(Artículo publicado el 5 de Enero)

Distraídos entre el desenlace final de un futurible gobierno de coalición PSOE-UP para el estado español, acceder al verdadero alcance de las apuestas y compromisos que sugieren los Acuerdos “filtrados o publicados”, la estructura y responsables de los diferentes espacios de gobierno (con la anómala originalidad de una pareja sujeta a jerarquía entre ellos formen parte del mismo gabinete) y, empañado por el ya crónico y uso de los poderes del Estado, incluido su sistema judicial o la “policía política” al servicio del gobierno de turno y de los relatos novelados a gusto del momento e intereses particulares, y a la espera de una posible “destitución” del Presidente de la Generalitat de Catalunya al margen de urnas y parlamento desde una inusual actuación de una Junta Electoral o sucesivas maniobras con la sospecha de un potencial próximo tripartito en la Generalitat con PSE, ERC, Podemos, y en medio de la “magia navideña y esperanza de este nuevo año”, nos encontramos con un tema complejo pero de gran actualidad e importancia que, en principio, habría de ser tenido en cuenta en el próximo gabinete y pactos complementarios, y que, sin embargo, pudiera pasar desapercibido: el rol y control de las empresas públicas del Estado.

Estos días, algunas empresas públicas españolas han anunciado sus estrategias de internacionalización e inversión en el exterior. Red Eléctrica Española, Enagás, AENA (Aeropuertos “nacionales”), Renfe y Correos, invertirán 3.000 millones de euros en 2020 en el exterior. Al mismo tiempo, en los medios que publicitan estas noticias se recogen los mapas de necesidades inversoras a lo largo y ancho del territorio del Estado, cifrando en torno a los 180.000 millones de euros para los próximos 10 años, la demanda concreta de proyectos “imprescindibles” en las áreas de actividad de las empresas mencionadas.

El papel que han de jugar las empresas públicas es siempre controvertido. Sin duda, por encima de todo, la creación de una empresa pública ha de justificarse bien por ser la fórmula óptima para la prestación de un servicio público, por su capacidad promotora de la actividad y desarrollo endógeno o por su adecuada instrumentación de un deseable proceso colaborativo público-privado al servicio del interés general. En todo caso, su razón de ser debe acompañarse de planes específicos de viabilidad sostenible y debe estar sometida a un riguroso sistema de control democrático y parlamentario. Sus estrategias y acciones realizadas suelen relegarse y el interés mediático limitarse al conocimiento de algunos nombramientos o cargos de libre designación.

Con el paso del tiempo, el contexto y las condiciones económicas, empresariales y de entorno, además de las cambiantes demandas sociales y orientaciones políticas (así como la lógica de las diferentes políticas y presupuestos de gobierno), de la propia gestión y resultados obtenidos, o del comportamiento externo que termina por generar competidores u ofertas equivalentes, puede aconsejar la refundación o extensión de la empresa creada, buscando la mayor aportación de valor para la sociedad (como siempre traducible en ingresos para el gobierno promotor y, en muchas ocasiones, pérdidas a absorber para el citado presupuesto público). Todo ello sin olvidar los posicionamientos sindicales y funcionariales que inciden en los modos y usos de las Administraciones Públicas y la aceptación o no de estas figuras societarias. Sin embargo, la realidad viene demostrando que muchísimas empresas e iniciativas del sector público empresarial tienden a sobrevivir más allá de sus objetivos fundacionales (bien porque ya los han cumplido con éxito, por su fracaso en su logro o por demostrarse ineficientes o redundantes respecto de la “oferta competidora existente”, o porque, simplemente, sus objetivos iniciales han dejado de tener sentido).

En determinados momentos, muchas de estas empresas han desarrollado competencias diferenciales que las llevan a disponer de músculo financiero, de ideas y gestor, así como el desarrollo de ventajas diferenciales para competir en “otros mercados” alejados de su territorio base al que se deben. Bien en solitario o bien acompañadas por alguna empresa privada, abordan su salida al exterior aprovechando oportunidades concretas, ventajas comparadas o tan solo comodidad o interés de sus gestores. La “internacionalización” se convierte en una bandera de modernidad, prestigio, asimilación al mercado privado, remuneración especial, etc., si bien raras veces es objeto de análisis en profundidad preguntándose que es lo que hay detrás de este movimiento y si es el objetivo de una empresa pública creada para fines concretos que, o bien se han logrado o, por el contrario, resultan inalcanzables con las capacidades reales del citado instrumento. Por lo general, además, supone un primer paso hacia la privatización directa o indirecta, con mayor o menor transparencia, debate público y control. No es irrelevante el mayor o menor peso ofrecido a sus compañeros de viaje, la forma de elegirlo y la gobernanza asociable al acuerdo colaborativo.

En el caso de las empresas aquí mencionadas, al margen de la valoración que puedan merecer cada una de ellas y su gestión, merece la pena detenerse para constatar el escaso control parlamentario (democrático) del que son objeto, limitado por lo general a simples informes de la SEPI que integra las participaciones públicas existentes. Problema añadido a su centralización que deja fuera de la proximidad de participaciones y control a las Comunidades Autónomas en que opera. ¿Tiene sentido la diversificación e inversión en el exterior de estas empresas cuando las necesidades a lo largo y ancho del Estado son esenciales y están desatendidas, en régimen de “monopolio competencial” para las mismas?, ¿es razonable descalificar su posible transferencia a los gobiernos autonómicos, competentes, en la materia, mientras se comparte su dirección y aportación con empresas privadas, generalmente con entrada de gobiernos en el exterior? Recordemos que se trata de empresas reguladas y cuyos servicios (ingresos) obedecen a tarifas tasadas, pagadas por los ciudadanos/perceptores del servicio que se presta, que sus dirigentes (ejecutivos y Consejos de Administración) son nombrados por el Gobierno bajo libre designación y que son el instrumento ejecutor de las políticas públicas que Gobierno y Congreso fijan. Según fuentes de los Ministerios asociados, por ejemplo, los ferrocarriles del Estado dependientes de Renfe (en cercanías y sin contar actuaciones “especiales” como la supresión de pasos a nivel y puntos negros en materia de seguridad), demandarán 3.500 millones/año hasta el 2030; en el caso de los aeropuertos, AENA deberá destinar 2.000 millones de euros/año en estos próximos 10 años; el AVE se va de viaje a construir en la MECA y a concurrir en proyectos ambiciosos y de largo plazo (TEXAS y California), alejados de las competencias y capacidades de sus gestores y desde el desconocimiento real de los territorios en los que habrán de intervenir, haciendo aún más remota la capacidad de control a la que habrán de someterse, mientras su rol en el Estado sigue sin terminarse, incumpliendo sus compromisos históricos que solo parecen reactivarse cuando se necesitan votos de investidura, como el caso de la Y vasca; o CORREOS reconvirtiéndose en un “HUB de paquetería” en Portugal, mientras se proclama su carácter esencial para la “integración y unidad del Estado”, aumentando los brazos centralistas del gobierno desde la desconfianza y escasa lealtad con los otros poderes, también del Estado, asumidos por las diferentes Comunidades Autónomas.

