capacidad de fomento y apoyo al mejor desarrollo económico y social de sus ciudadanos? ¿No parece razonable la mejora permanente de las plataformas tecnológicas, servicios avanzados, aplicación de las TICs, no solo a las comunicaciones y a la revolución 4.0, o a la sanidad, la educación, la administración de justicia, los transportes y sus infraestructuras, los medios audiovisuales y su propia modernización de la gestión pública? Sin duda, de la misma manera que es exigible a la Administración General del Estado, a la Administración de Justicia, a la Seguridad Social o a cualquier gobierno de Comunidad Autónoma o Ayuntamiento la mejor actuación, eficiencia y gestión de su financiación, deberí­amos saber que la Generalitat de Cataluña puede y debe actuar en esta lí­nea. Y más aún, cumplir con el mandato presupuestario de su Parlamento.

El miedo pretende extenderse más allá de la realidad y la lógica (también empresarial). En estos últimos dí­as conocemos las cifras de la inversión extranjera en España. En los años del Procés, Cataluña ha atraí­do 46.000 millones de euros en inversión extranjera directa (Alemania, Francia, Japón, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, Luxemburgo…). No parecen asustados más allá de la obligada ocupación ante la incertidumbre. De la misma manera que las empresas multinacionales españolas invierten en otros paí­ses entre los que destacan muchos con realidades complejas (guerras, violencia, delincuencia, corrupción, tasas de cambio, monedas débiles y variadas ideologí­as y modalidades de gobiernos…) mitigando riesgos, gestionando contingencias y conviviendo con la normalidad de la complejidad. Cataluña cierra 2016 con la mejor cifra de inversión extranjera de sus últimos 16 años (5.000 millones de euros), haciendo valer algunos de sus hechos diferenciales como el tejido económico, peso y calidad de su tejido económico, capital humano, apertura exterior y su nada despreciable 21% del PIB del Estado español.

En fin, la actuación del gobierno español, en este caso, no solamente se traduce en un «pleito competencial», «una tutela auto concedida» o una intromisión prepotente y anti democrática, sino, también, un chantaje y presión inadmisible al mundo profesional, empresarial y ciudadano.

Hoy, con la excusa del Procés y la búsqueda de urnas, documentos y papeletas, así­ como proyectos alternativos para dotarse de un Estado más eficiente (que deberí­a incluir con toda normalidad el diseño de nuevas «estructuras e instrumentos»), pone de manifiesto su fiebre centralizadora creyéndose el mando absoluto de un Estado que les guste o no, dejó de ser único e indivisible a partir de la transición post franquista que sus antecesores no apoyaron y hoy pretende convertir en el mantra único del encuentro entre diferentes realidades y, sobre todo, diferentes aspiraciones de futuro.

Hoy es por las urnas del 1 de octubre, mañana será por su decisión e imposición unilateral. Creen haber ganado. Más bien, todo parece indicar que el movimiento en marcha no tiene vuelta atrás. Merecerí­a focalizar las energí­as en la búsqueda valiente de nuevos modelos de relación y pensar en un futurible mapa y no en un esquema del pasado. El 1 de octubre no es, en ningún caso, un punto final. Un larguí­simo camino nos espera y no solo en Catalunya. Recorrerlo desde la ilegitimidad y nula credibilidad resultará tortuoso. Las malas artes se han puesto sobre la mesa y, definitivamente, se han perdido los papeles a cambio de unas papeletas. Papeletas que, sin embargo, tarde o temprano, volverán a las mesas, garantizando el ejercicio pací­fico y democrático del derecho a elegir un futuro propio.

(Artí­culo publicado el 17 de Septiembre)

Semana europea en diferentes frentes, variados jugadores y trayectos dispares a la vez que, de una u otra forma, necesariamente convergentes.

Por un lado, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en su discurso del «Estado de la Unión» en Bruselas, Theresa May en el Parlamento de Westminster y la ciudadaní­a catalana en las calles de Barcelona acompañados de sus instituciones, celebrando su Diada nacional. Tres miradas desde Europa para una Europa diferente.

