(Artículo publicado el 16 de Febrero)

El anuncio de las negociaciones para el cumplimiento del desarrollo estatutario pendiente, entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Español, con el incuestionable rol facilitador del PNV, cuyos votos resultan esenciales para el funcionamiento y sostenimiento del actual Gobierno de coalición en Madrid, ha provocado todo un nerviosismo en los medios de comunicación y en buen número de “generadores de opinión” en el Estado. En especial, al parecer, la inclusión de “la seguridad social y las pensiones” en el calendario de traspasos provoca descalificaciones y una artificial alarma política.

Conviene recordar, una y otra vez, una serie de elementos clave a tener en cuenta: 1) Ni el PNV, ni el Gobierno Vasco, ni el Parlamento Vasco reclaman nada exnovo sino, simplemente, el cumplimiento, 40 años después de su aprobación de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma Vasca, de los mandatos y recomendaciones en sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, sumir competencias que le corresponden a la Comunidad Autónoma vasca; 2) Nadie ha pedido, ni pide la “transferencia de la Seguridad Social y de las pensiones”, sino la concreción de un Convenio Bilateral para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tal y como lo establecen las leyes mencionadas; 3) Quienes enarbolan su autodenominada etiqueta de “constitucionalistas”, excluyendo a quienes no conforman partidos políticos de obediencia centralista del Estado, empiezan por incumplir la Carta Magna y de manera unilateral utilizan sus poderes de Estado para ligar, a cuenta gotas, el desarrollo íntegro del Estatuto de Autonomía, a sus necesidades coyunturales (ya sea una investidura de gobierno, presidir una comisión conflictiva, o superar un problema concreto). Ni el PSOE, ni el PP, cuando han gobernado, se han ocupado y preocupado en completar el “Modelo Autonómico”, sin contraprestaciones particulares, acordado en origen para posibilitar una transición desde la dictadura hacía una reforma democrática.

La comprensible sensibilidad en torno a la Seguridad Social y su traducción generalizada en términos de pensiones, en un contexto de generalizada reclamación de su reconsideración, su cuantía, plazos de cotización o no, además de condiciones y periodos de jubilación laboral, levantan especulaciones. Contexto razonable que, sin embargo, viene distorsionado por mensajes falsos que deforman la normalidad en un traspaso competencial y de gestión que, como en múltiples áreas de la Administración Pública y la política, el tiempo ha demostrado una mayor eficiencia y mejores resultados en manos de una Administración Autonómica próxima, en este caso, en Euskadi.

Las voces centralistas (políticas, sindicales y mediáticas) sacan a pasear el “viejo y falso mantra” de la llamada “Caja Única” y el peligro de su ruptura. Dan a entender la existencia de un fondo, caja o depósito intocable, guardado con escrupulosa diligencia, seguridad y rendimiento, en algún “bunker secreto”, garante de un reparto equitativo, igualitario, infinito, a la vez que solidario (entre generaciones, entre todos los ciudadanos del Estado) y cuya reconsideración, multi gestión o descentralización pondría en peligro. Adicionalmente, se esgrime un supuesto “déficit estructural” que haría inviable su sostenibilidad en manos ajenas a la “excelente administración” desde Madrid en base a un sacrosanto “Pacto de Toledo” al que habría que suponer una transparencia, eficacia y perpetuidad bondadosa, inamovible.

Así las cosas, se ha de insistir en que el reclamo de estas competencias no es un capricho coyuntural, ni un intento por aprovechar una situación y momento político determinado. Por el contrario, es tiempo de propiciar un doble efecto positivo de interés mutuo: a) contar con las herramientas e instrumentos necesarios para, más allá de recomendaciones político-administrativas, contar con un sistema integrado de protección sostenible, universal, suficiente en su cuantía de protección, público, irregresivo y gestionado por nuestras instituciones ejerciendo el autogobierno, y b) reforzar los compromisos de Estado que faciliten la afección armónica de las diferentes naciones y regiones del Estado en un modelo que o se fortalece y respeta o se desligará, día a día, a la máxima desconexión e inconformidad. Beneficio para la ciudadanía, sujeto receptor del sistema.

Son, precisamente, estos principios los que han regido el reclamo permanente desde el PNV e Instituciones vascas. En 1980, el Gobierno Vasco que surge del Estatuto de Autonomía, crea una dirección de Seguridad Social, en el Departamento de Sanidad y Seguridad Social, que ha prevalecido estos 40 años, reclamando y negociando un convenio de gestión entre ambas administraciones, a la vez que observando y aprendiendo de terceros, desde una vigilancia permanente del funcionamiento de la Seguridad Social española y de los sistemas de Seguridad Social a lo largo del mundo.

Y es precisamente ahora, en una larga y dolorosa salida de una crisis que acentúa los problemas de desigualdad, de transformaciones laborales y del empleo, cuando con mayor urgencia, se han de acelerar las demandas de alternativas para avanzar hacia nuevas formas de prestación y protección en el marco de tendencias hacia rentas disociadas de la empleabilidad, redoblando el compromiso por reinventar un sistema pleno de prevención, protección y seguridad en Euskadi y para Euskadi.

Se trata de una petición y propuesta responsable y realista, a la vez que exigente y viable, justa y equitativa. Responde a una visión contrastada con las perspectivas de sostenibilidad financiera del sistema, alineada con las perspectivas y escenarios demográficos, dotándose no solamente de nuevos instrumentos de gestión bajo una serie de premisas rectoras, formulados por el PNV en sus sucesivas ponencias en la materia, que obligan a sus afiliados y representantes en las instituciones:

a) Generar un sistema completo de bienestar y protección social, universal, público y de calidad.

b) Un sistema viable, sostenible y de compromiso intergeneracional e intrageneracional.

c) Con un modelo explícito, garantista de todas las prestaciones, derecho y obligaciones.

d) Un modelo soportado en un doble campo instrumental convergente: 1) desde un órgano de planificación, financiación, aseguramiento y de control. 2) desde la implantación y gestión por una Agencia Pública gestora de la totalidad de las prestaciones, contratante de los servicios y sistemas prestadores.

e) Desde la imprescindible trasparencia, control e independencia a través del análisis, observación y prospectivas garantes de su cualidad.

f) Cooperación interinstitucional e interdepartamental al objeto de lograr la coordinación y convergencia de todos los agentes implicados en el amplio mundo de la prestación, protección, aseguramiento, financiación, ejecución y control del sistema vasco de Protección, Bienestar y seguridad Social.

Nuestras Instituciones son plenamente conocedores de la situación patrimonial y situación económico-financiera de la Seguridad Social, son conscientes de su déficit contable (y de la deuda del Estado con la propia Tesorería de la Seguridad Social, fruto del uso inadecuado de su caja, al servicio del gasto no presupuestado o ingresado por diferentes gobiernos a lo largo del tiempo), conocen su fondo de reserva y las necesidades adicionales exigibles y, también, de las deficiencias de gestión existentes (cualquiera puede conocerlas accediendo a las Actas oficiales del Pacto de Toledo). Saben, también, de la insuficiencia en la atención del demandante estado de bienestar, además del confuso entramado legal que se ha venido tejiendo y que exige una eficaz transformación. Aún, así, no solamente entienden que es su obligación asumir todas las competencias y responsabilidades que le corresponden, basadas en su marco estatutario, sino que el abordar un objetivo prioritario como es el facilitar un desarrollo inclusivo para la población, fortaleciendo el estado de bienestar, exige nuevos instrumentos capaces de conformar un sistema integrado en el que encajan las diferentes iniciativas que se han venido implantando a lo largo de estos 40 años de autogobierno.

Ni capricho, ni oportunismo. Responsabilidad y compromiso con uno de los pilares esenciales de un nuevo y necesario estado social de bienestar. Construyendo espacios de futuro al servicio de la Sociedad.

 

 

(Artículo publicado el 2 de Febrero)

Este viernes, 31 de enero, se ha producido la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Tras 47 años como miembro relevante de este proyecto, la decisión democrática expresada en un referéndum en junio de 2016 se ha materializado tras un largo y complejo proceso de salida, tras la correspondiente aprobación, por mayorías absolutas, tanto en Westminster como en el Parlamento europeo.

Así, la llamada “ley del Brexit” traspone la legislación comunitaria al marco británico, ampara la etapa transitoria, hace suyo el acuerdo de salida UE-UK, facilita el escenario de trabajo al gobierno y da paso a un nuevo intenso proceso negociador que habría de terminar el próximo 31 de diciembre. Termina así una complejísima etapa, en un contexto controvertido y mediáticamente dominado por más voces y ruido externo que el de los propios ciudadanos británicos, largas e intensas negociaciones por fases en las que la propia Unión Europea empezó por provocar el desistimiento británico y un pretendido “escarmiento ejemplar” en otros miembros tentados a seguir el camino de salida, aireando la falsa bandera argumental del populismo, la desinformación y el egoísmo de “viejos escasamente preparados, nacionalistas excluyentes y nada solidarios con el futuro de las nuevas generaciones”. Finalmente, constatada la firme voluntad democrática de salida del Reino Unido, pasó a facilitar la inevitable decisión, mientras el propio Reino Unido ha debido transitar por un proceloso camino de controversia, confrontación e “innovación jurídica, política y parlamentaria” para llegar al punto final acordado.

De esta forma, la salida acordada nos lleva a una nueva etapa de “retirada ordenada”. Un nuevo y distinto proceso que habrá de definir las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero también y, sobre todo, el nuevo futuro de cada uno de ellos: hacia dentro y hacia fuera. El Reino Unido no solo tiene por delante optar por la mayor o menor vinculación con Europa (en la Unión) y el resto europeo no miembro, o sus “socios terceros preferentes” (empezando por Estados Unidos y una reconstruible Commonwealth), sino, sobre todo, con especial relevancia y finura, su recomposición interna con Irlanda, Escocia y Gales, deseosos tanto de permanecer (o reincorporarse) en la Unión Europea, como de ir adelante hacia nuevos espacios de cosoberanía. A la vez, la Unión Europea no solo debe reordenar su futura relación con Londres, sino que ha de asumir la oportunidad que el complejo tablero “interno” británico ofrece a las naciones europeas “británicas” que no quieren que sus ciudadanos abandonen “su condición en la Unión Europea”, por un lado, a la vez que repensar el propio modelo desafectivo que ha venido generando a lo largo de su tan burocratizados y distante cohesión interna, desde una más que paralizada Europa de Estados, alejada de demandas y realidades ajenas a los despachos y cuotas bruselenses, perdiendo peso relativo en el contexto mundial entre los dos “gigantes desacoplados” (estados Unidos y China).