Si estas empresas han terminado con su tarea en el territorio base al que se deben, bien harían en extinguirse, dando paso a nuevas iniciativas al servicio del interés general, aportando recursos, financiación y conocimiento a nuevas áreas de actividad, diversificación de forma inteligente en convergencia con los ciudadanos y empresas locales, y facilitando el desarrollo del modelo de estado autonómico que se supone impera conforme a mandato constitucional respecto de la organización territorial, tan en boga en estos momentos. Jugar a los beneficios de una hibridación con el amparo de un paraguas público para garantizar tu cuenta de resultados es una mala apuesta de país. Conviene recordar que ni toda internacionalización es buena en sí misma, ni todas las empresas deben invertir en el exterior, ni toda empresa pública es un fin en sí misma, sino tan solo un instrumento al servicio de objetivos de interés general.

En los próximos días habrá un nuevo Gobierno. Se supone que, de una u otra forma, destinará energía relevante al sector público empresarial y que la conjunción PSOE-UP harán un esfuerzo por fortalecerlo, incorporando nuevas áreas de actividad a este amplio espacio público o público-privado, salvo que ambos renuncien a aquello que se supone son parte de su reclamo “ideológico” y preelectoral. Adicionalmente, habrá que recordarles que formarán gobierno gracias al apoyo de otros siete partidos políticos con implantación singular en diferentes territorios demandantes de compromisos reales, incumplidos, de desarrollo económico endógeno. No estaría de más confiar en que, esta vez, cumplan sus compromisos no solo de inversión, sino de coparticipación en la dirección y control de un sector público empresarial que no está pensado para dar servicio en “diferentes mercados de oportunidades”, sino a los ciudadanos y territorios del Estado.

Un sector público empresarial eficiente y generador de valor es altamente deseable y necesario (yo diría, imprescindible). Pero ni cualquier sector público, ni cualquier empresa, ni con cualquier objetivo o servicio. Si se decide salir e invertir en el exterior, serían razones “país” las que lo justificaran. No se trata de cuentas de resultados particulares. La presencia exterior de un país y sus gobiernos resulta imprescindible (conocimiento, redes, acompañamiento a terceros, observatorio, relaciones institucionales, apoyo a nuestras empresas y organismos facilitadores, cooperación al desarrollo…), pero los objetivos y compromisos de las agencias y sociedades públicas reguladas son otra cosa. Si una empresa pública ha de incorporar en su estrategia su internacionalización, dicha estrategia debe ser debidamente explicada, controlada y autorizada de forma democrática a través de órganos de decisión política y no delegada en las decisiones ejecutivas o empresariales concretas. En todo caso, contrastadas con el objeto e interés fundacional y de servicio que la originó y, sobre todo, recordando que el Estado no se limita a la Moncloa o a los supuestos “funcionarios de elite” en Madrid.

Estamos necesitados de un redoblado esfuerzo inversor y dotación de infraestructuras y servicios públicos ante los desafíos futuros. Las empresas mencionadas tienen legado y base más que suficiente para refocalizar su compromiso al servicio de dichas necesidades. A la vez, es un buen momento para su financiación a largo plazo dada la situación financiera actual y la relativa accesibilidad a los mercados de capitales globales, lo que posibilita acelerar su ejecución facilitando el desarrollo y bienestar internos (qué, dicho sea de paso, posibilitaría un esfuerzo real de reindustrialización y avance en un modelo de desarrollo económico alternativo). Se supone que las capacidades de estas empresas, reorientando sus objetivos y recursos, modificando su gobernanza (y extendiendo la presencia de jugadores reales en sus órganos de decisión y control) y asumiendo sus compromisos con la Sociedad a la que se deben, constituyen instrumentos de primer nivel para impulsar la consecución de tan significativos retos. Es un momento idóneo para abordar, también en este ámbito, una transformación del Estado, sus poderes públicos y de gobierno, y su interacción con el tejido empresarial y social.

Esperemos no dejarnos llevar por “etiquetas globales y oportunistas” y acertar en las prioridades y responsabilidades que a cada uno corresponden. Seguramente, otra manera de empezar el nuevo año… y el nuevo gobierno.

(Artículo publicado el 22 de Diciembre)

El pasado 2017, haciéndome eco de un informe publicado por el profesor Michael E. Porter sobre la “Industria de la política en los Estados Unidos”, publiqué en esta columna una reflexión respecto del carácter local estadounidense del mismo o su potencial replica “adaptada” a lo largo del mundo. Entonces hacía referencia al funcionamiento observado en la política del Estado español, deteriorada por la falta de gobernanza efectiva y la no solución a la más que imperfecta articulación territorial, en la del Reino Unido en su particular tiempo de referendos (Escocia y el UK^–, el Brexit y el UK^?) y de la Unión Europea en su parálisis de gobernanza acordada por la política de un consenso de confort, que no de proyectos compartibles.

Hace unos días, tuve la oportunidad de reunirme con Porter en su despacho de la Universidad de Harvard. Acaba de terminar su último libro actualizando el estado de la “Competitividad para la prosperidad” en los Estados Unidos de América, en el que además de poner el acento en el propósito o el para qué de la competitividad del país, la de sus diferentes Estados federales y, sobre todo, de sus empresas y agentes económicos y sociales, focalizable en resolver las necesidades y demandas sociales como máximo orientador de los diferentes modelos de negocio empresariales y de las políticas de prosperidad, inclusión e igualdad requeridas. En esta ocasión dedica un amplio y relevante papel a esa “industria de la política” estadounidense que se aleja cada vez más de la sociedad que representa y del valor de la institucionalización garante de los compromisos en el largo plazo, minando la esencia de los determinantes de la competitividad que vienen distanciando a Estados Unidos del primer lugar que en el contexto mundial le otorgaron en el pasado los Índices de Competitividad (WEF, IMEDE, OCDE) empeorados, aún más, si se trata de medir su grado de progreso social. Esta “incursión” en el ámbito político no es sino un paso más, esencial, para avanzar en la comprensión de un marco completo de la competitividad a la búsqueda de respuestas a una pregunta clave: ¿Cómo generar prosperidad sostenible e inclusiva a lo largo del mundo, mejorando de forma permanente el nivel de calidad de vida de los ciudadanos, co creando valor compartido entre las empresas y la sociedad, atendiendo, a la vez, la búsqueda de beneficios económicos y sociales para la comunidad?

Pregunta que responde a los objetivos de la extensa red M.O.C. (Microeconomía de la Competitividad) que desde el año 2002 nos une a poco más de 300 investigadores y profesores de más de 130 Universidades e Institutos en los cinco continentes, en un compromiso colaborativo académico-empresarial a la búsqueda del mayor impacto positivo posible en nuestras sociedades. En el encuentro anual que hemos celebrado en Boston, ha resultado relevante la cantidad de iniciativas y proyectos debatidos desde diferentes ópticas geográficas, pero con una serie de elementos comunes, o al menos, asociables, que han puesto el foco en la calidad de las democracias, las razones de sus fallos, la debilitada credibilidad observada en un buen número de liderazgos esperables, la desconfianza en un futuro incierto y los escenarios que se proponen, así como la inevitable revitalización institucional y política, además del renovado y “reinventado” rol empresarial para la propuesta de soluciones motivadoras. Espacio que debe ocupar, también, una nueva universidad que devuelva al mundo académico su compromiso firme con la aplicabilidad de sus capacidades expertas a las necesidades reales de la sociedad en que se insertan y asumiendo un protagonismo cada vez mayor en la generación de impacto en la sociedad.

