«Recordando y avanzando con el Concierto Económico»

(Artí­culo publicado el 4 de Marzo)

El pasado 28 de febrero se cumplí­an 140 años de la aprobación del Concierto Económico para los tres territorios forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, adecuando la contribución de sus ciudadanos a los gastos del Estado (entonces Castilla) y fijando el mecanismo del Cupo. Sistema que tuvo su vigencia hasta 1937 en que, como consecuencia del alzamiento militar, la oposición de Gipuzkoa y Bizkaia al régimen usurpador, siendo declaradas «provincias traidoras», fue suprimido. Años más tarde, muerto el dictador Franco, reiniciada la transición, amparado en la actualización de los derechos históricos y fueros vascos en la nueva Constitución, en junio de 1981 se aprueba el «Nuevo Concierto Económico».

La celebración de esta relevante efeméride se produce en un ambiente variado: una mayoritaria aceptación y conformidad en Euskadi, una «tolerada aceptación» de algunos que entienden su potencial legal y de «integración» con la «mejor Euskadi en paz, sin ETA y en/con España», que dirí­a el ex presidente Zapatero, la denuncia por supuesta desigualdad y privilegio de los recién llegados o reinventados de Ciudadanos y relativo malestar de algunas Comunidades Autónomas de Régimen Común. En este contexto, no resulta ajeno su estudio a lo largo del mundo por quienes contemplan la inevitabilidad de nuevos sistemas de relación tributaria, financiera y fiscal basadas en el riesgo y responsabilidad compartidos desde fórmulas  de desconcentración del poder polí­tico, económico y social reales, favoreciendo nuevas formas de Estados y espacios geopolí­ticos diferenciados, adecuados tanto a su historia, identidad nacional y cultural, tejido económico, sentido y compromiso de pertenencia y, sobre todo, voluntad de forjar su propio futuro y «apropiarse» del mismo. El sistema vasco de financiación constituye un referente de vanguardia adecuado a las necesidades de especialización creativa al servicio de Sociedades con capacidad y voluntad de autogobierno.

La actualización de los derechos históricos vascos como esencia de una apuesta y reconocimiento de un autogobierno deseado por la mayorí­a de vascos que transitamos por una reforma condicionada, tanto por la fortaleza de un franquismo y dictadura inacabados, como el contexto internacional (una Europa siempre en construcción y aferrada a un establishment de corte estatal y centralizado pese a sus principios fundacionales, basados en una concepción progresista de sociedades y pueblos inspirados en modelos de subsidiaridad, doctrina esencial y composición variada de los pueblos que la integran) y la existencia de ETA con su exigencia armada de una ruptura que no era ni apoyada, ni vista con simpatí­a en el mundo y que no representaba, tampoco, la voluntad de la sociedad vasca. Así­ las cosas, el recuperado Estatuto de Autonomí­a para el Paí­s Vasco supuso un pilar de extraordinario valor y contenido, no solamente para transformar el estado de las cosas y avanzar hacia la Europa que querí­amos (recordemos que hasta 1986 el Estado español no se considera una democracia mí­nimamente homologable para ingresar como Estado Miembro) y manteniendo el irrenunciable derecho del pueblo vasco a decidir, en cada momento, el poder o modelo de autogobierno que, de forma democrática, elija. Meses más tarde de la constitución del primer Gobierno Vasco amparado en el Estatuto, el 1 de junio de 1981, se restablecí­a el tan esperado Concierto Económico.

Conviene recordar que la andadura en este proceso ha sido larga y ha estado repleta de altibajos. Un ente y proceso pre- autonómico heredado de un Lehendakari en el exilio que garantizó el tracto histórico de un gobierno democrático que fue abolido por las armas, un Gobierno que nació sin presupuesto (hasta la aprobación del Concierto contábamos con un provisional «Programa de Gastos» por 800 millones de pesetas que eran anticipados por la Diputación de Araba, única «hermana no traidora» que mantení­a un cierto régimen de concierto. Programa de Gastos que suponí­a someter a intervención previa de un funcionario de la Hacienda alavesa cualquier compromiso y pago, desde una silla a un estudio externo. No hablemos de nóminas, inexistentes, en el primer periodo. Permitidme recordar la entrañable escena de una tarde en el entonces desértico edificio sede en Lakua, en la que el entonces Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marí­timos, nuestro querido José Luis Robles, nos reunió a los «cargos de designación» para entregarnos un primer cheque como anticipo que «compensara» los meses sin cobrar, sin conocer las condiciones en que prestábamos nuestro servicio, a la espera de un presupuesto real que no vendrí­a hasta contar con el Concierto Económico). Por fin llegó el Concierto, pero antes padecimos un golpe de Estado (23-F) y la imposición de la temida LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de las Comunidades Autónomas), que pretendió dar forma a un supuesto «Estado de las Autonomí­as» bajo el sí­ndrome del «café para todos» y el único propósito de contentar a quienes querí­an paralizar el autogobierno y las realidades diferenciadas vascas y catalanas. El establishment español recuperaba la supremací­a integradora de una «Castilla» con nombre de Estado y apariencia descentralizadora o delegada, como dirí­a Felipe González. El «nacionalismo no español» no era compatible ni con el internacionalismo de Susana Dí­az (aunque apoyen a Rato para el FMI, a Guindos en el BCE por defender en Washington o Bruselas los intereses nacionales de España), ni con la unidad indisoluble de otros muchos. Y seguimos…

Pero, aun así­, barrera tras barrera, la construcción de una Hacienda propia, la utilización inteligente del Concierto Económico y la apuesta por un autogobierno limitado por una interpretación y gestión cicatera y unilateral, ha permitido un significativo avance en Euskadi. El Concierto Económico ha sido un instrumento esencial en la fijación de nuestras estrategias diferenciadas de polí­tica económica y social, permitiendo, pese a sus permanentes interferencias, afrontar una estrategia paí­s acorde con nuestras necesidades y apuestas. El Concierto nos ha permitido no permanecer paralizados ante el negativismo centralizado para una dotación adecuada de un sistema financiero al servicio real de necesidades propias (desarrollo empresarial, financiación de la sucesión, empresa familiar, canalización del decoro a la inversión…) o de una pionera polí­tica, ciencia, tecnologí­a, e innovación que ha debido ser sustitutiva de la no aplicación territorial de una mal entendida imposición de los instrumentos de polí­ticas integradoras desde una óptica «nacional española», alejada de las realidades territoriales diferenciales, por no recordar infraestructuras de «competencia estatal» que continuamos esperando a la cola de Europa o de un sector público empresarial del Estado gestionado más por los gobiernos civiles, que por directivos o gobiernos cualificados y democráticamente elegidos… Pese a todo, Euskadi ha podido optar por estrategias pioneras siendo referente con un modelo propio que hoy es objeto de consideración por sus efectos y resultados claramente ventajosos en relación con España y situado en la cabecera europea.

Conviene recordar en esta efeméride que, no hemos disfrutado de un privilegio fruto de una «cesión graciosa» y que el pacto foral es pieza inseparable de una cosoberaní­a actualizable en función de la voluntad y compromiso de la Sociedad Vasca. Nuestra autonomí­a financiera y fiscal comporta riesgos que no asumen otras administraciones, contribuimos no solo a las cargas generales del Estado conforme a sus propias decisiones y capacidades de ejecución presupuestaria, sino que contribuimos a sus deudas y a todo lo no transferido o asumido, aunque la ley (el Estatuto de Gernika, sobre todo) exige su traspaso y no la decisión caprichosa y unilateral de «Madrid». Hemos de ser conscientes de una realidad innegable: en el Estado español coexisten cinco Haciendas (la general española, las tres de los territorios forales de la Comunidad Autónoma Vasca y la de Nafarroa), lo que nos lleva a la reivindicación de nuevas maneras de relacionarnos y participar en las diferentes decisiones que nos corresponden allá donde se tomen. Recordemos, también, con rotundidad y sin complejo alguno, que estamos obligados a mantener una presión fiscal superior a la de régimen común y que la proximidad y capacidad de control Hacienda-Contribuyente forja el modelo existente, en unidad de acción, corresponsabilidad y riesgo.

En estos dí­as de reflexión y aprendizaje, vendrí­a bien insistir en la pedagogí­a necesaria para entender las capacidades responsables que conlleva el Concierto, lo que es y lo que no es. El modelo único de corresponsabilidad institucional, el reparto de «poder polí­tico» entre los diferentes niveles interinstitucionales y la configuración confederal de Euskadi, conforman elementos clave para su convivencia y sostenibilidad. Mi querido Diputado General en Bizkaia (quien en estos dí­as merece un especial recuerdo, reconocimiento y agradecimiento), José Marí­a Makua, uno de los principales protagonistas del Concierto Económico y su recuperación actualizada, nos contaba una significativa anécdota en la reunión de cierre del Acuerdo con el copresidente de la Comisión, el ministro Garcí­a Añoveros. Al concluir, el ministro pidió el número de Cuenta bancaria del Gobierno Vasco «a la que deberí­a transferir los primero pagos-liquidaciones pendientes«. José Marí­a Makua le espetó: «no has entendido muy bien esto. Nos transfieres a cada una de las Diputaciones Forales la parte correspondiente a nuestras imputaciones. Nosotros nos ocupamos de nuestras respectivas contribuciones, aportaciones al Gobierno Vasco y Cupo a Madrid».

Competencia, responsabilidad, contra poder, colaboración interinstitucional, riesgo compartido. Toda una baterí­a de principios.

Así­, hoy, Euskadi celebra un relevante aniversario. Recuerdo en estos dí­as el esfuerzo de tantos que tuvieron la visión de recuperar lo que para muchos no era sino una pieza de anticuario, inadecuada para afrontar los desafí­os de un mundo moderno con una nueva economí­a globalizable, no operativa para una «región» sin la fortaleza del Estado- Nación, llena de incomodidades en una relación Gobierno-ciudadano a quien habí­a que educar y convencer para cumplir con obligaciones tributarias. En palabras, entonces, de Xabier Arzallus: «no sé exactamente como lo organizaremos ni cuáles son sus verdaderos efectos y consecuencias económico-financieras, pero sí­ sé un par de cosas: prefiero ser yo quien deba pagar a Madrid y no al revés y observo que a lo largo de los años, pese a lo limitado de sus competencias durante el franquismo, los vestigios del Concierto-Convenio han permitido a Araba y a Nafarroa un avance relativo, marcar diferencias en lo que administran y establecer una relación de proximidad con sus sociedades. Reivindicamos y exigimos la devolución del Concierto Económico». Es momento también de tomar medidas de protección y optimización de este instrumento propio. Quien fuera Vicepresidente Económico de nuestro Gobierno, Javier Garcí­a-Egocheaga insistí­a ya en los años ochenta en contar con programas intensivos de formación en materia de Concierto Económico a los cargos públicos y funcionarios vascos, no solo de Economí­a y Hacienda, sino en toda responsabilidad polí­tico-administrativa y a la sociedad vasca en sus diferentes niveles educativos. Advertí­a del peligro de que esta materia se convirtiera en la especialización de unos pocos, lo que, en el largo plazo, perderí­a su fortaleza y potencial. Hoy como ayer, nos jugamos mucho con nuestro Concierto Económico y necesitamos conocerlo, entenderlo, mimarlo y aprender a «explotarlo» en el buen sentido de la palabra.

Anticipar iniciativas y proyectos estratégicos, practicar polí­ticas «anticí­clicas», adelantarnos al futuro, atender demandas sociales, económicas, empresariales, reinventar nuestras administraciones, financiar nuestro futuro más allá de competencias asumidas… Un Concierto Económico al servicio del paí­s.

Nuestro camino realista hacia la utopí­a

(Artí­culo publicado el 18 de Febrero)

El Parlamento Vasco ha concluido su fase de audiencias, debate y preparación de posiciones de grupo para avanzar en el autogobierno y proceder a la modificación de su estatus polí­tico. Hemos tenido la oportunidad de conocer las propuestas posicionales de los diferentes partidos, de tal forma que, conforme a la metodologí­a aprobada en el seno de la Comisión de autogobierno del Parlamento, en una próxima fase, con apoyo externo especializado, se procederá a la redacción de un texto articulado para su posterior debate en este larguí­simo camino hacia una potencial reforma estatutaria o, en su caso, avanzar hacia otro escenario de relación polí­tica.

