(Artículo publicado el 16 de Enero)

Esta primera quincena del 2022 se ve rodeada de una relativa percepción de fragilidad e incertidumbre acentuada por múltiples hechos, en el contexto internacional, que, de una u otra forma, aunque pudieran parecer lejanos, habrán de importarnos. Conceptos como “guerra fría”, “rearme global”, “movimientos migratorios”, vuelven a ocupar la actualidad. Las dificultades y problemas o desafíos siguen entre nosotros y se ven ampliados por los contextos próximos en los que determinadas actividades, discursos y mensajes cobran mayor resonancia.

En este caso, por no volver a la pandemia-endemia-gripalización dominante, o a la relevancia del tamaño en las explotaciones ganaderas y su impacto o uso electoral, que ocupa los medios, merece la pena ocuparnos del debate y manifestaciones en relación con un par de asuntos de vital importancia para los ciudadanos vascos y que parecerían reaparecer en el eje de la discusión política actual: la reforma laboral y el ingreso mínimo vital.

¿Son dos asuntos de crucial relevancia como para cuestionar el apoyo al gobierno español por parte de quienes no parecen estar dispuestos en caso de no cumplir los compromisos previamente acordados en Euskadi?, ¿Son asuntos de trascendencia para los ciudadanos?

Sin duda alguna.

La incomodidad que parece venderse por el no apoyo a lo que se ha vendido como un “acuerdo histórico” de derogación/reforma laboral, resulta de mayor impacto y contenido de lo que pudiera parecer a simple vista. No se trata, como dirían algunos o callarían otros, de una rabieta “aldeana o localista”, que reclama “su propio mini-pacto”. Un marco autónomo de relaciones laborales no es ni un capricho, ni una demanda injustificada. Basta resaltar que la viabilidad de este tipo de acuerdos vendrá dada por la capacidad de negociación y acuerdo entre las partes directamente implicadas y sus representantes legítimamente elegidos. La representación sindical y empresarial firmante del nuevo acuerdo en la Moncloa no es lo suficientemente representativa en Euskadi y, cabría añadir, que insuficiente en la totalidad del ámbito sociolaboral del Estado en aquellos sectores clave que cuentan con organizaciones representativas distintas (función pública, educativas, universitarias, sanitarias, agro ganaderas y fuerzas y cuerpos de seguridad… por ejemplo). Un marco autónomo de relaciones laborales es imprescindible no solamente para una negociación colectiva sino para la debida articulación del tejido económico, institucional y social. Marco imprescindible para la adecuada aplicación de estrategias y modelos económicos, sociales y políticos. En el caso vasco, es, desde siempre, una exigencia clave que ha acompañado todo pacto y acuerdo de gobernanza. El Real Decreto Ley en cuestión, no parece que haya elegido el mejor camino para la “gran y única reforma posible” que, según el presidente Sánchez, “es de sentido común y busca el bien e interés general” por lo que nadie puede votarlo en contra. Otros parecen tener, también, sentido común a la vez que preocupación por el bien general. Y no comparten el proyecto aprobado sin ellos. Validarlo con un sí o no, no parece posibilitar el debate amplio, sobre un Real Decreto que, a juzgar, no ya por su contenido, sino por su larga introducción en el Boletín Oficial del Estado, sería la “gran panacea” salvadora de todos los males en el ámbito sociolaboral (empleo y desempleo, formación, relaciones empresariales, equidad y justicia social, alineación y coordinación dentro de una Europa en pleno “renacimiento industrial y económico”.

Así mismo, el caso particular del cumplimiento de un acuerdo de “transferencia” para la gestión del Ingreso Mínimo Vital no es cuestión de un mero acto administrativo, de un determinado presupuesto o de un acuerdo que se estira e incumple, día a día, replanteando un nuevo acto de fe para “cerrarlo próximamente” como parece proponerse cada vez que se da una nueva votación en el Congreso de los Diputados en San Jerónimo.

El impuesto mínimo vital fue un gran acierto en las políticas del gobierno español y la ley que lo posibilitó. Su aplicación y gestión es otra cosa. Desde el inicio de su tramitación, su aprobación vino condicionada por un compromiso, en el caso vasco, de su “transferencia y aplicación” desde el Gobierno Vasco. Las instituciones vascas, pioneras en el Estado, en políticas e instrumentos de salario social, inclusión social, ingresos mínimos y la recalificación de sistemas e instrumentos de prevención, promoción, seguridad social, acordaron y necesitan, urgentemente, integrar su gestión en el marco propio para un soporte único de la red social, de bienestar imprescindible para ese bien común, no dejar a nadie en el camino y el binomio empleo-ingreso, cada vez más en riesgo ante la situación observable y las expectativas tecnología-cualificación-empleo.