En un foro internacional como este, el debate del estado de las cosas no solo no podía evitarse, sino que enriquecía el trabajo. Analizar y comparar el escenario estadounidense con una visión dividida ante el impeachment presidencial en plena discusión, las “marchas” latinoamericanas desde Chile a México pasando por graves situaciones (casi endémicas y/o estructurales) que se dan en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, o en la crisis argentina, encontraban su marco comparable con el análisis estadounidense comentado. A ellos se unían estrategias de “Federalismo Competitivo” en la India, en el marco de estrategias que trasladan el peso del progreso y bienestar futuro a los 22 Estados subnacionales que lo componen, reescribiendo una nueva historia de crecimiento y bienestar inclusivos para una India joven (la edad media de su población son 29 años) que tan solo supone un 34% poblacional en zonas urbanas, liderando el crecimiento mundial en los últimos 15 años, llevando la biométrica, inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales a 1.200 millones de ciudadanos afrontando un desafío de gobernanza e institucionalización por construir, en sustitución del viejo mapa unitario impuesto desde los despachos del antiguo imperio británico. Una India sorprendente por su fortaleza y expectativas a la vez que, por sus raíces, historia y desigualdad, conviviendo con un potencial tecnológico y de futuro aún incierto. A la vez, la oportunidad de observar la transformación radical a través de una estrategia de desarrollo que lleva a Jerusalén a potenciar la periferia como necesidad crítica no solo por el bien del futuro de la ciudad y su población multicultural, sino para evitar las migraciones y efectos demográficos que pudieran impactar de forma negativa su desarrollo. Potenciar y provocar la clusterización de diferentes actividades de valor en zonas rurales y periféricas favoreciendo su implantación, llevando la tecnología al desierto en espacios compartibles con Palestina y con una clara intencionalidad política que pudiera parecer oculta tras discursos y objetivos económicos y de empleo.

En todo caso, estrategias diferenciadas demandantes de las alianzas coopetitivas de ciudades y regiones, de empresas con gobiernos y territorios, necesitados de la política y sus gobiernos y capaces de lograr la adhesión creíble y confiable de la sociedad. Devolver a las instituciones, gobiernos y política el rol esencial que nunca debieron o han de perder y que constituyen determinantes de la competitividad y progreso social en la agenda transformadora. Mensaje en contraste con el panorama observable en el Estado español. ¿Habrá gobierno en los próximos meses?, ¿qué pasará con Catalunya?, ¿y ustedes, los vascos, van claramente a la independencia? Preguntas repetidas con insistencia por nuestros colegas, a las que se unía una interesante cuestión planteada: ¿Cómo se sostiene una situación de ausencia de gobierno de casi un año en aparente normalidad salvo en el caso “del conflicto catalán”?

Sin duda, la “distribución del poder político y las competencias reales de los diferentes niveles de gobierno” lo explican en gran medida. Las materias esenciales (salud, economía, bienestar social, empleo y el funcionamiento ordinario de la ciudadanía), están “en manos” de las Comunidades Autónomas y los Municipios, y la actividad económica en las empresas, lo que mitiga la ausencia del todo poderoso centralismo oficial desde Moncloa y sus ministerios. Los diferentes gobiernos tienen distintas responsabilidades, tiempos, credibilidad y adhesión. Por el contrario, la Administración Central ocupa a cientos de miles de funcionarios ocupados en sus tareas ordinarias y sus directivos están libres de control alguno. El día a día, sobre excepciones, sigue su curso. Grave espejismo. La ausencia de gobierno (y Parlamento que lo impulse y controle) impide afrontar los desafíos de futuro (enormes) y su aplazamiento no hace sino aumentar distancias respecto de un futuro deseable.

Sería bueno aprovechar la evidencia para encarar no ya una investidura presidencial coyuntural (que en ningún caso será operativa, sin presupuestos, antes de abril del 2020) para repensar un futuro distinto, abordando, de una vez por todas, la inevitable reconfiguración del Estado, afrontando no solamente el “conflicto” catalán, sino el verdadero encaje de un nuevo Estado, desde el reconocimiento de una pluralidad de naciones y de regiones de distinta vocación institucional, de autogobierno y/o de pertenencia. Solamente alineando las demandas reales de sociedades distintas con instituciones sentidas como propias, asumiendo el compromiso de construir tu propio futuro, desde tu estrategia única, se podrá afrontar un nuevo futuro.

Son tiempos de cambio y de transformación radical. El continuismo y confort pueden alargar algunos logros y tendencias del pasado, pero no responden a los desafíos del mañana. Los liderazgos exigibles no son los que produce una “industria de la política”, como oligopolio que se dota de sus propios jugadores y reglas del juego intrínsecas. Lo veremos en el nuevo escenario del ya antiguo Reino Unido (UK^?). El triunfo electoral en las elecciones recientes no solo da lugar a la investidura de un gobierno o a la “deseada mayoritariamente” salida de la Unión Europea, sino a la reconfiguración de unas nuevas Irlanda y Escocia dentro de la Unión Europea, independientes, una Gales reforzada con sus competencias respecto del Gran Londres y una Inglaterra distinta. Seguramente, todas ellas, piezas interconectadas abiertas en nuevos espacios coopetitivos tejiendo diferentes alianzas entre sí y con la Unión Europea, así como con otros terceros a lo largo del mundo. Sus gobiernos, sus políticas habrán de trascender de su propio marco habitual para diseñar y acordar las estrategias transformadoras que demandan sus distintas sociedades. Solo así, las democracias no serán esquemas fallidos y la confianza y credibilidad en gobiernos, políticas y liderazgos, constituirán la savia necesaria para conseguir el desafiante futuro deseable.

Procesos de cambio, provocadores de verdaderos espacios de prosperidad y desarrollo inclusivos. Hoy más que nunca, empresas, gobiernos y comunidad constituyen alianzas coopetitivas, inseparables, para construir el futuro.

Resulta refrescante encontrar la configuración de un marco cada vez más completo e integrador de diferentes áreas de actuación, que permiten avanzar en las respuestas a demandas crecientes en las diferentes sociedades a lo largo del mundo. El reclamo continuo de nuevos horizontes, que exigen estrategias propias y únicas movidas por propósitos aspiracionales al servicio del bien común. La inclusividad, la lucha contra la desigualdad, la bandera del progreso social, la adherencia y afección a las propuestas compartibles, dan sentido pleno a una apuesta por la competitividad en solidaridad, indisociable de la política, sus gobiernos y la institucionalización eficiente y democrática que los haga sostenibles.

(Artículo publicado el 24 de Noviembre)

Un reciente ejercicio realizado en el seno del World Economic Forum, reunió a diferentes miembros de sus Consejos Globales sobre el Futuro, proponiendo “imaginar un mundo mejor para el 2030”. La idea sugiere que la única forma de plantear medidas y políticas adecuadas para lograr un objetivo como este, es pensar lo que nos gustaría encontrar en la fecha señalada.