En Bruselas, Juncker, trascendí­a de los cinco modelos y escenarios alternativos que propusiera meses atrás para repensar una nueva Europa, proponiendo una nueva oferta convertida en un sexto escenario que, según sus palabras, «es una propuesta personal que pretende interpretar el buen momento que vive Europa, el apoyo recibido por los diferentes lí­deres de los 27 Estados de la Unión post Brexit y el deseo de reforzar una Europa más unida, más fuerte, más democrática». Una apuesta exigente con un plazo concreto (marzo 2019) para una cumbre a celebrar en Sibiu, Rumania, al objeto de explorar esta nueva ventana de oportunidad con un Brexit concluido y una propuesta ní­tida al electorado europeo que habrá de concurrir a unas nuevas elecciones al Parlamento europeo, de modo que lo haga con un panorama cierto, eligiendo a un Presidente único (Comisión y Consejo Europeo) con plena autoridad y credibilidad democrática. Juncker, desde su experiencia y larga presencia y dedicación europeas en múltiples posiciones relevantes, como él mismo se encargó de recordar en su discurso, aboga, ahora, por una Europa de velocidad única y de compromisos, obligaciones y, se supone, beneficios iguales en una Europa a 27, con una moneda única (todos deben incorporarse al euro, desapareciendo espacios diferenciados) de la mano del logro definitivo de una Unión Monetaria y Económica, en un espacio Schengen de todos y para todos. Apuesta que facilitarí­a un verdadero Mercado íšnico, sin proteccionismos o medios diferenciados, Estado a Estado y en todas las áreas de actividad. Por supuesto, con un único mercado de la energí­a. Pero, no solo se trata de mercados, sino de construir un espacio social de la mano de un sistema de estándares sociales para todos los ciudadanos europeos (y la exigencia de su cumplimiento en paí­ses terceros que comercian con la «nueva Europa»), con un verdadero espacio garante del libre movimiento e igualdad de condiciones para todos los trabajadores europeos. Un sistema impositivo que haga que las empresas paguen sus beneficios, como si su determinación sea estanca y la creación de valor y beneficio se diera en una parte concreta de su larga cadena de valor perfectamente territorializable. Adicionalmente, protegida, con una Unión Europea de defensa que genere, entre otras cosas, «un espacio sin agujeros negros en el que se apoye el terrorismo»… Es decir, todo un sueño «aprovechando el impulso del viento sobre las velas desplegadas de una Europa de éxito» que habrí­a superado su crisis económica, su desafección ciudadana, su pesimismo ante un potencial liderazgo o mundial, comprometida con sus valores fundacionales, su protagonismo reciente en los últimos setenta años, con una recuperada autoestima y elevado sentido de pertenencia de sus ciudadanos, volcada en una acelerada agenda a dos años. Concluir estos deseos y tareas en lo que queda de legislatura y con los actuales jugadores participantes en Estrasburgo y Bruselas (esos mismos a los que hace unos dí­as abroncaba en el hemiciclo por la irresponsabilidad, absentismo y escaso compromiso, plagados del absentismo crónico que rodea a un buen número de parlamentarios, así­ como el denunciado, por él mismo, egoí­smo proteccionista de algunos Estados Miembro) no parece factible en su interés en construir la Europa del 2025.

