(Artículo publicado el 11 de Agosto)

Tiempos convulsos, inciertos y complejos que exigen, si cabe, más que nunca, de gobiernos líderes comprometidos con el servicio demandado por las sociedades que representan y dirigen, que manifiestan un alejamiento y desconfianza en las bondades de unos sistemas democráticos que no parecerían convencerles ni entusiasmarles, con sus propuestas para un futuro mejor y para todos, cuya credibilidad parecería cuestionada.

Un panorama gris y preocupante, demandante de una verdadera actuación comprometida, solidaria y de todos para todos a la vez, basada en información veraz sin eufemismos camuflados, auténticos, claramente explícitos, que garanticen la calidad de las propuestas, el coste beneficio esperable en sus resultados y los verdaderos objetivos que se proponen.

Desgraciadamente asistimos a una larga cadena de actitudes y comportamientos confusos y muchas veces contrarios a lo comprometido, faltando al apoyo democrático recibido como aval prestado. Así las cosas, no debería sorprendernos ni el desánimo ni el descontento de la población, ni el agravamiento de un peligroso déficit democrático y de gobernanza, generadores de una profunda insatisfacción. Preguntarnos de manera retórica el porqué de la caída de las democracias no sirve de mucho apelando tan solo al resurgir interesado de extremismos, o recurrir al tan presente cambio sociológico post pandemia, y obviar la secuencia de políticas aplicadas y su conexión con las sociedades a las que se lidera, gobierna o sirve, prescindiendo, a la vez, del análisis profundo de los propios roles desempeñados por cada uno en el ejercicio de sus responsabilidades.

Son demasiados los ejemplos observables a lo largo del mundo que llevan a un desánimo colectivo cuyo precio pagamos todos y que desgraciadamente provocan una creciente brecha entre gobernantes y gobernados. Brecha que resulta cada vez más difícil reducir o eliminar.

Esta semana asistimos a un relevante ejemplo con ocasión de la investidura del futuro presidente de la Generalitat de Cataluña que, al margen del resultado que aporte, surge de un más que  polémico acuerdo que para una parte dice suponer la ruptura del procés independentista o soberanista catalán, para otros la reconducción de aquello  que provocó la intervención desde los poderes centralizados del Estado español anulando la autonomía y gobierno catalán, legítimo, la inhabilitación de su Parlamento y sus decisiones,  el exilio de su presidente y dirigentes políticos, el encarcelamiento y supresión (inhabilitación o persecución) de los líderes del momento, el calvario judicial de muchos ciudadanos con la confiscación de sus bienes, una acentuada paralización de la Administración Autonómica, un claro perjuicio económico y financiero para Cataluña y los catalanes con una salida de empresas para resituar sus domicilios fiscales fuera de Cataluña, teledirigidos por órdenes, decretos  y presiones del Gobierno español para llevarlos a sedes artificiales fuera de su entorno natural y real, así como un largo etcétera de dolor y dificultades sobrevenidas, Para otros, no firmantes, la sensación de la unidad y años perdidos, minando aspiraciones colectivas de una capacidad propia para tomar las decisiones de su propio futuro y supeditación a un gobierno a distancia desde los intereses prioritarios de otros ámbitos de decisión e impedir el ciclo de regreso de un presidente legítimo forzado al exilio.

El preacuerdo que posibilita y justifica esta investidura es un futurible desconocido.  Lo insólito no es solamente que los partidos firmantes no se hayan atrevido a hacer público documento alguno, ni explicar su contenido o defender con firmeza y valentía lo que creen bueno y positivo para Cataluña, para el Estado español, para su autogobierno y para la población que han de servir, sino que callen de  forma truculenta hasta lograr una presidencia claramente inestable, que habrá de condicionar, también, el más que precario apoyo que el presidente Sánchez tiene desde su clara minoría en el Congreso español, la inevitable participación de las Cámaras Legislativas, las diferentes Comunidades Autónomas y todo un sistema social, político y legal para facilitar las modificaciones imprescindibles para hacerlo posible.

Esta vez no solo no dan explicaciones a la sociedad sobre el posible acuerdo, ni siquiera a sus propios militantes, afiliados y órganos de dirección de partido y gobiernos de los que forman parte. Lo único conocido es un texto de parte, en catalán (siempre habrá coartada de parte para decir que no es oficial su redacción), sin firmas, ni logos, filtrado a través de sus “ fuentes próximas habituales”, con una versión del  Partido catalán ERC, mientras el PSOE ( y mucho menos el PSC como convidado de piedra y beneficiario indirecto) el Gobierno español y su partido PSOE, cierran filas de silencio con algunos comentarios en privado (“no es lo que ellos dicen, siempre exageran  lo que dicen lograr y queda demasiado tiempo para su posible cumplimiento”) fieles al estilo al que nos tienen acostumbrados.

