(Artículo publicado en Deia el 6 de Abril)
A la vez que un buen número de declaraciones del Gobierno español y titulares de prensa económica proclaman que «España ha salido de la crisis», respaldados en algunos indicadores como el incremento de la recaudación por IVA, reducción de la prima de riesgo o recientes compras (o anuncio de la posibilidad de hacerlas) por grupos inversores extranjeros, además del previsible «cese temporal» de la intervención directa de la troika financiera en la gestión de las finanzas públicas y los presupuestos del Estado, la OCDE se ha encargado de resaltar las luces rojas y el lienzo negro que describe el panorama de la sociedad española del 2014, destacando las consecuencias de la crisis. Adicionalmente, en estos últimos días, las declaraciones del ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, pretendiendo descalificar determinados informes molestos para su discurso de recuperación, no han hecho sino avivar la preocupación y el debate en torno a la desigualdad, la pobreza y los modelos de crecimiento y desarrollo económico y social.
El mencionado informe de la OCDE pone el acento en la desigualdad, la necesidad de una «nueva estrategia de protección social» y la reorientación de prioridades hacia la población más desfavorecida y el amplio colectivo de los NEET (ni empleados, ni educándose, ni formándose), que representan ya 1 de cada 5 adultos entre 15 y 24 años. Lo hace sin dejar de señalar un desempleo juvenil que ha superado el 50% o el hecho de que el desempleo adulto de alta duración alcanza ya al 45% de los 5,8 millones de parados. El desempleo de la crisis (2007 a 2013) ha ido creciendo a un ritmo de 13.000 desempleados por semana. Así, desempleo, empobrecimiento generalizado de la población (en torno a un 30%) acentuado entre los de menores ingresos, sitúan a España en los peores lugares del ranking europeo y de países de la OCDE, con el triste y preocupante tercer puesto por la cola en empleabilidad y el segundo peor en pobreza infantil.
Con este panorama, todo intento o señal de recuperación económica, esperanza en las reformas y políticas de productividad, negociación colectiva e incluso fiscal y tributaria, no evitará, en un horizonte de al menos el medio plazo, que la desprotección social, desigualdad y marginación vaya en aumento o en insuficiente contención de crecimiento relativo, bajo marcos y modelos convencionales. Una vez más, debemos asumir que no podemos esperar la pasiva creación espontánea de riqueza y empleo desde el círculo natural dado por válido en los escenarios del pasado. Ni el proceso es tan evidente ni el caprichoso mercado asigna correctamente los resultados esperados ni los tiempos permiten esperar unos resultados teóricos.
En estas condiciones, el desafío (universal) al que nos enfrentamos reviste extrema complejidad, no ofrece soluciones cortoplacistas y exige cambios radicales de cultura, actitudes y riesgos. No parece que la inevitable cobertura de prestaciones sociales, cada vez más costosas y con más demandantes, pueda recaer, sin más, en un incremento continuo de la vía impositiva sobre aquellos que disfrutan de mayores rentas o mejor formación y una adecuada cualificación a las actividades mejor apreciadas y compensadas por el mercado, asistiendo a una cada vez menor relación entre trabajador-contribuyente y desempleado o pensionista. La demanda de prestaciones sociales no contributivas crece y la sociedad y sus gobiernos no pueden (ni deben) no atender la demanda real y natural que, desgraciadamente, conllevan. Tampoco se puede descansar en la creación de empleo público artificial con independencia del valor que genere ni, por supuesto, en una optimización administrativa fijando requisitos excesivos para limitar los derechohabientes que mayor atención demandan, a la vez que tampoco cabe esperar que toda iniciativa de reforma parta de la premisa de considerar inamovible el estatus quo funcionarial manteniéndolo como miembro fijo de la ecuación.
En nuestro caso, la sociedad vasca disfruta del beneficio relativo de decisiones estratégicas valientes tomadas en el inicio de su acceso al autogobierno y que se han venido perfeccionando a lo largo del tiempo. En estos días, la celebración del «año de lucha contra la pobreza y la desigualdad», diversos análisis y diagnósticos sobre la aplicación y gestión de las rentas de inserción, así como el propio debate Hacienda-Cáritas y sus informes, además del debate permanente sobre la prioridad en el gasto público, han permitido la organización de un seminario-aniversario sobre el rol jugado por las administraciones vascas en este ámbito social. Y con la oportunidad del debate en torno al siempre difícil concepto de pobreza, recordamos aquel pionero «Informe sobre la Pobreza en Euskadi» del Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del año 1986, que fue recibido con una alta dosis de crítica e incredulidad. ¿Era posible hablar de pobreza en Euskadi cuando nuestra sociedad vivía en una situación claramente superior a las de nuestro entorno? ¿Qué significaba «vivir en la pobreza»? ¿Se trataba de un mensaje alarmista condicionante de los esfuerzos de solución a la grave crisis económica y de empleo que padecíamos? ¿Había capacidad (competencial, legal, financiera, de gestión) para abordar un plan riguroso para erradicarla? ¿Estaba nuestra sociedad preparada para aceptar el concepto y asignar recursos (salario social, emergencia social) a aquellos a quienes no cabía exigir un trabajo (entre otras cosas porque no había empleo disponible) o una contraprestación específica? ¿Disponíamos de una adecuada red de bienestar y servicios sociales para responder al reto?
