(Artículo publicado el 5 de Agosto)
La negativa coyuntura vivida durante los últimos días, desde Barcelona hasta la práctica totalidad de las principales ciudades del Estado español, en un vertiginoso colapso del servicio público, la ausencia de alternativas reales de atención a la ciudadanía, el descontrolado imperio de miles de vehículos, conductores y simpatizantes tomando el espacio público, en una mal llamada huelga ajena a los requisitos legales que garantizan servicios esenciales compatibles con reivindicaciones y derechos laborales y la tolerada inacción de las autoridades (laborales, seguridad vial, interior, transporte…) ha puesto de manifiesto una serie de debates de gran calado más allá del aparente conflicto único en torno a las licencias de actividad para el mundo del taxi, de los vehículos con o sin conductor y la ya más que evidente realidad de nuevas empresas y modelos de negocio reflejadas en las marcas más que generalizadas en el mundo de UBER y CABIFY en referencia evidente a la conocida como nueva economía colaborativa, que, aplicada a esta industria, provoca la disyuntiva entre las condiciones de acceso, competencia, carácter de servicio público o no del servicio, derechos de un trabajo formal, derechos de trabajadores y usuarios (consumidores o no de dichas ofertas) y, por supuesto, del papel que han de jugar las diferentes administraciones públicas en la materia.
Una primera aproximación un tanto simplificada nos llevaría a centrar el debate en la coexistencia de un servicio público regulado (el taxi en sus diferentes modalidades) y los nuevos servicios y negocios en torno a la llamada economía colaborativa y concentrar las posibles soluciones en una inmediata regulación buscando una posición intermedia que aporte una cierta paz social, con carácter temporal, a la espera de nuevos momentos y acontecimientos, confiando en una cierta convivencia relativamente ordenada en el tiempo. Sin embargo, más allá del conflicto en curso (sujeto a tregua estival) resulta imprescindible adentrarnos en la esencia que hoy afecta a este modo de transporte, y a todo tipo de industria y actividad, de una u otra forma e intensidad, como consecuencia de la irrupción de nuevas economías exponenciales y emergentes que no solamente incorporan las oportunidades que la tecnología ofrece sino que abren todo un mundo de disyuntivas tanto en la desmaterialización de activos, la digitalización de las industrias, los nuevos modelos de desintermediación, el papel esperable por el ciudadano-consumidor, la inevitable reinvención de los gobiernos ante un nuevo fenómeno demandante de nuevos perfiles profesionales, nuevas habilidades, competencias y capacidades, nuevas actitudes ante el mundo del empleo y las condiciones del mismo y, en definitiva, una nueva manera de entender y comprender los roles sociales, en los que las personas y actores del sistema, jugamos y asumimos papeles muy diferentes en función del rol protagonista que nos corresponda en cada momento, ya sea como consumidor, como observador no usuario de un nuevo servicio, propietario, profesional del servicio, administrador, contribuyente o gobernante. Las nuevas ofertas de valor esperables están por venir, desbordando un espacio “tradicional” que nos obliga, a todos, a repensar nuestros modelos de negocio, nuestra formación y nuestra empleabilidad, así como a rediseñar nuestras administraciones, la forma de normar y regular este nuevo mundo en el que ya estamos inmersos y a adentrarnos en una nueva manera de entender la forma de satisfacer necesidades sociales desde el valor compartido empresa-Sociedad, en nuevas formas de interacción entre personas, entre personas y gobiernos, entre gobiernos, entre empresas y entre gobiernos y empresas. La buena noticia es la esperanza en que la confianza que seamos capaz de generar y la búsqueda de nuevos caminos se traduzca en un mejor y mayor beneficio inclusivo. La mala, la complejidad y el esfuerzo del camino por recorrer. Un escenario exigente para todos y, sin duda, para los gobiernos que han de acometer cambios profundos que permita responder a la demanda de nuevas políticas, normativas y gestión acordes con el mundo emergente que ha llegado para quedarse.