En su larguísima historia de incumplimientos, esta vez la fuerza del acuerdo se centra en un engañoso título (“Concierto económico solidario”) que se supone determinará en los próximos años una financiación singular para Cataluña. que le permitiría gestionar los impuestos que se generen y paguen en su territorio, contribuyendo con el pago de los servicios que el Estado preste en Cataluña conforme a las competencias realmente transferidas y asumidas por Cataluña, conforme a su Estatuto de Autonomía, y aportaría una “cuota de solidaridad” con el resto de Comunidades Autónomas. La elección de su denominación no es casual. Pretende  confundir con el término “concierto económico” para hacerlo parecer a los conciertos y convenios forales del País Vasco y Navarra, a la vez que añadir un equívoco adjetivo “solidario” como si las comunidades forales mencionadas no lo fueran, tratando de contentar a una falsa progresía de izquierda y opinión pública ,con un falso espíritu  redistributivo colaborativo y una aproximación igualitaria común que colme reivindicaciones de otras regiones en un sistema de régimen común, que requiere una absoluta reforma. Una inevitable reforma que no puede resolverse con un acuerdo declarativo de parte, para salvar una investidura concreta. Un documento sin cifras, sin plazos de cumplimiento y ejecución, sin compromisos reales explícitos, sin mecanismos e instrumentos que permitan conocer el alcance de lo que supone, y siempre supeditada a lo que decida el Congreso de los Diputados el día de mañana. Máxime, con un congreso y un Senado que no están bajo el control o decisión única del partido firmante y con la mayoría de las Comunidades Autónomas (de régimen común) que habrán de decidir el futuro modelo de financiación.

Hasta que podamos conocer lo pactado y, sobre todo su ejecución real, no antes de 2026 en sus primeros pasos, hemos recibido 3 mensajes: uno del presidente Pedro Sánchez, otro el de ERC como firmante convocando a su militancia para apoyar su investidura, y el del presidente en funciones de la Generalitat Pere Aragonés, ya en su última rueda de prensa tras su último Consejo de Gobierno.

Esta vez el presidente español ha ido más lejos y nos ha dicho que se trata de colocar una pieza esencial de la construcción, en curso, de un Estado federal, abordar un siempre futurible nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas y municipios en el Estado, (“avanzando hacia un espacio más federal”). Por su parte, ERC, ha preguntado a su militancia si apoya investir al presidente socialista a cambio de la soberanía fiscal para Cataluña. ¿Soberanía fiscal? nos preguntamos cuando ni lo filtrado ni lo comentado por su contra parte se deduce. Y el ya expresidente Aragonés declaraba exultante marcharse satisfecho de su gobierno “habiendo logrado el mejor objetivo posible y el mayor avance para Cataluña a lo largo de los 40 años de autonomía”

¿Y si esta vez fuera verdad? Si le creemos al presidente del gobierno español,  podríamos soñar con que su partido está volcado en esta apuesta, que sus socios de gobierno comparten la convicción de su mensaje, que contará necesariamente con nacionalistas y soberanistas para llevarlo a cabo, que se dará carpetazo a la penalización del proceso catalán, se abordarán de inmediato los nuevos Estatutos, se renovaría un nuevo estado de relación Cataluña- España además de todos aquellos otros Nuevos Estatus pendientes (en especial en Euskadi) y las reconfiguraciones imprescindibles de las nuevas estructuras de Estado en aquellos que aspiren a ese nuevo espacio confederal.

¿Estaríamos en condiciones de comprometer una verdadera estrategia de reconfiguración de un nuevo Estado? ¿Y si esta vez fuera verdad? Imaginemos que se trata de un proyecto real, de un compromiso firme y de una verdadera invitación a construir un futuro distinto, de avanzar hacia una estructura moderna para un Estado y naciones con aspiraciones propias de autogobierno y soberanía en diferentes grados.

Unos y otros avanzando hacia una estructura moderna para un Estado diferente con un verdadero futuro de progreso y desarrollo deseado. ¿De verdad existe un propósito, una estrategia, voluntad, compromiso, visión y liderazgo para aportar las soluciones soñadas cuando iniciamos una transición superadora de una dictadura, de un sofocante y paralizante aislamiento internacional?