Hoy, el tiempo ha dado la razón a la importancia de la apuesta de entonces. Euskadi, también en este capítulo, diseñó e implementó estrategias contracorriente. El mencionado informe fue una pieza clave en un intenso proceso que complementaba diferentes estrategias y políticas para enfrentar un gravísimo desempleo por encima de un 23%, inmerso en un pasivo y pésimo servicio de empleo público (INEM), unas políticas activas de empleo secuestradas y momificadas por la nefasta tríada gestora de la administración central, los agentes sociales (sindicatos UGT y CC.OO.) y patronal (CEOE), administradores de un sistema inoperante con resultados caóticos. Más allá de ámbitos competenciales no transferidos, Euskadi optó por afrontar los problemas y plantear soluciones de futuro. Desde nuevos indicadores de desempleo (PRA), nuevas iniciativas de censo y mercado de trabajo, políticas activas de empleo no financiadas por la administración central, un sistema de formación profesional y ocupacional propio, nuevos espacios de interacción bienestar-empleo y socio-sanitario (recordemos que entonces no existía la cobertura sanitaria universal) hasta la creación de un salario social, pionero en el Estado que, con el tiempo, se ha generalizado de una u otra forma. Ese binomio empleabilidad-salario social, en su progresiva aplicación a lo largo de cerca de 30 años, en el marco de una estrategia de competitividad y bienestar, permite que hoy, pese a la profundidad de la crisis descrita, Euskadi ofrezca los niveles más bajos de pobreza y desigualdad de Europa, tras Suecia.
Este proceso, sostenido a lo largo del tiempo, ha sido objeto de análisis (recuerdo y reconocimiento) en estos días. Los grandes esfuerzos realizados por un grupo de técnicos del Gobierno vasco en los albores de los años 80 vieron su primera luz con la elaboración del «Informe sobre la Pobreza en la CAPV» e inspiraron la actuación del Parlamento Vasco en una proposición no de ley de EAJ/PNV y se fueron perfeccionando a partir del compromiso parlamentario del lehendakari Ardanza para acometer, en el marco del entonces en diseño «Plan Euskadi-Europa 93», una apuesta para dotar a Euskadi de las infraestructuras y políticas de cohesión social y territorial que nos permitieran no perder el «tren de Europa o del futuro», recomponiendo la condena a la marginación a la que nos llevaba el Informe Cecchini (El coste de la NO Europa). Entonces, Euskadi tampoco disponía de grandes excedentes presupuestarios, ni nadaba en la abundancia, ni contaba con el apoyo de Madrid para acometer estas políticas regionalistas anti-pensamiento centralizador dominante. (El propio socio de gobierno de coalición, el PSE, se oponía a un salario social en Euskadi que «contaminaría» las políticas «en el resto del Estado»). Hoy, Europa vuelve a retomar el discurso de la desigualdad y la pobreza como expresión rebelde de una dura realidad que por desgracia nos aqueja. Afortunadamente, en este tipo de compromisos y estrategias, Euskadi también ha sido pionera. Por supuesto, de manera insuficiente e inacabada. El desafío es enorme y no solo es cuestión de voluntad y recursos sino de acertar en las estrategias integradas, interdepartamentales e interinstitucionales que vieran su luz en los compromisos de los primeros 90 y que hoy siguen surgiendo con renovados impulsos.
Euskadi revisa las lecciones aprendidas para acometer la intensidad del momento. Es el momento de desempolvar una extraordinaria publicación del Gobierno vasco «1984-2008: 25 años de estudio de la pobreza en Euskadi» y, de la mano de sus autores, Luis Sanzo y Joseba Zalakain, analizar el proceso… además de agradecerles públicamente su esfuerzo, dedicación, insistencia y enorme contribución a lo largo de estos 30 años. Como a tantos que han trabajado en este complejo, las más de las veces oscuro e indefinido mundo de la pobreza y la desigualdad.
Gracias a esta base forjada, una vez más, desde un claro liderazgo político con el imprescindible compromiso de la iniciativa social (mención especial al enorme protagonismo y aportación de Cáritas ya entonces) y privada (de especial relevancia el SIIS de Donostia cuyo empeño, investigación y aportaciones conceptuales aportaron inapreciable profesionalidad y referencia) y que fue capaz de incorporar en torno a una arriesgada y compleja estrategia de políticas sociales en una estrategia-país de éxito al Gobierno vasco, a las diputaciones forales y a los ayuntamientos. Una apuesta valiente, de alto riesgo, superadora del conflicto competencial inter-intra administraciones públicas, de la discusión permanente en torno al espacio de atención de las personas atendiendo a si «son enfermos que envejecen o mayores que enferman»; si la «seguridad social única y contributiva para quien tiene empleo debe o no extenderse a un salario social, digno y suficiente para quien no dispone de ingresos, cae en la emergencia social o no puede salir del pozo de la pobreza, sin contra prestación alguna».
Hoy,con orgullo, debemos recordar y poner en valor cómo las instituciones vascas y sus gobernantes lideraron el proceso, asumieron los riesgos y apostaron por un camino pionero y, sobre todo, solidario. Camino que nos ha permitido afrontar las dificultades y posibilita construir futuro. Trayectoria con resultados observables positivos. Lecciones para ganar la confianza necesaria para afrontar los enormes desafíos, renovados, existentes.
Sin duda, es un buen momento para, además de preocuparnos por la situación, ocuparnos. Desigualdad y pobreza están aquí. Pero, por encima de todo, hemos de tener la certeza de que el trabajo emprendido ha sido positivo, que disponemos de una sólida red de bienestar y servicios sociales, que hemos construido un marco colaborativo interinstitucional e interdepartamental además de público-privado al servicio de las personas. Esta es la estrategia de competitividad, bienestar y desarrollo por la que hemos apostado. Un gran desafío… posible.