(Articulo publicado el 12 de Abril)

Cuando aún estamos inmersos en el confinamiento y distanciamiento físico y social como defensa conductora de una estrategia de supresión y contención de la pandemia que nos aqueja, cuyo desconocimiento real supone una constante (ni se conoce con certeza su verdadero grado de letalidad, ni su dinámica de transmisión y contagio), enredados en una insuficiencia confusa de datos, a la vez que en un aceleradísimo esfuerzo en crear capacidades comunitarias, sociales y sanitarias para contener su expansión, evitar fallecimientos, identificar, atender y cuidar poblaciones de riesgo, así como personas inmunes reincorporables a la normalidad y dar una respuesta plena a la “primera ola de acción sanitaria y sus consecuencias en el sistema de salud”, se solapa el mensaje inconcreto del gobierno español, convocando a unos nuevos “Pactos de la Moncloa”, transmitiendo una difusa irrupción en una nueva etapa de “estabilización de la epidemia” para transitar hacia una determinada “apertura sucesiva de la economía”.

Fiel al estilo que le acompaña desde su fulgurante aparición en el primer plano de la política española, el presidente del gobierno español nos tiene acostumbrados a mensajes mediáticos y propagandísticos evocando soluciones que parecerían promover transformaciones profundas y radicales para las que sería imprescindible la irrenunciable colaboración de todos, en torno a la unicidad de su propuesta, carente de alternativas, bajo el paraguas responsable de la unidad, la solidaridad, la lealtad, el bien común y, por supuesto, la elección “o conmigo o el caos”. Así que, en esta ocasión, utiliza el recuerdo de los Pactos de la Moncloa (la inmensa mayoría de la población no sabe ni lo que fueron, ni en qué contexto se desarrollaron y, por supuesto, lo que pretende más allá de una supuesta “reconstrucción nacional”, inevitable tanto para superar el estado de las cosas, como para conquistar un futuro incierto tras “vencer esta guerra” que, en su leguaje bélico, parecería identificar el virus agresor). Guerra que justificaría todo tipo de renuncias (a derechos civiles, libertades individuales, suspensión de derechos políticos…) y, por supuesto, suplantación de Instituciones e incluso de aquellos logros que los mencionados Pactos de la Moncloa otorgaron al proceso de reforma de antiguo régimen para construir un, entonces, incipiente y naciente estado de democrático.

Conviene repasar algunos elementos clave a considerar en el momento actual:

La pandemia del COVID-19 tiene consecuencias, en términos de salud, mucho más allá de la contención en la que se trabaja. No hay un determinismo temporal, conocido o planificado respecto al plazo en que ha de mantenerse un confinamiento como el que se está aplicando, ni si se producirán rebrotes en diferentes fases de inmunidad o recuperación o en combinación con ciertos períodos de relajación con el tan comentado proceso de “desescalamiento”, ni mucho menos sobre lo que los expertos en salud vienen a describir como “las otras olas sanitarias de la pandemia” una vez logrado “aplanar la curva”, superando el primer embate de la mortalidad y el peligroso colapso de los sistemas de salud y sus infraestructuras (físicas y, sobre todo, personales). A este objetivo principal en esta primera ola sanitaria, seguirán otras (el impacto y consecuencias sobre el personal sanitario y las restricciones inevitables a su trabajo), el impacto en los períodos de recuperación post hospitalaria y/o UCI, la ola del impacto en el período de aislamiento y cuarentena post UCI, ya sea en domicilio o en infraestructuras alternativas, o la ola sanitaria asociada a los propios tratamientos del proceso viral infeccioso, la recuperación de la normalidad en un sistema de atención y cuidado sanitario tanto de enfermos crónicos, como de los servicios suspendidos en necesidades “NO COVID”, iniciando una nueva curva de demanda de las capacidades e infraestructuras del sistema y, la ola de las consecuencias e impacto en términos de salud mental (soledad, angustia, pánico…) y percepción negativa de la salud más allá de la ausencia de enfermedad, junto con el temor por un futuro incierto. Es decir, antes de entrar en la supuesta dicotomía Salud-Economía bajo el uso y gestión del encierro total y/o una apertura progresiva (que tarde o temprano habrá de darse), siempre con las máximas garantías de protección y seguridad personal, la salud en general y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitario y social, ha de tenerse en cuenta la interdependencia de estos dos vectores que, desde una inicial simpleza, parecerían contraponerse en el ambiente de opinión. Es decir, contraponer un estado de confinamiento igual a garantía única y máxima de salud versus apertura económica,  supone una falsa simplificación, además de un equívoco. “La salud pública solamente funciona si la economía funciona, de la misma manera que la economía solamente funciona si la salud existe y funciona”.