Así­, más allá de las reacciones y discursos (muy pocos en base a los documentos y posiciones presentados), es de destacar un elemento de extraordinaria importancia que, si bien se reivindica o señala, se presenta escasamente desarrollado: la apuesta por nuevas polí­ticas sociales (prevención, protección, servicios y seguridad social), pero que, de una u otra forma, todos parecen sugerir. No obstante, si bien nadie parece cuestionar la necesidad de abordar cambios sustanciales en el actual entramado jurí­dico, instrumental y objetivo que determina las polí­ticas sociales y su aplicación, tanto la práctica real de quienes han tenido o tienen responsabilidades de gobierno, de dirección sindical, de intervención de una u otra manera en el determinante de dichas polí­ticas, en la práctica, difieren de tal manera que la «etiqueta social» parecerí­a evaporarse y alejarse de su responsabilidad y compromiso esencial. Ni qué decir que, además, ya las primeras descalificaciones a las posiciones defendidas por algunos (en especial el nacionalismo vasco) en este camino hacia un nuevo status, ha generado reacciones crí­ticas y descalificadoras en torno a un simplista discurso centralista y conservador (incluidas las posiciones de partidos y sindicatos de supuesta orientación de izquierdas y de historia social), encerrándose en torno a la siempre manida (equí­voca e inexistente) «Caja íšnica» de la Seguridad Social o alarmando con noticas y datos falsos (la era de las fake news) en torno a déficits impagables, incompetencia gestora (como si lo hecho hasta hoy bajo cúpula centralizada haya ofrecido resultados exitosos). Punto álgido en plena crisis y movilización de pensionistas a lo largo del Estado, llevando al ánimo de la opinión pública y el mensaje paralizante a los partidos polí­ticos para impedir una reforma estatutaria seria y profunda como los tiempos y, en especial, el futuro, demandan.

Llegados a este punto, conviene recordar que, son múltiples las voces que cuestionan la posibilidad o voluntad de profundizar en la creación de un Estado de Bienestar, así­ como su viabilidad (sea autonómico, federal, confederal o independiente). Conviene recordar, también, que el partido mayoritario de la Cámara Vasca, el Partido Nacionalista Vasco, concurrió a las elecciones (también a las últimas contiendas electorales al  Congreso de los Diputados) con sendos programas y compromisos ante la sociedad vasca con un mensaje y apuesta rotunda en la materia: …»fiel a sus compromisos históricos y vocación demostrada en sus prácticas institucionales y acción de gobierno, manifiesta su compromiso irrevocable en la construcción de una Euskadi para todos y todas las generaciones, configurando un Sistema de Seguridad Social en/desde/para Euskadi, atendiendo a los principios que venimos defendiendo desde nuestro acceso al autogobierno: sistema de protección sostenible, suficiente en su cuantí­a de protección, público, irregresivo y gestionado por nuestras propias Instituciones públicas. Sistema vasco de Seguridad Social, como pieza esencial de un Estado de Bienestar incluyente, motor y objetivo último de todas las polí­ticas sociales y económicas al servicio de las personas y del Paí­s.»

Un compromiso amparado en el entramado legal y competencial ya vigente, tanto en la Constitución española, como en el Estatuto de Gernika, incumplidos de manera unilateral por los sucesivos gobiernos españoles y sobre los que ningún tribunal o cuerpos del Estado se han preocupado de tomar iniciativa alguna, ahora que parecerí­a ponerse de moda «el cumplimiento í­ntegro de la legalidad» y alineado con las recomendaciones, polí­ticas y lí­neas de acción recogidas en el Libro Blanco 2012 de la Unión Europea sobre la Seguridad Social para Europa; la Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles; el Informe envejecimiento 2012; Adecuación de las pensiones en la Unión Europea 2010-2050 y la Estrategia Europea 2020 como referente para la coordinación de polí­ticas económicas de los Estados Miembro y el ámbito desde el que se impulsa una polí­tica de orientación y coordinación de esfuerzos para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los Sistemas de Protección Social. No quimeras que dirí­an algunos, sino realidades observables. Más aún, desde la legitimidad y credibilidad que la propia experiencia vasca a lo largo de estos 35 años con sucesivas iniciativas diferenciadas aplicadas en Euskadi, el análisis comparado a lo largo del mundo, informes y posicionamientos en torno a la desigualdad y la pobreza que nos afectan, así­ como una concepción amplia de la prosperidad y el bienestar, otorgan a un modelo diferenciado.

Abordar este tipo de propuestas no es una proclama propagandí­stica ni posición numantina. Es un ejercicio de realismo y compromiso. Conocedores del déficit público del Estado, del agotamiento de sus reservas y de la necesidad de nuevos esquemas de financiación y de la inoperancia de los instrumentos fallidos en la gestión del desempleo, de la integración de pensiones complementarias no contributivas, de malas praxis en los diferentes modelos de subsidios y ayudas, de una no financiada ley de dependencia y, por supuesto, conocedores de los nuevos retos que el futuro supone en una sociedad en la que el envejecimiento, los fenómenos demográficos, la empleabilidad, el estado de confort relativo existente, las crecientes demandas sociales, las multi patologí­as y cronicidad y la transformación de las estructuras familiares, por citar algunas claves relevantes, suponen un auténtico desafí­o para hacer, en verdad, sostenible una Sociedad del Bienestar. Sociedad que exige nuevas ideas y conceptos, nuevos sistemas de seguridad y protección social, nuevos modelos de pensiones, nuevas arquitecturas fiscales menos asociadas exclusivamente a la renta y, por supuesto, nuevos modelos de gestión. Todo esto es, sin duda, ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos, para lo que resulta imprescindible dotarse de un nuevo estatus polí­tico. Esto sí­ es autogobierno. Y se propone, a partir de una posición de partida diferencial positiva, conscientes de los nuevos cambios estructurales, económicos y sociales.

En este punto, merecerí­a la pena sugerir que, en convergencia con la modificación estatutaria, se pueden y deben seguir «generando estructuras de Estado propias» (confiemos que el hecho de planificar estrategias para escenarios futuros no lleve al Tribunal Constitucional o al Supremo a condenar alguna por imaginar un futuro diferente al que el gobierno central y sus aparatos de poder elijan) y no esperar a la aprobación de una reforma estatutaria sino avanzar, desde la rica experiencia y plataforma existente en el paí­s, para incorporar un debate abierto con conceptos como Renta Universal, desvinculación de subsidio-empleo-renta, reformulación del derecho subjetivo que lo amparen y adecuación de principios, conceptos, recursos, instrumentos, competencias, servicios y su financiación como pilar esencial de un deseado Estado Social de Bienestar. Estado final que, sin duda, mejorará, en el marco de un verdadero autogobierno que genere el tan ansiado nuevos estatus polí­tico.

En esta lí­nea prospectiva, de la mano del extraordinario libro del autor holandés Rutger Bregman , «Utopí­a para Realistas» y tras su provocador reclamo inicial en favor de la Renta Universal, una semana laboral de 15 horas al objeto de ganar el más valioso de los bienes: tiempo libre y un mundo sin fronteras (no solo geográficas, ni mucho menos de «Estado»), se transita a través de la historia con la permanente búsqueda de la utopí­a con una relevante llamada a superar la «tecnocracia polí­tica» (con minúsculas) para recuperar la Polí­tica (con mayúsculas) en la búsqueda de un mundo en el que la inspiración y la esperanza estén vivas y activas, al servicio de la erradicación de la pobreza, la desigualdad y contra la absurda insistencia en seguir utilizando medidas y cifras del pasado (aferrados a un PIB propio de economí­as y sociedades de ayer, ajenos al mundo de hoy y de mañana). Quien quiera conocer las múltiples iniciativas que a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo se han experimentado en torno a la Renta Universal, y lo haga con «nuevos ojos» y actitud creativa, tendrá al menos la capacidad y oportunidad de la duda para explorar alternativas al estado actual de las cosas. Ignorancia, Ideologí­a e Inercia preconcebidas (dirí­a el pensador Duflo), pueden convertirse en los principales obstáculos para encontrar un nuevo mundo deseable. Hoy, Suiza la somete a referéndum, Dinamarca, Suecia y Finlandia establecen «regiones piloto» para su práctica, algunos estados en Estados Unidos la incorporan en sus programas… Euskadi tiene la oportunidad, no ya de revisar o ajustar su renta de inserción, sino de abanderar una nueva Renta Universal a partir de su rica y beneficiosa experiencia desde sus iniciativas pioneras no solo en términos de rentas de inserción, sino en el amplio abanico de polí­ticas sociales que han generado una extraordinaria red de bienestar, soporte de nuestro modelo de cohesión y desarrollo económico.

Y, por supuesto, en este camino realista hacia la utopí­a, es necesario esforzarnos en dotar de contenidos reales (y ambiciosos) las declaraciones de principios contenidos en el reclamo de autogobierno ya mencionado. ¿Hay espacio posible para avanzar hacia el verdadero autogobierno, en un nuevo estatus deseado?

Hoy, casi cinco meses después de la consulta catalana del 1 de Octubre, asistimos a una especie de mundo «bizarro» en el que pudiera parecer, para muchos, que no sucede nada, que la vida en Catalunya está normalizada y que tan solo vivimos una especie de «contienda mediática» dominada por las redes sociales y que tan solo obedece a un grave juego de polí­ticos, enredados en un camino sin solución, condenado o bien a la renuncia y abandono de ideas y propuestas del bloque clasificado como independentista, o a la progresiva descomposición de los aparatos del Estado alineados, de forma claramente cuestionable desde principios democráticos, a la espera de que surja algo o alguien capaz de alumbrar un Acuerdo negociado que brilla por su ausencia. Así­, mientras las Instituciones catalanas están paralizadas y sustituidas por un mando impuesto bajo el graví­simo precedente del «155», sin reacción alguna de funcionarios y cargos públicos que desempeñan sus funciones como si todo fuera igual, con incomprensible e inaceptable encarcelamiento u obligado autoexilio de los principales dirigentes legí­timos, el Gobierno Rajoy y sus aliados en la intervención (PSOE y Ciudadanos), bajo el paraguas del inmovilismo sin plan o estrategia alguna, ocupados en su acelerada guerra fratricida como consecuencia de su corrupción, descrédito e inoperancia polí­tica, aguardan que el temor a la acción de tribunales y policí­as termine disolviendo el movimiento cuál azucarillo en un vaso de agua, mientras alimentan esta caótica y deprimente situación a través de tertulianos y filtraciones de «mesa y mantel» difundiendo la idea de que ellos han «descabezado la rebelión, los independentistas se desmoronan ante los jueces y terminarán reconociendo que ha fracasado y que la España de siempre pervivirá por siempre».

Lo verdaderamente grave no es solamente todo lo anterior (ya de por sí­ extremadamente grave), sino que el mensaje generalizado es que «no hay nada que hacer», es decir, se permite pensar diferente, se puede soñar con modelos o escenarios distintos, se puede querer un futuro propio, pero no se pueden llevar a la práctica (ni de forma pací­fica y democrática).

Hace unos dí­as, disfrutando de un almuerzo con queridos amigos, surgí­a -como no es de extrañar- un debate e intercambio de opiniones sobre Catalunya y el Procés. Con independencia de valoraciones parciales, posiciones sobre el modelo en que se ha desarrollado, dominaba en el ambiente una idea concluyente: «El todo poderoso Estado (y Europa) no está por la labor y nunca permitirá ninguna utopí­a, debemos ser realistas. Catalunya, sus dirigentes y el pueblo que ha acompañado todo el Procés es ingenuo y no tiene otra salida que volver al punto de partida. Ha de recuperar, cuanto antes, el estadio previo al 155″. Frustración y desolación. Este panorama, que no acepto, me lleva a reencontrarme con los mensajes ya comentados, de forma somera, en el trabajo de Rutger Bregman en su larga experiencia, en apariencia estéril, a lo largo de los años abanderando la entonces defenestrada y hoy asumida como más que viable solución a través de la Renta Universal.