Sin duda, el esfuerzo soñador del Presidente Juncker merece respeto y consideración. Un modelo, un escenario, una voluntad. Si bien, al margen de conocer la opinión de sus señorí­as, de los gobiernos de los Estados Miembro y de los múltiples jugadores implicados, parecerí­a difí­cil cumplir una hoja de ruta como la señalada, máxime si cada uno de los miembros continúa en el debate entre los otros cinco escenarios (y alguno más) con que se invitaba a repensar Europa. Adicionalmente, su planteamiento se deja en el tintero relevantes «cuestiones previas» por abordar y resolver antes de acometer tan intenso recorrido. Su, en apariencia, excesivo optimismo coyuntural y las prisas de un Presidente que llega al final de su mandato, demasiado pronto, deja muchos flecos por resolver y negociar, con carácter previo. ¿Es la Europa unida en torno a los Estados actuales, en una continua cesión de soberaní­a (en exclusiva hacia arriba, con escasa participación y controles reales de la ciudadaní­a), la mejor opción para afrontar un futuro aquejado de retos y problemas crí­ticos, más allá de una recuperación temporal que no termina de impactar positivamente en la vida y bienestar de todos los europeos? ¿La unión económica que se sugiere responde a los verdaderos deseos de desarrollo inclusivo a la vez que competitivo para todo el mapa europeo, aquejado, además, de múltiples modelos y estadios de sus economí­as? ¿Queremos confiar las decisiones a un «superministro económico-financiero» en Bruselas, apoyado en una nueva «inspección de trabajo centralizado» y bajo pilares de los Acuerdos de Libre Comercio a gestionar? ¿Queremos fijar las prioridades en un determinado gasto inamovible en defensa más allá del mensaje de la seguridad? Parecerí­a necesario ganar confianza y credibilidad previas con nuevos procesos de información y toma de decisiones con el debido control democrático. ¿Todos a Schengen? Sí­, pero, ¿para que cada uno reponga fronteras cuando se incumplen los Acuerdos ante una imparable inmigración por una u otra causa? Efectivamente, su propuesta plantea proteger Europa y sus fronteras, pero no parece que suponga la solidaridad y acogida europea que proclaman los valores. Solidaridad vinculada con Igualdad en un largo recorrido que exige valores y compromisos, por supuesto, pero compartidos y definidos con todas las voces en juego.

Juncker contempla la posibilidad (teórica en su discurso) de una ampliación progresiva más allá de los 27 (en especial hacia los Balcanes) y vuelve al inacabable caramelo trucado de Turquí­a (sí­, pero no) y aporta ideas para un Parlamento trasnacional, un Gobierno potente y un cambio en determinadas estructuras de gobernanza. Ahora bien, ignora, deliberadamente, el malestar interno (en Europa, en sus Estados Miembro…) y apuesta por la Europa, cerrada, de sus Estados, olvidando la composición interna de los mismos. Para él, unión de Estados, unión de consumidores, darán la cesión plena de unas soberaní­as fragmentadas par esa Europa fuerte y unida que «proteja, empodere y defienda a sus Miembros». La propia «unidad de Inteligencia» de Bruselas informa de un supuesto mapa europeo de potenciales espacios «independizables» recogiendo hasta 25 con la inclusión de una Ucrania «separable« (por supuesto, con un elevado grado de imprecisiones y descripciones no homogéneas).

Al mismo tiempo, el Parlamento de Londres daba un paso único en la historia y en su ejecución del Brexit aprobado por sus ciudadanos. Nada menos que la aprobación de la llamada «Ley de Derogación o Desconexión controlada». Más de 20.000 leyes vigentes como consecuencia de su pertenencia (todaví­a hoy) a la Unión Europea (desde 1.972) pasan a convertirse en la ley británica como primer paso para evitar «agujeros negros», dando lugar a la «revisión por lectura única» para proceder a su enmienda o adecuación progresiva una vez se legisle en el propio Parlamento de Westminster, en una de las mayores transposiciones legislativas observada a lo largo delo mundo. (Por supuesto, pese a que el Reino Unido sigue formando parte de la Unión Europea, no se han visto intervenciones ni de fiscalí­as, ni de cuerpos policiales, ni de gobierno alguno requiriendo detenciones, investigaciones o medidas reclamando la ilegalidad de la decisión soberana del Parlamento.)  El Reino Unido decidió, por mayorí­a popular a través de un referéndum convocado al efecto, salir de la Unión Europea, dejar atrás sus estructuras de gobernanza y liberarse del peso y proceso decisorio de Bruselas que entendí­a contrarios a sus intenciones y manera de hacer polí­tica; optó por la capacidad de recuperación de los vestigios de soberaní­a compartida previamente cedidos (y/o arrancados) y de apropiarse de su futuro. Sabedor de que es tan Europa como el resto de Miembros, quiere seguir siendo protagonista en ella, pretende generar o compartir un espacio preferente y positivo (bilateral) de colaboración en beneficio mutuo, pero desde la dirección de su propio destino. Sabe que los pasos que está dando exigen otros movimientos internos de reconfiguración de un «Reino» complejo, en el que la Devolución de Poderes (Irlanda del Norte e Irlanda, Escocia, Gales), han de reforzarse, que son dispares las voluntades de autogobierno, soberaní­a e independencia en cada uno de ellos, pero que la realidad hace inevitable la apuesta valiente por un nuevo modelo tanto de relación, como de gobernanza, internos y con terceros -empezando por la Unión Europea- a lo largo del mundo.