Ejercicios como éste son comunes a cualquier proceso de prospectiva, nuevos escenarios o pensamiento estratégico, ya sea en el mundo de la empresa, de los gobiernos o de las personas en nuestra propia apuesta de futuro. Desgraciadamente, no son muchos quienes, en verdad, practican este tipo de esfuerzos comprometiendo sus aspiraciones en agendas específicas, les dotan de las estructuras y recursos necesarios para lograrlo y se empeñan en “construir su propia visión”. El ejercicio mencionado en el caso del World Economic Forum, ofrece 20 visiones concretas que pasan por la utópica conquista de vencer los impactos negativos del cambio climático, reducir la criminalidad y economía ilícita global a la mitad actual, generar soluciones tecnológicas de tele psiquiatría en la lucha contra enfermedades mentales, organizar y dinamizar un foro permanente de resolución de conflictos en el Oriente Medio con la participación activa de todos los líderes de los agentes implicados, un escenario de economía verde y circular, un pasaporte universal de salud con acceso global en un nuevo sistema de prevención, protección y seguridad social a cuyo servicio todas las tecnologías exponenciales (robótica, realidad virtual, inteligencia artificial, genómica…) convergen con un objetivo compartido, o una “nueva economía” alternativa a los extremos del pasado (capitalismo-comunismo), más allá de políticas a la búsqueda de objetivos e indicadores en torno a riqueza tradicional (para algunos) y producto interior bruto, o una reconversión plena de las estructuras de administración pública funcionarial hacia nuevos modos y ofertas de servicios para la sociedad. Diferentes escenarios y visiones simuladas tras las que han de formularse, a continuación, planes de acción concretos para su logro, identificando y superando barreras, minorando las brechas existentes entre el hoy y el mañana deseado, y “negociando” las correspondientes hojas de ruta que movilicen a todos los implicados en su logro.

Cuando ejercicios como este se realizan por los responsables directos de llevarlos a cabo, superan todo tipo de “juegos o aproximaciones soñadoras” para traducirse en verdaderas visiones y estrategias. En este caso, empresas y gobiernos se implicarían y, sin duda, los resultados no serían los estrictamente definidos a priori, sino respuestas mejoradas, la mayoría de las veces, por la multiplicidad de ideas e iniciativas que los diferentes participantes aportan, la evolución sistémica de dinámicas globales y el proceso de aprendizaje en sí mismo. Como en todo proceso estratégico, más allá del punto final de llegada, la enorme riqueza preparatoria para nuevas iniciativas reside en la propia “magia del proceso”, explorando y descubriendo nuevos horizontes, proponiendo nuevas preguntas y actores y provocando actitudes mentales diferentes.

Con este marco de fondo, en un reciente encuentro en Barcelona, comentábamos a pocos metros de la acampada universitaria, un potencial escenario de la Catalunya que hoy se encuentra en la encrucijada entre el “camino imaginario a ninguna parte”, que diría el expresidente Rodríguez Zapatero, la República Independiente de la mayoría legítima expresada en el Parlament, la reconducción hacia la convivencia del estatus quo del Madrid desde su inamovible poder de Estado y definición “constitucional” de la unidad de España, o hacia caminos inexplorados que puedan llevar a otros puntos de llegada. ¿Y si nos proponemos una visión para 2030 conforme a la voluntad democráticamente mayoritaria de Catalunya? ¿Y si en verdad el nuevo Congreso y posible gobierno español repensaran una nueva visión de Estado, incluyente de las realidades plurinacionales existentes, lejos de instalarse en el escenario fijo y unilateral de un tracto histórico que no parece hablar de futuro? ¿Y si cabría una nueva configuración de Estado en una, a su vez, reinventable Europa en un mundo cambiante con demandas sociales, económicas e institucionales diferentes a las actuales? ¿Qué mundo deseamos para el 2030? Sin duda un escenario y visiones muy distantes y diferentes al conflicto actual (con señales externas en Catalunya, si bien existentes en todo el Estado. El llamado “conflicto o cuestión territorial” que parece sorprender y molestar a quienes, legítimamente, no sienten o tienen aspiraciones de cambio, ni voluntad de nuevos instrumentos de autogobierno, ni se plantean otras formas de gobernanza o de Estado, tan legítimas como las de quienes sienten la necesidad de explorar nuevos caminos y redefinir un modelo de relación con terceros desde su propia apuesta de futuro y voluntad de libre decisión, ni empieza, ni termina en las deliberaciones o decisiones del Parlament).

¿Y si, además, aprovechamos el caótico y confuso estado de la política española, el desmedido rechazo mediático coyuntural a cualquier combinación de gobierno que pudiera orquestarse, ya sea populista, neoliberal, derechista o “Frankenstein” a juicio de algunos, para visionar otro 2030 en lo económico, social, judicial e institucional? Si lejos de limitar la apuesta a un decálogo generalista que valga para todo, nos preguntáramos por un estadio mejor dentro de 10 o 20 años, seguramente abordaríamos asuntos cruciales que exigen transformaciones radicales (un sistema educativo para el siglo XXI y no el continuismo estructural heredado, modelos socioeconómicos de desarrollo inclusivo, integrados, junto con estrategias territoriales clave, afrontando una digitalización imparable) superadores de viejos clichés extremos. Estos días leía a Niall Ferguson comentando una reciente conferencia con el incitante título: “La nueva ilustración: redefiniendo el capitalismo y el orden global neomercantilista en el mundo”, invitándonos (a personas, empresas y gobiernos) a “no ser el villano del momento”, recordando que el descontento de hoy, la búsqueda incómoda de nuevas soluciones y la inequidad o desigualdad -real o percibida- extendida por todo tipo de medios y redes sociales, con o sin control, “hace de toda persona, empresa o institución prominente un objetivo atacable”. A la vez, la literatura política y socioeconómica del momento refleja los cambios inevitables en curso, ya sea desde quienes piensan que el nuevo orden saldrá de una reinvención del capitalismo, a quienes concentran sus fuerzas en la nueva social democracia de la clase media del siglo XXI o la reafirmación de una economía social de mercado desde el refuerzo de sus raíces humanistas, solidarias y progresistas. En medio de todo tipo de aproximaciones con el objetivo económico y social, indivisible, hacia la prosperidad e inclusión. Más allá de filantropía, responsabilidad social corporativa, valor compartido empresa-sociedad, participación y auto gestión, mayor o menor implicación y peso del sector público… observamos todo un movimiento, imparable, hacia nuevas soluciones, ni dogmáticas, ni de receta y pensamiento único. ¿Y si imaginásemos un nuevo futuro, mejor, en el que podamos sentirnos confortables (que no acomodados)?

Ojalá nos demos la oportunidad de soñar un futuro distinto y nos empeñemos en hacerlo posible. Hace 44 años, en el Estado español, moría en la cama un dictador que no la dictadura. Entonces soñamos un futuro imperfecto que, pese a todo, propició un enorme cambio y transformación inacabados. Hoy, necesitamos volver a soñar desde lo aprendido y a partir de nuevas realidades, múltiples expectativas y desafíos por venir, conscientes de nuevas demandas y diferentes voluntades deseosas de asumir un protagonismo diferenciado. A la espera de la posible formación de un nuevo gobierno que parece tan solo soportado en el temor a que vengan los otros y desmonten lo conseguido, exigiendo adhesión incondicional a la nada, parecería razonable provocar sueños y apuestas de futuro para una sociedad demandante de un futuro mejor.

