(Artículo publicado el 27 de Octubre)

Cumplidos 40 años del Estatuto de autonomía para el País Vasco, cabe hacer una positiva valoración del mismo como instrumento posibilista, facilitador de una salida de la dolorosa y trágica dictadura del franquismo, de un tránsito hacia la reconstrucción democrática como vehículo de salida del aislamiento con miras a una Europa, entonces limitada a sus aspiraciones económicas mínimas integrables, aplazando sus sueños de un espacio comunitario de paz, libertad, bienestar y solidaridad desde la subsidiariedad que amparaba los anhelos de los pueblos y naciones que como la nuestra, veía en ella el marco adecuado de solución de un exigente proyecto de futuro. Suponía contar con un mecanismo suficientemente válido para recorrer una fase de crisis económica, social y política. Una apuesta por la imprescindible superación de un régimen dictatorial con su reforma inevitable y, a la vez, factible, en contraposición a una ruptura imposible en un contexto internacional que no podía o no quería avalarla, en un clima, además, de confrontación y terrorismo.

El Estatuto de Gernika permitió soñar con un futuro mejor, convencernos de nuestras capacidades para apropiarnos de nuestro futuro y comprometernos con un largo e inacabable proceso de construcción y transformación, partiendo de cero, generando y recreando instituciones, diseñando políticas innovadoras y retroalimentando una confianza mutua, pueblo-gobiernos, que, de una u otra forma, con muchísimas más luces que sombras, nos ha traído hasta aquí.

Para quienes el Estatuto de Autonomía era el instrumento del momento como medio para una etapa más y no un fin en sí mismo, ni, en ningún caso, el final del camino, lo leíamos como un verdadero pacto de Estado, soportado en dos máximas de apertura y cierre articuladas: sus tres primeros artículos por los que “el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto que es su norma institucional básica”; que “Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco”; que “cada uno de los territorios que integran el País Vasco, podrán conservar, o en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno; la Ikurriña como su bandera, el euskera lengua propia…” y, como llave del futuro recorrido en etapas sucesivas, su disposición adicional: “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto, no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

 

Con estos elementos esenciales y de la mano de la riqueza competencial y poderes cuya ejecución corresponde al Parlamento Vasco, al Lehendakari y al Gobierno, así como a los territorios históricos que conservan y organizan sus instituciones forales, nos sentíamos suficientemente armados para el trayecto inicial. Sin embargo, nunca creímos que un mero requisito técnico, en sus disposiciones transitorias, estableciendo la creación de una Comisión Mixta de transferencias, “en el plazo de un mes”, para fijar las condiciones de transferencia de las competencias que nos corresponden, habría de convertirse en cuarenta años de penalización unilateral (ilegal e inconstitucional), imponiendo un recorte, paralización y desprecio permanentes a la voluntad pactada. Este incumplimiento crónico se ha venido produciendo, gobierno tras gobierno, ya sea de la mano del PP o del PSOE, sin reparo alguno. Un desarrollo normalizado se ha convertido en un ejercicio de trueque, al albur del gobierno español de turno, en función de sus presiones, deseos o necesidades extra estatutarias en cada momento. Situación grave que no solamente ha generado incertidumbre en la planificación de servicios públicos, retrasos en decisiones críticas y esenciales para el País, duplicidades de recursos, ineficiencia de gestión, “favores” partidarios de la mano de funciones redundantes, uso abusivo, clientelar e ineficaz del sector público empresarial del Estado en Euskadi y, en definitiva, un sobrecoste evitable. Cuarenta años arrastrando una insatisfacción permanente, discurso recurrente, desafección galopante.

