(Artículo publicado el 21 de junio)

Euskadi ha levantado el “Estado de Alarma” y recupera todas las competencias que le fueron “suspendidas y retiradas” de forma unilateral, “porque no había otra solución para gestionar la respuesta a la pandemia” en palabras del Gobierno español. Hoy, por fin, retomamos el camino ya conocido de la corresponsabilidad y la autogestión, imprescindibles para construir un proyecto propio de futuro, desde la inevitabilidad de un periodo incierto de convivencia: COVID-NO COVID y su impacto en la salud, comportamientos sociales, reapertura económica y avance progresivo a nuestra habitual (o diferente) forma de vida.

Mañana se regularizará la vuelta ordinaria a lo largo del Estado y, de una u otra forma, más o menos, en toda Europa. Desgraciadamente, otras geografías tienen por delante otro periodo incierto y preocupante, pero, también, habrán de incorporarse a este nuevo escenario, retomando sus vidas con mayor o menor apoyo, oportunidades y restricciones.

Si bien no podemos predecir un escenario cierto, ni definir los tiempos y forma de salida, (desconocemos la letra de la recuperación económica V, L, U, etc.), ni el grado de las fortalezas y actitudes mentales y disposición personal y colectiva para una respuesta social, sanitaria, económica y política, sí podemos apreciar un buen número de factores positivos que, emergiendo de la urgencia fatídica, nos permiten abrigar con optimismo el complejo e incierto camino por recorrer.

Por delante, enfrentamos una realidad que obliga a concentrarse en el futuro, en las opciones de empleo, de reapertura social, económica y de proyectos que han estado suspendidos y aplazados en estos cien días de confinamiento general. Es, afortunadamente, una prórroga, en la mayoría de los casos, con el oxígeno de medidas temporales que posibilitan mitigar la angustia y dificultades existentes. Mecanismos de rescate financiero, supresión de plazos administrativos que hoy se reactivan, medidas laborales como los ERTES que han facilitado un colchón amortiguador del enorme golpe sufrido, transferencias financieras y subvenciones, minimizan las penas y dificultades y, por supuesto, la aprobación y entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (que esperemos sea bien implementado) aportando una red mínima de dignidad y bienestar a los más desfavorecidos.

Este Ingreso Mínimo Vital supone una piedra angular sobre la que esforzarnos en un ingente trabajo a realizar, no solo para consolidarlo y convertirlo en un derecho subjetivo real, independiente de la empleabilidad o trabajo alguno compensatorio, hacia aquel modelo de renta básica universal que hagamos sostenible en el ansiado objetivo de lograr un verdadero estado social de bienestar al servicio de un desarrollo inclusivo pleno.

En Euskadi, la aprobación de este instrumento no va a cambiar demasiado, de momento, en lo que a derechohabientes supone, dada la existencia de la RGI, que se ha venido perfeccionando a lo largo del tiempo desde aquel primer “salario social” implantado, en un marco de contestación y preocupación externa, a primeros del ya algo lejano 1987.

La lectura estos días de “Buena Economía para tiempos difíciles” de los premio nobel, Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo , recuerda uno de los viejos debates de aquel año de 1986 en el que, en el seno de una sociedad como la vasca, occidental, avanzada, vanguardista y de renta media superior a las economías de su entorno y considerada privilegiada e incluso “rica” en el contexto próximo analizado, pudiera hablarse de pobreza (en términos, siempre, de relatividad) y fuera, precisamente desde su Gobierno, desde donde se tomara la iniciativa de su estudio, su publicación y difusión, así como de liderar políticas e iniciativas mitigadoras.

En una Euskadi castigada por la dura crisis económica mundial y sus particulares crisis propias, necesitada de reconvertir su tejido industrial, superar su desempleo (26%), de “reimaginar su futuro” rumbo a una Europa de esperanza, garantía democrática, de libertad y de cohesión social, y en lucha desolada por la paz y la convivencia en un entorno complejo y capaz de desanimar a cualquiera (desde luego a todo potencial inversor), el extraordinario esfuerzo y trabajo realizado desde la viceconsejería de empleo y bienestar social con el objetivo de conocer la realidad en los diferentes hogares vascos, determinar sus carencias y necesidades y, sobre todo, aportar la vía mínima necesaria para diseñar e implantar estrategias para un nuevo modelo de política social para Euskadi, movilizando a la población “no pobre” en favor de los más desfavorecidos, dio paso a un inusitado esfuerzo generador de políticas de vanguardia. El desconocimiento entonces de la evidencia, unido a la siempre compleja definición y determinación de los conceptos al uso, no solo no impidió el desarrollo de este trabajo, sino que posibilitó una rigurosa aportación, también conceptual, a este campo, hoy tan en “boga” a lo largo de Europa y del mundo.