¿Y si hacemos algo distinto y mejor para el 2030? “Tengo un plan” como diría la precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Elizabeth Warren. ¿Y tú?

(Artículo publicado el 10 de Noviembre)

En su informe periódico sobre el análisis de la coyuntura internacional, Ian Bremmer (politólogo y consultor especializado en riesgos globales), destaca un posible punto compartido en las múltiples movilizaciones que se vienen sucediendo a lo largo del mundo, desde Hong Kong a Washington o Beirut pasando por las principales capitales latinoamericanas, París o Barcelona: la desigualdad percibida.

A una estimación genérica de la desigualdad, al margen de su intensidad objetiva medible, se añade la relatividad de la percepción entre diferentes personas o grupos sociales en contextos diferenciados. Así, sean causa o efecto, la desafección política, (aparente o real), la distante observancia de políticas resolutivas sobre demandas sociales de todo tipo y la inevitabilidad de una creciente ausencia de respuestas personalizadas a cada uno en contextos y momentos específicos, genera, en la población no atendida, alejamiento de sus respectivos gobiernos y de las consecuentes expectativas de solución, provocando, paso a paso, grandes déficits de credibilidad y liderazgo en los dirigentes. La percepción de estas demandas insatisfechas se propaga y mezcla con todo tipo de malestar y reivindicaciones, de estruendo generalizado retroalimentándose entre sí, reforzada por los medios de comunicación y, sobre todo, por la explosión de las redes sociales (de perfil, propiedad y responsable último desconocido). En este caldo de cultivo, la excesiva concentración de los beneficios esperables de la globalización y concentración de poder en determinadas empresas y mercados termina por facilitar la identificación de culpables, la externalización de responsabilidades y, por supuesto, la aceleración de frustraciones y malestar. Caldo de cultivo para cualquier queja, crítica, protesta o descalificación, justificables o no, a la búsqueda de alternativas (ya sea para el precio de un billete de metro, la modificación de tasas y matrículas universitarias, recordatorio del abandono en que secularmente se ha tenido a minorías indígenas, el cierre de una empresa en crisis, el traslado de todo problema al gobierno de turno, o la reivindicación de un derecho a decidir nuevas formas de gobierno o pertenencia a un Estado predefinido y dominante desde un estatus heredado). Este conjunto de factores configura un crudo escenario que, de una u otra forma, encuentra su aparente explicación homogeneizable en la desigualdad. Sin embargo, siendo esta realidad un ingrediente esencial en la ecuación para lo que un cada vez más potente movimiento hacia nuevas estrategias de desarrollo inclusivo cobre carta de naturaleza, parecería aconsejable una aproximación, también, singularizada a cada uno de los síntomas y problemas existentes, demandando soluciones específicas y distintas.

Así, en torno a lo que cada vez con mayor fuerza da lugar a los movimientos pro crecimiento y desarrollo inclusivo comentados, con unos u otros matices, mayor o menor intensidad y convicción, subyace una clara apuesta por retomar el rol esencial de la ideología, la democracia, el compromiso participativo y la cohesión social por encima de un rumbo o recetas atribuidas a la economía desde una visión reduccionista que pareciera interpretar el mercado y determinadas supuestas reglas exactas e inamovibles, cada vez menos aceptadas, que se habían instalado entre nosotros con escasa crítica, concebida otrora como sacrosanta panacea del pensamiento único al servicio de la proclamada globalización que se suponía imparable y generadora de grandes beneficios para todos, cuyos resultados no parecen avalados por el desarrollo e intensidad de las sucesivas crisis vividas. La rueda parece detenerse. El comercio mundial ha cambiado y ya son, nuevamente, mayores los intercambios y transacciones “domésticas” o intra regionales que las globales, los beneficios para todos muestran un reparto distorsionado y no homogéneo, desigualmente distribuidos. El “mercado” reclama su alma y de la actuación dirigente (y diligente) de los gobiernos, desde decisiones y controles democráticos. Son tiempos de cambio para transitar, con determinación y compromiso, desde la frustración y desilusión colectiva de partida hacia renovadas apuestas por liderar nuestras ilusiones y aspiraciones. Superar esta desilusión colectiva sería nuestra retadora respuesta a esta paralizante situación a la que sugerentes lecturas y pensadores parecen arrastrarnos, como las de Piketty, que prevé centrar su causalidad en un “Hipercapitalismo” dominante en los grandes déficits de igualdad e ideología propias del siglo XX reflejado, sobre todo, en la creciente capacidad económica y financiera que, dice, caracteriza el nuevo siglo XXI y, en su opinión, demandaría transformaciones radicales en los sistemas políticos y sociales imperantes (“Capital et Idéologie”).

Una vez más, sin duda alguna, es tiempo de la política y los gobiernos, de los liderazgos y compromisos empresariales, de las responsabilidades sociales e individuales, de la ideología y de supeditar los modelos económicos a los objetivos de prosperidad y bienestar. Estrategias de desarrollo inclusivo exigen precisamente la conjunción de políticas sociales y económicas convergentes, a la vez.

En este sentido, en los próximos días o semanas, habríamos de contar con nuevos gobiernos tanto en Madrid como en Bruselas. Visto lo visto, en los años perdidos del inexistente gobierno en funciones en la Moncloa y las escasas expectativas de mejora según reflejo de la campaña electoral que hoy se traduce en nuestro voto en el estado español, nuestras esperanzas de acompañamiento a las instituciones vascas, mira a Europa. Sin embargo, estas ilusiones responden más a sueños del pasado que a realidades observables hoy, ante una frágil y anómala estructura de gobierno europeo, que ante la falta de sintonía entre el Parlamento europeo y la Comisión, ésta sigue sin completar su renovación, pendiente, además, de incorporar Comisarios designados-negociados por cuota país, sin contar con el anómalo caso británico que ha de incluir un Comisario temporal hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea cuya fecha es desconocida (¿31 de enero de 2021?). Todo parece enturbiar la prometedora presidencia transformadora de Von der Leyen y “su gobierno pensado en soluciones de futuro y no mantenimiento del pasado”. (Por cierto, con un Comisario español –Borrell– sin agenda en Bruselas, como tampoco la tiene en el gobierno fantasma de Sánchez desde su entrada en funciones más allá de entrevistas y miniviajes y manifestaciones anti-Catalunya). Entre tanto, quien fuera rechazado por el Parlamento europeo para presidir la Comisión, es hoy de hecho, su presidente en funciones ante la baja quirúrgica del presidente saliente (Juncker). Europa profundiza en su propia crisis crónica de desgobierno y prácticas no democráticas, haciendo que el proyecto europeo viva la enorme paradoja de ser el espacio con mayor democracia y compromiso con el estado social y de bienestar del mundo, tener una máxima desafección ciudadana con sus políticas y prácticas de dirección y el mayor desprecio a una gobernanza acorde con los objetivos que pregona, administrada por un gran déficit democrático y de eficiencia, entregada a una burocracia ni elegida, ni controlada. Un trueque de intereses y cuotas de Estado perpetúa un paralizante y cada vez más distante desgobierno. Así las cosas, nuestras esperanzas en que alguien lo hará mejor que en Zarzuela-Moncloa, se traduce en un ilusorio optimismo desinformado.