Así las cosas, Euskadi, hoy, parece seguir cautivo, en exclusiva, de la llave “constitucionalista” de Madrid y sus partidos y representantes “locales” que impiden cualquier avance y, por supuesto, todo deseo de actualización. Despreciaron el mandato del Parlamento Vasco para tramitar un nuevo estatuto (el único del Estado que no ha sido revisado o actualizado) y dilatan nuevos intentos como el que viene gestándose en el Parlamento, en el seno de una tortuosa ponencia de autogobierno. Legislatura tras legislatura, el Gobierno Vasco sigue remitiendo con escasas variantes el ya célebre “Informe Zubia”, más o menos similar al original, recordando la exigencia de cumplir el mandato estatutario y constitucional de traspaso. Mientras tanto, quienes reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto, somos clasificados en el paquete estatal de los “no constitucionalistas” y se nos “anima” a no provocar cambios, aspiraciones o nuevos caminos que “rompan” la concordia de la supuesta transversalidad social, paralizante de proyectos y esperanzas diferenciadas de aquellas dictadas desde los universalistas de la España única y unitaria.

La búsqueda de un nuevo Estatus no es un capricho ni un sueño ajeno a la realidad o a los tiempos que corren. El mundo se mueve y la sociedad vasca también. Si bien parecemos una especie de oasis en el caótico estado español y los resultados avalan la apuesta emprendida hace ya cuarenta años, hemos de recordar que esto no es fruto de la casualidad, sino de apuestas específicas que se han basado no solamente en la literalidad competencial, sino en el compromiso con apuestas a riesgo en aquellas áreas que hemos considerado vitales para la generación de riqueza y bienestar, acompañadas siempre de la mayor cohesión social y territorial posibles, casi siempre a contracorriente. Hoy no se trata solamente de “llenar y completar el estatuto” sino, sobre todo, de dar un nuevo salto de etapa ante los desafíos a los que se encuentra nuestra sociedad. Ya en mayo del 2015, invitado por el Parlamento Vasco a comparecer ante la Ponencia de Autogobierno (esta que lleva más de cinco años elaborando una nueva propuesta para  “evaluar el estado actual del desarrollo estatutario y sus logros, así como abordar las bases para su actualización…”), aporté el documento “¿Por qué la Nueva economía y sociedades de bienestar aconsejarían un nuevo estatus político para Euskadi?”, como contribución a una mejor comprensión de la importancia de dotarnos, como país, de nuevos instrumentos y de un nuevo marco de auto gobierno, recordando que Euskadi, como toda sociedad, nación y/o región confronta su futuro ante nuevos jugadores en una cada vez más compleja e incierta internacionalización de la economía, a las voces que cuestionan los modelos económicos y empresariales y su culpabilización ante esta grave crisis, desde una generalizada desafección de la política y una infravaloración del relevante papel de los gobiernos en el desempeño de la economía, además del reclamo de un nuevo modelo de desarrollo económico incluyente. Resulta imprescindible dotarnos de nuevas herramientas. Además, más allá de retos específicos en el ámbito en apariencia más inmediato y material, no podemos olvidar el rol esencial de carácter político y social. La mal llamada cuestión territorial con la que parece simplificarse el procés catalán no es sino uno de los innumerables ejemplos que recorren el mundo, a la búsqueda de nuevas alternativas de relación entre las diferentes comunidades y naciones que conforman otrora estados acomodados a una situación heredada que guarda escasa identificación con las nuevas demandas sociales. El “derecho a decidir” (pese a que no exista conforme a las caricaturizadas expresiones del Presidente del Tribunal Supremo español, en su reciente sentencia “de novelado relato previo”, fiel al guion marcado por la convergente fuerza y poderes de un Estado español que no parece consciente de las múltiples voces que claman por nuevas formas de relación, convivencia y pertenencia en su “modelo único”), se extiende a lo largo del mundo, ya sea por una u otra causa. Desde el Brexit dejando la Unión Europea, Escocia desando elegir su propio camino y con el horizonte contrario integrable en la UE, Catalunya hacia la República catalana, Euskadi hacia un espacio diferenciado propio. Detrás están valores, emociones, necesidades y voluntades comprometidas con caminos propios que hacen inevitables comportamientos desiguales, diferentes políticas, la necesidad y/o deseo  de intervenir en la economía y en el mercado próximo desde instituciones propias y distintas, cuestionar la eficacia de planes y decisiones únicas dictadas desde burocracias lejanas y desacreditadas y, sobre todo, la crudeza de nuevos desafíos que han de ser confrontados desde nuevos objetivos, nuevos horizontes y nuevos instrumentos. Un nuevo estatus político al servicio de la economía y de las personas, que como toda estrategia (personal, empresarial, territorial, gobiernos), exige provocar un escenario diferenciado, deseable, compartible por nuestra sociedad. Un marco y escenario alcanzable, adecuado al desafío social de responder a las necesidades, bajo principios y modelos de desarrollo incluyente. Un largo y complejo proceso que exige de todos nosotros un verdadero cambio de actitud (individual, solidaria y colectiva, a la vez) trabajando en “diseñar nuestro propio nuevo Marco o Estatus en Comunidad” siempre cambiante, siempre alineado con nuevas demandas sociales, siempre exigente y solidario, siempre compartido.