Bregman habla de los «perdedores», en alusión a aquellos que, en un momento dado, aceptaron el statu quo y dieron por bueno o suficientemente aceptable el punto al que se habrí­a llegado. Con él, dos grandes estudiosos de la desigualdad y la pobreza (Shafir y Mullainathan) añaden que dejarse llevar por el contexto nos asocia a una determinada «banda de ancho mental» paralizante y conformista de la que resulta casi imposible salir (serí­a algo así­ como, en nuestro caso: ¿Para qué queréis más autogobierno si ya estáis bien?)

Estamos en un momento complejo y paralizante en un contexto que parece llevarnos a pensar en aquella polí­tica con minúsculas que comentaba. Es tiempo de polí­ticas con mayúscula, la que proclama la revolución de las ideas, que no pretende solamente practicar el arte de lo posible, sino preguntarse cómo hacer inevitable lo imposible.

Parafraseando a Oscar Wilde, «un mapa del mundo que no incluya UTOPIA no es digno de consultarse, pues carece del único paí­s en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea el horizonte y al descubrir un paí­s mejor, zarpa de nuevo. El progreso es un camino y proceso permanente hacia la utopí­a».

Ojalá no seamos los perdedores que se hayan dejado cautivar y engañar al llegar a una estación suficientemente confortable, pudiendo y debiendo continuar por el cambiante y desconocido recorrido que pudiera esperarnos. Necesitamos nuestro realista camino hacia la Utopí­a.

Y el mundo se mueve…

(Artí­culo publicado el 4 de Febrero)

Mientras la prensa española se empañaba en destacar la presencia en Davos de una delegación española presidida por el «Rey global  y español», Felipe VI, «en un insólito y exitoso ejemplo de la modernidad española» en el marco de una nueva campaña de marketing para poner en valor una monarquí­a distante y desafecta, la realidad de la cumbre económica mundial con más de 400 sesiones de elevado interés, se produjo en los términos habituales con un importante número de Informes, proyectos, debates y mensajes de máximo valor, llenando las agendas desafiantes de los principales lí­deres mundiales que se ocupan de repensar las cosas para modelar un futuro diferente al que la inercia parecerí­a empeñarse en llevarnos. Desgraciadamente, para el marketing pro marca España-Rey, su presencia o intervenciones no merecieron ser destacadas en la web oficial del World Economic Forum, que sí­ ha dado cuenta de los principales contenidos, relatos e historias a resaltar en el mencionado encuentro.

Ya en un artí­culo anterior, resaltaba los riesgos y desafí­os globales que se analizaron como base del evento (Global Risks 2018). Además, un buen número de informes especializados destacaban los principales elementos clave a considerar para transitar hacia el futuro. Informes a añadir al siempre referido índice de Competitividad Global que lleva décadas como libro de cabecera de todos los gobiernos y organismos internacionales, generador de guí­a y metodologí­a en el proceso de diseño de polí­ticas y estrategias a lo largo y ancho del mundo, el todaví­a joven nuevo índice del Desarrollo Inclusivo que ha cobrado especial interés y reclamo. Más allá del PIB, la imperiosa necesidad de comparar las diferentes economí­as desde su capacidad de generar oportunidades de desarrollo y de identificar los principales determinantes del bienestar, satisfacción y felicidad de las personas en Comunidad, relativizando los diferentes factores, también, en términos de su posición geo-polí­tica y carácter desarrollado, emergente o no desarrollado, proporciona una visión mucho más acertada y próxima a la realidad vital de la gente, facilita información valiosa para la definición y priorización de polí­ticas mitigadoras de la desigualdad y, en consecuencia, favorece el camino hacia un nuevo «Contrato Social» indispensable para transitar, lo más cohesionados posible, hacia un nuevo espacio de bienestar. Un nuevo trabajo que viene marcando la orientación del Foro Económico en su conjunto hacia la integración e interacción de polí­ticas económicas, sociales y medio ambientales que han de considerarse, a la vez, en la determinación de cualquier estrategia paí­s.

Adicionalmente, la educación del futuro con o sin el impacto de las tecnologí­as de la información, la digitalización de la economí­a, su robotización y automatización y su impacto en el empleo, cobran cada vez más fuerza en todo tipo de debate y diseño, tanto empresarial, como público. Educación, salud y género multiplican su importancia condicionante de cualquier apuesta de futuro y, por supuesto, los movimientos migratorios y demográficos que no pueden minimizarse u obviarse en cualquier propuesta medianamente seria.

Así­ las cosas, en un contexto de interconectividad global en el que cada vez, con más fuerza, se cuestiona la simpleza de la otrora panacea única de la globalidad, la separación entre los espacios públicos y de mercado y en el que las finanzas y la macroeconomí­a ocupaban la guí­a casi única y excluyente de ese nuevo futuro limitado por bloques geo-polí­ticos, «lo social» toma carta de naturaleza y conduce hacia la inevitable acción coordinada y colaborativa en un nuevo y redoblado llamamiento hacia la interconexión público-privada, una nueva gobernabilidad respetuosa de la identidad, el sentido de pertenencia, realidades únicas y deferenciales, y voluntades o vocaciones colectivas. Las palabras huecas de unidad histórica sin contenido real compartido, la permanencia estática heredada y no deseada por el simple hecho de una mera inercia o «historia» heredada y/o impuesta, han dejado su sentido no ya en otras generaciones, sino que la complejidad, los desafí­os y los deseos del futuro claman por nuevas soluciones. Una población mayoritariamente urbana, provista de la movilidad y velocidad imparables para ensanchar nuestros espacios de relación, trabajo y confort, desde voluntades propias, reclaman nuevas formas de organización, gobernanza, participación y, por supuesto, modelos de liderazgo desde la autoridad otorgada y reconocida y no impuesta por jerarquí­a declarada o posicional. Un mundo diferente en el que lo menos importante es lo que parece evidente o aparente: la tecnologí­a. La verdadera cuestión clave es el para qué de las cosas. El resto son instrumentos (facilitadores o inhibidores) de la voluntad y bienestar colectivos. Nuevas lentes para observar el mundo que nos rodea, emoción y empatí­a conduciendo los procesos de toma de decisiones.

No muy lejos de Davos, en la nevada, a la vez que pequeña Suiza, confederal, por decisión propia no miembro de la Unión Europea, neutral, en el corazón de una Europa que también existe y progresa sin guiarse por el mando unitario de Bruselas, a muchos siglos de distancia, el gobierno español, sus aparatos de Estado y sus voceros «constitucionalistas» se aferran a una sacro santa unidad ficticia heredada de una historia imperial en descomposición permanente. Lejos de pensar en los desafí­os del futuro y de entender la inevitabilidad y complejidad de los cambios, se instalan en un pasado que no parece entender lo que está por venir. La semana no ha hecho sino reflejar la punta del iceberg de un Estado en descomposición cuyos aparatos se movilizan al servicio de la comodidad de algunos sin importar tergiversar, evitar o manipular los pilares básicos de una democracia, de la convivencia pactada o del simple sentido común que sugerirí­a una llamada alarmante a dialogar en busca de soluciones de futuro y no imposiciones unilaterales del pasado.

Si bien lo observado en Davos no tiene por qué reflejar la única verdad, ni muchos menos diseñar un único escenario, ni que lo observable sea lo deseable por todos, sí­ merece ser considerado a la hora de repensar lo que hemos dado por fijo y estable. Basten unas cuántas pí­ldoras de la mano de dos prestigiosos profesores de Ciencia Polí­tica, especialistas en ejercicios de visión estratégica, quienes al frente de sus respeticos Institutos asiáticos observan el mundo desde una perspectiva muy diferente a la que nos hemos acostumbrado en nuestra querida Europa. Los profesores Robert Muggah (Igarapé Institute) e Yves Tiberghien (Asian Research UBC- Vision 20) nos transmiten «cinco hechos necesarios para entender el nuevo orden global» como resumen de lo que han presenciado en este encuentro del World Economic Forum, contrastando las visiones del presidente Donald Trump, del Presidente Chino, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, como representantes de tres modelos diferentes de aproximación. Trump con su America First, si bien en un nuevo orden de colaboración multipolar complementaria; Jinping desde el nuevo centro global que pretende ocupar China y Trudeau, en un reinventado liberalismo social (al que pretende asimilarse un Macron en Europa). Los autores sugieren no menospreciar los discursos de estos lí­deres y entender un contexto actual calificado de anormal en el que se entremezclan ideas, nuevos inputs y múltiples intentos de reconfigurar el espacio, los instrumentos de gobernanza e interacción, los organismos y modelos de relación que la posguerra europea alumbró y que posibilitó un, sin duda, beneficio general, introduciendo un nuevo espacio de paz, orden socio-económico hacia un creciente bienestar y una centralidad USA-Europa alineando Instituciones (Fondo Monetario, Bretton Woods, OTAN, G-20…), así­ como la propia  CEE-Unión Europea que, sin embargo, no parecen responder, hoy, a los cambios y desafí­os por venir. Repensemos con ellos cinco mensajes que no son sino estimación más que probable de realidades ya en curso:

  1. El crecimiento económico mundial se ha desplazado, está teniendo lugar y lo tendrá con más intensidad en el futuro, fuera de Europa y USA. La nueva era de la economí­a no blanca está a la vuelta de la esquina: Ya en 2019, el 35% del crecimiento mundial vendrá de China, 9% de la Indica y tan solo el 8% de Europa (con el 18% de USA). En 2050, las cinco mejores economí­as mundiales serán China, India, Indonesia, Brasil y Estados Unidos.
  2. China lidera la máxima urbanización y desarrollo de infraestructuras del mundo. Ejemplos son su magna obra «El Cinturón one Belt one Road» (Carreteras, lí­neas marí­timas, infraestructuras) atravesando e interconectando 65 paí­ses. (Ya en su quinto año ha invertido 900 billones de dólares). El proyecto «reinventarờ las rutas comerciales globales entre China, Oriente Medio, ífrica, Euro-Asia y Europa. Su financiación es prácticamente china en su totalidad.
  3. El cambio climático se ha convertido en un hecho y es una clara estrategia diferencial y prioritaria para China. (En 2025, todos los vehí­culos nuevos en el gigante asiático serán eléctricos). Ya hoy, el 60% del ferrocarril de alta velocidad mundial discurre por China y la «limpieza» del aire polucionado en Pekí­n y Shanghái es una auténtica realidad.
  4. La Sociedad Digital no solo es una apuesta, sino una realidad de la mano de su intensivo plan de construcción y nuevas Ciudades y Servicios a lo largo del paí­s, por no hablar de sus gigantes empresariales con Alibaba (25 billones de dólares de venta por internet en u solo dí­a).
  5. Formación. Las Universidades chinas se mueven en el ranking mundial y ya ocupan lugares destacados entre los 30 mejores del mundo. Cuentan con la mayor producción mundial de ingenieros y aspiran a eliminar «el éxodo chino hacia los posgrados estadounidenses»

Cinco pilares para pensar. ¿Podemos seguir haciendo lo mismo? ¿Es momento de pensar en nuevos modelos y nuevos instrumentos o el acierto del pasado es suficiente para garantizar un futuro exitoso?

Sin duda, partimos de una posición positiva y el cambio no es sino una invitación a navegar en la complejidad. Pero no es sino el tiempo que nos toca vivir. En verdad, Davos es mucho más que un placentero paseo por la nieve y un poco de marketing. Supone, por el contrario, una invitación a convencernos que no somos ni especiales, ni los inamovibles protagonistas de un mundo superior. No solo tenemos la obligación de ocuparnos por nuevos horizontes, sino que, también, tenemos derecho a seguir buscando la utopí­a mejorando y dando valor a la vida que hemos recibido y/o construido.

El mundo se mueve y nosotros deberí­amos hacerlo con él.