El periodo transitorio, aunque corto, debe resultar más que suficiente para provocar una verdadera catarsis que lleve a unos y a otros a apostar por verdaderas transformaciones, trascendiendo de conceptos del pasado para construir nuevos espacios de futuro.

Más allá de los cantos, lágrimas (algunas sentidas y emocionadas y otras de contagio de masas) del último pleno en el Parlamento europeo, con independencia de lo que unos u otros hubieran esperado como desenlace, se trata de afrontar el futuro a partir de un escenario cierto: Una Unión Europea a 27 y un Reino Unido por recomponer, desandando el camino de cinco décadas y reaprendiendo a vivir de otra manera. Un nuevo proceso que exige la sinceridad y valentía de una mínima autocrítica para una Europa que ha contribuido a la inconfortabilidad de un miembro tan relevante como es Reino Unido que, consciente de las enormes dificultades e incertidumbres que conlleva su decisión, ha optado por seguir su propio camino. Es un tiempo nuevo en el que alguien en la propia Unión Europea ha de asumir el inevitable riesgo de repensar Europa y la Unión Europea y afrontar la complejidad al servicio real de los ciudadanos europeos, sus naciones y sus voluntades -diferenciadas- de futuro, apropiándose de sus destinos y no “países obedientes” de la supuesta “intelectualidad vanguardista-burocrática” instalada en “Bruselas”, como estación refugio de sus aparatos y de los estados miembro, amparados en la “unidad vaciada” como pregón verbalizado de una supuesta bondad aspiracional sobre la que se trabaja poco, se cree y entiende menos y se ataca desde ideas y conceptos del pasado y no desde retos innovadores pensando en el mañana y no en el ayer.

Hoy que ya tenemos un horizonte temporal para la transición (pese a que pudiera ampliarse hasta un año más), que el Reino Unido paga una factura de salida de 50.000 millones de euros (algo así como el “coste de la no España”, por ejemplo, en la literatura argumental de Euskadi o Catalunya en los últimos tiempos, y referente para otros miembros que pudieran optar por explorar nuevos mundos y compañeros de viaje), que garantiza “el asentamiento” de los residentes ex comunitarios en el Reino Unido, que Irlanda del Norte continuará, hasta que no haya otra opción validada conjuntamente, bajo el paraguas aduanero de la Unión Europea evitando fronteras hard y que ni uno ni otro de los negociadores pueden seguir mirando al pasado o denunciando “las mentiras y votos de los viejos”, manipulando el Brexit, ni unos “europeístas” amparados en las esencias estructurales de Bruselas pueden o deben instalarse en un cómodo inmovilismo, es momento de una inteligencia innovadora y constructiva. Como decía hace unas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su discurso en la London School of Economics and Politic Sciences: (Viejos amigos, nuevos comienzos: construyendo otro futuro para un partenariado Reino Unido–Unión Europea) “No podemos olvidar la enorme contribución, del Reino Unido, desde dentro y fuera de la Unión, que diría Churchill, desde las cenizas de la segunda Guerra Mundial, en Zúrich (1946), ni el camino recorrido a lo largo del tiempo y hemos de rendir tributo a quienes lo han hecho posible. Pero quien hace política y ha de decidir es el pueblo y el pueblo británico habló con claridad en junio de 2016 y nos dio un mandato claro. La Unión Europea y el Reino Unido han de reforzar sus relaciones y colaboración desde una nueva realidad. Hagamos posible que este camino desde espacios diferenciados converja en soluciones compartibles en beneficio de todos”. “El 31 de enero será triste para muchos, pero cuando salga el sol el 1 de febrero, el Reino Unido y la Unión Europea continuarán siendo los mejores amigos y socios, seguiremos aprendiendo y trabajando juntos, compartiendo desafíos, formaremos parte de relevantes entidades compartidas como la OTAN, Naciones Unidas y múltiples organismos internacionales. Sobre todo, compartiremos valores y la misma fe y confianza democráticas. Nuestras historias y geografías son las mismas y nuestro continente compartirá el mismo destino. Se cerrará una puerta, pero se abrirán nuevas. Será el tiempo de mirar hacia delante, de otra forma”.

Sin duda, los buenos deseos no evitarán espacios de desencuentro y disputas. No obstante, lo relevante será abordarlos desde el respeto a la voluntad y libre decisión de cada una de las partes, asumiendo la realidad. Socios, aliados desde su propia voluntad y no desde imposiciones unilaterales. Serán (deberán ser) nuevas reglas del juego.

En esta línea, Bruegel (Think Tank experto en economía y políticas públicas con sede en Bruselas) y el Wellcome Trust (Organización benéfica de Investigación. Londres) han celebrado, esta misma semana, un encuentro bilateral entre expertos y políticos, británicos y “europeos”, para realizar un interesante ejercicio de prospectiva cara a una hipotética negociación y acuerdo a lograr, en este periodo transitorio, en materia de investigación e innovación (“A post agreement for research and innovation. Outcomes”). Una nueva relación post Brexit en tan delicada área de interés común que con tanta fuerza han venido promoviendo ambos jugadores en las últimas décadas en el desarrollo del ERA (Espacio Europeo de Investigación), considerado hoy como uno de los hubs líderes en el mundo investigador (seis de las veinte universidades del top mundial; un tercio de las publicaciones científicas mundiales). El objetivo no es otro que el de promover y fomentar el valioso beneficio que supone este partenariado y soporte esencial de la competitividad, bienestar y desarrollo económico y social de las naciones, empresas y ciudadanos europeos, más allá de su adscripción formal a la Unión, conscientes de que un acuerdo en esta materia, así como cualquier otro tema crítico, solamente será posible desde la actitud, voluntad e implementación global política y técnica.

Algunas claves de interés se deducen de este ejercicio, más allá del asunto concreto. En primer lugar, una vez acordada la “deuda de salida”, la “contribución obligada”, en términos del PIB correspondiente, deja de “contaminar” desequilibrios y mecanismos de ajuste de modo que es el valor de las iniciativas y proyectos y su contribución a la sociedad lo que determina la financiación-coste-beneficio de cada programa o iniciativa acordable. Se sugiere recrear “espacios nuevos” sobre aquellos programas que han tenido éxito, reformulados en función de “la independencia y nuevo rol” de cada una de las partes. Así, el HORIZON 2020 vigente ya no será el esquema apropiado, si bien un nuevo HORIZON bilateral, exnovo, facilitaría las relaciones y fortalecería equipos y líneas de investigación, estableciendo nuevos acuerdos bilaterales de intercambio de empresas, universidades, centros tecnológicos, investigadores y trabajadores (así como sus familiares) en un sistema colaborativo de beneficio mutuo. El ejercicio realizado, más allá de la relevancia de la investigación y la innovación, como no podía ser de otra manera, destaca la importancia del uso del lenguaje en el proceso, elaborar relatos de futuro y no del pasado, sensibilidad y aceptación del bilateralismo y cosoberanías reales, la formalidad de instrumentos igualitarios compartibles para la cogestión de cuántas iniciativas y proyectos se emprendan. Finalmente, evitar la paralización y discontinuidad de programas y proyectos en curso, si bien, desde nuevos roles, condiciones, codirección y cofinanciación. Un ejemplo a considerar.

En definitiva, la obligada necesidad de facilitar el periodo transitorio y de encontrar el espacio de futuro de asociación, de “socios preferentes”, de espacios europeos compartibles, de libre comercio y “mercado interior”, etc. no solamente ha de servir para garantizar la mejor de las relaciones posibles, sino que, sobre todo, ha de ser contemplada como una gran oportunidad para reinventar “el espacio interior” de cada una de las partes, un nuevo “Reino Unido” promotor de una renovada e innovadora geografía política institucional acogedora de las aspiraciones mayoritarias de Escocia, Irlanda del Norte-Irlanda, Gales…; y una innovadora Unión Europea construida desde sus naciones -hoy con o sin Estados del pasado- fortaleciendo valores y principios de libertad, democracia, solidaridad, subsidiariedad que marcaran su creación y asumiendo la inevitable transformación organizativa y administrativa del servicio de los objetivos y no, viceversa, “encasillando proyectos y soluciones” en estructuras del pasado incrustadas en una burocracia y actores fijos inmutables.

Este 1 de febrero, el Reino Unido abre todo un proceso de cambio, incierto y complejo reescribiendo su nuevo destino. Confiemos que lo que ha entendido como esencia democrática atendiendo “la voluntad del pueblo”, lo extienda y aplique a la voluntad de otros pueblos “en su seno”. La Unión Europea vuelve a ser de 27 y recompone la composición de su gobernanza. Pero, sobre todo, inicia un camino insospechado obligado a mirar hacia dentro para escuchar las voces del cambio. Sin duda, mucho más que un Brexit. Hacia una nueva Europa más allá de la Unión Europea vigente.

(Artículo publicado el 19 de Enero)

Uno de los debates esenciales que recorren el mundo, es el de la desigualdad y su espacio de solución a la búsqueda de nuevas estrategias y políticas al servicio de la prosperidad y el desarrollo inclusivo sostenible, alcanzable tan solo desde un esfuerzo y compromiso con el valor compartido empresa-sociedad y procesos colaborativos público-privados.