Cuarenta años después, recordamos y celebramos el compromiso adquirido en la aprobación del estatuto vigente: su aceptación no implicaba nuestra renuncia a los derechos que hubieran podido corresponder en función de nuestra historia y que habrán de actualizarse conforme a los cambios y demandas de la sociedad vasca. Comprometernos en un nuevo ESTATUS, es la mejor manera de celebrar este aniversario.

(Artículo publicado el 13 de Octubre)

A unos días de la cita periódica con la presentación del Informe de Competitividad de Orkestra, convertido en un clásico para tomar la temperatura a nuestra economía y sociedad y adentrarnos en desafíos de futuro, irrumpe el “Índice europeo de Competitividad” que la Unión Europea elabora para comparar el comportamiento de las diferentes regiones europeas.

El citado Índice europeo sitúa a Euskadi en la posición 125 de las 268 regiones que analiza, otorgando una puntuación mejor que la de hace tres años, si bien nos coloca ligeramente por debajo en términos relativos, con aparente mejoría de algunos “competidores”. Al margen de otras consideraciones, la comparativa por grupos de regiones “homologables”, provoca una primera distorsión al mezclar tamaños, capitalidad central o geo-periférica, modelo de tejido económico, capacidades reales de autogobierno y decisión/aplicación de políticas públicas, etc. Agravada, adicionalmente, por las estadísticas empleadas (las más de las veces limitadas a ámbitos globales por Estado), las encuestas valorativas y la selección de los opinadores y evaluadores, con la excesiva recurrencia a información macro de igual o muy similar aplicación a todas las regiones, generando una asimilación al Estado (y sus políticas) del que se forma parte y a la Ciudad-Región que contiene la capitalidad. Finalmente, el propio objetivo de este Índice, orientado al soporte del ejercicio presupuestario de la Comisión Europea buscando referencias en torno a su modelo de cohesión territorial, adecuado a sus propias políticas y estrategias con clara base subvencionadora, no permite grandes mecanismos de articulación de estrategias para la Competitividad (diferenciada y única, por definición).

Como hemos comentado en otras ocasiones, la sucesión de Índices (la mayoría sin la historia suficiente para el rigor exigible en los procesos de decisión), puede provocar reacciones inerciales y coyunturales que no resulten claves reales de evaluación, aprendizaje y motivación reorientada de caminos a seguir, llevando, en ocasiones, a la confortabilidad o al desánimo inhibidor. La competitividad no es un asunto limitado a un frio éxito económico de algunos contra el resto como suele mal entenderse, sino un motor generador de riqueza, empleo y bienestar sostenibles para la sociedad y todos sus miembros y agentes interrelacionados, en un espacio determinado. De allí su compleja a la vez que enorme importancia.