Co-Creando futuro: realismo y voluntad transformadora ante riesgos y desafí­os

(Artí­culo publicado el 21 de Enero)

Dentro de las citas anuales de referencia mundial destaca, sin duda, el encuentro del World Economic Forum en la pequeña localidad suiza de Davos, a celebrar en esta ocasión del 23 al 26 de enero. El encuentro de lí­deres empresariales, de gobierno y de destacados organismos sin ánimo de lucro, culturales y entes multilaterales, además del mundo académico, facilita el intercambio de visiones y perspectivas en torno a los retos y desafí­os globales y un determinado posicionamiento en torno «al estado del arte» del mundo en que vivimos. El encuentro anual supone, a la vez, la presentación de diferentes Informes que son elaborados a lo largo del año por los múltiples Consejos Asesores y Grupos de trabajo conforme a la Agenda del Foro en un intenso y amplio proceso colaborativo multi grupos de interés y diverso en lo profesional, cultural, ideológico y geográfico.

En esta ocasión, bajo el reclamo de la Agenda prevista «Creating a Shared Future in a Fractured World» (Creando un futuro compartido en un mundo fracturado), Davos, destaca la propuesta de un documento base para la reflexión: «Global Risks 2018″, en su ya decimotercera edición, soportado en la metodologí­a de «encuestas tuteladas» a más de 1.000 lí­deres mundiales, identificando los principales riesgos globales que no solamente parecerí­a deban preocuparnos, sino su grado de impacto (previsible) y la probabilidad estimada de que ocurran. En este caso, no solo se trata de predecir el futuro, ni de señalar megatendencias, sino de compartir percepciones formales de los principales riesgos a los que hemos de enfrentarnos y, sobre todo, avanzar un conjunto de polí­ticas y decisiones a tomar para mitigar sus consecuencias negativas. Informe y contenido al servicio no de una determinada corriente de pensamiento económico, sino la provocada oferta de todo un mundo de ideas en pleno debate y contraste. Todo un proceso a la búsqueda de nuevos caminos y soluciones para un mundo necesitado de orientación y certezas.

 En este ejercicio 2018, el Informe añade a los resultados de la encuesta, tres apartados complementarios de gran interés: los principales shocks del futuro, aquellos riesgos ya identificados en el pasado revisando las polí­ticas y medidas que se recomendaron en su dí­a para evaluar su eficacia en el objetivo de solución perseguida y la calidad de los procesos de gestión y toma de decisiones ante los riesgos observables.

De esta forma, diez riesgos globales en función del grado de impacto previsible y clasificados por categorí­as (económicos, medio ambientales, geopolí­ticos, sociales o tecnológicos), sugieren una cierta «Agenda Base» que deberí­a preocupar y ocupar a los responsables en el proceso de toma de decisiones en todo tipo de organizaciones a lo largo del mundo.

Desde luego, no resulta nada sorprendente observar el listado de riesgos y su posición en la matriz impacto-probabilidad, en la que la categorí­a medio ambiental destaca de forma considerable, no ya por las demandas o movimientos ecologistas tradicionales del pasado ya superados, sino por la envergadura de sus consecuencias negativas cuando los riesgos se convierten en realidad: eventos meteorológicos extremos (huracanes, inundaciones), desastres y catástrofes naturales, aceleración de las fallas fruto de la no mitigación de efectos del cambio climático, o los desastres medio ambientales provocados por el «error del hombre», por inacción o inadecuada gestión de recursos o gobernanza aplicados en su generación o evidencia que se ven reflejadas o asociadas a un efecto (cambio climático) con mayores evidencias dí­a a dí­a.

Obviamente, si bien no se ve muy probable que suceda, la utilización de armas de destrucción masiva, es el riesgo de mayor impacto negativo que, pese a  no pasar al grupo de máximo riesgo-probabilidad de ocurrencia en sí­ mismo y pese a inestables liderazgos de «fuego y furia», tan de moda, desgraciadamente en estos dí­a, en cambio, se ve interrelacionado con una serie de riesgos asociados que sí­ cobran peso en su impacto y percepción de posibilidades con consecuencias nefastas para la humanidad: ataques terroristas y conflictos regionales violentos y/o armados. Ciberataques y uso fraudulento de los datos, la información y la comunicación, cobran especial relevancia y, por supuesto, toda una baterí­a de riesgos sociales que, como no podrí­a ser de otra forma, además de ser interdependientes de todas y cada una de las categorí­as de riesgo mencionadas, suponen algunas relevantes consecuencias propias, como es el caso en torno a la migración involuntaria, las crisis alimentarias y del agua, la propagación de las enfermedades infecciosas, el desempleo y la marginación.

En este Mapa de Riesgos, llama la atención el limitado impacto que generarí­an los riesgos o fallos en materia económica. Citados con frecuencia y a los que, sin embargo, no se otorga una probabilidad muy elevada de producirse, cuestiones crí­ticas de enorme importancia relativizadas para la gran mayorí­a de lí­deres encuestados. El desempleo y empleo informal, así­ como un previsible desplazamiento tanto de puestos y modalidades de trabajo, su localización y perfiles profesionales, motivados por las nuevas tecnologí­as esperadas sustitutivas, crisis fiscales y financieras (en especial bancarias) que ocupan los medios de comunicación diarios, con una generalizada sensación de peligro inminente, nuevas burbujas de activos en las mayores economí­as, déficits infraestructurales, ausencia de mecanismos financieros adecuados, acceso y disponibilidad energética, deflación-inflación por bloques y economí­as, fraude y economí­a negra o ilí­cita… parecen diluirse cuando se cruzan ambos ejes: su impacto (en caso de producirse) y su probabilidad de ocurrencia. Al parecer, la sensación de haber superado la década de la crisis global (hipotecaria, financiera, económica), lleva a un más que relativo optimismo y confianza en que el conjunto de la economí­a (hoy todo el espacio OCDE crece) conforma un escenario lo suficientemente estable y capaz de abordar sus problemas en una «nueva normalidad». Percepción unida a una última categorí­a: geopolí­tica, calificada de enorme impacto, pero, una vez más, entendible como superable, fruto tanto del aprendizaje compartido, como de la sensación de inevitable tránsito hacia nuevos modelos de gobernanza y reconfiguración del proceso de participación y toma de decisiones que son exigibles. Una lectura optimista llevarí­a a la aceptación de una importante confianza en la humanidad, en las Instituciones y en el bien común que terminarí­an encontrando la mejor manera de superar las dificultades que la complejidad creciente ofrece.

Ya en la referencia inicial, tanto a las estimaciones de los nuevos «shocks del futuro», como al tí­tulo del encuentro de Davos, se pone de manifiesto el rol relevante de los estilos de dirección, perfiles de los lí­deres que han de transformar o crear una nueva sociedad futura, superadora de un mundo fracturado en el que parecemos situarnos, para lo que resulta imprescindible una nueva gobernanza, nuevas estructuras geopolí­ticas, nuevos sistemas y procesos de toma de decisiones que contemplen nuevas realidades. Escenario y prospectiva influidos, a la vez, por el carácter sistémico e interconectado que hace que cada riesgo individual, más allá de su pequeño o gran impacto propio, se verá condicionado por su intersección con otros que desencadenan efectos impredecibles, a la vez que de enorme impacto conjunto.

Como veí­amos, un singular mapa de riesgos como el descrito, minimiza de manera aislada el enorme impacto de la economí­a (o algunas de sus manifestaciones) en nuestras vidas. Sin embargo, en su acción permanente sobre los aspectos sociales, nuestra forma y sistema de vida, nuestra empleabilidad y/o la capacidad de acceso a los elementos clave de una economí­a inclusiva y de progreso, a la educación, el trabajo y la tecnologí­a, a la transformada sociedad digital de la que ya formamos parte sustancial y, en definitiva, a sociedades diferentes en un mundo interconectado, obliga a abordar procesos permanentes de trabajo, relación, compartibles tanto en objetivos, como en resultados.

Así­, uno de las mayores oportunidades del Informe mencionado no está en el total acierto o no de cada una de las partes, riesgos y/o probabilidades de que sucedan, ni de la suerte o desgracia en acertar en un escenario final de llegada, sino en la propia «magia del proceso», integradora de todas aquellas áreas de conocimiento e interdependencia de las categorí­as socio-económicas, medio ambientales, tecnológicas y geopolí­ticas, en sistemas y disciplinas interconectadas, con la participación multi-agente. Y, entre estos últimos, el protagonismo irrenunciable de las personas en sociedad y de sus gobiernos que siguen siendo pieza esencial en el resultado. Su capacidad y competencia reguladora, emprendedora, generadora de protección y provisión del bien común, le otorga una máxima responsabilidad. Será, precisamente, fruto de este trabajo el resultado en la mitigación y superación de riesgos y la posibilidad de construir un nuevo futuro compartido.

De esta forma, la lectura analí­tica y crí­tica de cada uno de los riesgos/impactos/probabilidades aisladas, se ve gravemente afectada cuando se observa desde la lente sistémica e integradora, tanto de la interconexión creciente de los elementos observables, como del cuestionamiento de las reglas e instrumentos bajo los que desarrollan, como de las polí­ticas que rigen su funcionamiento y gestión, no ya para el caso de producirse, sino para su prevención evitando su colapso generador.

Si, por ejemplo, la observancia de una economí­a cuyos titulares pudieran llevar a la satisfacción superadora de una gran crisis, la conciencia de no haber hecho los suficientes cambios anunciados (e imprescindibles) en los albores hace una década, la falta de instrumentos de control y la ausencia de alternativas al modelo preexistente, posibilitarí­an la irrupción de nuevas crisis con efectos negativos a una cada vez más interrelacionada economí­a. De igual forma, el mencionado documento nos lleva a cuestionarnos sobre el comportamiento potencial perverso que pudieran tener graves riesgos sistémicos en torno a «avances» dados por, en principio, positivos para la globalidad de la humanidad, desde el propio comercio exterior y libre intercambio que darí­a paso al gran mercado global, la tecnologí­a (automatización, robotización e inteligencia artificial) que facilitarí­a el trabajo y suprimirí­a la rutina «obsoleta», la información masiva y la indigestión de sus toneladas de datos y mensajes acumulados (ni contrastada, ni veraz), no gestionada para uso especí­fico e inteligente, o la confortabilidad de poderes (gobiernos y organismos) de espí­ritu centralista y excluyente de «nuevos fenómenos» crecientes a lo largo del mundo que hacen del «trinomio autodeterminación nacional, identidad cultural y diálogo creativo» su bandera, clamando por el uso de herramientas y conceptos disruptivos (económicos, sociales, tecnológicos) la base de una exigible innovación constitucional con nuevas formas y comunidades multilaterales, una nueva gobernanza como guí­a de la administración y polí­ticas que dirijan los riesgos y su perversa utilización en soluciones al servicio de ese futuro compartido que se desea construir, mitigando uno de los grandes y principales nubarrones de nuestro tiempo: la desconfianza ciudadana ante el Estado clásico y sus instrumentos de poder enrocados en un status quo escasamente adecuado para transitar las innovadoras respuestas que el Mapa de Riesgos sugiere.

La nueva complejidad en la que hemos de vivir, dificulta el acierto en escenarios finales y aconseja el esfuerzo y logros permanentes a lo largo del proceso hacia un nuevo futuro deseable afrontando riesgos y desafí­os. Su recompensa, sin duda, nos ofrecerá superar obstáculos, mitigar los impactos negativos de los diferentes riesgos y aproximarnos a escenarios deseables más allá de situaciones heredadas no buscadas.

Sociedad digital, talento y empleo más allá de las responsabilidades de los Gobiernos

(Artí­culo publicado el 7 de Enero)

Singapur, Nueva Zelanda, Emiratos írabes Unidos y en un escalón muy próximo, Reino Unido, Estonia e Israel lideran el índice Global de Evolución y Logro en la Sociedad Digital (Digital Evolution Index). Valor hacia el que, al parecer, todo paí­s ha de aspirar como garantí­a de éxito y servicio a sus ciudadanos y en un momento en el que no hay gobierno, empresa o ciudadano que no trabaje (o diga hacerlo) en una estrategia, bien para la digitalización de su economí­a, su capacitación y/o aplicación generalizada a sus actividades de hoy y de mañana.

