(Artí­culo publicado el 28 de mayo)

Si la crisis económica, el resultado del Brexit tras la antesala del referéndum escocés, el aún pendiente desenlace del caso Grecia y su progresivo rescate o las crecientes crisis sociales (migración, refugiados, desempleo, desigualdad…) y las diferentes voluntades, modalidades de desarrollo y desequilibrios internos, forzaron al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a proponer un Informe Base sobre los hipotéticos escenarios (oportunidades, resultados previsibles y consecuencias) para elegir el camino a seguir por los Estados Miembro de la Unión, juntos, unos pocos asociados o en solitario, el documento aprobado por los lí­deres de la Unión el pasado 25 de mayo, celebrando el 60 Aniversario del Tratado de Roma, en torno al futuro de Europa (White Paper on the Future of Europe), vení­a a añadir complejidad (inevitable y real) a un proceso que se ha venido en llamar «Debates sobre el futuro de Europa».

La propia Comisión Europea promueve diferentes debates temáticos pidiendo a los Estados Miembro, regiones, ciudades y partidos polí­ticos, posicionarse sobre la base de un área de paquetes e informes «temáticos» con la pretensión de que todo un cúmulo de variables y objetivos sean tratados de forma convergente. De esta forma, se requiere determinar la dimensión social de la Europa del futuro, el rol fortalecedor de una economí­a y sociedad globalizadas, la profundización de una economí­a y polí­tica monetaria única, un nuevo compromiso protagonista en materia de defensa y seguridad y el futuro de las finanzas de la Unión. A esto, falta por añadir un buen número de Informes «parciales» sobre gobernanza, desarrollo inclusivo, pertenencia-relación de la Unión Europea con cada uno de sus Estados Miembro, entre ellos y, dentro de cada uno de ellos, el de los diferentes entes infra estados, naciones sin Estado o Ciudades (en sus diferentes modalidades de Ciudad, Mega Ciudad, Ejes o Polos y aglomeraciones, etc.).

Todo este enriquecedor, complejo e imprescindible debate, bajo principios de la máxima subsidiaridad-colaboración-convergencia posible, bajo criterios de cohesión social y territorial y al servicio de nuevos espacios de competitividad y bienestar. Un reto estratégico y funcional de enorme magnitud que, sin violentar las vigentes reglas de juego y reparto de derecho y poder polí­tico, permiten el derecho a veto o exigen, en la mayorí­a de los casos, mayorí­as reforzadas o unanimidad, en un marco burocratizado, con escasa capacidad de liderazgo y decisión, desde la profundidad de la cada vez más alejada complicidad con la sociedad europea.

En este interesantí­simo momento y proceso en curso, hemos asistido a una semana con diferentes inputs a considerar. Nuestro Lehendakari ha visitado Bruselas para transmitir a Jean-Claude Juncker el posicionamiento inicial de Euskadi en el marco, al parecer, de la participación y colaboración en el ambicioso, sobre el papel, Plan de Inversiones de la Unión Europea de modo que Euskadi no solo sea parte del mismo, sino que asuma el protagonismo directo en la gestión de los temas relacionados con nuestras competencias. Posición más que relevante cuando a unos pocos kilómetros de distancia, España-Catalunya abordan sus diferencias alejándose de una opción dialogada que permita contabilizar la voluntad de la sociedad catalana para elegir su camino que, hasta hoy, no pretende dar la espalda a Europa, sino todo lo contrario. Mientras en Europa se abre un debate general para repensar el futuro, Rajoy-PP, en el el Estado español, se instalan en un peligroso estadio de espera pasiva amparados en las ventajas diferenciales de un veto ante el no cambio, acudiendo a todo tipo de instrumentos de presión como el último, puesto en marcha con la connivencia de la Justicia, medios de comunicación determinados y grupos de interés concretos, amenazando a empresas privadas (las públicas ya tienen instrucciones por definición) en caso de que presten sus servicios profesionales en cualquier tipo de asesoramiento, consulta, informe, contraste que pudiera ser objeto de análisis por la Generalitat. El insólito caso de prohibir a un gobierno democrático estudiar ví­as de mejora. ¿Debe todo gobierno esperar a que un gabinete concreto decida que es el momento de revisar el sistema de protección social, el obsoleto y anacrónico sistema de oficinas públicas de empleo, los mecanismos de financiación a disposición del desarrollo territorial, por ejemplo?

Adicionalmente, del otro lado del Canal y ante las próximas elecciones de Reino Unido, el inicio de negociaciones para gestionar el Brexit, parece enconarse con condiciones previas y, ¡ojo!, con exigencias comunitarias por incorporar a la factura de salida, no ya compromisos y pasivos reales, sino los documentos «programáticos, no realizables, indefinidos y consensuables» de lo que con excesiva frecuencia nos inunda la maquinaria de Bruselas en forma de planes, horizontes, polí­ticas y manifiestos, ni finalistas, ni cumplidos en su gran mayorí­a, transformándose, mandato tras mandato, en un nuevo Plan con distinto nombre y sistema de gestión reconvertido, complicando su ejecución a la vez que igualando un determinado café para todos.

Bajo este marco, la semana también ha dado pie a un peligroso movimiento sobre el que deberí­amos estar muy atentos: «Defendiendo a Europa: el caso de una mayor colaboración de la Unión en seguridad y defensa».