Ahora bien, con todas las limitaciones que se expliciten, conforme al mencionado Índice regional europeo, Euskadi ocupa la cabeza en el Estado español a escasa distancia de Madrid (tan solo superado por la variable “tamaño del mercado”), destacándose la salud (Sanidad, Servicios Sociales y otras políticas y determinantes socioeconómicos de la salud). A la vez, destaca tres apartados negativos al situarlos por debajo de la media europea, penalizando la calificación final: estabilidad macroeconómica, eficiencia del mercado laboral y sofisticación de negocios.

Así, acercarnos a estos tres apartados negativos podría “tranquilizarnos” al comprobar que el primer factor señalado, “estabilidad macroeconómica” nos penaliza en extremo dada nuestra asociación con el estado y sus estrategias (de planificación, inversión y gasto) arrastrándonos a la situación española (soportando una deuda de 1,2 billones de euros con una carga financiera anual de 40.000 millones, sin presupuestos, con un desempleo estructural que “lidera” el pelotón negro de la Unión Europea y una cuestionable gestión macro a las que se unen las “Leyes Básicas” de aplicación generalizada y obligada, impidiendo decisiones críticas diferenciadas), mientras que, uno a uno, dichos elementos son claramente mejores en el caso vasco: la menor tasa de desempleo del estado, mínima deuda con el mejor ratio del Estado, eficiencia de la Administración pública, etc.. En lo que se refiere al mercado laboral, de igual forma, la crítica y cuestionamiento general de las ineficientes reformas y pésimo comportamiento del mercado laboral español, denunciada de manera permanente, nos arrastrará a las peores posiciones del Índice. Ahora bien, más allá de dicha confortabilidad momentánea, hemos de profundizar y asumir algunos importantes “problemas y desafíos” propios.

Nuestro modelo de relaciones laborales ha sido valorado a lo largo del tiempo como un modelo diferenciado del Estado considerando que contamos con un espacio sociolaboral propio. Sin embargo, las vicisitudes parciales que dicho modelo contempla (organizaciones sindicales y empresariales o patronales singulares y distintas, la propia fuerza representativa de cada unos de ellos, el entramado económico-laboral y sus diferentes formas de negociación colectiva, la inclusión de cláusulas de previsión social complementaria en los acuerdos, la calidad y fortaleza de los beneficios en la Administración Pública al servicio de los trabajadores y los instrumentos de encuentro, como el Consejo de Relaciones Laborales, pionero en su momento, y la Red de Protección y Seguridad Social disponible…), no pueden ocultar indicadores negativos como el propio cuestionamiento o paralización de alguno de los instrumentos de encuentro, hoy desechados o despreciados, el elevadísimo absentismo permanente, a la cabeza del Estado, demasiadas jornadas perdidas fruto de la “conflictividad” como llave de soluciones, o incluso, pese a estar a la cabeza del desempleo, el para nosotros aún considerado paro crónico excesivo, en especial, en el mundo juvenil y en el de larga duración para mayores de 45 años.

De igual forma y tan o más preocupante, aún, el apartado de la “sofisticación de los negocios”. Tras este epígrafe encontramos la innovación, el emprendimiento, la tipología y la internacionalización de la empresa, así como el valor añadido generado y, sobre todo, el siempre denunciado espacio de menor relevancia en ámbitos de alta tecnología.

