Inmersos en pleno debate sobre el déficit eléctrico,el «nuevo» incremento acelerado del precio del petróleo,las idas y venidas de las sucesivas apuestas ( en algunos casos tan solo en el discurso) por las energías renovables y la economía sostenible y verde y las constantes protestas de los consumidores ante el incremento de sus recibos de la luz,nos encontramos con una positiva -en mi opinión-aportación de la Presidenta de la Comisión Nacional de la Energía española, María Teresa Costa.
Al hilo del debate en torno al coste de las primas de la energía fotovoltaica en el sistema eléctrico español, la Sra. Costa ha elaborado un informe al respecto en el que «considera necesario plantear la posibilidad de que el coste de los precios de las energías renovables no solo recaiga sobre los consumidores de la luz sino que sea también asumido por otros colectivos».Si bien el Informe no va más allá en esta idea, merece la pena destacar esta vía ( no necesariamente nueva) de gran oportunidad.
En un mundo en el que cerca de 1600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad o en el que otros 400 millones lo hacen de manera limitada e ineficiente, en el que las deficiencias de infraestructuras de transmisión y servicio convierten en zonas aisladas a crecientes poblaciones urbanas de todo tipo y nivel económico y de bienestar,o en el que no existe región y/o gobierno alguno que no se plantee «una nueva estrategia energética ( casi siempre, verde, renovable y sostenible) para los próximos 25 años a la qu pide no solamente garantizar el acceso de sus ciudadanos y empresas a la electicidad, sino que lo haga de manera competitiva, social, a la vez que sirva como instrumento para la generación de nuevas industrias y empleos de futuro, capaces de transferir el control a los agentes locales y facilitar el desarrollo económico y social de su territorio y ciudadanos, en condiciones adecuadas de financiación que no pongan en riesgo las arcas públicas del gobierno implicado», parecería inevitable redefinir la financiación de la electricidad y el acceso, uso y disfrute de la misma en condiciones realistas que no se limiten a la decisión del Ministro de Energía del gobierno correspondiente para trasladar su coste al famoso recibo de la luz.
Si resulta evidente que el elevado coste demandado no puede ser trasladado al individuo, empresa o usuario final en su totalidad, ¿Cómo asignarlo al conjunto de stakeholders e implicados? ¿Una tasa de carburantes? ,¿Una tasa asociada al fomento de proyectos específicos de I&D considerados asociables a las estrategias energéticas afectables?,¿Una tasa para el desarrollo sostenible y/o para la industrialización en la región correspondiente?,¿Acudir directamente a los Presupuestos Generales y otorgarle el caracter de bien necesario y de utilidad pública cuya universalización ha de ser garantizada propiciando el acceso a una electricidad eficiente ,competitiva y sustentable?…
Lo dicho. Una vía,una oportunidad para superar el perverso debate entre primas,tipos de energía y lucha de suma cero.Otro complejo camino a recorrer…