Así, el llamado desescalonamiento resulta necesario y no solamente porque los propios sitemas de salud lo exijan, o porque la caída drástica del consumo y compra resulten esenciales, o porque no podamos destruir el ahorro familiar, empresarial y de país, o porque el empleo desaparezca y no baste con sustituirlo, coyunturalmente, por una renta o prestación pública sustitutoria, o porque nos estemos llevando por delante la educación de las futuras generaciones. También porque el proceso y estrategia de solución sanitaria en curso conlleva fases de diagnóstico, tratamiento, espacios de aislamiento en casa (no todo mundo dispone de una posibilidad real de disponer del espacio y requisitos esperables) y gestión de la población inmune que minimice o suprima el adicional riesgo de transmisión y contagio.

Dicho todo lo anterior, resulta de especial importancia una adecuada planificación y aplicación de un proceso ordenado y eficiente de salida/apertura sanitaria, social, económica, desde la colaboración y corresponsabilidad de todos los agentes implicados en un marco amplio (antes de las últimas crisis llamaríamos global) con el concurso de naciones y regiones ricas y no ricas, desarrolladas y no desarrolladas (o en desarrollo). Una apertura que ha de ser claramente diferenciada tanto por el estado real de la pandemia en cada espacio o comunidad de que se trate (tests y más tests, “pasaportes serológicos” no estigmatizadores), su capacidad de respuesta demostrada, su tejido económico y social, su red de bienestar acompañable, sus capacidades políticas (reales) de decisión, su capacidad de gestión (real), y, por supuesto las personas inmunes incorporables. Este proceso de apertura exige las medidas previas de seguridad y protección, así como de seguimiento, imprescindibles tanto en la vía pública, como en los diferentes centros de trabajo, espacios públicos y medios de transporte. Un proceso (ni unitario, ni único, ni desde la óptica del “café para todos”) reclama, también, una nueva manera de abordarlo desde las organizaciones internacionales. Es el momento del desafío de Naciones Unidas, de la propia Organización mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, del G-20, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y, en nuestro caso próximo, de la Unión Europea. La forma en que respondan determinará su rol de futuro, la adhesión o rechazo de la gente, su necesidad y rol a jugar, su credibilidad y, en definitiva, su verdadera capacidad para cocrear un futuro mejor.

¿Y acudir a los Pactos de la Moncloa?

En este contexto, recordemos que los llamados Pactos de la Moncloa son los “Acuerdos para un programa de saneamiento y reforma de la economía” y otro, “sobre el programa de actuación jurídica y política” celebrados en 1977, en plena legislatura constituyente (aún, por ejemplo, con senadores de designación real, antiguos jugadores y herederos del régimen pre democrático, dando los primeros pasos de las emergentes fuerzas políticas democráticas, la tolerancia-autorización de los hasta entonces proscritos sindicatos libres y partidos políticos opositores al régimen previo, patronales en  reconversión o constitución para una nueva etapa por venir, en un clima de aprendizaje, dando los primeros pasos hacia un nuevo futuro, bajo la tutela de la monarquía heredada y del ejército, azotados por un terrorismo extremo). Se trataba de un momento pre constitucional, en plena crisis económica (mundial como consecuencia del crash energético-petrolero) y estatal (inflación del 23%, una peseta sobre valorada de forma artificial, un tránsito inevitable desde la autarquía hacia su apertura internacional, elevado desempleo, profunda crisis industrial y ausencia real de Instituciones democráticas, por supuesto, ni Estatutos de Autonomía, ni gobiernos autonómicos, ni democratización e independencia del poder judicial, ni Europa, ni OTAN, ni Constitución…). Resultaba imprescindible tejer acuerdos de todo tipo y en todas las direcciones posibles para iniciar una “reforma”, desde un antiguo régimen dictatorial hacia un ilusionado futuro, en una responsabilidad y compromisos compartibles desde un cuadro mínimo sobre el que construir un espacio democrático con el horizonte de una Europa aún conformada por una Comunidad Económica restringida que exigía a la “nueva España” aspirante, una transformación real (así hasta 1986 en que, finalmente, se le dio entrada).