En consecuencia, parecería más que razonable considerar la importancia de este “reclamo”, y, en consecuencia, acordar los cambios adecuados.

En este contexto, este pasado jueves tuvo lugar, en Nueva York, la presentación del Informe Anual (Outlook 2022) de Naciones Unidas acompañando a su diagnóstico general de una serie de mensajes conclusiones que permitan contemplar el comportamiento macroeconómico mundial señalando las principales preocupaciones sobre las que habrían de arbitrarse las principales políticas y decisiones. Una vez más, se trata de enfriar declaraciones excesivamente optimistas en términos de recuperación, a la vez que, en palabras de su secretario general, Antonio Gutierres, “es momento de focalizar objetivos y políticas hacia la reducción de la desigualdad global y, en especial, el gap existente entre los diferentes países y regiones”.

Más allá del impacto, duración, persistencia o evolución de la pandemia (en la que, recordemos, aún estamos inmersos) y de la velocidad de vacunación y salida que demos, viviremos lo que han subtitulado como “A bumpy road ahead” (“un camino lleno de obstáculos y baches”) y un “tormentoso panorama incierto y desigual”. Desgraciadamente, su pronóstico prevé un crecimiento global por debajo del de 2021 y por debajo de las estimaciones anteriores, un incremento de la pobreza (en especial de la pobreza extrema que alcanza a 874 millones de personas), en una dispar proporción regional, una incierta y peligrosa inclinación a tomar decisiones, locales y multinacionales, en materia financiera y monetaria, con una temerosa vuelta a paralizar, congelar o suprimir las intervenciones públicas en favor de una recuperación necesitada aún de oxígeno, ante un complejo proceso inflacionista. Situación general que continuará acentuando graves problemas en el mercado de trabajo, una delicada expectativa en torno a los primeros empleos y sus secuelas a lo largo de la vida laboral, y la manifiesta debilidad en los sistemas estructurales de educación, salud y bienestar.

Como no podría ser de otra manera, recoge y apuesta por intensificar apuestas estratégicas en torno a las “nuevas oportunidades” que una transición verde y una transición tecnológica aportará, en la medida en que los procesos y fases del cambio, se den bajo el control público coordinado acompasando su desarrollo a reposicionamiento posible desde la situación de partida, evitando al máximo las consecuencias negativas. Llaman, finalmente, a mantener políticas fiscales “contra cíclicas”, presupuestarias activas en las áreas del bienestar y, por supuesto, una recualificación educación-capacitación-empleo, intervenir en los condicionantes socioeconómicos de la salud y en sistemas de prevención, protección y seguridad social.

El análisis y prospectiva desde una perspectiva macroeconómica, conforme a su enfoque y responsabilidad, no huye de su paso por la diferenciación microeconómica, si bien se limita a espacios y bloques regionales apuntando la inevitable recomendación de adoptar las políticas generadas, como paraguas de referencia, a los contextos y realidades en cada caso, apelando a las intervenciones colaborativas, descentralizadas y multi nivel entre diferentes agentes institucionales, económicos y sociales en cada caso y ámbito de decisión.

Si hay algo destacable en este análisis global, es la fragilidad demostrada, la desigualdad creciente, la dispar distribución de riqueza y las imprescindibles actuaciones y reformas sobre el mundo del empleo y la formación asociada. Todo ello no hace sino enmarcar una prioritaria redefinición y refuerzo de sistemas y medidas de prevención, protección y bienestar social en niveles realistas, gestionables y diferenciados según las características concretas de los diferentes espacios en que habrán de llevarse a cabo. Sus ritmos, vocación de futuro, condicionantes previos de partida, madurez de sus interlocutores y capacidad de intervención en la definición de sus apuestas y compromisos de futuro exige dotarse de los medios que lo posibiliten, con la irrenunciable participación de los actores representativos y capacitados para hacerlo.

La política no es “algo extraño o externo” que se cuece en su propia salsa. Es, por el contrario, sustancial para afrontar y resolver las grandes demandas y desafíos sociales a cuyo servicio está la economía. No se trata de vivir en el ruido, la confrontación o de mantener posiciones extremas ni de defensas numantinas. Es cuestión de coherencia.

Las previsiones están allí. Su cumplimiento o redirección dependerán de lo que seamos capaces de hacer.