(Artículo publicado el 17 de Abril)
Cuando se publique este artículo, estaremos interpretando los resultados de la «consulta popular» de Podemos a sus «seguidores inscritos», posicionándose sobre el eje de preferencia para un gobierno de la mano de un acuerdo PSOE-Ciudadanos (según su pregunta, con «Pedro y con Alberto») o Podemos-PSOE, bajo «nuestro liderazgo». Sea la que sea la respuesta, resultará inoperante y de escasa viabilidad ya que el uso del voto se convertirá en argumento para la decisión que la dirección de Podemos haya tomado con carácter previo y, por supuesto, volvería al punto original de partida, dependiendo de las decisiones de terceros para formar o no un gobierno.
En paralelo, los movimiento de última hora fijarán (si no lo han hecho ya) otras alianzas alternativas conformando un gobierno, o por el contrario, la convocatoria automática de nuevas elecciones a celebrar el próximo 26 de junio.
Pase lo que pase antes del 2 de mayo próximo, gobiernen o no los potenciales aliados, lo más destacable de este periodo post electoral (desde el ya lejano 20 de diciembre), lo que en verdad ha resultado de interés, ha sido comprobar el comportamiento de los diferentes actores: desde la escasa o nula experiencia en la gestión de la complejidad y la formación de gobiernos a partir de acuerdos compartibles bien de gobernanza, legislatura o simple apoyo de investidura de los «líderes» de las diferentes formaciones; la teatralización y obsesión mediática obviando principios, contenidos y objetivos; el peso excesivo y prioritario de las posiciones personales y de partido respecto de los intereses generales; el divorcio entre los mensajes y proclamas electorales y los intereses por acordar casi cualquier cosa y con cualquiera; el tránsito desmemoriado del insulto y la descalificación hacia el abrazo «de lo posible» con el supuesto adversario político; hasta el objetivo centrado en la búsqueda de un culpable al que responsabilizar del «fracaso democrático» para dar paso a un nuevo ejercicio electoral. Todo un compendio de comportamientos desde un marco restringido que lejos de facilitar soluciones, se diseñaba para profundizar en la diabólica aritmética electoral resultante el pasado diciembre. Si la distribución de escaños llamaba a apuestas radicales de cambio, repletas de riesgos, para acometer los desafíos reales y permanentes del Estado español (su tremendo deterioro Institucional, una crisis económica estructural con una España absolutamente desequilibrada y dispar con necesidades estratégicas diferenciadas, una reinvención del modelo de Estado con respuesta a las demandas «plurinacionales», el tránsito a nuevos modelos de desarrollo económico, la mitigación de las desigualdades, rehacer los pilares del Estado de Bienestar, recuperar la credibilidad y confianza en la política y afrontar la sangrante corrupción…), lejos de promover movimientos en esta dirección, el partido ganador (relativo) se atrincheraba en sus posiciones fracasadas en los últimos años y se apartaba a la espera del fracaso de los demás, el PSOE dejaba a su candidato (perdedor en las elecciones con uno de los perores resultados en su historia) intentar presidir un gobierno de adhesiones con el único recurso al miedo a seguir bajo el gobierno de «los malos», atándole respecto a los «peligrosos aliados» (en realidad todos) y encendiendo, a la vez, las alarmas para iniciar su destitución interna. Finalmente, «los embajadores de la Nueva Política» han demostrado escasa novedad y poca vocación y capacidad real de gobierno.
Pero si todo lo anterior habría de ofrecer enseñanzas claves ante una nueva petición de confianza y voto, en el caso de una repetición electoral, hemos podido observar algo especialmente grave cara a futuros gobiernos en su periodo de actuación «en funciones». Lo observado aconsejaría un auténtico cambio, inmediato, en la Ley de Gobierno y Administración, en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en el sistema de Gobernanza y toma de decisiones de la Unión Europea. Al menos estos tres importantes ámbitos de actuación, condicionantes de nuestra vida, deberían revisarse y adecuarse a potenciales periodos de desgobierno o interinidad.
Bien porque el gobierno Rajoy llegase a verse respaldado por el Tribunal Constitucional justificando su NO control por el Parlamento dado que «no les ha dado su confianza» o precisamente porque prime el sentido común que llevaría a pensar que todo gobierno -precisamente con más razón si está en funciones- ha de someterse al control legislativo y parlamentario, la relevancia de las decisiones y actuaciones de los gobiernos no pueden vivir en el limbo y facilitar el oscurantismo e irresponsabilidad demostrados. En este espacio sin control, el gobierno Rajoy ha hecho mucho más que obstaculizar la función del Parlamento y de las Comunidades Autónomas, mucho más que limitarse a «despachar asuntos ordinarios de la administración en curso». Este gobierno ha hecho y deshecho presupuestos, ha cambiado las reglas del juego (financiación, criterios de déficit público, incumplimiento de los Tratados de la Unión…), ha recurrido (con la interpretación irresponsable y benevolente del Tribunal Constitucional) todo tipo de normativa de gobiernos y Parlamentos autonómicos, ha regalado «medallas y honores» a su antojo, ha indultado sin control, ha viajado representando al Estado a todo tipo de Foros y Organismos Internacionales hipotecando decisiones de futuro, ha condenado créditos País, ha movilizado fuerzas de intervención… Es decir, la mejor manera de gobernar, sin legitimidad, ni competencias para hacerlo, sin control democrático.