Ya en 2016, el profesor Arun Sundararajan publicaba uno de los más completos e interesantes (en mi opinión) libros sobre la “economía colaborativa”, bajo el título “Sharing Economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism” (“Economía colaborativa: el final del empleo y crecimiento del capitalismo basado en la multitud”). Desde su experiencia y trabajo asesor en las principales empresas que lideran este complejo mundo, destacaba la enorme contribución esperable con esta nueva modalidad económica, desde la generación de nuevas oportunidades, mercados, facilitadores de mejores bienes y servicios emergentes, incrementando el nivel de desarrollo y actividad económica, revalorizando todo tipo de activos e industrias que han de reinventarse y renacer de la mano de nuevos talentos a incorporar o desarrollar, reduciendo la inoperancia o sobre coste de muchas intermediaciones innecesarias, en un intenso movimiento generador de todo tipo de redes, con una importante supresión entre las categorías persona/trabajador/empleado y la ruptura de barreras y diferencias entre tipos de trabajadores y la ruptura de jerarquías acercando los espacios de comercialización mercantil al de la donación, trueque o intercambio libre de cualidades, conocimiento y valor. Relevantes aportaciones que, no obstante, exigen abordar, como nos advertía, las grandes contradicciones que generaría y que, inevitablemente, hemos de resolver, como Sociedad, en el complejo proceso permanente de toma de decisiones al que nos enfrentamos. Proceso que conlleva decisiones ideológicas y posicionamientos sociopolíticos activos, más allá de una simple aceptación de las en apariencia consecuencias inevitables del avance tecnológico. La innovación “social y política” ha de asumir un rol esencial: ¿mano invisible del libre mercado o dirección e intervención pública?, ¿hacia una reinvención del capitalismo u otros sistemas por reformar o transformar?,¿decisiones y ámbitos locales o globales de actuación?, ¿descentralizar, desconcentrar o centralizar?,¿Arbitraje regulatorio o auto regulación?, ¿empleo fijo y de por vida para todos, para unos pocos o nuevos conceptos de empleabilidad?, ¿sociedades aisladas o interconectadas? Oportunidades y desafíos en este nuevo mundo de la economía en el que la fuerza colaborativa o cooperativa de l individuo en red, en multitud, alberga una fortaleza inmensurable. Como el propio profesor Sundararajan prefiere llamarla, tras las realidades observables, la “crowd based partnership” (partenariados basados en la multitud), supone el verdadero espacio de transformación que se está configurando.
Adicionalmente, como indicaba al inicio de este artículo, el conflicto de esta semana ha puesto de manifiesto relevantes reflexiones, asociables a las contradicciones antes mencionadas. ¿Cómo es posible que el gobierno español y su todo poderosa administración central se haya empeñado a lo largo de 40 años (por referirnos en exclusiva a su convivencia con el llamado Estado de las Autonomías tras la dictadura franquista) en la no transferencias de las competencias de regulación y administración del taxi a las diferentes Comunidades Autónomas, entes metropolitanos y municipios, incumpliendo normas, leyes orgánicas y sentido común, desde su prerrogativa de unilateralidad y que, en unos días de conflicto, haga gala de conceptos como “principio de subsidiaridad, administración natural, eficiencia y eficacia local, simplificación y proximidad, asimilación a la práctica europea…” para “ofrecer” a todas las Comunidades Autónomas, con o sin competencias reales, la capacidad de decidir la forma de regular y autorizar la competencia? Bienvenido el cambio de criterio, así como las razones esgrimidas que confiemos sean de aplicación generalizada no al taxi sino a todo tipo de actividades y competencias administrativas y políticas en juego. Con o sin problemas, se trata de profundizar, de forma responsable, en el auto gobierno. Confiemos sea el nuevo camino a seguir, por ejemplo, cumpliendo el inacabado desarrollo del Estatuto de Gernika para Euskadi, o el “cepillado” Estatut catalán, que sufren la parálisis unilateral, de modo que cuestiones tan sencillas de gestionar desde la proximidad, el ámbito local, la subsidiaridad y la eficiencia como son los ferrocarriles, autopistas, puertos y aeropuertos, la dependencia, los mercados de valores, el ahorro, la previsión y las pensiones, la función pública o la gestión del régimen económico de la seguridad social, o la administración de prisiones, en el territorio “autonómico”, pasen a mejores manos a la mayor brevedad posible, sin esperar a que surjan conflictos que animen al gobierno de turno a recurrir a la lógica esgrimida en este caso.
También, hemos visto el doble rasero en la interpretación de la seguridad vial, la seguridad ciudadana, la ocupación del espacio público, el derecho a la huelga y los servicios esenciales. Todo un escaparate para comprobar como parece opinable el momento y forma de intervenir desde el ejercicio de la Autoridad, lo que pone en claro que los relatos inamovibles que sirven para observar “una Barcelona violenta , sediciosa y rebelde en una consulta no vinculante como la del pasado 1 de Octubre”, no genera problema alguno cuando miles de taxis ocupan las calles, piquetes informativos se convierten en bandas organizadas de “intimidación y agresión a terceros”, retransmitidos no ya por una televisión politizada como TV3, atendiendo a la valoración de los autores del relato, si no por todo medio de comunicación a lo largo y ancho del Estado, más allá de Barcelona o Catalunya.