La complejidad creciente de los desafíos a los que nos enfrentamos exige soluciones, igualmente complejas, huyendo de respuestas simples o recetas del pasado cuyos resultados no permiten valorarlos como suficientes para el logro de los objetivos que se suponía perseguían. La reciente y profunda crisis de la última década, ha acentuado el malestar generalizado y los modelos de crecimiento económico que han arrastrado determinadas políticas públicas de aplicación indiscriminada, dando lugar a su amplio cuestionamiento. Hoy, sin duda, en el fondo subyace un gran debate ideológico que más allá de las palabras y las posiciones desde las que se aborde, ha de confluir en un buen número de conceptos compartibles que habrán de guiar los caminos y estrategias de futuro. Así, el mundo de hoy parecería buscar nuevos caminos de confluencia entre quienes se aproximan a él desde el fracasado extremo estatalizador puro del socialismo/comunismo en una necesaria reinvención de la social democracia, que ha pretendido su adecuación a los desafíos socioeconómicos de las últimas décadas, y desde el otro extremo, partiendo del capitalismo cuya reinvención exige ir mucho más allá de las políticas de economía social de mercado que la postguerra europea, principalmente, ha transitado. Esta interconexión ha aportado, en términos “globales”, beneficios considerables, extrayendo grandes poblaciones de la pobreza extrema, incrementando niveles de salud y bienestar de amplio espectro, generando riqueza y empleo y, una apertura considerable en la interdependencia global alcanzando profundos cambios, tecnología e innovación al servicio general. Ahora bien, dichos beneficios han resultado desiguales en su reparto, no han favorecido la movilidad social intergeneracional deseada y se han anclado en una percepción de incredulidad y desapego a la gran mayoría de los principales actores del sistema: gobiernos y agentes políticos, sindicales, económicos y sociales. Escasa credibilidad que se ve amparada en un “confortable” autoaislamiento justificativo en el que nos situamos como individuos al amparo de una frase que parecería exculparnos de compromiso y responsabilidad personal alguna: “Nos han engañado y nos han robado nuestro futuro”.

Hoy, a lo largo del mundo, se dan por ciertos, matices, modelos y, posicionamientos previos aparte, una serie de puntos críticos: la globalización como mantra incuestionable no ha sido gratuita y ha dejado en el camino a demasiada gente, países y regiones, empresas, empleo y proyectos de vida, a la vez que ha concentrado beneficios en un reducido número de ganadores, mientras aquellas soñadas “cadenas globales” que se convertían en único referente, se transforman en nuevas cadenas regionalizadas a medida que el impacto local es cada vez más relevante en nuestras interdependientes y compartibles vidas (sean empresariales, de gobierno, comunitarias o personales). El sustrato del nuevo paradigma del tránsito del crecimiento como objetivo conductor hacia un desarrollo inclusivo, progreso social y sostenible, provoca todo tipo de movimientos en torno al doble impulso de la reinvención, ya sea del nuevo capitalismo, de una nueva economía social de mercado o de un nuevo modelo de social democracia, con más o menos peso de la economía “de mercado”, o “del intervencionismo público” en función del rol y compromiso que asuman las empresas, los gobiernos, los agentes sociales y la sociedad civil, siempre bajo los objetivos prioritarios de la solución a las demandas y necesidades sociales, desde la óptica del progreso social y la erradicación de la desigualdad. Los ejes conductores cambian y las apuestas estratégicas van mucho más allá de meras referencias lingüísticas o etiquetas propagandistas con vocación descalificadora conforme a reclamos particulares.

De esta forma, sea cual sea el espectro de partida, estamos inmersos en un apasionante (e inevitable) proceso de transformación desde un “nuevo mapa para la prosperidad y el desarrollo inclusivo” que persigue estrategias integrales e integradas orientadas a las personas, sus demandas, necesidades y aspiraciones, con la reformulación de ejes de glokalización (y no de globalización uniforme), de competitividad y progreso social (y no de competencia excluyente con prioridad en el EBITDA), de generación de riqueza (pre, durante y post distribución) a cuyo servicio juegue una renovada arquitectura fiscal y financiera (identificando con claridad personas y sus condiciones, nuevas clases fiscales con diferentes fuentes reales de ingresos) y una realista transición hacia las llamadas “nuevas economías” verde (ecológica y cambio climático), azul (océanos y agua), digital (revolución 5.0), y, sobre todo, desde un verdadero ejercicio para repensar el futuro del empleo y la, de una u otra forma, Renta Universal (independiente de contar o no con un puesto de trabajo). Esta transformación en curso solo será posible con un claro ejercicio de corresponsabilidad y compromiso, reforzando y reinventando instituciones democráticas, dotándonos de nuevas estructuras de gobierno y gobernanza en todos los niveles de gobierno y administración. Reinventar dichas estructuras al servicio de la estrategia y no “n estrategias parciales e incompletas” con las viejas estructuras decimonónicas previstas para otros tiempos, objetivos y roles. (“Hacia un nuevo mapa para la prosperidad y el desarrollo inclusivo” – Enovatinglab).

Proceso complejo en un contexto geopolítico más que incierto y turbulento con un mundo descontento, desorientado, rodeado de riesgos y con pesimismo respecto de la autoridad, credibilidad y liderazgo que llevan a más de uno a preguntarse, según el lugar en que se encuentre y el asunto que le afecte, ¿quién nos gobierna?

Precisamente en este contexto, la próxima semana (21-24 enero), el World Economic Forum (Foro Económico Mundial) celebrará su conocida cita anual en Davos-Klosters (Suiza). Se trata de su 50 edición. Klaus Schwab, fundador y director durante estas cinco décadas, presenta esta edición como propia de “un estado de emergencia” en el que la sociedad exige de líderes y plataformas como ésta, respuestas transformadoras, desde su potencia demostrada como espacio de diálogo y conversaciones multilaterales entre su variadísima y cualificada representación reuniendo al mayor número de presidentes y gobiernos (175 países), organismos internacionales (40 con la ONU incluida), “jóvenes transformadores” en los 5 continentes, empresarios y directivos de las empresas líderes mundiales, “agitadores sociales” de reconocido impacto, etc. en torno a agendas relevantes y trabajadas con rigor desde múltiples ópticas, intereses, responsabilidades y espacios de conocimiento y ocupación. WEF-Davos, plataforma think Tank “para mejorar el mundo”, facilita el contexto y el espacio neutro para el diálogo, conocimiento y contraste, de ese nuevo mundo demandante (empresas, gobiernos, sociedad) que permita recorrer nuevos caminos. A Davos llega el esfuerzo de miles de personas que, desde diferentes grupos de trabajo, han analizado los principales retos y riesgos globales que nos aquejan, la necesidad de abordar un nuevo “espacio y modelo de desarrollo inclusivo desde y para todos los implicados (stakeholders)”, los principales líderes de los llamados “nuevos futuros” (futuros saludables, salvar el planeta, nuevas empresas y nuevas respuestas sociales, nuevas actitudes ante una geopolítica compleja, una economía diferente y justa, la tecnología para el bien común, el futuro del trabajo digno, decente, formal). Ni recetas mágicas, ni pensamiento único, ni imposición alguna. Plataforma de información, conocimiento abierto y compartido, preocupaciones diversas en busca de respuestas, rigor de análisis y prospectiva y mensajes de compromiso (individual y colectivo). Un esfuerzo colaborativo que pretende, en esta ocasión, aportar un enfoque de síntesis en los roles a desempeñar por los diferentes agentes: “Stakeholders Responsibility” (la Responsabilidad de todos los implicados y grupos de interés ), que hacen suyo el Manifesto 2020 con una especial llamada y al mundo de la empresa (entendiendo que es quien cuenta con los mayores activos y capacidad transformadora desde el reenfoque de sus modelos de negocio a satisfacer las demandas sociales), a los diferentes gobiernos para profundizar en su liderazgo largo placista, más allá de su papel de estricta administración, asumiendo los riesgos y compromisos necesarios para afrontar conflictos reales, fortalecer la democracia, afrontar con decisión firme los desafíos reales a los que nos enfrentamos.

En esta línea, estos días, precisamente esta semana, como aperitivo introduciendo el debate, se ha hecho público su Informe “Global Risk 2020”: An unsettled World”, recogiendo los resultados de su encuesta anual (1500 lideres a lo largo del mundo) sobre los riesgos globales, su percepción de impacto en la sociedad, su sentido de urgencia y expectativa de respuesta adecuada y el rol esperable de cada uno de los distintos agentes implicables, así como de cada uno de los entrevistados y sus organizaciones. El Informe es particularmente tajante con la “imposibilidad” de esperar a que se despejen incógnitas o sean “otros” quienes ofrezcan soluciones, o se deje que el tiempo y los “ciclos” permitan volver a la “normalidad” ya conocida. El mundo no puede esperar y hemos de asumir la compleja y turbulenta “nueva normalidad” en este mundo inestable que nos toca vivir, condicionada por el contexto geopolítico y geoeconómico en el que estamos insertos. Economía, demografía, medio ambiente, tecnología, salud, educación, aspiraciones personales y colectivas, así como situaciones de conflicto y bloqueo, obligan hacer nuestra la acción colaborativa de todos los “stakeholders” (implicados y grupos de interés, todos) focalizados en un propósito compartible, adaptable al contexto real observable. Un nuevo mundo de turbulencias, en continua agitación y cambio, en constante modificación de fronteras político-administrativas del pasado, necesitando de nuevas alianzas y estructuras o sistemas de multilateralidad, necesitado de entender, medir y programar las consecuencias e impacto reales del cambio climático, la nueva no frontera entre industrias y empresas acentuada por la revolución de la digitalización. En este Informe, destacan el peso geopolítico y la “reinvención económica”, interconectados con las consecuencias, preocupaciones e impactos ecológico-climáticos, así como los sistemas de salud y el trabajo del futuro como vectores conductores de igualdad y bienestar.

Cincuenta años después del nacimiento del World Economic Forum, iniciativa compartida público-privada, su director, Klaus Schwab, afirmaba cómo, echando la vista atrás, constata que muchos pueden pensar que de una u otra forma, los retos de hoy son asimilables a los del pasado, si bien hoy, incertidumbre y complejidad, son excesivamente mayores. Esto es, a su juicio, lo que da mayor valor, si cabe, a un lugar de encuentro desde el análisis y prospectiva rigurosa, compartida entre todos los actores que han de condicionar los resultados. Hace 20 años, surgió “en paralelo” un “contra Davos” como “Foro Social” alternativo. Algunos entendían que economía y sociedad eran líneas separadas y separables. Afortunadamente, el tiempo y la realidad han venido a demostrar lo obvio: políticas económicas y políticas sociales; Empresa, Gobierno y Sociedad, son inseparables. El mundo es demasiado complejo y nuestras aspiraciones ilimitadas como para pretender soluciones mágicas por generación espontánea, o desde actuaciones individuales, o limitadas a los intereses de unos u otros, aprender con y de los demás, compartir valor entre todos y avanzar afrontando retos como oportunidades y fuentes de solución, exige compromiso responsable convergente.   Las respuestas no son simples, pero nuestras preguntas iniciales sí: ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros al logro de los desafíos de nuestra sociedad?, ¿cuál es el impacto de nuestras actitudes, actuaciones y contribución al esfuerzo comunitario y colectivo?

