(Artículo publicado el 3 de Noviembre)
La polémica en torno al mantenimiento de lo que se suponía sería un “gravamen temporal” a determinadas empresas e industrias impuesto por el gobierno español al objeto de financiar los desequilibrios presupuestarios como consecuencia de la COVID y a la exigencia europea de una transposición impositiva y presupuestaria para mitigar sus desequilibrios fiscales, al margen de su condición o no de impuesto, su utilidad o no, la pertenencia o no, la discriminación o no de la competencia y el condicionamiento paralizante o no de inversiones previstas, o la deslocalización o no de inversiones en proyectos cualificados como prioritarios, alineados con la estrategia europea, su autonomía y de su viabilidad o necesidad de emprenderlos en otros países o, finalmente, del cuestionamiento de la seguridad jurídica, ha puesto de manifiesto otro debate conceptual de máximo alcance desde el punto de vista de la llamada “Nueva Política Industrial” y de las estrategias para el desarrollo económico y social de regiones y, la modalidad de partenariados público-privados.
Ha sido, a la vez, la evidente debilidad de un gobierno en minoría que necesita, para cada paso que da, para cualquier norma que requiera aprobar, de una multitud de apoyos, con evidentes diferencias en sus modelos de desarrollo económico y regional, del rol de la fiscalidad, del apoyo o criminalización de la iniciativa privada y, por supuesto del concepto y práctica de lo que es, en definitiva, una economía productiva y, en consecuencia, una política industrial y la diferente conceptualización de los tejidos económicos y sociales claramente diferenciables a lo largo del Estado.
Así, hoy, cuando la Política Industrial renace a lo largo del mundo y se le confiere un papel determinante para el futuro y prosperidad de las diferentes naciones, asistimos a nuevas ideas, contenidos y conceptos que, en los últimos años, parecerían haberse instalado entre nosotros: Ecosistemas, y que acogen la innumerable pista de aterrizaje de la nueva financiación pública para afrontar los desafíos del mañana.
Sin duda, la complejidad y velocidad de los cambios exponenciales que provocan las “revoluciones y/o transiciones” (también exponenciales) más allá de las tecnologías que conllevan, así como la dimensión extendida de una extraordinaria interacción de empresas, industrias, organismos facilitadores, públicos y privados, en un espacio regional concreto, ha dado por “inevitable” la configuración de corredores (verde, del hidrógeno…), de agrupaciones “completas” integradoras de todo tipo de agentes implicables y se convierten, a la vez, en sujeto receptor de grandes fondos y ayudas públicas (a compartir/repartir) entre todos sus jugadores. A tal fin, nuevas formas de relación colaborativa, consorcial, unión temporal, coincidencia, compañeros fragmentados de cadenas de valor, etc., dan lugar a ecosistemas omnicomprehensivos, más o menos formalizados, más o menos estructurados, más o menos financiados y más o menos dirigidos bajo diversas arquitecturas de gobernanzas. En esta línea, las figuras de PERTES beneficiarios de los fondos de NEXT GENERATION en Europa o de la CHIPs Act estadounidense, por ejemplo, “provocan” agrupaciones que dan lugar, deseada o no, a nuevas entidades coopetitivas entre múltiples y diversos agentes en un espacio regional determinado.
De esta forma, parecería que asistimos a una panacea organizativa que, podría interpretarse como un nuevo escalón actualizado de la clusterización de la actividad económica. Si bien, históricamente las agrupaciones empresa y actores socioeconómicos y de gobierno en un territorio concreto, próximo, han demostrado resultados positivamente diferenciados de aquellos que funcionaban de forma aislada, tanto desde un punto de vista geográfico, como en “agrupación compartida” de diferentes tareas especializadas en sus particulares cadenas de valor y las investigaciones y propuestas de Michael E. Porter en sus libros “ON COMPETITION” y “La Ventaja competitiva de las Naciones”, potenciaron lo que podríamos simplificar como la “Teoría básica para clusterización de la Actividad Económica”. Su irrupción a finales de los 80 ha sido, a lo largo del tiempo, transcendental para la estrategia de desarrollo económico, haciendo del binomio economía-territorio la esencia de las áreas base, de la localización, de la importancia del arraigo empresarial, de talento, del desarrollo endógeno y, sobre todo, de nuevas maneras de entender las industrias, romper las fronteras sectoriales, desafiar la macro estadística agregada, cuestionar los conceptos y modelos de competitividad y facilitar nuevos marcos de análisis de una región y los DAFOS (análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas) históricos y estáticos a través de los “Diamantes de Competitividad”, a los que, siempre, han de incorporarse las actuaciones o inhibiciones ad hoc de los gobiernos en sus diferentes niveles institucionales.