En este marco, tensionado por una largamente anunciada desaceleración camino de recesión, la toma de posesión de la nueva presidenta del Banco Central Europeo (Christine Lagarde), coincide esta semana con la presencia de uno de sus vicepresidentes (Luis de Guindos) en la Universidad de Deusto impartiendo una conferencia en el Paraninfo de la Universidad (“Sede Sapientiae”, “trono de la sabiduría” reza su mensaje principal presidiendo tan significativa aula). De Guindos explicó la visión del BCE en el contexto económico internacional (desaceleración y bajo crecimiento económico en un horizonte de larguísima duración, impacto negativo inmediato por la guerra arancelaria, la novedosa, desconocida y generalizada situación de tasas negativas de interés sobre lo que no hay experiencia gestora en la política monetaria al uso, agravadas en el caso europeo por el Brexit -si bien suavizada por una salida con acuerdo-). Con estas premisas, De Guindos destacaba que tan solo el 5% de las recomendaciones de la Comisión y Consejo Europeos sobre reformas y políticas estructurales son implantadas por los gobiernos de los Estados Miembro, lo que hace absolutamente imposible el logro de los objetivos previstos en la Unión Europea y sus miembros. Bajo este ineficaz paraguas, aceptaba como insuficiente el encargo-objetivo que el Tratado de la Unión asigna al BCE, garante de la estabilidad de precios, controlando la inflación bajo el objetivo del 2% anual, para el conjunto de su ámbito competencial (recordemos que dicho mandato, lo es, en realidad para el sistema europeo de Bancos Centrales y del BCE y no solo para la eurozona, lo que supone, de entrada, un claro divorcio entre lo que se pretende y lo que pueden hacer). A partir de aquí, afirmaba que la política monetaria se ha demostrado insuficiente y es momento (una década después de la crisis) de apelar a los gobiernos para el uso inteligente y responsable de la política fiscal favoreciendo grandes proyectos de inversión, programas y políticas estructurales con el endeudamiento adecuado y, eso sí, “el apoyo a los mercados de bienes y servicios públicos”. Hoy, quien fuera secretario de Estado y ministro español de los gobiernos de Aznar y Rajoy, los más negacionistas del cambio climático, se ha reconvertido y además de proclamar la evidencia de la cuestión, anuncia la fijación de criterios obligatorios de economía e inversión verde en las políticas de apoyo del BCE. Cambio climático, empleo y cohesión social serían las claves de la financiación y políticas europeas. Adicionalmente, pone el acento en dos líneas de actuación estratégica: crear un mercado de capitales europeo que sustituya a la City Londinense post Brexit, si bien en una “plaza europea” desconcentrada en diferentes ciudades europeas, especializadas producto/servicio a producto/servicio y el impulso a la concentración y funciones bancarias cuyo modelo de negocio es insostenible (Lagarde ya anuncia que no apoyarán el traslado del pago de tasas negativas a los clientes por sus depósitos), la creación del ya tantas veces reclamado Fondo de Depósitos Unitario para toda la Unión Europea y la vigilancia de los bancos y entidades financieras. Nuevas “políticas e instrumentos”, además de objetivos para el mismo banco, financiación y mandatos de un banco creado para otra cosa, dejando la política económica, fiscal, social, presupuestaria… para el gobierno de la Europa en construcción y los Estados Miembro, cambiantes a lo largo del tiempo. Nos preguntamos, ¿por qué hoy sigue siendo una panacea el logro del 2% de inflación global?, ¿por qué ya no es adecuada la exigencia de un 3% en la convergencia económica de pertenencia a la Unión?, ¿por qué el nivel de endeudamiento exigido a los gobiernos era el adecuado para la salida de la crisis desde la mal llamada austeridad?, ¿por qué los 27 ministros de finanzas suponen la mejor idea global para un nuevo espacio de crecimiento y desarrollo inclusivo?, ¿por qué las mejores políticas y estrategias son las unitarias bajo decisión centralizada y no las adecuadas a diferentes espacios nacionales, regionales, locales y controlables desde ámbitos próximos?, ¿por qué es el BC y no un gobierno de dirección política no ha de ser quien diseñe y marque las prioridades y transformaciones necesarias para una Europa necesitada de un cambio radical acorde con la demanda de los europeos?

Bienvenidos, sin duda, nuevos instrumentos asociables a demandas y necesidades reales y diferenciales, y bienvenido un auténtico cambio en la política económica y presupuestaria europea, pero no basta con cambiar el discurso y la dirección desde los mismos responsables y capacidades. Nuevas estrategias, nuevos instrumentos, por lo general, aconsejan nuevas competencias, nuevos jugadores y nuevas actitudes.

Las sociedades demandantes de una mayor cohesión e inclusión, de nuevos resultados percibibles, de nuevos liderazgos compartibles y del suficiente gobierno y control participativos, requieren nuevos combustibles (credibilidad, confianza, resultados) para una afección democrática real. (Esta mañana, Ana Botín, desde el corazón financiero, decía: “reconozcamos que hemos perdido la confianza de la gente, necesitamos dar un vuelco a la ortodoxia reinante en los últimos años”).

Una nueva Comisión Europea, un nuevo BCE, un nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión europea, un nuevo Reino Unido desde el rol diferenciado de quienes hoy lo componen, un verdadero gobierno en la Moncloa, capaz de entender las demandas reales de un Estado plurinacional que se mueve hacia otros modelos y generador de confianza y no de protagonismo personal propagandístico… y una nueva savia enriquecedora y rejuvenecedora de la antigua Europa originaria y deseada. Una larguísima senda a recorrer desde el imprescindible optimismo para construir ese espacio en el que la ideología, la igualdad, la economía sean una verdadera realidad y práctica democrática, al servicio de las demandas y necesidades de la sociedad.

(Artículo publicado el 27 de Octubre)

Cumplidos 40 años del Estatuto de autonomía para el País Vasco, cabe hacer una positiva valoración del mismo como instrumento posibilista, facilitador de una salida de la dolorosa y trágica dictadura del franquismo, de un tránsito hacia la reconstrucción democrática como vehículo de salida del aislamiento con miras a una Europa, entonces limitada a sus aspiraciones económicas mínimas integrables, aplazando sus sueños de un espacio comunitario de paz, libertad, bienestar y solidaridad desde la subsidiariedad que amparaba los anhelos de los pueblos y naciones que como la nuestra, veía en ella el marco adecuado de solución de un exigente proyecto de futuro. Suponía contar con un mecanismo suficientemente válido para recorrer una fase de crisis económica, social y política. Una apuesta por la imprescindible superación de un régimen dictatorial con su reforma inevitable y, a la vez, factible, en contraposición a una ruptura imposible en un contexto internacional que no podía o no quería avalarla, en un clima, además, de confrontación y terrorismo.