(Artículo publicado el 5 de Enero)

Distraídos entre el desenlace final de un futurible gobierno de coalición PSOE-UP para el estado español, acceder al verdadero alcance de las apuestas y compromisos que sugieren los Acuerdos “filtrados o publicados”, la estructura y responsables de los diferentes espacios de gobierno (con la anómala originalidad de una pareja sujeta a jerarquía entre ellos formen parte del mismo gabinete) y, empañado por el ya crónico y uso de los poderes del Estado, incluido su sistema judicial o la “policía política” al servicio del gobierno de turno y de los relatos novelados a gusto del momento e intereses particulares, y a la espera de una posible “destitución” del Presidente de la Generalitat de Catalunya al margen de urnas y parlamento desde una inusual actuación de una Junta Electoral o sucesivas maniobras con la sospecha de un potencial próximo tripartito en la Generalitat con PSE, ERC, Podemos, y en medio de la “magia navideña y esperanza de este nuevo año”, nos encontramos con un tema complejo pero de gran actualidad e importancia que, en principio, habría de ser tenido en cuenta en el próximo gabinete y pactos complementarios, y que, sin embargo, pudiera pasar desapercibido: el rol y control de las empresas públicas del Estado.

Estos días, algunas empresas públicas españolas han anunciado sus estrategias de internacionalización e inversión en el exterior. Red Eléctrica Española, Enagás, AENA (Aeropuertos “nacionales”), Renfe y Correos, invertirán 3.000 millones de euros en 2020 en el exterior. Al mismo tiempo, en los medios que publicitan estas noticias se recogen los mapas de necesidades inversoras a lo largo y ancho del territorio del Estado, cifrando en torno a los 180.000 millones de euros para los próximos 10 años, la demanda concreta de proyectos “imprescindibles” en las áreas de actividad de las empresas mencionadas.

El papel que han de jugar las empresas públicas es siempre controvertido. Sin duda, por encima de todo, la creación de una empresa pública ha de justificarse bien por ser la fórmula óptima para la prestación de un servicio público, por su capacidad promotora de la actividad y desarrollo endógeno o por su adecuada instrumentación de un deseable proceso colaborativo público-privado al servicio del interés general. En todo caso, su razón de ser debe acompañarse de planes específicos de viabilidad sostenible y debe estar sometida a un riguroso sistema de control democrático y parlamentario. Sus estrategias y acciones realizadas suelen relegarse y el interés mediático limitarse al conocimiento de algunos nombramientos o cargos de libre designación.

Con el paso del tiempo, el contexto y las condiciones económicas, empresariales y de entorno, además de las cambiantes demandas sociales y orientaciones políticas (así como la lógica de las diferentes políticas y presupuestos de gobierno), de la propia gestión y resultados obtenidos, o del comportamiento externo que termina por generar competidores u ofertas equivalentes, puede aconsejar la refundación o extensión de la empresa creada, buscando la mayor aportación de valor para la sociedad (como siempre traducible en ingresos para el gobierno promotor y, en muchas ocasiones, pérdidas a absorber para el citado presupuesto público). Todo ello sin olvidar los posicionamientos sindicales y funcionariales que inciden en los modos y usos de las Administraciones Públicas y la aceptación o no de estas figuras societarias. Sin embargo, la realidad viene demostrando que muchísimas empresas e iniciativas del sector público empresarial tienden a sobrevivir más allá de sus objetivos fundacionales (bien porque ya los han cumplido con éxito, por su fracaso en su logro o por demostrarse ineficientes o redundantes respecto de la “oferta competidora existente”, o porque, simplemente, sus objetivos iniciales han dejado de tener sentido).

En determinados momentos, muchas de estas empresas han desarrollado competencias diferenciales que las llevan a disponer de músculo financiero, de ideas y gestor, así como el desarrollo de ventajas diferenciales para competir en “otros mercados” alejados de su territorio base al que se deben. Bien en solitario o bien acompañadas por alguna empresa privada, abordan su salida al exterior aprovechando oportunidades concretas, ventajas comparadas o tan solo comodidad o interés de sus gestores. La “internacionalización” se convierte en una bandera de modernidad, prestigio, asimilación al mercado privado, remuneración especial, etc., si bien raras veces es objeto de análisis en profundidad preguntándose que es lo que hay detrás de este movimiento y si es el objetivo de una empresa pública creada para fines concretos que, o bien se han logrado o, por el contrario, resultan inalcanzables con las capacidades reales del citado instrumento. Por lo general, además, supone un primer paso hacia la privatización directa o indirecta, con mayor o menor transparencia, debate público y control. No es irrelevante el mayor o menor peso ofrecido a sus compañeros de viaje, la forma de elegirlo y la gobernanza asociable al acuerdo colaborativo.

En el caso de las empresas aquí mencionadas, al margen de la valoración que puedan merecer cada una de ellas y su gestión, merece la pena detenerse para constatar el escaso control parlamentario (democrático) del que son objeto, limitado por lo general a simples informes de la SEPI que integra las participaciones públicas existentes. Problema añadido a su centralización que deja fuera de la proximidad de participaciones y control a las Comunidades Autónomas en que opera. ¿Tiene sentido la diversificación e inversión en el exterior de estas empresas cuando las necesidades a lo largo y ancho del Estado son esenciales y están desatendidas, en régimen de “monopolio competencial” para las mismas?, ¿es razonable descalificar su posible transferencia a los gobiernos autonómicos, competentes, en la materia, mientras se comparte su dirección y aportación con empresas privadas, generalmente con entrada de gobiernos en el exterior? Recordemos que se trata de empresas reguladas y cuyos servicios (ingresos) obedecen a tarifas tasadas, pagadas por los ciudadanos/perceptores del servicio que se presta, que sus dirigentes (ejecutivos y Consejos de Administración) son nombrados por el Gobierno bajo libre designación y que son el instrumento ejecutor de las políticas públicas que Gobierno y Congreso fijan. Según fuentes de los Ministerios asociados, por ejemplo, los ferrocarriles del Estado dependientes de Renfe (en cercanías y sin contar actuaciones “especiales” como la supresión de pasos a nivel y puntos negros en materia de seguridad), demandarán 3.500 millones/año hasta el 2030; en el caso de los aeropuertos, AENA deberá destinar 2.000 millones de euros/año en estos próximos 10 años; el AVE se va de viaje a construir en la MECA y a concurrir en proyectos ambiciosos y de largo plazo (TEXAS y California), alejados de las competencias y capacidades de sus gestores y desde el desconocimiento real de los territorios en los que habrán de intervenir, haciendo aún más remota la capacidad de control a la que habrán de someterse, mientras su rol en el Estado sigue sin terminarse, incumpliendo sus compromisos históricos que solo parecen reactivarse cuando se necesitan votos de investidura, como el caso de la Y vasca; o CORREOS reconvirtiéndose en un “HUB de paquetería” en Portugal, mientras se proclama su carácter esencial para la “integración y unidad del Estado”, aumentando los brazos centralistas del gobierno desde la desconfianza y escasa lealtad con los otros poderes, también del Estado, asumidos por las diferentes Comunidades Autónomas.

Si estas empresas han terminado con su tarea en el territorio base al que se deben, bien harían en extinguirse, dando paso a nuevas iniciativas al servicio del interés general, aportando recursos, financiación y conocimiento a nuevas áreas de actividad, diversificación de forma inteligente en convergencia con los ciudadanos y empresas locales, y facilitando el desarrollo del modelo de estado autonómico que se supone impera conforme a mandato constitucional respecto de la organización territorial, tan en boga en estos momentos. Jugar a los beneficios de una hibridación con el amparo de un paraguas público para garantizar tu cuenta de resultados es una mala apuesta de país. Conviene recordar que ni toda internacionalización es buena en sí misma, ni todas las empresas deben invertir en el exterior, ni toda empresa pública es un fin en sí misma, sino tan solo un instrumento al servicio de objetivos de interés general.

En los próximos días habrá un nuevo Gobierno. Se supone que, de una u otra forma, destinará energía relevante al sector público empresarial y que la conjunción PSOE-UP harán un esfuerzo por fortalecerlo, incorporando nuevas áreas de actividad a este amplio espacio público o público-privado, salvo que ambos renuncien a aquello que se supone son parte de su reclamo “ideológico” y preelectoral. Adicionalmente, habrá que recordarles que formarán gobierno gracias al apoyo de otros siete partidos políticos con implantación singular en diferentes territorios demandantes de compromisos reales, incumplidos, de desarrollo económico endógeno. No estaría de más confiar en que, esta vez, cumplan sus compromisos no solo de inversión, sino de coparticipación en la dirección y control de un sector público empresarial que no está pensado para dar servicio en “diferentes mercados de oportunidades”, sino a los ciudadanos y territorios del Estado.

Un sector público empresarial eficiente y generador de valor es altamente deseable y necesario (yo diría, imprescindible). Pero ni cualquier sector público, ni cualquier empresa, ni con cualquier objetivo o servicio. Si se decide salir e invertir en el exterior, serían razones “país” las que lo justificaran. No se trata de cuentas de resultados particulares. La presencia exterior de un país y sus gobiernos resulta imprescindible (conocimiento, redes, acompañamiento a terceros, observatorio, relaciones institucionales, apoyo a nuestras empresas y organismos facilitadores, cooperación al desarrollo…), pero los objetivos y compromisos de las agencias y sociedades públicas reguladas son otra cosa. Si una empresa pública ha de incorporar en su estrategia su internacionalización, dicha estrategia debe ser debidamente explicada, controlada y autorizada de forma democrática a través de órganos de decisión política y no delegada en las decisiones ejecutivas o empresariales concretas. En todo caso, contrastadas con el objeto e interés fundacional y de servicio que la originó y, sobre todo, recordando que el Estado no se limita a la Moncloa o a los supuestos “funcionarios de elite” en Madrid.