Polémicas aparte, la ley 50/1997 de Gobierno, regula las facultades de un Gobierno en funciones. Un gobierno que cesa, automáticamente, tras celebrarse elecciones generales y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, con una serie de limitaciones tasadas en la propia Ley. Está obligado a facilitar el proceso de formación del nuevo gobierno, garantizar el adecuado traspaso de poderes y responsabilidades, limitando su gestión (no dirección política) al despacho de los asuntos públicos ordinarios, «absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente justificados y razonados, decisiones de interés general». No puede, expresamente, ejercer algunas facultades como la aprobación de los Presupuestos, la presentación de Proyectos de Ley o las delegaciones legislativas. ¿No aprobar los presupuestos es compatible con la modificación y enmienda sustancial de los mismos introduciendo por libre voluntad recortes de decenas de miles de millones por imposición de un coeficiente de Déficit y aplicarlo a las partidas y competencias correspondientes a otras Administraciones? ¿Es compatible con la condonación de miles de millones en créditos a países terceros? ¿Es una gestión ordinaria mantener e imponer determinados desarrollos legislativos modificados unilateralmente en su mandato cuando el propio nuevo Parlamento se pronuncia en contra de los mismos (LOMCE, dependencia, salud…)? Si además, el gobierno interpreta que su condición de cesado en funciones le exonera de cualquier tipo de control en una libre interpretación de la ya mencionada Ley de Gobierno que establece que «todos los actos y omisiones del Gobierno están sujetos al control político de las Cortes generales» (art.26), nos lleva al mayor de los obscurantismos, impunidad y nula legitimidad democrática.
Cabe preguntarse, en consecuencia, si los diferentes ministros no han quedado democráticamente inhabilitados para desempeñar cargos públicos a futuro (en las últimas horas, además, para reforzar el desatino, asistimos a la rocambolesca salida-renuncia del cesado Ministro en funciones Sr. Soria), si no debería modificarse la legislación vigente para garantizar un período post electoral, transitorio, acorde con una gestión transparente y controlable, en la que el gobierno saliente (sus ministros, altos cargos y gabinetes de libre designación) ejerza sus compromisos de partido y facilite la formación del gobierno que legítimamente le apetezca sin interferir en las funciones que le corresponde. O se limitan y acatan las decisiones susceptibles de tomarse en periodo interino, se fijan los mecanismos de pre-consulta y decisión, así como de control y/o se establece el cese automático de los Ministros, cargos de confianza, asesores y personal de libre designación para dejar las «cuestiones ordinarias» en manos del «alto funcionariado» bajo la responsabilidad (real y exigible) del Presidente y, por supuesto, se limitan determinadas decisiones esenciales en la Unión Europea cuando los gobiernos implicados están en funciones y no cuentan con el apoyo de sus Parlamentos respectivos, o ha llegado el momento de entrar a fondo en la verdadera reforma de la Administración Pública y, por tanto, también, de las Leyes de Gobierno .
En definitiva, el problema no está solamente en padecer tres o cuatro meses sin gobierno (o seis o siete si se celebran nuevas elecciones), sino en iniciar ese periodo sin control, con una sensación permanente de una auténtica tomadura de pelo cuya hipoteca será difícil de superar e imposible de traducirse en una legítima exigencia democrática de responsabilidad. Debemos convencernos que el Gobierno es sumamente importante y, más allá del mundo de la política, la sociedad (empresas, entidades, organizaciones, personas) se juega mucho con un buen gobierno o la desgracia de padecer el desgobierno o el despropósito como el que estamos viviendo.
Si adicionalmente, esta situación se da en el clima de corrupción, desgobierno, desafección y ausencia de propuestas claras sobre problemas reales, más allá de discursos y preocupaciones concretas e internas de los actores de la política público-institucional, como es el caso que nos ocupa, el resultado es, además de decepcionante y preocupante, absolutamente contrario a los intereses de la democracia, la sociedad y las propias instituciones.
¿Aprenderemos? ¿Se actuará en consecuencia o pasado el «bache post electoral» se seguirá como si no hubiera pasado nada, más allá de un juego teatral a la espera de nuevos protagonistas? Confiemos que en los próximos días, ya sea por el «milagroso nuevo gobierno que se esté tejiendo en la sombra» o bien por una nueva convocatoria electoral, los partidos políticos estén trabajando en el día después y tengan a punto una amplia batería de soluciones de aplicación inmediata que pase por derogar todo lo que han dicho que habría que eliminar de la actuación de estos últimos cuatro años, todas las nuevas iniciativas y propuestas creativas que han prometido o acordado «parcialmente» en el terreno de los principios… de modo que estos meses no sean perdidos. Que no nos pase como en la novela china del sueño con la prosperidad en el que «nos hayan robado los meses de la explotación creativa y positiva de la crisis».