El Estatuto de Gernika permitió soñar con un futuro mejor, convencernos de nuestras capacidades para apropiarnos de nuestro futuro y comprometernos con un largo e inacabable proceso de construcción y transformación, partiendo de cero, generando y recreando instituciones, diseñando políticas innovadoras y retroalimentando una confianza mutua, pueblo-gobiernos, que, de una u otra forma, con muchísimas más luces que sombras, nos ha traído hasta aquí.

Para quienes el Estatuto de Autonomía era el instrumento del momento como medio para una etapa más y no un fin en sí mismo, ni, en ningún caso, el final del camino, lo leíamos como un verdadero pacto de Estado, soportado en dos máximas de apertura y cierre articuladas: sus tres primeros artículos por los que “el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto que es su norma institucional básica”; que “Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco”; que “cada uno de los territorios que integran el País Vasco, podrán conservar, o en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno; la Ikurriña como su bandera, el euskera lengua propia…” y, como llave del futuro recorrido en etapas sucesivas, su disposición adicional: “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto, no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

 

Con estos elementos esenciales y de la mano de la riqueza competencial y poderes cuya ejecución corresponde al Parlamento Vasco, al Lehendakari y al Gobierno, así como a los territorios históricos que conservan y organizan sus instituciones forales, nos sentíamos suficientemente armados para el trayecto inicial. Sin embargo, nunca creímos que un mero requisito técnico, en sus disposiciones transitorias, estableciendo la creación de una Comisión Mixta de transferencias, “en el plazo de un mes”, para fijar las condiciones de transferencia de las competencias que nos corresponden, habría de convertirse en cuarenta años de penalización unilateral (ilegal e inconstitucional), imponiendo un recorte, paralización y desprecio permanentes a la voluntad pactada. Este incumplimiento crónico se ha venido produciendo, gobierno tras gobierno, ya sea de la mano del PP o del PSOE, sin reparo alguno. Un desarrollo normalizado se ha convertido en un ejercicio de trueque, al albur del gobierno español de turno, en función de sus presiones, deseos o necesidades extra estatutarias en cada momento. Situación grave que no solamente ha generado incertidumbre en la planificación de servicios públicos, retrasos en decisiones críticas y esenciales para el País, duplicidades de recursos, ineficiencia de gestión, “favores” partidarios de la mano de funciones redundantes, uso abusivo, clientelar e ineficaz del sector público empresarial del Estado en Euskadi y, en definitiva, un sobrecoste evitable. Cuarenta años arrastrando una insatisfacción permanente, discurso recurrente, desafección galopante.

Así las cosas, Euskadi, hoy, parece seguir cautivo, en exclusiva, de la llave “constitucionalista” de Madrid y sus partidos y representantes “locales” que impiden cualquier avance y, por supuesto, todo deseo de actualización. Despreciaron el mandato del Parlamento Vasco para tramitar un nuevo estatuto (el único del Estado que no ha sido revisado o actualizado) y dilatan nuevos intentos como el que viene gestándose en el Parlamento, en el seno de una tortuosa ponencia de autogobierno. Legislatura tras legislatura, el Gobierno Vasco sigue remitiendo con escasas variantes el ya célebre “Informe Zubia”, más o menos similar al original, recordando la exigencia de cumplir el mandato estatutario y constitucional de traspaso. Mientras tanto, quienes reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto, somos clasificados en el paquete estatal de los “no constitucionalistas” y se nos “anima” a no provocar cambios, aspiraciones o nuevos caminos que “rompan” la concordia de la supuesta transversalidad social, paralizante de proyectos y esperanzas diferenciadas de aquellas dictadas desde los universalistas de la España única y unitaria.

La búsqueda de un nuevo Estatus no es un capricho ni un sueño ajeno a la realidad o a los tiempos que corren. El mundo se mueve y la sociedad vasca también. Si bien parecemos una especie de oasis en el caótico estado español y los resultados avalan la apuesta emprendida hace ya cuarenta años, hemos de recordar que esto no es fruto de la casualidad, sino de apuestas específicas que se han basado no solamente en la literalidad competencial, sino en el compromiso con apuestas a riesgo en aquellas áreas que hemos considerado vitales para la generación de riqueza y bienestar, acompañadas siempre de la mayor cohesión social y territorial posibles, casi siempre a contracorriente. Hoy no se trata solamente de “llenar y completar el estatuto” sino, sobre todo, de dar un nuevo salto de etapa ante los desafíos a los que se encuentra nuestra sociedad. Ya en mayo del 2015, invitado por el Parlamento Vasco a comparecer ante la Ponencia de Autogobierno (esta que lleva más de cinco años elaborando una nueva propuesta para  “evaluar el estado actual del desarrollo estatutario y sus logros, así como abordar las bases para su actualización…”), aporté el documento “¿Por qué la Nueva economía y sociedades de bienestar aconsejarían un nuevo estatus político para Euskadi?”, como contribución a una mejor comprensión de la importancia de dotarnos, como país, de nuevos instrumentos y de un nuevo marco de auto gobierno, recordando que Euskadi, como toda sociedad, nación y/o región confronta su futuro ante nuevos jugadores en una cada vez más compleja e incierta internacionalización de la economía, a las voces que cuestionan los modelos económicos y empresariales y su culpabilización ante esta grave crisis, desde una generalizada desafección de la política y una infravaloración del relevante papel de los gobiernos en el desempeño de la economía, además del reclamo de un nuevo modelo de desarrollo económico incluyente. Resulta imprescindible dotarnos de nuevas herramientas. Además, más allá de retos específicos en el ámbito en apariencia más inmediato y material, no podemos olvidar el rol esencial de carácter político y social. La mal llamada cuestión territorial con la que parece simplificarse el procés catalán no es sino uno de los innumerables ejemplos que recorren el mundo, a la búsqueda de nuevas alternativas de relación entre las diferentes comunidades y naciones que conforman otrora estados acomodados a una situación heredada que guarda escasa identificación con las nuevas demandas sociales. El “derecho a decidir” (pese a que no exista conforme a las caricaturizadas expresiones del Presidente del Tribunal Supremo español, en su reciente sentencia “de novelado relato previo”, fiel al guion marcado por la convergente fuerza y poderes de un Estado español que no parece consciente de las múltiples voces que claman por nuevas formas de relación, convivencia y pertenencia en su “modelo único”), se extiende a lo largo del mundo, ya sea por una u otra causa. Desde el Brexit dejando la Unión Europea, Escocia desando elegir su propio camino y con el horizonte contrario integrable en la UE, Catalunya hacia la República catalana, Euskadi hacia un espacio diferenciado propio. Detrás están valores, emociones, necesidades y voluntades comprometidas con caminos propios que hacen inevitables comportamientos desiguales, diferentes políticas, la necesidad y/o deseo  de intervenir en la economía y en el mercado próximo desde instituciones propias y distintas, cuestionar la eficacia de planes y decisiones únicas dictadas desde burocracias lejanas y desacreditadas y, sobre todo, la crudeza de nuevos desafíos que han de ser confrontados desde nuevos objetivos, nuevos horizontes y nuevos instrumentos. Un nuevo estatus político al servicio de la economía y de las personas, que como toda estrategia (personal, empresarial, territorial, gobiernos), exige provocar un escenario diferenciado, deseable, compartible por nuestra sociedad. Un marco y escenario alcanzable, adecuado al desafío social de responder a las necesidades, bajo principios y modelos de desarrollo incluyente. Un largo y complejo proceso que exige de todos nosotros un verdadero cambio de actitud (individual, solidaria y colectiva, a la vez) trabajando en “diseñar nuestro propio nuevo Marco o Estatus en Comunidad” siempre cambiante, siempre alineado con nuevas demandas sociales, siempre exigente y solidario, siempre compartido.