Estamos necesitados de un redoblado esfuerzo inversor y dotación de infraestructuras y servicios públicos ante los desafíos futuros. Las empresas mencionadas tienen legado y base más que suficiente para refocalizar su compromiso al servicio de dichas necesidades. A la vez, es un buen momento para su financiación a largo plazo dada la situación financiera actual y la relativa accesibilidad a los mercados de capitales globales, lo que posibilita acelerar su ejecución facilitando el desarrollo y bienestar internos (qué, dicho sea de paso, posibilitaría un esfuerzo real de reindustrialización y avance en un modelo de desarrollo económico alternativo). Se supone que las capacidades de estas empresas, reorientando sus objetivos y recursos, modificando su gobernanza (y extendiendo la presencia de jugadores reales en sus órganos de decisión y control) y asumiendo sus compromisos con la Sociedad a la que se deben, constituyen instrumentos de primer nivel para impulsar la consecución de tan significativos retos. Es un momento idóneo para abordar, también en este ámbito, una transformación del Estado, sus poderes públicos y de gobierno, y su interacción con el tejido empresarial y social.

Esperemos no dejarnos llevar por “etiquetas globales y oportunistas” y acertar en las prioridades y responsabilidades que a cada uno corresponden. Seguramente, otra manera de empezar el nuevo año… y el nuevo gobierno.

(Artículo publicado el 22 de Diciembre)

El pasado 2017, haciéndome eco de un informe publicado por el profesor Michael E. Porter sobre la “Industria de la política en los Estados Unidos”, publiqué en esta columna una reflexión respecto del carácter local estadounidense del mismo o su potencial replica “adaptada” a lo largo del mundo. Entonces hacía referencia al funcionamiento observado en la política del Estado español, deteriorada por la falta de gobernanza efectiva y la no solución a la más que imperfecta articulación territorial, en la del Reino Unido en su particular tiempo de referendos (Escocia y el UK^–, el Brexit y el UK^?) y de la Unión Europea en su parálisis de gobernanza acordada por la política de un consenso de confort, que no de proyectos compartibles.

Hace unos días, tuve la oportunidad de reunirme con Porter en su despacho de la Universidad de Harvard. Acaba de terminar su último libro actualizando el estado de la “Competitividad para la prosperidad” en los Estados Unidos de América, en el que además de poner el acento en el propósito o el para qué de la competitividad del país, la de sus diferentes Estados federales y, sobre todo, de sus empresas y agentes económicos y sociales, focalizable en resolver las necesidades y demandas sociales como máximo orientador de los diferentes modelos de negocio empresariales y de las políticas de prosperidad, inclusión e igualdad requeridas. En esta ocasión dedica un amplio y relevante papel a esa “industria de la política” estadounidense que se aleja cada vez más de la sociedad que representa y del valor de la institucionalización garante de los compromisos en el largo plazo, minando la esencia de los determinantes de la competitividad que vienen distanciando a Estados Unidos del primer lugar que en el contexto mundial le otorgaron en el pasado los Índices de Competitividad (WEF, IMEDE, OCDE) empeorados, aún más, si se trata de medir su grado de progreso social. Esta “incursión” en el ámbito político no es sino un paso más, esencial, para avanzar en la comprensión de un marco completo de la competitividad a la búsqueda de respuestas a una pregunta clave: ¿Cómo generar prosperidad sostenible e inclusiva a lo largo del mundo, mejorando de forma permanente el nivel de calidad de vida de los ciudadanos, co creando valor compartido entre las empresas y la sociedad, atendiendo, a la vez, la búsqueda de beneficios económicos y sociales para la comunidad?

Pregunta que responde a los objetivos de la extensa red M.O.C. (Microeconomía de la Competitividad) que desde el año 2002 nos une a poco más de 300 investigadores y profesores de más de 130 Universidades e Institutos en los cinco continentes, en un compromiso colaborativo académico-empresarial a la búsqueda del mayor impacto positivo posible en nuestras sociedades. En el encuentro anual que hemos celebrado en Boston, ha resultado relevante la cantidad de iniciativas y proyectos debatidos desde diferentes ópticas geográficas, pero con una serie de elementos comunes, o al menos, asociables, que han puesto el foco en la calidad de las democracias, las razones de sus fallos, la debilitada credibilidad observada en un buen número de liderazgos esperables, la desconfianza en un futuro incierto y los escenarios que se proponen, así como la inevitable revitalización institucional y política, además del renovado y “reinventado” rol empresarial para la propuesta de soluciones motivadoras. Espacio que debe ocupar, también, una nueva universidad que devuelva al mundo académico su compromiso firme con la aplicabilidad de sus capacidades expertas a las necesidades reales de la sociedad en que se insertan y asumiendo un protagonismo cada vez mayor en la generación de impacto en la sociedad.

En un foro internacional como este, el debate del estado de las cosas no solo no podía evitarse, sino que enriquecía el trabajo. Analizar y comparar el escenario estadounidense con una visión dividida ante el impeachment presidencial en plena discusión, las “marchas” latinoamericanas desde Chile a México pasando por graves situaciones (casi endémicas y/o estructurales) que se dan en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, o en la crisis argentina, encontraban su marco comparable con el análisis estadounidense comentado. A ellos se unían estrategias de “Federalismo Competitivo” en la India, en el marco de estrategias que trasladan el peso del progreso y bienestar futuro a los 22 Estados subnacionales que lo componen, reescribiendo una nueva historia de crecimiento y bienestar inclusivos para una India joven (la edad media de su población son 29 años) que tan solo supone un 34% poblacional en zonas urbanas, liderando el crecimiento mundial en los últimos 15 años, llevando la biométrica, inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales a 1.200 millones de ciudadanos afrontando un desafío de gobernanza e institucionalización por construir, en sustitución del viejo mapa unitario impuesto desde los despachos del antiguo imperio británico. Una India sorprendente por su fortaleza y expectativas a la vez que, por sus raíces, historia y desigualdad, conviviendo con un potencial tecnológico y de futuro aún incierto. A la vez, la oportunidad de observar la transformación radical a través de una estrategia de desarrollo que lleva a Jerusalén a potenciar la periferia como necesidad crítica no solo por el bien del futuro de la ciudad y su población multicultural, sino para evitar las migraciones y efectos demográficos que pudieran impactar de forma negativa su desarrollo. Potenciar y provocar la clusterización de diferentes actividades de valor en zonas rurales y periféricas favoreciendo su implantación, llevando la tecnología al desierto en espacios compartibles con Palestina y con una clara intencionalidad política que pudiera parecer oculta tras discursos y objetivos económicos y de empleo.

En todo caso, estrategias diferenciadas demandantes de las alianzas coopetitivas de ciudades y regiones, de empresas con gobiernos y territorios, necesitados de la política y sus gobiernos y capaces de lograr la adhesión creíble y confiable de la sociedad. Devolver a las instituciones, gobiernos y política el rol esencial que nunca debieron o han de perder y que constituyen determinantes de la competitividad y progreso social en la agenda transformadora. Mensaje en contraste con el panorama observable en el Estado español. ¿Habrá gobierno en los próximos meses?, ¿qué pasará con Catalunya?, ¿y ustedes, los vascos, van claramente a la independencia? Preguntas repetidas con insistencia por nuestros colegas, a las que se unía una interesante cuestión planteada: ¿Cómo se sostiene una situación de ausencia de gobierno de casi un año en aparente normalidad salvo en el caso “del conflicto catalán”?

Sin duda, la “distribución del poder político y las competencias reales de los diferentes niveles de gobierno” lo explican en gran medida. Las materias esenciales (salud, economía, bienestar social, empleo y el funcionamiento ordinario de la ciudadanía), están “en manos” de las Comunidades Autónomas y los Municipios, y la actividad económica en las empresas, lo que mitiga la ausencia del todo poderoso centralismo oficial desde Moncloa y sus ministerios. Los diferentes gobiernos tienen distintas responsabilidades, tiempos, credibilidad y adhesión. Por el contrario, la Administración Central ocupa a cientos de miles de funcionarios ocupados en sus tareas ordinarias y sus directivos están libres de control alguno. El día a día, sobre excepciones, sigue su curso. Grave espejismo. La ausencia de gobierno (y Parlamento que lo impulse y controle) impide afrontar los desafíos de futuro (enormes) y su aplazamiento no hace sino aumentar distancias respecto de un futuro deseable.

Sería bueno aprovechar la evidencia para encarar no ya una investidura presidencial coyuntural (que en ningún caso será operativa, sin presupuestos, antes de abril del 2020) para repensar un futuro distinto, abordando, de una vez por todas, la inevitable reconfiguración del Estado, afrontando no solamente el “conflicto” catalán, sino el verdadero encaje de un nuevo Estado, desde el reconocimiento de una pluralidad de naciones y de regiones de distinta vocación institucional, de autogobierno y/o de pertenencia. Solamente alineando las demandas reales de sociedades distintas con instituciones sentidas como propias, asumiendo el compromiso de construir tu propio futuro, desde tu estrategia única, se podrá afrontar un nuevo futuro.

Son tiempos de cambio y de transformación radical. El continuismo y confort pueden alargar algunos logros y tendencias del pasado, pero no responden a los desafíos del mañana. Los liderazgos exigibles no son los que produce una “industria de la política”, como oligopolio que se dota de sus propios jugadores y reglas del juego intrínsecas. Lo veremos en el nuevo escenario del ya antiguo Reino Unido (UK^?). El triunfo electoral en las elecciones recientes no solo da lugar a la investidura de un gobierno o a la “deseada mayoritariamente” salida de la Unión Europea, sino a la reconfiguración de unas nuevas Irlanda y Escocia dentro de la Unión Europea, independientes, una Gales reforzada con sus competencias respecto del Gran Londres y una Inglaterra distinta. Seguramente, todas ellas, piezas interconectadas abiertas en nuevos espacios coopetitivos tejiendo diferentes alianzas entre sí y con la Unión Europea, así como con otros terceros a lo largo del mundo. Sus gobiernos, sus políticas habrán de trascender de su propio marco habitual para diseñar y acordar las estrategias transformadoras que demandan sus distintas sociedades. Solo así, las democracias no serán esquemas fallidos y la confianza y credibilidad en gobiernos, políticas y liderazgos, constituirán la savia necesaria para conseguir el desafiante futuro deseable.