Hoy, por tanto, el escenario es diferente. Se trata de solventar una pandemia (trágica, intensa, destructora, mortal, desconocida…) y de acordar un plan de salida y rescate de una economía dañada de forma coyuntural, sobre la base de un compromiso social para atender a la población vulnerable, a las empresas necesitadas de un impulso facilitador de su supervivencia y de un potencial reforzamiento de un tejido económico deteriorado (no solamente por esta crisis pandémica). Es, efectivamente, una necesidad urgente y extraordinaria que desearíamos integrada en la coherencia de un plan de futuro, compartido y no impuesto con la excusa de un momento de urgencia. Hoy no es 1977, el estado está organizado de una forma diferente, está institucionalizado en diferentes niveles y desde vocaciones políticas, económicas y de voluntad de autogobierno diferenciadas. El estado no está destrozado, ni aislado del mundo, ni en manos inexpertas en la inmensa mayoría de los espacios de decisión. Si en verdad se quiere aprovechar la situación de crisis para abordar una transformación radical y afrontar las nuevas demandas económicas, sociales judiciales, políticas, institucionales, no ya provocada por la pandemia del COVID-19, sino previas a la búsqueda de nuevos modelos de Estado, con voces claramente diferenciadas, respondiendo a un nuevo orden más allá de las descentralizaciones y/o comunidades actuales, en función de demandas diferenciadas, y se quiere construir desde una lealtad mutua y bidireccional, soportada en una colaboración real y no de fachada propagandística, habría que empezar por desandar los pasos dados en la organización de la respuesta dada a la pandemia. (¿Cómo se puede poner al frente a un Ministerio de Sanidad, desentrenado, sin capacidades y competencias técnicas, abandonadas hace más de 30 años con el sucesivo traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, responsables reales de sus redes y sistemas de salud, con sus equipos profesionales, conocimiento del terreno y de las respuestas reales a ofrecer en una crisis sanitaria como la vivida? ¿Qué sentido tiene exaltar a un ejército con terminología de guerra y asumiendo funciones que no le corresponden? ¿Cómo se puede establecer un mando único de interior por encima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con competencias y dependencias propias? ¿Qué sentido tiene hablar de cooperación con los presidentes de los diferentes gobiernos autonómicos, auténticos representantes ordinarios del Estado en sus respectivos territorios, para informarles lo que han leído en la prensa amiga de la Moncloa?)

Es momento, sí, de superar la pandemia. Es momento de poner el foco en la solución sanitaria (en sentido amplio y no solamente en fase de contención), de poner a su servicio la economía y las políticas sociales y comunitarias que la hacen posible. Es momento de un plan de desescalonamiento y de recuperación progresiva de la actividad económica. Es, también, momento de recuperar el orden institucional, competencial y de comprometerse en un nuevo futuro y de apostar por la inevitable reconfiguración del Estado y el poder político que lo haga posible.

Si en verdad se entiende que, tras esta pandemia, han cambiado actitudes y comportamientos, valores de un sociedad preocupada y deseosa de comprometerse con nuevas maneras de construir su futuro, entonces sí merecería la pena un gran nuevo pacto con mayúsculas. Si, por el contrario, es una iniciativa coyuntural para volver a la “vieja normalidad”, basta con volver a las recetas de antaño: un paquete financiero amplio, un determinado plan especial de rescate de empresas en dificultad coyuntural, recurrir a nuevos presupuestos y márgenes de endeudamiento a largo plazo y una cadena de decretos (sabedores de que su posterior tramitación parlamentaria, lenta y farragosa, terminará haciendo un papel ómnibus para introducir asuntos ajenos al motivo principal del mismo, dando tiempo a que la mayoría de la población se haga inmune al contagio y las soluciones farmacológicas, terapéuticas y vacunas estén disponibles, dando fin a esta pesadilla).

Entre tanto, mi agradecimiento a todos quienes trabajan todos los días, enfrentándose a la enfermedad, volcados en el cuidado, atención a la sociedad y comprometidos con la construcción de un país, de una economía, de unas empresas e instituciones que lo hacen y harán posible.