Bajo estas ideas, el mundo es un gran mapa de iniciativas clúster, de “políticas clúster”, de estrategias para la clusterización de la economía (las menos) y referente esencial de los múltiples modelos organizativos y de financiación para verdaderas estrategias de desarrollo local, de ciudades, de regiones… y, también, de erróneas consideraciones de un clúster activo, con la simple ubicación próxima o compartida de diferentes tipos de infraestructuras que facilitan, se supone, la interconexión de profesionales, empresas, en áreas compartibles. (Un centro comercial, un polígono industrial, algunos o muchos parques tecnológicos, edificios o centros de consultorios médicos…)
Euskadi, pionera en la aplicación de un modelo completo de estrategias de clusterización, cuenta hoy con 22 agrupaciones clúster “reconocidas, oficializadas, ordenadas…” por el Gobierno Vasco bajo un modelo singular que no solamente contempla “clústers naturales”, sino aquellos organizados en torno a un enfoque estratégico convergente (cada actor miembro tiene su propia estrategia diferenciada, a la vez, comparte una estrategia asociada-clusterizada y, finalmente, alineada con la estrategia país-territorio). Convergencia esencial para una viabilidad sostenible, para su internacionalización innovadora y superadora, además, de las limitaciones de su decisión y la incorporación compartida de múltiples conocimientos, capacidades, recursos interdisciplinarios, e interactuando, al servicio de un modelo de desarrollo, debidamente entendido, para la competitividad, prosperidad y bienestar inclusivo. Modelo integrador de políticas económicas, sociales y medio ambientales (a la vez) que contribuyen al desarrollo humano de las personas partícipe y aquellas a las que van dirigidas sus servicios.
Estos modelos colaborativos (en realidad, sobre todo, coopetitivos-compitiendo y colaborando a la vez), resultan esenciales en sus procesos de cocreación de valor empresa-sociedad. Válidos en su aplicación no solo para la industria, sino para toda economía productiva en un territorio concreto y fortaleza garante de su necesidad de anclaje (parcial o referente al menos) en sus recorridos crecientes a lo largo de las cadenas globales de valor, en cuyo proceso, grandes líderes mundiales parecerían necesitar, cada vez menos, de su territorio origen o área base.
Hoy, la propia y creciente inter-industrialización “obliga” a interactuar más allá de las fronteras de las industrias base y originarias y en su tránsito (natural o provocado) hacia la inevitable relación “con otras muchas”, da paso a los cuasi omnicomprehensivos ecosistemas. Sin embargo, recurrir a atajos conceptuales para dejarse llevar por el glamur de los términos o por el caramelo de la financiación o apoyo “grupal”, puede generar errores de base sobre los que resulta imprescindible intervenir. Se trata de construir alianzas con objetivos compartidos sí, pero con asignación óptima de papeles diferenciados entre los miembros, de dotarse de estructuras formales (ágiles sí, pero contundentes), una arquitectura de gobernanza sólida, eficaz y flexible (aunque sea efímera en función de roles y tiempos), financiable (con o sin el apoyo externo que pudiera parecer único o primera razón de la asociación), y un claro esquema de beneficios compartibles (empresa-sociedad) entre todos los partícipes, y, por supuesto, alineable a una estrategia única y diferenciable.
Así, todo parece anunciar que el mundo de la clusterización de la economía, el de los ecosistemas sólidos y reales, todos ellos bajo el hilo conductor de un PROPÓSISTO, conforman (cada día más) un innovador espacio de actividad-territorio dominante para un futuro del que ya, todos, de forma activa o pasiva, formamos parte. Hacia comunidades convergentes con objetivos compartibles, cocreando valor, desde responsabilidades distintas, pesos y papeles muy diferentes.
Siendo esto así, esperemos que las apuestas emprendidas, supuestamente apoyadas por las “políticas de Estado” que las alentaron, no se conviertan en el mayor obstáculo para su desarrollo, con un mal entendimiento del tiempo y alcance de medidas incentivadoras, reales, para la obtención de los beneficios al servicio de la sociedad.
Volviendo al principio de este artículo, finalmente, lo que para el gobierno español resultaba innegociable tras su “obligado” impuesto para el equilibrio fiscal, se desdibuja (no todo en sentido positivo) eliminando nuevos impuestos amenazantes y paralizantes, mantiene otros minorando su efecto, añade nuevos penalizadores del ahorro de los trabajadores e inversores, potencia (sin querer) la verdadera singularidad fiscal de algunos territorios y responde al mandato originario, más o menos ordenado, de una Comisión Europea obsesionada con indicadores numéricos “igualitarios”, sin preguntarse por la verdadera arquitectura fiscal y presupuestaria, con escaso acento en verdaderas estrategias de país.
En todo caso, adelante con las apuestas inversoras en favor de una hoy deseada política industrial y apuestas estratégicas coopetitivas, clusterizando las economías productivas con sentido y propósito.