Procesos de cambio, provocadores de verdaderos espacios de prosperidad y desarrollo inclusivos. Hoy más que nunca, empresas, gobiernos y comunidad constituyen alianzas coopetitivas, inseparables, para construir el futuro.

Resulta refrescante encontrar la configuración de un marco cada vez más completo e integrador de diferentes áreas de actuación, que permiten avanzar en las respuestas a demandas crecientes en las diferentes sociedades a lo largo del mundo. El reclamo continuo de nuevos horizontes, que exigen estrategias propias y únicas movidas por propósitos aspiracionales al servicio del bien común. La inclusividad, la lucha contra la desigualdad, la bandera del progreso social, la adherencia y afección a las propuestas compartibles, dan sentido pleno a una apuesta por la competitividad en solidaridad, indisociable de la política, sus gobiernos y la institucionalización eficiente y democrática que los haga sostenibles.

(Artículo publicado el 24 de Noviembre)

Un reciente ejercicio realizado en el seno del World Economic Forum, reunió a diferentes miembros de sus Consejos Globales sobre el Futuro, proponiendo “imaginar un mundo mejor para el 2030”. La idea sugiere que la única forma de plantear medidas y políticas adecuadas para lograr un objetivo como este, es pensar lo que nos gustaría encontrar en la fecha señalada.

Ejercicios como éste son comunes a cualquier proceso de prospectiva, nuevos escenarios o pensamiento estratégico, ya sea en el mundo de la empresa, de los gobiernos o de las personas en nuestra propia apuesta de futuro. Desgraciadamente, no son muchos quienes, en verdad, practican este tipo de esfuerzos comprometiendo sus aspiraciones en agendas específicas, les dotan de las estructuras y recursos necesarios para lograrlo y se empeñan en “construir su propia visión”. El ejercicio mencionado en el caso del World Economic Forum, ofrece 20 visiones concretas que pasan por la utópica conquista de vencer los impactos negativos del cambio climático, reducir la criminalidad y economía ilícita global a la mitad actual, generar soluciones tecnológicas de tele psiquiatría en la lucha contra enfermedades mentales, organizar y dinamizar un foro permanente de resolución de conflictos en el Oriente Medio con la participación activa de todos los líderes de los agentes implicados, un escenario de economía verde y circular, un pasaporte universal de salud con acceso global en un nuevo sistema de prevención, protección y seguridad social a cuyo servicio todas las tecnologías exponenciales (robótica, realidad virtual, inteligencia artificial, genómica…) convergen con un objetivo compartido, o una “nueva economía” alternativa a los extremos del pasado (capitalismo-comunismo), más allá de políticas a la búsqueda de objetivos e indicadores en torno a riqueza tradicional (para algunos) y producto interior bruto, o una reconversión plena de las estructuras de administración pública funcionarial hacia nuevos modos y ofertas de servicios para la sociedad. Diferentes escenarios y visiones simuladas tras las que han de formularse, a continuación, planes de acción concretos para su logro, identificando y superando barreras, minorando las brechas existentes entre el hoy y el mañana deseado, y “negociando” las correspondientes hojas de ruta que movilicen a todos los implicados en su logro.

Cuando ejercicios como este se realizan por los responsables directos de llevarlos a cabo, superan todo tipo de “juegos o aproximaciones soñadoras” para traducirse en verdaderas visiones y estrategias. En este caso, empresas y gobiernos se implicarían y, sin duda, los resultados no serían los estrictamente definidos a priori, sino respuestas mejoradas, la mayoría de las veces, por la multiplicidad de ideas e iniciativas que los diferentes participantes aportan, la evolución sistémica de dinámicas globales y el proceso de aprendizaje en sí mismo. Como en todo proceso estratégico, más allá del punto final de llegada, la enorme riqueza preparatoria para nuevas iniciativas reside en la propia “magia del proceso”, explorando y descubriendo nuevos horizontes, proponiendo nuevas preguntas y actores y provocando actitudes mentales diferentes.

Con este marco de fondo, en un reciente encuentro en Barcelona, comentábamos a pocos metros de la acampada universitaria, un potencial escenario de la Catalunya que hoy se encuentra en la encrucijada entre el “camino imaginario a ninguna parte”, que diría el expresidente Rodríguez Zapatero, la República Independiente de la mayoría legítima expresada en el Parlament, la reconducción hacia la convivencia del estatus quo del Madrid desde su inamovible poder de Estado y definición “constitucional” de la unidad de España, o hacia caminos inexplorados que puedan llevar a otros puntos de llegada. ¿Y si nos proponemos una visión para 2030 conforme a la voluntad democráticamente mayoritaria de Catalunya? ¿Y si en verdad el nuevo Congreso y posible gobierno español repensaran una nueva visión de Estado, incluyente de las realidades plurinacionales existentes, lejos de instalarse en el escenario fijo y unilateral de un tracto histórico que no parece hablar de futuro? ¿Y si cabría una nueva configuración de Estado en una, a su vez, reinventable Europa en un mundo cambiante con demandas sociales, económicas e institucionales diferentes a las actuales? ¿Qué mundo deseamos para el 2030? Sin duda un escenario y visiones muy distantes y diferentes al conflicto actual (con señales externas en Catalunya, si bien existentes en todo el Estado. El llamado “conflicto o cuestión territorial” que parece sorprender y molestar a quienes, legítimamente, no sienten o tienen aspiraciones de cambio, ni voluntad de nuevos instrumentos de autogobierno, ni se plantean otras formas de gobernanza o de Estado, tan legítimas como las de quienes sienten la necesidad de explorar nuevos caminos y redefinir un modelo de relación con terceros desde su propia apuesta de futuro y voluntad de libre decisión, ni empieza, ni termina en las deliberaciones o decisiones del Parlament).

¿Y si, además, aprovechamos el caótico y confuso estado de la política española, el desmedido rechazo mediático coyuntural a cualquier combinación de gobierno que pudiera orquestarse, ya sea populista, neoliberal, derechista o “Frankenstein” a juicio de algunos, para visionar otro 2030 en lo económico, social, judicial e institucional? Si lejos de limitar la apuesta a un decálogo generalista que valga para todo, nos preguntáramos por un estadio mejor dentro de 10 o 20 años, seguramente abordaríamos asuntos cruciales que exigen transformaciones radicales (un sistema educativo para el siglo XXI y no el continuismo estructural heredado, modelos socioeconómicos de desarrollo inclusivo, integrados, junto con estrategias territoriales clave, afrontando una digitalización imparable) superadores de viejos clichés extremos. Estos días leía a Niall Ferguson comentando una reciente conferencia con el incitante título: “La nueva ilustración: redefiniendo el capitalismo y el orden global neomercantilista en el mundo”, invitándonos (a personas, empresas y gobiernos) a “no ser el villano del momento”, recordando que el descontento de hoy, la búsqueda incómoda de nuevas soluciones y la inequidad o desigualdad -real o percibida- extendida por todo tipo de medios y redes sociales, con o sin control, “hace de toda persona, empresa o institución prominente un objetivo atacable”. A la vez, la literatura política y socioeconómica del momento refleja los cambios inevitables en curso, ya sea desde quienes piensan que el nuevo orden saldrá de una reinvención del capitalismo, a quienes concentran sus fuerzas en la nueva social democracia de la clase media del siglo XXI o la reafirmación de una economía social de mercado desde el refuerzo de sus raíces humanistas, solidarias y progresistas. En medio de todo tipo de aproximaciones con el objetivo económico y social, indivisible, hacia la prosperidad e inclusión. Más allá de filantropía, responsabilidad social corporativa, valor compartido empresa-sociedad, participación y auto gestión, mayor o menor implicación y peso del sector público… observamos todo un movimiento, imparable, hacia nuevas soluciones, ni dogmáticas, ni de receta y pensamiento único. ¿Y si imaginásemos un nuevo futuro, mejor, en el que podamos sentirnos confortables (que no acomodados)?

Ojalá nos demos la oportunidad de soñar un futuro distinto y nos empeñemos en hacerlo posible. Hace 44 años, en el Estado español, moría en la cama un dictador que no la dictadura. Entonces soñamos un futuro imperfecto que, pese a todo, propició un enorme cambio y transformación inacabados. Hoy, necesitamos volver a soñar desde lo aprendido y a partir de nuevas realidades, múltiples expectativas y desafíos por venir, conscientes de nuevas demandas y diferentes voluntades deseosas de asumir un protagonismo diferenciado. A la espera de la posible formación de un nuevo gobierno que parece tan solo soportado en el temor a que vengan los otros y desmonten lo conseguido, exigiendo adhesión incondicional a la nada, parecería razonable provocar sueños y apuestas de futuro para una sociedad demandante de un futuro mejor.

¿Y si hacemos algo distinto y mejor para el 2030? “Tengo un plan” como diría la precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Elizabeth Warren. ¿Y tú?

(Artículo publicado el 10 de Noviembre)

En su informe periódico sobre el análisis de la coyuntura internacional, Ian Bremmer (politólogo y consultor especializado en riesgos globales), destaca un posible punto compartido en las múltiples movilizaciones que se vienen sucediendo a lo largo del mundo, desde Hong Kong a Washington o Beirut pasando por las principales capitales latinoamericanas, París o Barcelona: la desigualdad percibida.