Sin embargo, siendo relevante aparecer bien situados en esta foto, cabe preguntarse no solamente lo qué significa la Sociedad Digital para los ciudadanos y sus paí­ses, qué mide en realidad este í­ndice (y otros muchos más allá de una referencia estadí­stica) sino, sobre todo, cuál es la base esencial sobre la que un paí­s, sus gobiernos, agentes, instituciones y personas hemos de construir nuestro futuro.

Revisando uno de los artí­culos más leí­dos en el año 2017 de entre los publicados de la mano del World Economic Forum en el marco de sus trabajos en el proceso de «trasformación del mundo superando los desafí­os globales», Anne-Marie Slaughter, presidenta ejecutiva de New America (movimiento civil para la mejora y «reinvención» de Estados Unidos y sus gobiernos), se preguntaba acerca de la justificación de la existencia de los gobiernos para simplificar su respuesta en tres grandes responsabilidades: proteger a sus ciudadanos, proveerles de aquellos bienes y servicios públicos necesarios e invertir en aquello a lo que no accederí­an los ciudadanos por sí­ solos. Así­, partiendo del viejo y simple argumento, como proteger contra la violencia que supone afrontar y mitigar todo riesgo de inseguridad (sea por ataque de terceros, ausencia o mal uso de la ley, fragilidad ante el «desgobierno», caos en diferentes modalidades, la economí­a ilegal, negra o corrupta, la ausencia de controles democráticos), sugerí­a repensar el rol protector y juzgarlo ante el contexto mundial observable, así­ como los instrumentos utilizados por los propios gobiernos para ejercitar dicha protección y juzgarlos desde un punto de vista democrático, justo, equitativo y absolutamente respetuoso de los derechos humanos a cuyo servicio ha de supeditarse tan ansiada protección.

Protector y proveedor parecerí­an retroalimentarse, según su argumentación, si bien el lí­mite de dicha provisión lo sitúa en aquellos bienes y servicios a los que no se puede acceder de forma individual, lo que, más allá de la acción colectiva o cooperativa, de la aplicación extrema del principio de subsidiaridad, o de las infraestructuras para todo tipo de conectividad y soporte del desarrollo endógeno, supondrí­a entrar en todo el espacio del estado social de bienestar, con demandas (y necesidades) crecientes en el ámbito de la provisión y protección social, de equidad, la inclusión, cohesión y la garantí­a de acceso a todo tipo de oportunidades en la máxima igualdad posible. Y es esta nueva interpretación de su doble papel protector y proveedor lo que le obliga a transitar hacia una tercera responsabilidad, el espacio y rol inversor. Los gobiernos se justificarí­an, también, por su visión inversora que ha de cimentarse en una desarrollada cultura emprendedora (innovación, compromiso, riesgo, continuidad y soluciones a las necesidades y demandas a futuro). Para ello, este último apartado supone dotar a los ciudadanos, paí­s a paí­s, región a región, ciudad a ciudad, de plataformas en las que las personas dispongan de aquellos elementos que permiten el desarrollo pleno de sus capacidades para el logro de sus fines, lo que les llevarí­a, en el tiempo, a requerir «menor gobierno» o como me permito sugerir «diferentes gobiernos» probadores, proveedores e inversores en menos necesidades y demandas cambiantes (deseos y voluntades) a lo largo del tiempo.

Es precisamente este último papel a jugar el que, sin abandonar ni menospreciar los anteriores, ofrece todo un mundo novedoso tanto de interrogantes, como de ilusión creativa en la potencial revitalización de los gobiernos, de los modelos socio-polí­ticos que impulsan o dirigen, de las nuevas instituciones y herramientas por diseñar e implementar y, por supuesto, del nuevo rol que junto a los diferentes niveles de gobierno, habrí­an de jugar el resto de los agentes económicos, polí­ticos, sociales, además de las personas, una a una.

De esta forma, la primera cuestión a incorporar con claridad en estas responsabilidades pasa por dar por bueno el servicio regulatorio y administrativo de todo gobierno, si bien la mayor exigencia diferenciada radicarí­a en su capacidad y voluntad (y, por supuesto, resultados), en su rol emprendedor, creativo, innovador e inversor, lo que supone apuestas, asumir riesgos, proposiciones únicas de valor diferentes a las de sus «gobiernos/paí­ses competidores» anticipándose a las tendencias y «decisiones del mercado», adecuando y alineando recursos a estrategias propias para futuros deseados y no de mantenimiento del estatus quo. Es decir, si cualquier aproximación al mundo que nos viene concluye con llamamientos a la empresa y a la sociedad a prepararse para afrontar el impacto que innovación, tecnologí­a, digitalización, emprendimiento y revolución 4.0, así­ como movilidad, flexibilidad, internacionalización, etc. como herramientas imprescindibles para ganar el futuro, no parece razonable que no se apliquen, de manera exigente, a los gobiernos, a sus administraciones y función pública, jugadores y agentes representativos e institucionales y, por supuesto, a sus propias estructuras y aparatos de Estado.

Es precisamente en este triángulo Polí­tica-Economí­a-Sociedad en el que las diferentes responsabilidades de unos y otros se funden en una interdependencia multidireccional que posibilite generar, potencias y facilitar plataformas favorecedoras del talento necesario para provocar los cambios y transformaciones indispensables por transitar hacia las Sociedades Digitales (por definir, mucho más allá de la tecnologí­a).

Hoy, como en todo momento de nuestra historia en la que aparece una tecnologí­a, conocimiento o hecho disruptivo, resultan inevitables «trade offs» o intercambios positivos y negativos, «ganadores y perdedores» que, por la dureza de sus consecuencias, en la actualidad, se traducen en el debate del empleo/puesto de trabajo asociado o cuestionando a y por nuevas tecnologí­as y mano de obra, automatización, robótica, inteligencia artificial… versus humanización y ocupación. La tendencia, difí­cil de medir y concretar, apunta a un resultado positivo y beneficioso en el largo plazo (cuando esto sea…) acompañado de efectos negativos inmediatos fruto de una más que supuesta sustitución de tareas rutinarias, penosas, de «escasa cualificación», automatizables por definición, generadoras de valor (por definir) e impulsoras de nuevos y mejores cambios en el cí­rculo virtuoso de la innovación y mejora en la calidad de vida de las sociedades a las que deben servir los gobiernos, también ya mencionados. Resolver esta paradoja del beneficio disruptivo es papel asignado al talento que hemos de saber potenciar, cuidar y desarrollar en nuestras sociedades. En esta lí­nea, la autora de la obra «El negocio de la empatí­a» (Belinda Palmer), firme defensora de la fortaleza de «nuestra humanidad» ante la carrera innovadora-tecnológica, advierte sobre las carencias de nuestros sistemas educativos necesitados, en su opinión, de una adecuada combinación de alfabetización y dominio tecnológico con la inteligencia emocional y la necesidad de introducir «innovación real» en el contenido educativo de nuestra sociedad. Educación y valores, de compleja concreción, pero sobre los que no se puede pasar de puntillas, con costosas ausencias de debate real y soluciones incompletas o confortables desde el dejar estar.

Hace unos dí­as, asistí­amos a una más de las muchas jornadas de huelga anunciadas en el mundo educativo en Euskadi (similar al de la inmensa mayorí­a de las reclamaciones a lo largo del mundo y, en especial, en nuestro entorno) y llama la atención que las protestas y razones de la movilización se referí­an, en exclusiva, a las condiciones materiales de los agentes y estructura del sistema y salvo ratios de número de alumnos por aula o número de horas lectivas, nula apelación a contenidos curriculares, exigencia académica y formativa del profesorado, demanda de su actualización y puesta al dí­a en aquellas «nuevas capacidades y competencias» que el talento y empatí­a que queremos para el futuro, tanto en los enseñantes, como en los métodos y modelos, servicios, infraestructura, gestión y gobernanza necesarios para un nuevo espacio de futuro. Oí­mos con frecuencia, a lo largo del mundo, el reclamo por contenidos que sustituyan a aquellos del pasado que nos han sido de gran valor para llegar hasta aquí­, pero que no creemos sean los que han de llevarnos a nuevos estadios. Como ejemplo, el British National Curriculum (recordemos que lo hemos señalado como uno de los paí­ses a la cabeza del índice Global para la Sociedad Digital), exige superar la formación basada en la lectura, escritura y aritmética por nuevas capacidades que califica en un Decálogo Obligatorio (Solución de problemas complejos, pensamiento crí­tico, creatividad, gestión de personas, interacción y coordinación con terceros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio a los demás, negociación y flexibilidad cognitiva).

Obviamente, ni dicho decálogo tienen por qué ser la panacea, ni es cuestión de copiarlo. Sin embargo, parecerí­a razonable repensar el conjunto.

Y si los gobiernos tienen una serie de responsabilidades como las descritas, no podemos olvidar que el resto también somos parte de su logro o fracaso. Con Slaughter, comentaba el rol proveedor e inversor de TALENTO y CAPITAL HUMANO, esenciales en un futuro deseado y demandado por la sociedad, en un momento en el que la desigualdad y las fracturas existentes cobran protagonismo. Recibí­amos el año con un interesante artí­culo de Minouche Shafik, director de la London School of Economics and Political Science en el que, precisamente, apuntaba al efecto e impacto dual de la tecnologí­a en la transformación del estado social de bienestar y el empleo/igualdad/desigualdad previsibles. Shafik avanza una ya reiterada lí­nea de acción a considerar: generar nuevos contratos sociales que asuman los problemas apuntados, ajustando la automatización a polí­ticas positivas de empleo (con óptica local y real, medible), asociar la esperanza de vida a la edad laboral y de jubilación, establecer sistemas de flexi-seguridad, reordenar y formalizar empleo-trabajo parcial, temporal, con sistemas de formación permanente a lo largo de la vida, invirtiendo en salud y educación, pero no guiados por la cantidad o el PIB, sino por el contenido, calidad y valor (de la educación y de la salud) y llevar al debate social el nosotros en lugar del ellos. Construir el talento, la provisión y protección innovadoras que esperamos de los gobiernos es para y desde todos.

Esta propuesta, o el decálogo antes mencionado, o cualquier responsabilidad atribuible al gobierno o a terceros, tiene un alto coste. No lo pueden ni deben pagar o asumir algunos. Como ciudadanos estamos legitimados para exigir responsabilidades, pero, a la vez, obligados a cumplir con las nuestras y a ejercer nuestro juicio crí­tico respecto a las diferentes demandas y acciones de unos y otros.

Esto va de tecnologí­a, sí­, pero, sobre todo, de educación, de digitalizar la economí­a, de riqueza y bienestar social. Repensemos y ejercitemos la búsqueda, creación y retención del talento mencionado. Será la forma de ganar el futuro desde las cambiantes responsabilidades de cada momento y de cada agente.

Catalunya y la Inteligencia de Estado

(Artí­culo publicado el 24 de Diciembre)

Finalmente, la anómala convocatoria de «Elecciones autonómicas» en Catalunya ha ofrecido su resultado, dejando una ficha coyuntural que, pese a las intervenciones de quienes creí­an modificar voluntades mayoritarias y dar por terminado el llamado Procés, no ha hecho sino retornar al punto de salida, situando en primer plano las cuestiones pendientes pre 155, ratificando la fortaleza de una voluntad y compromiso de transformación de la realidad polí­tico-administrativa en curso.