El Reino Unido ha decidido seguir otro camino fuera de la Unión Europea. Mientras menos tardemos en aceptarlo y en entender las bondades y necesidades de un Acuerdo positivo, amigable y bilateral de futuro, mejor servicio daremos a todos los ciudadanos y facilitaremos, en verdad, desde el respeto a los valores europeos, construir nuevos espacios de bienestar.

Y también mirando a Europa, la ciudadaní­a catalana ha celebrado su Diada nacional, saliendo a las calles de Barcelona, proclamando su voluntad pací­fica y democrática de construir un nuevo modelo de organización polí­tica y administrativa, sin salir de la Europa de la que ya forman parte, a cuya legislación se deben y de la que son ciudadanos de pleno derecho, hoy, con sus obligaciones, derechos, aspiraciones y decepciones, convencidos que pueden  lograr una mejor alternativa de futuro para todos. El Procés, paso a paso, año a año, demuestra la fortaleza y convicción de su movimiento chocando con un muro amparado en la unilateralidad, los aparatos de Estado y su ley excluyente y no concurrente. ¿Es este el modelo sobre el que Juncker cree posible construir su nuevo sexto escenario de una Europa más unida, más fuerte y más democrática?

Sin duda, parecerí­a más cómodo mirar para otro lado e insistir en la complejidad del tablero «nacional-regional» europeo, como coartada para no dar nuevos pasos, pero no es sino dar la espalda a una realidad viva. O Europa (y cada uno de sus 27 Estados Miembro) se ocupan del asunto o cualquier paso en falso no hará sino retrasar y deteriorar el proceso. Europa mal convive con un buen número de pueblos y naciones que aspiran a un modelo propio y diferenciado. Su grado de reivindicación, sus tiempos y el modo en que los Estados del que hoy forman parte les trata y «acoge», aceleran o retrasan su necesidad de cambio. Pero no atenderlos de manera adecuada y no incorporarlos con personalidad protagonista en el proceso de construcción europea, supone un paso en falso y creciente desafección. Aprovechemos las «ventanas de oportunidad» que nos ofrecen las voluntades pací­ficas y democráticas para el cambio.

Europa es un maravilloso sueño, referente de valores, con vocación solidaria y deseosa de ser un verdadero espacio de paz, democracia y libertad. No es un mercado, ni una fortaleza, ni un aparato burocrático, endogámico, al servicio de una élite privilegiada. Europa es y debe ser un verdadero espacio de oportunidad, un lí­der referente en un mundo necesitado de horizonte, de resultados. Lo relevante no es mantener una estructura única, un mando centralizado unitario, ni un centro de decisiones a imponer desde Bruselas. La realidad es compleja y son múltiples las voluntades de crear un espacio diferente. Co-soberaní­a sí­, pero desde la voluntad y decisión bilateral e igualitaria. No desde la imposición unilateral de fortalezas heredadas. Es cuestión de futuro y no de pasado.

Como siempre, está en nuestras manos el llegar, de una u otra manera, a la cita del 2019. ¿Cuál es nuestro escenario?