Nadie puede cuestionar que el terrorismo y la proliferación de conflictos hace una Europa y un mundo cada vez menos hospitalario, más peligroso, más inseguro y que no podemos iniciar un mundo desde una postura «naif» como si no irí­a con nosotros. Pero el peligro de supeditar todo objetivo y estrategia vital a las decisiones de los halcones, al mando militarizado y a la justificación de la eliminación de libertades y decisiones y control democráticos al amparo de una «prometida» seguridad al 100%, no puede hurtarse de las decisiones democráticas, controlables. Venimos asistiendo a un discurso concertado desde diferentes áreas de responsabilidad (Ministerios, Estados Miembro…) preparando el terreno para las dotaciones extraordinarias de Fondos Presupuestarios prioritarios e inamovibles, para la defensa, explicando que Europa ha vendido la defensa a terceros (Estados Unidos), lo que no solo es una indefensión, sino que nuestra capacidad innovadora, minimiza el empleo, castiga a la I+D, debilita el desarrollo económico europeo y, por supuesto, nos hace más inseguros. En esta lí­nea, no ya los Ministros de Defensa, sino la Vicepresidenta Mogherini, nos recuerda que «esta es la prioridad europea porque es la prioridad de los ciudadanos europeos», o el Vicepresidente de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jurki Katainen, pida más competencias presupuestarias centralizadas de modo que los recursos de los Estados Miembro, pasen al control y decisión «eficientes» de la Unión.

Esta colaboración ha saltado, temporalmente, por lo aires, tras la barbarie de Manchester por el mal uso de la información entre las policí­as y servicios norteamericanos filtrando «asuntos noticiables» a su conveniencia mediática. En paralelo, la visita de Trump a la OTAN, como si del viejo «Cobrador del Frak» se tratara, no ha hecho sino demostrar que las apuestas colaborativas en Defensa tienen lí­mites y contrapartidas «soberanas» que han de contemplarse evitando entregas incondicionales o el aplauso a intervenciones unilaterales.

Y en este contexto, en Euskadi, el Forum Deusto y Orkestra han concluido su ciclo de conferencias y debates sobre «Bienestar y Competitividad» con una última mesa redonda con los Portavoces Parlamentarios Vascos. Como viene siendo natural en nuestro Paí­s, ambos reclamos (Competitividad en Solidaridad, Desarrollo Inclusivo) son compartidos y prioritarios y forman parte de la esencia de nuestras polí­ticas públicas y estrategias de Paí­s. Ahora bien, la dificultad está en su alcance y contenido, en sus ritmos, en los compromisos y ejecución finales y al parecer, siempre en el marco de Europa. Un marco que ha de cambiar, necesariamente. Es, por tanto, una buena ocasión para aprovechar la ponencia parlamentaria debatiendo sobre autogobierno y un nuevo estatus polí­tico para incorporar la variable europea, preguntándonos cuál de la diferentes opciones y escenarios sugeridos por la Comisión, deberí­amos defender.

Grandes retos y demasiadas preguntas pertinentes que si bien son de largo plazo, exigen hitos clave en el corto plazo que nos permitan avanzar hacia esa Europa de futuro, puestos en contraste con la publicación (menuda semana informativa) del ya tradicional «Paquete de Primavera» de la Unión Europea, que recoge el diagnóstico y control del estado del arte por los diferentes Estados Miembro, el grado de cumplimento de sus compromisos con la estabilidad económico-financiera y sus «recomendaciones», parecerí­a que los grandes debates, los enormes retos estratégicos, duermen supeditados al corto plazo, en revisiones trimestrales al servicio de variables macroeconómicas, a la espera de tiempos mejores. Recordemos que son muchos los Estados Miembro (como España) que, rescatados, siguen obligados a la aprobación de sus cuentas públicas por la mano oculta de la troika, que le sugiere reducir su déficit, profundizar en reformas en el mercado laboral, garantizar «la unidad de mercado», romper monopolios de Colegios Profesionales, modificar su legislación y sistemas de contratación pública y flexibilizar y hacer eficientes sus sistemas de empleo. Por supuesto, por decoro, recuerda que el Gobierno español y su sistema judicial no hacen todo lo posible por eliminar o mitigar la corrupción. Ambos son también asuntos de sumo interés para los europeos, í­ntimamente relacionados con el autogobierno y controles democráticos, con el bienestar y la competitividad.

Recomendación macro e igualitaria, simpleza administrativa y prioridades financieras. Los retos del mañana, una vez más, parecen aplazados para el debate general de largo plazo.

Pero si algo ha vuelto a poner de manifiesto el debate polí­tico, ha sido, una vez más, la necesidad de no separar las polí­ticas económicas, sociales, presupuestarias, etc. del debate sobre autogobierno, estatus Paí­s y polí­tica con mayúsculas. Bienestar y Competitividad implican instituciones, competencias, modelos, voluntades propias y diferenciadas. Algunos pretenden que todo se pueda hacer sin herramientas adecuadas, propias, bajo el mantra de las soluciones «globalizadas y centralizadas». Este posicionamiento no puede ocultarse bajo el demagógico reclamo a no pensar, en verdad, en «las necesidades de los europeos» (y de los vascos), sino en discursos válidos para el corta y pega, generalizado y dominante, que consolida la confortabilidad de quienes hoy ya cuentan con su modelo.