Euskadi, pionera en un “salario social” en tiempos en los que no se podía articular la normativa adecuada dadas las limitaciones competenciales, presupuestarias y políticas, fue “convenciendo” y explorando nuevos espacios y seguridad jurídica y financiera para abrirse camino al servicio de los objetivos buscados. Hoy, recibimos con satisfacción la iniciativa del Congreso y gobiernos españoles implicados en esta nueva “renta”, a la vez que animamos a transitar un largo recorrido por cursar: revisar la farragosa e insuficiente legislación limitante de la seguridad social, su simplificación administrativa, la reforma y cualificación de su gestión (acelerando, además, el desarrollo competencial correspondiente en el caso vasco de la transferencia vía comercio bilateral de su régimen económico) y repensar el marco e instrumentos imprescindibles para profundizar en un estado social de bienestar, en una intensa labor pedagógica.

La grave e imprevista coyuntura que vivimos provoca nuevas actitudes y mentalidades y pone en valor nuevos caminos por asumir. Es un buen momento para esforzarnos en estas transformaciones si bien complejas y que no deben responder ni al atajo simplista y demagógico, ni a la irresponsable improvisación, pero que pueden y deben emprenderse. Nuevos instrumentos que van mucho más allá de transferencias económicas y que aconsejan desmontar un buen número de obstáculos y herencias administrativas que pueden superarse, desde la responsabilidad, el balance de derechos, prestaciones y aportaciones solidarias.

Es momento de pensar en el largo plazo y soñar en un mundo mejor. El Ingreso Mínimo Vital debe demostrar ser una pieza esencial para ese proceso y no perderse en un “despilfarro” como, desgraciadamente, creen muchos. Hagamos de las políticas sociales y económicas necesarias en estos momentos, “la práctica de la buena economía para tiempos difíciles” y no una mala imitación o anécdota para volver a un pasado por superar.

Este nuevo impulso no debería enmarcarse en una pieza mitigadora de la pobreza (sea percibida o real, de mantenimiento, acumulación o entorno), o relativa, en exclusiva, a “situaciones sociales desfavorecidas” como se fijó en los objetivos iniciales de análisis en el año 1986, sino con una mirada mucho más amplia, compleja y transformadora, acorde con las demandas y necesidades de una nueva sociedad del futuro.

Sin olvidar el enfoque y respuesta inicial, el futuro del trabajo, la empleabilidad tal y como la conocemos hoy, habrán de transformarse en los próximos años fruto de los cambios económicos y sociales, de la introducción de las tecnologías (que en muchos casos exigirán reaprendizaje, formación y capacitación exnovo, desaparición o sustitución de tareas, cambios sustanciales en la relaciones laborales y contractuales, complejas deslocalizaciones), la digitalización de la industria, la economía, la administración pública, la educación, movilidad, servicios sociales… “obligando” a redefinir el binomio trabajo-ingreso (renta) y, en consecuencia, un nuevo contrato social. El Ingreso Mínimo Vital de hoy exige un progresivo tránsito, solidario, hacia un espacio desconocido que posibilite percibir ingresos con carácter universal, al margen de la formalidad del empleo. Revisar y reorganizar todo tipo de soporte existente, definir beneficios, compromisos, responsabilidades, obligaciones y, por supuesto, nuevos instrumentos (modernos y eficientes) de gestión, resultarán imprescindibles. Y, por supuesto, sostenibles con un irrenunciable marco claro de financiación (por cierto, hoy, inexistente en el ingreso recientemente aprobado). En definitiva, toda una transformación. No se trata, tan solo, de una transferencia financiera coyuntural.