A una estimación genérica de la desigualdad, al margen de su intensidad objetiva medible, se añade la relatividad de la percepción entre diferentes personas o grupos sociales en contextos diferenciados. Así, sean causa o efecto, la desafección política, (aparente o real), la distante observancia de políticas resolutivas sobre demandas sociales de todo tipo y la inevitabilidad de una creciente ausencia de respuestas personalizadas a cada uno en contextos y momentos específicos, genera, en la población no atendida, alejamiento de sus respectivos gobiernos y de las consecuentes expectativas de solución, provocando, paso a paso, grandes déficits de credibilidad y liderazgo en los dirigentes. La percepción de estas demandas insatisfechas se propaga y mezcla con todo tipo de malestar y reivindicaciones, de estruendo generalizado retroalimentándose entre sí, reforzada por los medios de comunicación y, sobre todo, por la explosión de las redes sociales (de perfil, propiedad y responsable último desconocido). En este caldo de cultivo, la excesiva concentración de los beneficios esperables de la globalización y concentración de poder en determinadas empresas y mercados termina por facilitar la identificación de culpables, la externalización de responsabilidades y, por supuesto, la aceleración de frustraciones y malestar. Caldo de cultivo para cualquier queja, crítica, protesta o descalificación, justificables o no, a la búsqueda de alternativas (ya sea para el precio de un billete de metro, la modificación de tasas y matrículas universitarias, recordatorio del abandono en que secularmente se ha tenido a minorías indígenas, el cierre de una empresa en crisis, el traslado de todo problema al gobierno de turno, o la reivindicación de un derecho a decidir nuevas formas de gobierno o pertenencia a un Estado predefinido y dominante desde un estatus heredado). Este conjunto de factores configura un crudo escenario que, de una u otra forma, encuentra su aparente explicación homogeneizable en la desigualdad. Sin embargo, siendo esta realidad un ingrediente esencial en la ecuación para lo que un cada vez más potente movimiento hacia nuevas estrategias de desarrollo inclusivo cobre carta de naturaleza, parecería aconsejable una aproximación, también, singularizada a cada uno de los síntomas y problemas existentes, demandando soluciones específicas y distintas.

Así, en torno a lo que cada vez con mayor fuerza da lugar a los movimientos pro crecimiento y desarrollo inclusivo comentados, con unos u otros matices, mayor o menor intensidad y convicción, subyace una clara apuesta por retomar el rol esencial de la ideología, la democracia, el compromiso participativo y la cohesión social por encima de un rumbo o recetas atribuidas a la economía desde una visión reduccionista que pareciera interpretar el mercado y determinadas supuestas reglas exactas e inamovibles, cada vez menos aceptadas, que se habían instalado entre nosotros con escasa crítica, concebida otrora como sacrosanta panacea del pensamiento único al servicio de la proclamada globalización que se suponía imparable y generadora de grandes beneficios para todos, cuyos resultados no parecen avalados por el desarrollo e intensidad de las sucesivas crisis vividas. La rueda parece detenerse. El comercio mundial ha cambiado y ya son, nuevamente, mayores los intercambios y transacciones “domésticas” o intra regionales que las globales, los beneficios para todos muestran un reparto distorsionado y no homogéneo, desigualmente distribuidos. El “mercado” reclama su alma y de la actuación dirigente (y diligente) de los gobiernos, desde decisiones y controles democráticos. Son tiempos de cambio para transitar, con determinación y compromiso, desde la frustración y desilusión colectiva de partida hacia renovadas apuestas por liderar nuestras ilusiones y aspiraciones. Superar esta desilusión colectiva sería nuestra retadora respuesta a esta paralizante situación a la que sugerentes lecturas y pensadores parecen arrastrarnos, como las de Piketty, que prevé centrar su causalidad en un “Hipercapitalismo” dominante en los grandes déficits de igualdad e ideología propias del siglo XX reflejado, sobre todo, en la creciente capacidad económica y financiera que, dice, caracteriza el nuevo siglo XXI y, en su opinión, demandaría transformaciones radicales en los sistemas políticos y sociales imperantes (“Capital et Idéologie”).

Una vez más, sin duda alguna, es tiempo de la política y los gobiernos, de los liderazgos y compromisos empresariales, de las responsabilidades sociales e individuales, de la ideología y de supeditar los modelos económicos a los objetivos de prosperidad y bienestar. Estrategias de desarrollo inclusivo exigen precisamente la conjunción de políticas sociales y económicas convergentes, a la vez.

En este sentido, en los próximos días o semanas, habríamos de contar con nuevos gobiernos tanto en Madrid como en Bruselas. Visto lo visto, en los años perdidos del inexistente gobierno en funciones en la Moncloa y las escasas expectativas de mejora según reflejo de la campaña electoral que hoy se traduce en nuestro voto en el estado español, nuestras esperanzas de acompañamiento a las instituciones vascas, mira a Europa. Sin embargo, estas ilusiones responden más a sueños del pasado que a realidades observables hoy, ante una frágil y anómala estructura de gobierno europeo, que ante la falta de sintonía entre el Parlamento europeo y la Comisión, ésta sigue sin completar su renovación, pendiente, además, de incorporar Comisarios designados-negociados por cuota país, sin contar con el anómalo caso británico que ha de incluir un Comisario temporal hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea cuya fecha es desconocida (¿31 de enero de 2021?). Todo parece enturbiar la prometedora presidencia transformadora de Von der Leyen y “su gobierno pensado en soluciones de futuro y no mantenimiento del pasado”. (Por cierto, con un Comisario español –Borrell– sin agenda en Bruselas, como tampoco la tiene en el gobierno fantasma de Sánchez desde su entrada en funciones más allá de entrevistas y miniviajes y manifestaciones anti-Catalunya). Entre tanto, quien fuera rechazado por el Parlamento europeo para presidir la Comisión, es hoy de hecho, su presidente en funciones ante la baja quirúrgica del presidente saliente (Juncker). Europa profundiza en su propia crisis crónica de desgobierno y prácticas no democráticas, haciendo que el proyecto europeo viva la enorme paradoja de ser el espacio con mayor democracia y compromiso con el estado social y de bienestar del mundo, tener una máxima desafección ciudadana con sus políticas y prácticas de dirección y el mayor desprecio a una gobernanza acorde con los objetivos que pregona, administrada por un gran déficit democrático y de eficiencia, entregada a una burocracia ni elegida, ni controlada. Un trueque de intereses y cuotas de Estado perpetúa un paralizante y cada vez más distante desgobierno. Así las cosas, nuestras esperanzas en que alguien lo hará mejor que en Zarzuela-Moncloa, se traduce en un ilusorio optimismo desinformado.

En este marco, tensionado por una largamente anunciada desaceleración camino de recesión, la toma de posesión de la nueva presidenta del Banco Central Europeo (Christine Lagarde), coincide esta semana con la presencia de uno de sus vicepresidentes (Luis de Guindos) en la Universidad de Deusto impartiendo una conferencia en el Paraninfo de la Universidad (“Sede Sapientiae”, “trono de la sabiduría” reza su mensaje principal presidiendo tan significativa aula). De Guindos explicó la visión del BCE en el contexto económico internacional (desaceleración y bajo crecimiento económico en un horizonte de larguísima duración, impacto negativo inmediato por la guerra arancelaria, la novedosa, desconocida y generalizada situación de tasas negativas de interés sobre lo que no hay experiencia gestora en la política monetaria al uso, agravadas en el caso europeo por el Brexit -si bien suavizada por una salida con acuerdo-). Con estas premisas, De Guindos destacaba que tan solo el 5% de las recomendaciones de la Comisión y Consejo Europeos sobre reformas y políticas estructurales son implantadas por los gobiernos de los Estados Miembro, lo que hace absolutamente imposible el logro de los objetivos previstos en la Unión Europea y sus miembros. Bajo este ineficaz paraguas, aceptaba como insuficiente el encargo-objetivo que el Tratado de la Unión asigna al BCE, garante de la estabilidad de precios, controlando la inflación bajo el objetivo del 2% anual, para el conjunto de su ámbito competencial (recordemos que dicho mandato, lo es, en realidad para el sistema europeo de Bancos Centrales y del BCE y no solo para la eurozona, lo que supone, de entrada, un claro divorcio entre lo que se pretende y lo que pueden hacer). A partir de aquí, afirmaba que la política monetaria se ha demostrado insuficiente y es momento (una década después de la crisis) de apelar a los gobiernos para el uso inteligente y responsable de la política fiscal favoreciendo grandes proyectos de inversión, programas y políticas estructurales con el endeudamiento adecuado y, eso sí, “el apoyo a los mercados de bienes y servicios públicos”. Hoy, quien fuera secretario de Estado y ministro español de los gobiernos de Aznar y Rajoy, los más negacionistas del cambio climático, se ha reconvertido y además de proclamar la evidencia de la cuestión, anuncia la fijación de criterios obligatorios de economía e inversión verde en las políticas de apoyo del BCE. Cambio climático, empleo y cohesión social serían las claves de la financiación y políticas europeas. Adicionalmente, pone el acento en dos líneas de actuación estratégica: crear un mercado de capitales europeo que sustituya a la City Londinense post Brexit, si bien en una “plaza europea” desconcentrada en diferentes ciudades europeas, especializadas producto/servicio a producto/servicio y el impulso a la concentración y funciones bancarias cuyo modelo de negocio es insostenible (Lagarde ya anuncia que no apoyarán el traslado del pago de tasas negativas a los clientes por sus depósitos), la creación del ya tantas veces reclamado Fondo de Depósitos Unitario para toda la Unión Europea y la vigilancia de los bancos y entidades financieras. Nuevas “políticas e instrumentos”, además de objetivos para el mismo banco, financiación y mandatos de un banco creado para otra cosa, dejando la política económica, fiscal, social, presupuestaria… para el gobierno de la Europa en construcción y los Estados Miembro, cambiantes a lo largo del tiempo. Nos preguntamos, ¿por qué hoy sigue siendo una panacea el logro del 2% de inflación global?, ¿por qué ya no es adecuada la exigencia de un 3% en la convergencia económica de pertenencia a la Unión?, ¿por qué el nivel de endeudamiento exigido a los gobiernos era el adecuado para la salida de la crisis desde la mal llamada austeridad?, ¿por qué los 27 ministros de finanzas suponen la mejor idea global para un nuevo espacio de crecimiento y desarrollo inclusivo?, ¿por qué las mejores políticas y estrategias son las unitarias bajo decisión centralizada y no las adecuadas a diferentes espacios nacionales, regionales, locales y controlables desde ámbitos próximos?, ¿por qué es el BC y no un gobierno de dirección política no ha de ser quien diseñe y marque las prioridades y transformaciones necesarias para una Europa necesitada de un cambio radical acorde con la demanda de los europeos?

Bienvenidos, sin duda, nuevos instrumentos asociables a demandas y necesidades reales y diferenciales, y bienvenido un auténtico cambio en la política económica y presupuestaria europea, pero no basta con cambiar el discurso y la dirección desde los mismos responsables y capacidades. Nuevas estrategias, nuevos instrumentos, por lo general, aconsejan nuevas competencias, nuevos jugadores y nuevas actitudes.