En resumen, el panorama post 21-D pasa por consolidar una mayorí­a absoluta de las candidaturas soberanistas catalanas, una todaví­a mayor, si cabe, mayorí­a de quienes exigen el ejercicio del derecho a decidir su futuro en una consulta vinculante, la marginalidad del partido en el Gobierno español, el fracaso de las burbujas «transversales» previas tan solo hinchadas por el poder y persistencia mediática española (conviene señalar que la cadena elegida por Catalunya para seguir la jornada electoral, triplicando su audiencia respecto de la suma de la segunda a cuarta cadena que le seguí­a,  ha sido la denostada TV3 que pretendieran suprimir desde  el pacto del 155), el parón de la alcaldesa Colau, la concentración del mapa sociológico de los polí­gonos y espacios conexos de la Barcelona Metropolitana y Tarragona en torno a Ciudadanos como referente directo del españolismo y/o unionismo real, contundente y «limpio» desplazando a PP-PSOE y, por encima de todo, el éxito del President Puigdemont liderando una lista superadora de un partido en crisis, de un movimiento herido de consideración tras el 1-O y dañado por el tacticismo de un socio que ha tardado demasiado en entender la legitimidad y compromiso de continuidad histórica de un Govern destituido, e inmerso en una más que aparente confrontación electoral desde situaciones judiciales y tácticas diferenciadas, en un contexto complejo, incierto, en un clima adverso. En los 947 municipios catalanes, Junts per Catalunya ha ganado en 667, ERC en 143 (es decir, 810, nada menos, con huella y color amarillo prohibido en los medios y por la Junta Electoral creada al servicio de tan irregulares elecciones).

Sin embargo, más allá de la fotografí­a inicial, siempre condicionada por el carácter irregular de la propia contienda electoral, de escasa credibilidad y operativa democrática, convocada al amparo de una mayorí­a formal (la unionista con peso en España y, como se ha comprobado en sus urnas, claramente minoritaria en Catalunya) con la cobertura trucada de un Senado cuestionado desde su origen al servicio de intereses partidarios, de financiación paralela para los partidos y de apariencia «territorial y de contrapoder», con la supresión previa del Parlament y Govern legí­timos cuya composición no era del agrado de quienes creyeron poder alterar la voluntad popular por un decreto ley sancionado por la corona, como cheque en blanco, para fusionar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sin ningún tipo de control democrático, lo verdaderamente observable es lo que está por venir.

Desde el punto de vista algo más que instrumental, lo primero a recordar es que el escenario del 155 sigue instalado en Catalunya y su aplicación, prórroga o suspensión está en manos, única y exclusivamente, del presidente y gobierno español derrotados de la forma más contundente posible. Si bien la literalidad del decreto que lo implantó (sancionado por el Rey) fija su vigencia hasta la constitución de un nuevo gobierno resultante del nuevo parlamento elegido el 21-D, tanto el entramado judicial montado como la propia unilateralidad al servicio del presidente Rajoy, permite todo tipo de intervenciones. La foto electoral llevarí­a a pensar en la constitución ordenada de un nuevo parlamento antes del próximo 23 de enero, la elección-restitución del President Puigdemont refrendado en las urnas y un gobierno «independentista», para una nueva fase del Procés pro República Catalana. Desgraciadamente, este proceso legí­timo y democrático, se puede ver empañado por la actuación del trinomio gobierno-sistema y poder judicial-policial y establishment (mediático-económico) españoles-unionistas tanto para continuar en su fracasado diseño y gestión unilateral del «155», de los procesos judiciales, encarcelamientos, deslocalización empresarial express, y «relato constitucionalista» enrocados en una concepción superada de la unidad de una España limitada a la percepción de un poder centralista y centralizado, con el incomprensible apoyo o confort distante de una Unión Europea de espaldas a la realidad. Pero, sin duda, pese a la previsible presión que el crecido papel de Ciudadanos pretenda ejercer ante un PP-PSOE desorientados para «impedir quimeras nacionalistas» (y no solamente en Catalunya. ¡Ojo Euskadi!), la realidad hace inevitable entender que el movimiento en Catalunya no es ni sedición, ni rebelión tumultaria , ni terrorismo, ni ningún atentado criminal contra nada, la Justicia y Administración Penitenciaria está obligada a garantizar el libre ejercicio de responsabilidades de los cargos electos y, en consecuencia, el retorno del President del exilio pudiera suponer su encarcelamiento o puesta a disposición judicial, pero no su inhabilitación o impedimento alguno para acceder a su acta de diputado, a su nombramiento como Presidente y al desempeño de sus funciones (como parlamentario y President). En definitiva, el momento y los resultados, exigen inteligencia democrática y espí­ritu innovador para la transformación del Estado. Un estado español que, o bien asume la necesidad/voluntad de su inaplazable cambio radical, o se entronca en el inmovilismo de corto plazo al servicio de un mal entendido interés particular, de unos pocos, que siguen pensando que su herencia recibida, hace más de 50 años, es su mejor garantí­a de pervivencia.

Catalunya es la potente punta del iceberg del no retorno a un Estado del pasado. La coyuntura internacional, la situación de crisis económica y social y el terrorismo (en Euskadi, sobre todo), además del post franquismo no perseguido y el miedo a golpes de Estado a manos de los militares, dieron paso a una reforma y transición que permitió demasiadas concesiones impropias de una verdadera demanda democrática de separación de una dictadura, de deseos de autogobierno (absolutamente desigual, potente y real en Euskadi y Catalunya, matizable en algunas otras regiones y/o naciones según sus propias manifestaciones, o inexistentes en otras), con una monarquí­a moldeada desde el franquismo, mantenida y tolerada como mal menor y un modelo de «Estado autonómico» del que muchos esperaban que tan solo fuera una fachada o cascarón, con escaso contenido real, gestionable desde el unilateralismo de los aparatos del Estado (entendido como Gobierno Central bajo el duopolio AP/UCD-PSOE).

Recordemos que muy pronto se sucedieron intentos de golpe de Estado (Operación Galaxia, 23-F), el vergonzante «Pacto de los lí­deres españoles del Congreso» favoreciendo una LOAPA que, «recortarí­a el error de los constitucionalistas» y terminaba con la voluntad democrática, desde luego, de catalanes y vascos. Un modelo descafeinado a la baja que, sin embargo, posibilitaba el acceso a un elevado auto gobierno y respondí­a a un deseo de desarrollo abierto a sucesivos y progresivos cambios y actualizaciones en función de la demanda que, en cada momento, fuera decidida por la población especí­fica (vasca y o catalana según el caso). Un sistema y modelo que muy pronto se vio limitado a la interpretación, voluntad y decisión unilateral de los sucesivos gobiernos centrales. A partir de allí­, la manera de avanzar en el autogobierno ha sido el intercambio de votos requerido por el modelo formal de Gobierno español, desde el unilateralismo para aprobar investiduras, presupuestos o atenuar el efecto de comisiones de investigación o negociaciones puntuales, de modo que negociar-avanzar se ha traducido ante terceros en condicionantes excesivos a un centralismo bipartidista que «no deberí­a ser incordiado». Así­ se ha hipotecado el extraordinario potencial que el modelo tení­a, que, de forma tí­mida, permitió el desarrollo de una España que pasó de la alpargata a la modernidad en pocas décadas, de un espacio de convivencia y de relativa esperanza en un futuro respeto al deseo de autogobierno real en dos naciones (Catalunya y Euskadi) confiando en su sueño europeí­sta y en la realidad socio-económica y de identidad y pertenencia que pudiera provocar una transformación real del Estado, a una organización polí­tico-administrativa contestada y descalificada por sus propios gestores centralizados.

Hoy, España tiene una nueva oportunidad: o asume su transformación hacia tres Estados (España, Catalunya, Euskadi), reconvirtiéndose en un Estado Confederal en el que la cosoberaní­a y las relaciones bilaterales reales y diferenciadas se den de abajo-arriba desde las naciones que lo forman (otra vez, Euskadi y Catalunya con la posibilidad de que aluna más lo desee y puede ejercer su derecho decisorio), o se mantiene en «sus trece» e impone un modelo pseudo-descentralizado, suprimiendo la representación real de «los nacionalistas incómodos» y se empeña en una estrategia incoherente, pretendiendo una recentralización paralizante, provocadora de un desencanto y desafección permanentes.

El escenario catalán exige una nueva polí­tica y coraje inteligente para construir nuevos modelos de relación. Volver al enfrentamiento del pasado, imponer soluciones (o pasear mientras el mundo se mueve, a la espera de «lo que tenga que pasar») es una irresponsabilidad que no se puede permitir.

En este contexto, el nuevo Parlament y Govern están llamados no a recuperar el mí­nimo autogobierno previo al «155», sino el autogobierno futuro demandado por la sociedad catalana. El Gobierno español y sus fuerzas de apoyo no pueden volver al amparo de tribunales (de escasa credibilidad, por cierto) y perpetuar procedimientos y actitudes del pasado. Es momento de imaginar nuevos espacios de relación, de futuro. El encuentro, juntos o separados, es posible.

Inteligencia de Estado. No queda otra alternativa.

Una «inteligencia» al servicio del futuro deseado por los ciudadanos que no pueden verse condenados a una convivencia forzosa y no deseada, sino que han de ser protagonistas de decisiones claves e innovadoras con un horizonte y escenario diferente por el que merezca la pena el esfuerzo de su recorrido. Hoy, Catalunya ha vuelto a demostrar su voluntad de movilizarse de manera activa, pací­fica y democrática cuantas veces sea necesario. Está dispuesta a renunciar a las mieles temporales de un relativo bienestar material dirigido o controlado por terceros. Quiere apropiarse de su futuro, experimentar modelos alternativos a la dirección única a la que se siente sometida, desde un duopolio español a 600 kilómetros de distancia fí­sica y a siglos de incomprensión. Exige su derecho a equivocarse, así­ como su posibilidad de éxito desde modelos, culturas y compromisos diferenciados. Asume el desprecio locuaz de unos lí­deres europeos -de salida- incapaces de afrontar el futuro desde el desafí­o de la complejidad y confí­a en sus capacidades y competencias para convertir su nación sin Estado en un estado creí­ble, que elija con quién, cuándo y cómo compartir su co-soberaní­a huyendo de toda imposición desde la herencia y la costumbre. No son tiempos de argumentar o debatir sobre el pasado, sino de construir el futuro.

Si a partir de hoy, seguimos pensando en términos de bloques (unionistas mal llamados constitucionalistas e independentistas mal llamados separatistas) volveremos a chocar en la misma piedra. ¿Más cárcel para descolgar las opciones que no gustan a algunos?, ¿más argumentos para obligar a un Govern a establecerse en el exilio?, ¿más boicot a empresas, productos y personas que se dice defender y querer en casa?, ¿más diplomacia económica al servicio del estatus quo, desde partidos y gobiernos claramente minoritarios en Catalunya, abanderando una supuesta mayorí­a silenciosa? Parecerí­a razonable, abandonar el pasado e iniciar un proceso transformador, de ilusión y compromiso, construyendo un escenario nuevo.

Hoy, es por Catalunya (y por España). Pero nadie puede llevarse a engaño. Si bien cada caso, tiempo y situación es diferente, existe un sentimiento y voluntad generalizada: la «España del mañana» no puede ser la de hoy. Nuevos tiempos, nuevas realidades, nuevos proyectos y estados de futuro.

La gente quiere (queremos) soluciones a la vez que sabe (sabemos) que las mismas no son iguales según quien las tome, a qué objetivos responden y, sobre todo, a qué escenario han de conducirnos.

Hoy ha sido el momento de Catalunya. Hoy y mañana, también, el de Euskadi, el del Estado español, el de Europa. No nos equivoquemos. No se han equivocado los votantes catalanes, ni los ha engañado el Gobierno del exilio o TV3. Simplemente, han dicho lo que piensan, sienten y quieren: la oportunidad de dotarse de un modelo diferente, de elegir sus nuevas relaciones, de dotarse de nuevas estructuras de Estado, de soñar y hacer posible un nuevo escenario.

Nuevo escenario que demanda una serie de actuaciones reparadoras, previas, antes de iniciar  el diálogo creativo e imprescindible para cualquier solución de futuro : Indulto, amnistí­a, archivo de causas o restart polí­tico-judicial para todos los «descabezados», restitución de la legitimidad del Parlament y Govern, cambios en el Gobierno español y los partidos perdedores (no hace falta señalarlos) cuyas estrategias, tácticas y gestión tóxica y equivocada ha quedado contestada en las urnas , neutralidad (o simple ética profesional) en medios de opinión y comunicación y vocación real de servicio en el espacio polí­tico institucional (incluyendo cierta cúpula de la Unión Europea). Y, por supuesto, no vendrí­a mal un Rey con mensaje tradicional de noche vieja o bien con su acostumbrada intrascendencia ya asumida o un novedoso e inesperado llamamiento transformador constructivo-creativo (no olvidemos que hoy es Nochebuena y esperamos de Olentzero la magia navideña).