Si bien es verdad que siempre hemos cuestionado la calidad y validez de muchos indicadores utilizados, más allá de poner el acento en lo mejor o peor concebidos, sería responsable acercarnos a cada uno de ellos no solo para entenderlos o desecharlos, sino, sobre todo, para trabajar a fondo los puntos que incluyen. Euskadi destaca (desde luego en el marco del Estado español) y es referente en competitividad, innovación, bienestar en el seno, también, de la Unión Europea. Ahora bien, a partir de allí, se suele resaltar nuestra débil situación en las tecnologías avanzadas (casi siempre condicionadas por las patentes y propiedad intelectual), empezando por atribuir a nuestra Red de Centros Tecnológicos y empresas una escasa presencia y mínima generación de ingresos en estos apartados, lo que sugeriría una limitación a nuestro desarrollo en este espacio de innovación tecnológica. Innovación de la que se destaca la enorme labor realizada en Euskadi (empresas y gobiernos), si bien se entiende limitada a pocos “jugadores ganadores” y un uso excesivo de recursos en micro pymes con escasa “capacidad innovadora”, centrando, desgraciadamente, los indicadores en su asociación con la innovación productiva, de procesos, de gestión, societaria o social, las más de las veces, no solo de mayor valor, sino asociables al tejido empresarial y cultura socio-económica de nuestro país. En esta línea, el apartado “emprendimiento” resulta penalizado. Euskadi cuenta, sin duda, con uno de los más completos marcos emprendedores, políticas de apoyo público en todos los niveles, iniciativas público-privadas ad hoc, emprendedores “sociales” y algunas significativas empresas que promueven “el intraemprendimiento”. Ahora bien, los resultados obtenidos no vienen acompasados, en el plazo inmediato, a los éxitos empresariales deseables. La tasa de mortalidad de las nuevas aventuras emprendedoras es muy elevada, el grado y tiempo de crecimiento medio de las nuevas iniciativas es escaso para lo necesario y la confusión entre emprender y auto empleo está demasiado extendida.

Así mismo, siendo Euskadi una economía claramente abierta e internacionalizada, situada a la cabeza de su entorno en este capítulo, los evaluadores penalizan nuestra economía por la concentración de mercados, la inversión “productiva o con base permanente” en el exterior y la limitada “presencia tractora” en las “grandes cadenas globales de valor”. Aquí también, el Estado y sus decisiones tienen su carga negativa y penalizadora: la nefasta gestión castigo a la conectividad (Y vasca, aeropuertos, red de acción exterior, misiones parlamentarias, puestos en organizaciones internacionales, presencia en foros exteriores…)

Así, tal y como he comentado con anterioridad, no se trata de “enredarnos” en los diferentes índices que se generalizan a lo largo del mundo, ni de cuestionar los conceptos subyacentes, pero son, en todo caso, una excelente excusa y oportunidad para adentrarnos en los diferentes elementos que mantienen, de modo que nos preguntemos el qué y cómo actuamos en cada uno de ellos, cuál es nuestro estado real, qué resultados estamos logrando, a qué desafíos nos enfrentamos y, sobre todo, qué podríamos hacer para mejorar en todos y cada uno de ellos. La comparación es una buena primera aproximación, su contraste con nuestro propósito y futuro facilita una buena base para ir retocando, reorientando o construyendo una dinámica hoja de ruta.

El Índice aquí comentado, nos sitúa en un lugar cabecera del Estado y en un relativo tercio líder entre las regiones europeas supuestamente homologables. Esta misma semana, Bilbao ocupa uno de los “TOP 10” de las ciudades inteligentes, hace unos días, el Índice de Progreso Social nos volvía a destacar en una posición privilegiada y, de igual forma, podemos constatar significativos avances, liderazgos y referencias mundiales. Es, de esta forma, como podemos abordar, desde la satisfacción por lo logrado, los retos y desafíos del mañana y preguntarnos por aquellos espacios y retos a los que hemos de enfrentarnos.

En unos días, tendremos nuevas fotos del estado de nuestra competitividad. Por encima de la rigurosa información y acceso abierto y transparente a todo tipo de indicadores que su Observatorio de Competitividad aporta (y actualiza de forma permanente), Orkestra nos acercará a otros puntos de la realidad vasca, así como de los desafíos a los que hemos de enfrentarnos. A su Informe de Competitividad 2019, incorporará uno de los aspectos clave para transitar hacia el futuro esperable: “Las tendencias del empleo” y nuestro desafiante viaje más allá de las competencias y la formación asociables. Sin duda, “vitaminas esenciales” para un largo e inacabable viaje.

Euskadi, desde una posición destacada, afronta, día a día, nuevos desafíos. Más allá de Índices concretos, necesarios para medir nuestro grado de avance, sigamos una estrategia propia al servicio de nuestra Sociedad y bienestar.