Hoy, sin duda, estamos necesitados de una fuerte inyección de imaginación y de trabajo a la búsqueda de un nuevo sistema de prevención, protección, prestación y seguridad social.

Ahora, en tiempos de “vuelta al cole”, no es mal momento para meter este compromiso en nuestras mochilas. Al parecer, hemos generalizado una nueva actitud y recuperado el valor de la solidaridad social. Hagámosla permanente.

(Artículo publicado el 7 de junio)

El asesinato de George Floyd en Minneapolis, televisado de forma masiva a lo largo del mundo, ha desatado una ola de protestas y movilizaciones bajo el reclamo y denuncia de la “importancia de la vida de los afroamericanos estadounidenses” (Black lives matters) con la solidaridad universal en la denuncia de la discriminación, la violencia, la criminalización del diferente y la impunidad de los dominantes abusando de las atribuciones y poderes cometidos por una sociedad democrática.

Arden más de 80 ciudades sometidas a toques de queda, intervención policial y militar, y, también, actos vandálicos y saqueos minoritarios. Observamos, a distancia, no solamente un reflejo de las desigualdades existentes en los Estados Unidos (“descubrimos barrios con menos producto interior que la mejor zona de Botsuana”, diría la profesora de Harvard, Rebecca M. Henderson) y recordamos, impactados, que el 56% de los estadounidenses creen que el sistema en que viven les margina y que el 70% precisa que su democracia es de “baja intensidad, desigual y no les ayuda a resolver sus problemas”.

Angela Glover Blackwell, activista de reconocido compromiso (y resultados eficaces), desde la dirección de Founder in Residence en el Instituto de investigación y acción positiva en favor de las poblaciones vulnerables afroamericanas a lo largo de los Estados Unidos, PolicyLink, recordaba hace unos días que Estados Unidos no es una isla y que, “hoy más que nunca, las poblaciones marginadas y vulnerables de América, necesitamos de la presión política democrática global”. Esta mañana, Angela Merkel, desde Alemania, se dirigía al presidente Trump, “desde el recuerdo de la desoladora experiencia de mi pueblo”, pidiéndole afrontar y canalizar el movimiento en las calles hacia el diálogo en busca de soluciones a los profundos problemas observables, más allá de la insoportable actuación policial cuyas penas son solicitadas por la fiscalía general y, en principio, sentenciadas, con elevadas penas, como no cabía esperar de otra manera. “Black lives matter, Democracy matter, international support matter, people’s pacific demonstrations matter” (la vida de los “negros” importa, la democracia importa, el apoyo y presión internacional importan, las manifestaciones pacíficas importan…), acompañan las numerosas concentraciones (diversas, multi raciales, multi ideológicas, multi generacionales) en torno a memoriales y honras fúnebres extendidas a lo largo de los Estados Unidos, bajo el  símbolo involuntario que ya hoy representa George Floyd.

El ya célebre mensaje que dio título a su discurso en la singular concentración del no tan lejano 28 de agosto de 1963 en Washington ,“Yo tengo un sueño…I have a dream” , de Martin Luther King, no ha conseguido su plena materialización y estos días pudiera verse como una pesadilla. Ni los avances progresivos y generalizados en la sociedad norteamericana, ni el amplio recorrido de la tecnología al servicio de necesidades sociales, ni la creciente consecuencia y mitigación de las mayores discriminaciones raciales de entonces, ni el relevante acceso a oportunidades favorecedoras del lento elevador social intergeneracional, ni las mejores políticas redistributivas de riqueza, ni el mayoritario acceso a una educación (paso a paso de mayor calidad) con medidas especiales facilitadoras de su oferta abierta a todos con especial preferencia a minorías de todo tipo, ni significativos servicios sociales y comunitarios que se abren camino paso a paso, son aún suficientes para el logro de este sueño, “también americano” . Sueño vivo, “de color”, que ni la relevancia de “los suyos” en primera fila del éxito económico, político, deportivo, artístico, académico…, ni el esfuerzo de generaciones se traduce en la necesaria percepción de igualdad.