 Inteligencia e imaginación de Estado, con los mejores deseos para una nueva fase para el 2018.

La industria de la polí­tica en Estados Unidos y su impacto negativo en la prosperidad de los ciudadanos

(Artí­culo publicado el 10 de Diciembre)

Padecer el infernal tráfico de Nueva York, su desorden en la gestión del transporte de mercancí­as en el interior de Manhattan y perder casi tres horas en llegar hasta el aeropuerto JF Kennedy para volar a Europa no es sí­ntoma suficiente para constatar el progresivo deterioro de la competitividad estadounidense, pero sí­ un elemento más que se une al anunciado nuevo (ya estructural repetido año a año) shortcut o congelación del gasto público de Washington, que obliga a paralizar la administración, generalmente, y ahora con el presidente Trump, con mayor intensidad y focalización en los servicios públicos vinculados a salud, educación y administración ordinaria por no citar a servicios de emergencia -bomberos incluidos- en plena catástrofe como la provocada por los incendios en California y las oleadas de nieve previstas para este fin de semana en la nueva ola frí­a que avanza desde Texas hacia Nueva Inglaterra. Sin embargo, sí­ es una grave preocupación, ampliamente constatada, la parálisis polí­tica de Washington en un bipartidismo consolidado, confrontado, bipolar y a juicio de los ciudadanos incapaz de afrontar los desafí­os y retos del paí­s y sus habitantes. La amenaza del creciente y galopante déficit histórico de los Estados Unidos aparece y desaparece en las agendas de sus señorí­as según el momento, la coyuntura polí­tica y el deseo prioritario de su presidente, ya sea para infravalorarlo y acometer nuevos programas o para paralizar toda acción de gobierno trasladando la responsabilidad a quienes no le aprueban su presupuesto, como es el caso esta semana. El senador Sanders descalificaba ayer a Trump y a los republicanos recordando que si el apoyo que piden «por responsabilidad patriótica» es el de apoyar a un gobierno que solo gobierna para quienes financiaron su campaña y abandona a los ciudadanos desfavorecidos, bien puede permanecer cerrado el gabinete hasta que alguien negocie desde un compromiso con la población. Así­ las cosas, Trump se ocupa de lo suyo y provoca al mundo trasladando su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que incendia los ánimos del frágil consenso interreligioso e internacional en torno a la ciudad santa de todos.

En este breve contexto, desde el privilegio del encuentro anual de la red MOC del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard (que ya reúne a 140 universidades e institutos en los cinco continentes), bajo la dirección del profesor Michael E. Porter, tení­amos la oportunidad de ocuparnos de lo que consideramos la mayor de las preocupaciones del momento: ¿Cómo generar prosperidad sostenible e inclusiva a lo largo del mundo, mejorando de forma permanente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos co-creando valor entre las empresas y la sociedad? En definitiva, entender la competitividad y el bienestar como un todo inseparable, compartiendo valor entre empresas, sociedad y gobiernos para generar beneficios económicos y sociales a la vez.

En este proceso, resulta indispensable trasladar la necesidad de una búsqueda permanente del propósito, el compromiso y la responsabilidad implicables a todos los actores. No se trata de academia y/o investigación y docencia teórica de autoafirmación y complacencia individual sino de transformar el mundo generando impacto positivo en los demás.

Así­, con este propósito -más allá del aprendizaje mutuo que las diferentes experiencias desarrolladas a lo largo del mundo y los avances aportados a los modelos y conceptos en materia de competitividad, clusterización, estrategia, liderazgo, innovación, valor compartido y desarrollo endógeno como guí­as de nuestro trabajo-, el encuentro contó con un nuevo mensaje provocador, valiente, arriesgado y comprometido. Porter, en su permanente viaje estratégico hacia la competitividad, explora el mundo de los gobiernos y de la polí­tica en relación a su capacidad real de dar respuesta a las demandas y desafí­os exigibles por el bien común y los complejos y volátiles tiempos que vivimos. Si ya hace un año publicaba una primera aproximación a la idea de que uno de los mayores impedimentos para el buen desarrollo de la economí­a estadounidense era Washington, en esta ocasión ha presentado una nueva publicación sobre por qué la ausencia de competición real en la industria de la polí­tica en Estados Unidos está fracasando (Why competition in the politics industry is failing in America. A strategy for reinvigorting our democracy), aportando una novedosa aproximación conceptual y práctica que recomienda una lí­nea de trabajo para revigorizar la democracia. En compañí­a de Katherine Gehl, prestigiosa empresaria, ejecutiva y polí­tica con un amplio trabajo de investigación social y activa, Porter no aborda este trabajo por casualidad. En 2016, tras casi dos años de trabajo, junto con otros colegas de la Universidad de Harvard, publicaba los resultados de una macroencuesta realizada a todos los egresados de la Universidad en los últimos 15 años, la inmensa mayorí­a de los cuales ocupaban puestos relevantes en el mundo de la empresa, el gobierno, la academia y las instituciones sin ánimo de lucro. El informe (Problems unsolved and a divided nation. US Competitiveness Project) comparaba el estado de la competitividad de los Estados Unidos con los primeros paí­ses del mundo, y no salí­a muy bien parado, mostrando una grave caí­da en los rankings históricos. Llamaba la atención que el factor destacado como principal obstáculo, débil y en progresivo deterioro, era «el sistema polí­tico estadounidense». Situado en el peor de los cuadrantes resultantes, contrastaba con la manifestación de la importancia que los mismos encuestados daban a contar con un buen sistema polí­tico que, además de garantizar la democracia, actuara motivado por el bien común afrontando los riesgos y desafí­os, en este caso, de la competitividad de su paí­s, economí­a y sociedad. La conclusión era despiadada: «Si bien en el pasado era admiración y referente mundial de innovación, modelo democrático y de impulso económico, hoy es el mayor de los obstáculos para afrontar los desafí­os del mañana».

A partir de ahí­, el trabajo se centró en un novedoso análisis del sistema y la polí­tica como una industria en sí­ mismo. Aplicando su contrastado y prestigiado modelo de las cinco Fuerzas como herramienta indispensable para analizar cualquier industria en la que se sitúa cualquier empresa en cualquier lugar, se analizó la Industria de la Polí­tica estadounidense. Entresacamos algunas claves.

La primera preocupación y motivo de seria reflexión es la constatación de que pese a lo que se cree, «la polí­tica americana no está fracasando en su objetivo, porque precisamente, su objetivo no es el servicio o bien común sino la pervivencia del duopolio que la propia clase polí­tica se ha encargado de crear, fortalecer, reforzar y blindar con sus propias reglas del juego». Por tanto, el sistema no está roto sino que hace aquello para lo que ha sido diseñado. Desgraciadamente, según este análisis, mientras la sociedad espera del sistema polí­tico del que se supone se ha dotado de forma libre y democrática, soluciones reales, eficientes, efectivas y aplicables en tiempo, forma y coste equitativos e inmediatos a sus problemas sentidos o percibidos con intensidad por las mayorí­as y, en especial, por las clases desfavorecidas, el sistema aplaza promesas, no propone soluciones aceptables y, lo que es peor, los pospone evitando riesgos con la complacencia de un electorado que les ha elegido y que, no obstante, no exige ni evalúa resultados. El informe se detiene en un minucioso catálogo de datos elocuentes. Mientras el 78% de las iniciativas en el 114 Congreso americano quedaron en el tintero, bloqueadas por el partido que no las presentaba, o las grandes reformas anunciadas (la fiscal, de salud o de control del déficit) que defendí­an en campaña la totalidad de los candidatos con el presidente Obama a la cabeza y la corresponsabilidad del lí­der de la oposición republicana, se convirtieron en vanas esperanzas no aplicadas, ninguno fue penalizado en las urnas. Obama repitió mandato, Ryan se convirtió en el lí­der y speaker de la Cámara y el 90% de los representantes y congresistas elegidos repetí­an escaño.

Otra denuncia del informe es el hecho de que la no competencia o competencia bipartidista en duopolio es escasamente saludable. Se trata de posicionarse con mensajes y actitudes mutuamente excluyentes, demonizando al contrario con o sin justificación y razonamiento alguno, salvo en casos de acuerdos del establishment, generalmente a favor del mantenimiento y blindaje de las propias reglas del juego que les hacen perdurar intercambiando continuamente puestos, posiciones de representación y financiación lateral o paralela. Un sistema que ha corrompido la comunicación abierta y transparente y que utiliza los instrumentos oscuros del Estado -aquí­ les llamarí­amos «las cloacas del Estado» de las que Felipe González se jactaba de utilizar para defender la democracia y de las que el Gobierno Rajoy ha hecho un buen uso como el ejercicio de la policí­a polí­tica ha demostrado con las acciones de sus ministerios del Interior- y las frecuentes fake news (noticias falsas) desde el corazón del gobierno, sus servicios de inteligencia o medios de comunicación afines.

Este pequeño muestrario de su análisis se extiende a todos los elementos que componen la «nueva industria» y se cierra con un capí­tulo de recomendaciones que tienen dos destinatarios: uno, el propio sistema y sus jugadores; son ellos los que pueden y deben cambiar sus objetivos y reglas del juego atendiendo a lo que llamarí­amos los cambios y megatendencias de los ciudadanos si quieren mantener el modelo, de la misma forma que las empresas han de entender los tiempos y olas de cambio en las reglas del juego y la entrada de nuevos jugadores, la polí­tica estadounidense debe afrontar su propio cambio. Y dos, la sociedad civil estadounidense, quienes consolidan y blindan la industria polí­tica, son precisamente los ciudadanos que les votaron y dieron un mandato determinado. Si el sistema falla y/o no responde a lo que la ciudadaní­a espera, está en sus manos su transformación.

Sin duda, se trata de un informe que ha de generar una gran polémica. Entre otras cosas, ¿el sistema y polí­tica estadounidense es una industria en si misma? ¿Es una industria especial que ha de cumplir reglas del juego diferentes a las de otras? ¿Es en realidad el gran obstáculo de la competitividad y prosperidad de los Estados Unidos? No hay respuestas concluyentes, pero sí­ preguntas a plantearse. Por encima de todo, la relevancia de la importancia e impacto de la polí­tica y los gobiernos en la economí­a, el bienestar y la prosperidad incluyente de los ciudadanos. La polí­tica y las cosas del gobierno no son cuestiones separadas y aplazables en el tiempo de las cosas «que de verdad importan» a las personas y a las empresas. Estados Unidos parece entenderlo y muestra su preocupación por el estado de la cuestión. Su rol mundial decrece; su liderazgo competitivo, también, las desigualdades en su seno aumentan y la insatisfacción se generaliza. Los estadounidenses valoran el papel de la polí­tica y sus gobiernos como elementos esenciales en la solución, pero hoy muchos (uno de cada cinco) lo ve como el mayor obstáculo para la solución de sus demandas y desafí­os. Esto también es competitividad, riqueza, bienestar, igualdad y co-crear valor y prosperidad.

Y el ganador es… ¡ímsterdam!

(Artí­culo publicado el 26 de Noviembre)

El pasado 20 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea (General Affairs Council) decidió la relocalización de dos importantes Agencias europeas, hoy residenciadas en Londres, en nuevas sedes una vez concretado el Brexit a partir de marzo de 2019. La Agencia Bancaria Europea (EBA) dejará su entorno en la potente City londinense para alojarse en Parí­s. Relevantes plazas financieras como Frankfurt o Dublí­n vieron no elegidas sus candidaturas. En paralelo, otra Agencia Europea, la de Medicamentos (EMA), fue asignada a ímsterdam, elegida entre 16 ciudades con potentes y cualificadas alternativas (Copenhague, Milán, Dublí­n… y, por supuesto, Barcelona).