Las sociedades demandantes de una mayor cohesión e inclusión, de nuevos resultados percibibles, de nuevos liderazgos compartibles y del suficiente gobierno y control participativos, requieren nuevos combustibles (credibilidad, confianza, resultados) para una afección democrática real. (Esta mañana, Ana Botín, desde el corazón financiero, decía: “reconozcamos que hemos perdido la confianza de la gente, necesitamos dar un vuelco a la ortodoxia reinante en los últimos años”).

Una nueva Comisión Europea, un nuevo BCE, un nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión europea, un nuevo Reino Unido desde el rol diferenciado de quienes hoy lo componen, un verdadero gobierno en la Moncloa, capaz de entender las demandas reales de un Estado plurinacional que se mueve hacia otros modelos y generador de confianza y no de protagonismo personal propagandístico… y una nueva savia enriquecedora y rejuvenecedora de la antigua Europa originaria y deseada. Una larguísima senda a recorrer desde el imprescindible optimismo para construir ese espacio en el que la ideología, la igualdad, la economía sean una verdadera realidad y práctica democrática, al servicio de las demandas y necesidades de la sociedad.

(Artículo publicado el 27 de Octubre)

Cumplidos 40 años del Estatuto de autonomía para el País Vasco, cabe hacer una positiva valoración del mismo como instrumento posibilista, facilitador de una salida de la dolorosa y trágica dictadura del franquismo, de un tránsito hacia la reconstrucción democrática como vehículo de salida del aislamiento con miras a una Europa, entonces limitada a sus aspiraciones económicas mínimas integrables, aplazando sus sueños de un espacio comunitario de paz, libertad, bienestar y solidaridad desde la subsidiariedad que amparaba los anhelos de los pueblos y naciones que como la nuestra, veía en ella el marco adecuado de solución de un exigente proyecto de futuro. Suponía contar con un mecanismo suficientemente válido para recorrer una fase de crisis económica, social y política. Una apuesta por la imprescindible superación de un régimen dictatorial con su reforma inevitable y, a la vez, factible, en contraposición a una ruptura imposible en un contexto internacional que no podía o no quería avalarla, en un clima, además, de confrontación y terrorismo.

El Estatuto de Gernika permitió soñar con un futuro mejor, convencernos de nuestras capacidades para apropiarnos de nuestro futuro y comprometernos con un largo e inacabable proceso de construcción y transformación, partiendo de cero, generando y recreando instituciones, diseñando políticas innovadoras y retroalimentando una confianza mutua, pueblo-gobiernos, que, de una u otra forma, con muchísimas más luces que sombras, nos ha traído hasta aquí.

Para quienes el Estatuto de Autonomía era el instrumento del momento como medio para una etapa más y no un fin en sí mismo, ni, en ningún caso, el final del camino, lo leíamos como un verdadero pacto de Estado, soportado en dos máximas de apertura y cierre articuladas: sus tres primeros artículos por los que “el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto que es su norma institucional básica”; que “Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco”; que “cada uno de los territorios que integran el País Vasco, podrán conservar, o en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno; la Ikurriña como su bandera, el euskera lengua propia…” y, como llave del futuro recorrido en etapas sucesivas, su disposición adicional: “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto, no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

 

Con estos elementos esenciales y de la mano de la riqueza competencial y poderes cuya ejecución corresponde al Parlamento Vasco, al Lehendakari y al Gobierno, así como a los territorios históricos que conservan y organizan sus instituciones forales, nos sentíamos suficientemente armados para el trayecto inicial. Sin embargo, nunca creímos que un mero requisito técnico, en sus disposiciones transitorias, estableciendo la creación de una Comisión Mixta de transferencias, “en el plazo de un mes”, para fijar las condiciones de transferencia de las competencias que nos corresponden, habría de convertirse en cuarenta años de penalización unilateral (ilegal e inconstitucional), imponiendo un recorte, paralización y desprecio permanentes a la voluntad pactada. Este incumplimiento crónico se ha venido produciendo, gobierno tras gobierno, ya sea de la mano del PP o del PSOE, sin reparo alguno. Un desarrollo normalizado se ha convertido en un ejercicio de trueque, al albur del gobierno español de turno, en función de sus presiones, deseos o necesidades extra estatutarias en cada momento. Situación grave que no solamente ha generado incertidumbre en la planificación de servicios públicos, retrasos en decisiones críticas y esenciales para el País, duplicidades de recursos, ineficiencia de gestión, “favores” partidarios de la mano de funciones redundantes, uso abusivo, clientelar e ineficaz del sector público empresarial del Estado en Euskadi y, en definitiva, un sobrecoste evitable. Cuarenta años arrastrando una insatisfacción permanente, discurso recurrente, desafección galopante.

Así las cosas, Euskadi, hoy, parece seguir cautivo, en exclusiva, de la llave “constitucionalista” de Madrid y sus partidos y representantes “locales” que impiden cualquier avance y, por supuesto, todo deseo de actualización. Despreciaron el mandato del Parlamento Vasco para tramitar un nuevo estatuto (el único del Estado que no ha sido revisado o actualizado) y dilatan nuevos intentos como el que viene gestándose en el Parlamento, en el seno de una tortuosa ponencia de autogobierno. Legislatura tras legislatura, el Gobierno Vasco sigue remitiendo con escasas variantes el ya célebre “Informe Zubia”, más o menos similar al original, recordando la exigencia de cumplir el mandato estatutario y constitucional de traspaso. Mientras tanto, quienes reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto, somos clasificados en el paquete estatal de los “no constitucionalistas” y se nos “anima” a no provocar cambios, aspiraciones o nuevos caminos que “rompan” la concordia de la supuesta transversalidad social, paralizante de proyectos y esperanzas diferenciadas de aquellas dictadas desde los universalistas de la España única y unitaria.

La búsqueda de un nuevo Estatus no es un capricho ni un sueño ajeno a la realidad o a los tiempos que corren. El mundo se mueve y la sociedad vasca también. Si bien parecemos una especie de oasis en el caótico estado español y los resultados avalan la apuesta emprendida hace ya cuarenta años, hemos de recordar que esto no es fruto de la casualidad, sino de apuestas específicas que se han basado no solamente en la literalidad competencial, sino en el compromiso con apuestas a riesgo en aquellas áreas que hemos considerado vitales para la generación de riqueza y bienestar, acompañadas siempre de la mayor cohesión social y territorial posibles, casi siempre a contracorriente. Hoy no se trata solamente de “llenar y completar el estatuto” sino, sobre todo, de dar un nuevo salto de etapa ante los desafíos a los que se encuentra nuestra sociedad. Ya en mayo del 2015, invitado por el Parlamento Vasco a comparecer ante la Ponencia de Autogobierno (esta que lleva más de cinco años elaborando una nueva propuesta para  “evaluar el estado actual del desarrollo estatutario y sus logros, así como abordar las bases para su actualización…”), aporté el documento “¿Por qué la Nueva economía y sociedades de bienestar aconsejarían un nuevo estatus político para Euskadi?”, como contribución a una mejor comprensión de la importancia de dotarnos, como país, de nuevos instrumentos y de un nuevo marco de auto gobierno, recordando que Euskadi, como toda sociedad, nación y/o región confronta su futuro ante nuevos jugadores en una cada vez más compleja e incierta internacionalización de la economía, a las voces que cuestionan los modelos económicos y empresariales y su culpabilización ante esta grave crisis, desde una generalizada desafección de la política y una infravaloración del relevante papel de los gobiernos en el desempeño de la economía, además del reclamo de un nuevo modelo de desarrollo económico incluyente. Resulta imprescindible dotarnos de nuevas herramientas. Además, más allá de retos específicos en el ámbito en apariencia más inmediato y material, no podemos olvidar el rol esencial de carácter político y social. La mal llamada cuestión territorial con la que parece simplificarse el procés catalán no es sino uno de los innumerables ejemplos que recorren el mundo, a la búsqueda de nuevas alternativas de relación entre las diferentes comunidades y naciones que conforman otrora estados acomodados a una situación heredada que guarda escasa identificación con las nuevas demandas sociales. El “derecho a decidir” (pese a que no exista conforme a las caricaturizadas expresiones del Presidente del Tribunal Supremo español, en su reciente sentencia “de novelado relato previo”, fiel al guion marcado por la convergente fuerza y poderes de un Estado español que no parece consciente de las múltiples voces que claman por nuevas formas de relación, convivencia y pertenencia en su “modelo único”), se extiende a lo largo del mundo, ya sea por una u otra causa. Desde el Brexit dejando la Unión Europea, Escocia desando elegir su propio camino y con el horizonte contrario integrable en la UE, Catalunya hacia la República catalana, Euskadi hacia un espacio diferenciado propio. Detrás están valores, emociones, necesidades y voluntades comprometidas con caminos propios que hacen inevitables comportamientos desiguales, diferentes políticas, la necesidad y/o deseo  de intervenir en la economía y en el mercado próximo desde instituciones propias y distintas, cuestionar la eficacia de planes y decisiones únicas dictadas desde burocracias lejanas y desacreditadas y, sobre todo, la crudeza de nuevos desafíos que han de ser confrontados desde nuevos objetivos, nuevos horizontes y nuevos instrumentos. Un nuevo estatus político al servicio de la economía y de las personas, que como toda estrategia (personal, empresarial, territorial, gobiernos), exige provocar un escenario diferenciado, deseable, compartible por nuestra sociedad. Un marco y escenario alcanzable, adecuado al desafío social de responder a las necesidades, bajo principios y modelos de desarrollo incluyente. Un largo y complejo proceso que exige de todos nosotros un verdadero cambio de actitud (individual, solidaria y colectiva, a la vez) trabajando en “diseñar nuestro propio nuevo Marco o Estatus en Comunidad” siempre cambiante, siempre alineado con nuevas demandas sociales, siempre exigente y solidario, siempre compartido.

Cuarenta años después, recordamos y celebramos el compromiso adquirido en la aprobación del estatuto vigente: su aceptación no implicaba nuestra renuncia a los derechos que hubieran podido corresponder en función de nuestra historia y que habrán de actualizarse conforme a los cambios y demandas de la sociedad vasca. Comprometernos en un nuevo ESTATUS, es la mejor manera de celebrar este aniversario.