Volviendo a Angela Glover y a su trabajo, podemos utilizar sus principales líneas de pensamiento y acción, que parecerían estar en la base de ese puente que hiciera posible el tránsito del sueño a la realidad. PolicyLink entiende que las soluciones a los desafíos de las naciones y sus pueblos se dan cuando el conocimiento, la sabiduría, la voz y la experiencia de quienes, tradicionalmente, están ausentes de los procesos de diseño, compromiso y aplicación de las políticas y procesos de transformación, son escuchados, se ven implicados, protagonistas de su propia transformación, atendidos y corresponsables de sus actos y resultados.

“Lifting Up What Works” (Escalando lo que funciona, juntos) es el combustible en la innovación local, en un esfuerzo por construir una “economía de la equidad, comunidades saludables y de oportunidades, y una sociedad justa”. Constituye la esencia de su proyecto, extendido a lo largo de todo el país, en alianza con todo tipo de iniciativas, instituciones, empresas comprometidas con el valor compartido generable   en su desarrollo social.

La “América” real está cambiando. Su población es cada vez más diversa y la “gente de color” avanza hacia ocupar la mayoría. Ya hoy, algo más de la mitad de los niños menores de cinco años son de color y las proyecciones a 2044 serán la mayoría de la población estadounidense. El Atlas de Equidad Nacional en Estados Unidos, aporta todo tipo de información desagregada para las 100 mayores ciudades del país, las 150 regiones más extensas y los 50 Estados. Un nuevo mundo multi racial y multicultural está emergiendo. En 1980 el 80% de su población era “blanca”. La composición racial-étnica compuesta por blancos, negros, latinos, asiáticos, nativos americanos y mixtos u otros, van conformando un escenario cambiante hacia la nueva sociedad futura en la que lo “políticamente correcto”, afroamericanos, latinos y asiáticos ya hoy suponen el 38% de su población. ¿Cómo revertir la desigualdad existente incorporando la nueva realidad en una emergente inclusión y prosperidad esenciales para construir esta nueva nación por venir?

Hoy, los ojos del mundo fijan su mirada en los incidentes violentos observados, en las masivas manifestaciones (mayoritariamente pacíficas), en la “intencionalidad electoral partidaria” del presidente Trump y la “oportunidad opositora” ante el próximo noviembre, o en la variada complejidad de “razones del malestar y reivindicaciones particulares” de cada grupo, localidad o persona en la calle. De manera adicional, el impacto del COVID-19, los fallecidos, el confinamiento, el debatido proceso desigual de reapertura de la economía, el impacto destructor en el empleo sumado a la pérdida del seguro en salud, el propio sistema sanitario… y los determinantes sociales y económicos de la salud que impactan de mayor manera que el propio sistema sanitario en sí mismo en las poblaciones más vulnerables, no hacen sino reforzar la dureza de la visión particular atribuible a la percepción global. La complejidad multivariable hace que la raíz del diagnóstico trascienda del acto criminal presenciado, denunciable, evitable, condenable. Triste y excesiva alerta para revisar el foco de la desigualdad, la vulnerabilidad y la necesaria propuesta de nuevas estrategias para el desarrollo y bienestar inclusivos.

Este y no otro es el reto americano. Un desafío de valores y prosperidad compartidos, de generación de impacto real en la comunidad escalando aquellas iniciativas y soluciones sistémicas que transformen la base de partida, minorando la angustia financiera de las familias, movilizando inversión pública y privada en apoyo a la sociedad, sobre todo en sus capas más vulnerables, y, por supuesto, reforzando y reorientando la democracia y justicia social interviniendo en el sistema existente.

No parece que dispongamos de recetas mágicas, ni de caminos novedosos o de reinvenciones de ruedas, sino de la capacidad y voluntad de comprometer actitudes y comportamientos coherentes y comprehensivos, con objetivos pensando más en el 2040 mencionado que en el estatus quo. Este y no otro es el desafío y el sueño americano. Hoy, Estados Unidos atrae nuestra atención y exige nuestro apoyo desde la denuncia de la injusticia observada a la vez que con la esperanza en las capacidades de su sociedad para superarlo. Pero, más allá de la particularidad diferenciada de cada país, asumamos que ni ellos son una isla, ni los demás tampoco. La pesadilla en contraste con aquel “tengo un sueño…”, movilizador e ilusionante, no es solamente americano. Ojalá, los demás también lo tengamos y nos empreñemos en hacerlo realidad.