La European Medicines & Science Medicines Health Agency (EMA), a través de su Presidente, celebraba la decisión y se preparaban para afrontar los 16 meses de traslado de operaciones, destacando cómo «ímsterdam cumple con la gran mayorí­a de nuestras inquietudes y deseos y, ofrece excelente conectividad, con extraordinario espacio adecuado para nuestra instalación acorde a nuestras necesidades, responde a nuestra demanda concreta para el buen desarrollo de nuestras actividades, ha dado preferencia a nuestro modelo de negocio al servicio de la salud pública y animal y, sobre todo, responde al deseo de nuestros funcionarios y empleados cuya gran mayorí­a mostraba su preferencia en trasladarse a ímsterdam»

Con esta decisión, la importante Agencia Europea, responsable de la evaluación cientí­fica, supervisión y monitorización de la seguridad, calidad y eficiencia de los fármacos tanto en los hoy 28 Estados Miembro de la Unión Europea, como de los paí­ses del espacio económico europeo (E.E.A.), garantiza la continuidad ordinaria de su trabajo y responsabilidad en Londres con su nuevo anclaje en ímsterdam en pleno corazón de la permanente «banana azul», espacio de máximo desarrollo y bienestar de nuestra Europa. Y la Agencia seguirá hablando inglés.

La decisión de la Unión Europea ha provocado una enorme y desabrida batalla mediática, «polí­tica» y de «pseudo especialistas» en el Estado español y ninguna controversia, ni en los otros 18 aspirantes, ni en los 27 Estados Miembro (la salvedad obvia es España) y compañeros de viaje, ni en el mundo de la industria farmacéutica, ni en las personas directamente implicadas en el traslado, personal y familiar, desde Londres.

La «España no nacionalista», sin embargo, nos contaba el éxito de Barcelona antes de concurso alguno. Como es habitual en sus discursos propagandí­sticos mediáticos, «Barcelona es la mejor opción técnica», despreciando cualquier otra alternativa. Como siempre, siguiendo la cansina costumbre futbolera y deportiva, que constituye una especie de enfermedad de superioridad a la española, proclamando siempre que se trata de la mejor liga de futbol del mundo, de la mejor o única selección del tal o cual deporte, las competiciones son ganadas antes de iniciar los encuentros y se pierden, casi siempre, por «cuestiones extrañas ajenas a la esencia de la decisión». De la misma forma que Madrid ha perdido siempre que ha invertido en sus ofertas para organizar los Juegos Olí­mpicos, «pese a tener la mejor propuesta, el despliegue incomparable de la Corona y su influencia mundial, así­ como el gran aparato diplomático español» (al parecer no basta con ofrecer un café con leche en la Plaza Mayor), supuestamente por oscuras razones, en esta ocasión, Barcelona no ha resultado elegida. (Recordemos que, de las 33 Agencias europeas existentes, 5 tienen su sede en el Estado -Vigo, Madrid, Alicante, Barcelona y Bilbao- y cuando fueron elegidas nadie argumentó razones extrañas).

Sin duda alguna, Barcelona era una muy buena candidata. La única opción válida en el Estado español, con fortalezas relevantes como ciudad amable y visible, como hub biotecnológico del Mediterráneo y la Europa del Sur, con una relevante oferta de talento y servicios complementarios para el desarrollo ordinario de una Agencia como la EMA. Personalmente, no oculto mi simpatí­a, sin ningún tipo de duda, por Barcelona-Catalunya tanto por mi vinculación y empatí­a, valoración de la Ciudad-Nación, como por razones personales y profesionales. Pero… ¿y ímsterdam?, ¿y las diferencias entre las ofertas presentadas?

Si alguien se toma la molestia de repasar y comparar las ofertas presentadas por las diferentes ciudades candidatas, quizás puede entender cómo, más allá, de las, sin duda, connotaciones polí­tico-económicas-sociales que concurren en la relación Catalunya-España, existen cuestiones objetivas, nada extrañas, favorecedoras de la decisión tomada.

«The Dutch Bid» (la propuesta holandesa), recogida en un extraordinario y sencillo documento de 84 páginas, da coherencia a una oferta ganadora que responde, con exactitud a lo que se pedí­a: «Responder a las necesidades concretas de la EMA», es decir, acoger a la Agencia, a su staff y familias, garantizar la continuidad ordinaria de sus trabajos (tanto ahora, en los próximos 16 meses mientras continúe trabajando en Londres, como a partir del momento cero de la nueva sede) y fortalecer un futuro avance y desarrollo en sus tareas a partir de 2019, con carácter, en principio, definitivo. Esta oferta holandesa, entiende la Agencia, más allá de su núcleo básico, como una potente red clusterizada en el mundo de la salud a cuyos actores relevantes y relacionados (profesionales y empresas de servicios, industria farmacéutica, profesionales de la salud, financiación experta y especializada, propiedad intelectual, espacio de investigación e innovación…) ha de acoger de igual forma. De esta manera, el Gobierno holandés centró y concretó una propuesta «empaquetando» todos los elementos necesarios para responder a la necesaria continuidad operativa de la Agencia, sin sobresaltos, facilitando, también, la coordinación con todas las Agencias Reguladoras en los diferentes Estados Miembro y del EEA, desde la relevante y probada experiencia de la reconocida Agencia holandesa del Medicamento que extiende su brazo a lo largo de los cinco continentes.

A partir de aquí­, una sencilla, a la vez que clara y potente explicitación del «paquete ofertado», se articula en cuatro elementos clave perfectamente interrelacionados y coordinados: Continuidad (Real Estate, operaciones, servicios, gestión del perí­odo de transición y solución, ad hoc, llave en mano, con un esquema financiero y subvenciones públicas especí­ficas), Conectividad (insuperable conectividad: hard y soft, aeropuertos, conexiones ferroviarias, automóvil y sistemas de transporte eficientes y de altí­sima frecuencia con conexión directa con todas las capitales Europeas, desde un hinterland privilegiado, a 92 minutos en coche de Bruselas y una pieza clave soportada en el conocimiento y uso ordinario del inglés por el 90% de la población, además del ecosistema para la industria de salud y medicamentos), Compromiso (para el traslado y acogida, para el desarrollo y potenciación de la Agencia y su entorno profesional clusterizable, así­ como un potente plan para expatriados y sus familias) y Comunidad (la oferta real de una Comunidad escolar internacional y empleo para parejas y familiares, prestaciones de vida desde el momento de su llegada, acceso a financiación, condiciones fiscales, etc.). 4C’s, más allá de un simple marketing nemotécnico.

Esta propuesta, además de firme, no solamente viene descrita como una pieza literaria en un relato prometedor, sino reforzada con todo tipo de datos contundentes. No se describe todo lo que es o tiene Holanda o ímsterdam, sino aquello especí­fico y diferencial para las necesidades y demandas concretas de la Agencia (no es relevante que el Estado tenga 52 aeropuertos de diferentes niveles -como anuncia la candidatura española, por ejemplo-, sino tres concretos a menos de 30 kilómetros, uno de ellos a 6 minutos en tren al Centro de Acogida de la nueva ubicación; o «ayuda en la búsqueda de empleo», sino «gestión personal directa en una economí­a con el 5,5% de desempleo»). No resulta ocioso que todos los indicadores que destaca la oferta de Barcelona se ven superados uno a uno por ímsterdam: Número de ciudades conectadas, distancia y tiempo a puntos de interés, número de empresas farmacéuticas relacionadas, centros de formación médico-sanitario, número de empresas de servicios profesionales especializadas en salud, presupuestos en I+D+i en salud, presupuestos y aportaciones de la Agencia Reguladora «Nacional» en cada caso, tasa de creación y supervivencia de start ups Bio, número y variedad de centros o escuelas internacionales… Y, sin duda, ubicación. Así­, la sede propuesta (Zuidas en ímsterdam o la Torre «Agbar» de Barcelona) presenta especificidades muy concretas para su uso inmediato y futuro.

Es decir que, merece la pena repasar «la mejor oferta técnica», compararla con la ganadora, de manera que no solamente seamos medianamente objetivos sino, ser conscientes de los espacios de aprendizaje y mejora existentes. Solamente de esta forma se puede mejorar y fortalecer una oferta de atracción y sede y, sobre todo, el desarrollo de hubs económicos de desarrollo.

Así­ las cosas, resulta evidente contemplar el contexto polí­tico-económico-social en el que se produce la decisión.

Sin embargo, al margen de contenidos concretos de la oferta, la mayorí­a de las voces se aproximan desde el paraguas mediático dominante: «el independentismo penaliza Barcelona», como reclamo unilateral del «constitucionalismo español» instalado que, en histérica expresión de la Ministra de Sanidad, «es el peor virus. No aman ni a España, ni a Catalunya, ni a Europa», su particular nacionalismo español parecerí­a irrelevante en su concepción y supuesto trabajo europeo. Si queremos enunciar elementos influyentes en este aspecto, merecerí­a preguntarse en qué medida, más allá de voluntades, culpas o protagonistas, en torno al concepto y contexto actual, han influido algunos elementos clave: más allá de la objetividad y racionalidad de una propuesta singular, ¿ha pesado la situación polí­tica y contexto actuales en Barcelona-Catalunya-España?, ¿qué ha tenido más impacto?: un «procés» a lo largo de los años mostrando a Europa una permanente movilización ciudadana pací­fica, creciente dí­a a dí­a, reclamando su autogobierno, en Europa, a través de un nuevo modelo democrático de relación con el Gobierno Central y diferentes pueblos en el Estado español, o la incomprensible no gestión de una posible consulta popular, o la intervención del Gobierno Central con el apoyo de un poder judicial en cuestión, con la cobertura de un Senado oscuro e inoperante, suspendiendo una Autonomí­a, encarcelando a un Gobierno legí­timo y suprimiendo un Parlamento democráticamente elegido con la excusa de «devolver la voz y voto al pueblo» hasta que vote lo que quienes no ganaron las elecciones esperan. ¿Habrán impactado las imágenes de una policí­a encerrada en los muelles de la ciudad para intervenir y volver a casa? ¿Llamarí­a la atención de un Jurado ocupado en residenciar una serie internacional en una ciudad distintiva, la incomprensible intervención exprés de un Gobierno «invitando» a las empresas a salir de Catalunya violentando sus propias leyes de Sociedades de Capital, derechos de los accionistas y ruptura de reglas ordinarias del «mercado» y tejido socio-económico existente? ¿Pesarí­a en esta decisión el peso real de una España cuestionada en Europa tanto por la corrupción y cuestiones judiciales asociadas, abiertas y en curso, que implican al Presidente del Gobierno ya su partido? Más allá de palabras de cortesí­a del Presidente Jean-Claude Juncker, ¿preocupará el hecho de que el Gobierno español «de acogida», tenga a sus ministros clave reprobados por el Congreso?, o finalmente, ¿la eficiencia de la diplomacia española, su inteligencia comercial o estrategia de interacción europea es tan relevante como se proclama?

Efectivamente, las autoridades españolas han presentado una propuesta para Barcelona, demostrando en la práctica su incómoda relación con la ciudad y con el Gobierno de Catalunya y su escasa aceptación Institucional en el «territorio de acogida». En su propio alegato han reclamado de los jueces decisores del concurso, valorar la conveniencia de «repartir Agencias» a lo largo de diferentes Estados Miembro y han puesto el acento en la «Europa del Sur». Holanda ha hablado de ímsterdam y Europa. Cada uno ha jugado sus legí­timas bazas y, en esta ocasión, ha resultado elegida ímsterdam. (En unos dí­as, Europa-España, jugarán otro reparto de roles en el ámbito económico-financiero. Si se elige un español ¿será por ser «el mejor preparado del mundo»?)

En lo personal, como ya he mencionado, mi simpatí­a estaba con Barcelona. Bienvenida ímsterdam. Aprendamos de la experiencia. Quizás merezca la pena repasar las 16 ofertas y candidaturas. Sin duda nos llevarí­amos muchas sorpresas y aprenderí­amos potenciales soluciones para futuros proyectos y algo más de las fortalezas y bondades reales de las capitales candidatas, de su entorno y ecosistemas de salud y, sobre todo, de su realidad y potencia económica, social y polí­tica. Toda una rica y variada Europa que nos interesa a quienes de verdad amamos Europa aunque queramos construirla de otra manera.