Cuarenta años después, recordamos y celebramos el compromiso adquirido en la aprobación del estatuto vigente: su aceptación no implicaba nuestra renuncia a los derechos que hubieran podido corresponder en función de nuestra historia y que habrán de actualizarse conforme a los cambios y demandas de la sociedad vasca. Comprometernos en un nuevo ESTATUS, es la mejor manera de celebrar este aniversario.

(Artículo publicado el 13 de Octubre)

A unos días de la cita periódica con la presentación del Informe de Competitividad de Orkestra, convertido en un clásico para tomar la temperatura a nuestra economía y sociedad y adentrarnos en desafíos de futuro, irrumpe el “Índice europeo de Competitividad” que la Unión Europea elabora para comparar el comportamiento de las diferentes regiones europeas.

El citado Índice europeo sitúa a Euskadi en la posición 125 de las 268 regiones que analiza, otorgando una puntuación mejor que la de hace tres años, si bien nos coloca ligeramente por debajo en términos relativos, con aparente mejoría de algunos “competidores”. Al margen de otras consideraciones, la comparativa por grupos de regiones “homologables”, provoca una primera distorsión al mezclar tamaños, capitalidad central o geo-periférica, modelo de tejido económico, capacidades reales de autogobierno y decisión/aplicación de políticas públicas, etc. Agravada, adicionalmente, por las estadísticas empleadas (las más de las veces limitadas a ámbitos globales por Estado), las encuestas valorativas y la selección de los opinadores y evaluadores, con la excesiva recurrencia a información macro de igual o muy similar aplicación a todas las regiones, generando una asimilación al Estado (y sus políticas) del que se forma parte y a la Ciudad-Región que contiene la capitalidad. Finalmente, el propio objetivo de este Índice, orientado al soporte del ejercicio presupuestario de la Comisión Europea buscando referencias en torno a su modelo de cohesión territorial, adecuado a sus propias políticas y estrategias con clara base subvencionadora, no permite grandes mecanismos de articulación de estrategias para la Competitividad (diferenciada y única, por definición).

Como hemos comentado en otras ocasiones, la sucesión de Índices (la mayoría sin la historia suficiente para el rigor exigible en los procesos de decisión), puede provocar reacciones inerciales y coyunturales que no resulten claves reales de evaluación, aprendizaje y motivación reorientada de caminos a seguir, llevando, en ocasiones, a la confortabilidad o al desánimo inhibidor. La competitividad no es un asunto limitado a un frio éxito económico de algunos contra el resto como suele mal entenderse, sino un motor generador de riqueza, empleo y bienestar sostenibles para la sociedad y todos sus miembros y agentes interrelacionados, en un espacio determinado. De allí su compleja a la vez que enorme importancia.

Ahora bien, con todas las limitaciones que se expliciten, conforme al mencionado Índice regional europeo, Euskadi ocupa la cabeza en el Estado español a escasa distancia de Madrid (tan solo superado por la variable “tamaño del mercado”), destacándose la salud (Sanidad, Servicios Sociales y otras políticas y determinantes socioeconómicos de la salud). A la vez, destaca tres apartados negativos al situarlos por debajo de la media europea, penalizando la calificación final: estabilidad macroeconómica, eficiencia del mercado laboral y sofisticación de negocios.

Así, acercarnos a estos tres apartados negativos podría “tranquilizarnos” al comprobar que el primer factor señalado, “estabilidad macroeconómica” nos penaliza en extremo dada nuestra asociación con el estado y sus estrategias (de planificación, inversión y gasto) arrastrándonos a la situación española (soportando una deuda de 1,2 billones de euros con una carga financiera anual de 40.000 millones, sin presupuestos, con un desempleo estructural que “lidera” el pelotón negro de la Unión Europea y una cuestionable gestión macro a las que se unen las “Leyes Básicas” de aplicación generalizada y obligada, impidiendo decisiones críticas diferenciadas), mientras que, uno a uno, dichos elementos son claramente mejores en el caso vasco: la menor tasa de desempleo del estado, mínima deuda con el mejor ratio del Estado, eficiencia de la Administración pública, etc.. En lo que se refiere al mercado laboral, de igual forma, la crítica y cuestionamiento general de las ineficientes reformas y pésimo comportamiento del mercado laboral español, denunciada de manera permanente, nos arrastrará a las peores posiciones del Índice. Ahora bien, más allá de dicha confortabilidad momentánea, hemos de profundizar y asumir algunos importantes “problemas y desafíos” propios.

Nuestro modelo de relaciones laborales ha sido valorado a lo largo del tiempo como un modelo diferenciado del Estado considerando que contamos con un espacio sociolaboral propio. Sin embargo, las vicisitudes parciales que dicho modelo contempla (organizaciones sindicales y empresariales o patronales singulares y distintas, la propia fuerza representativa de cada unos de ellos, el entramado económico-laboral y sus diferentes formas de negociación colectiva, la inclusión de cláusulas de previsión social complementaria en los acuerdos, la calidad y fortaleza de los beneficios en la Administración Pública al servicio de los trabajadores y los instrumentos de encuentro, como el Consejo de Relaciones Laborales, pionero en su momento, y la Red de Protección y Seguridad Social disponible…), no pueden ocultar indicadores negativos como el propio cuestionamiento o paralización de alguno de los instrumentos de encuentro, hoy desechados o despreciados, el elevadísimo absentismo permanente, a la cabeza del Estado, demasiadas jornadas perdidas fruto de la “conflictividad” como llave de soluciones, o incluso, pese a estar a la cabeza del desempleo, el para nosotros aún considerado paro crónico excesivo, en especial, en el mundo juvenil y en el de larga duración para mayores de 45 años.

De igual forma y tan o más preocupante, aún, el apartado de la “sofisticación de los negocios”. Tras este epígrafe encontramos la innovación, el emprendimiento, la tipología y la internacionalización de la empresa, así como el valor añadido generado y, sobre todo, el siempre denunciado espacio de menor relevancia en ámbitos de alta tecnología.

Si bien es verdad que siempre hemos cuestionado la calidad y validez de muchos indicadores utilizados, más allá de poner el acento en lo mejor o peor concebidos, sería responsable acercarnos a cada uno de ellos no solo para entenderlos o desecharlos, sino, sobre todo, para trabajar a fondo los puntos que incluyen. Euskadi destaca (desde luego en el marco del Estado español) y es referente en competitividad, innovación, bienestar en el seno, también, de la Unión Europea. Ahora bien, a partir de allí, se suele resaltar nuestra débil situación en las tecnologías avanzadas (casi siempre condicionadas por las patentes y propiedad intelectual), empezando por atribuir a nuestra Red de Centros Tecnológicos y empresas una escasa presencia y mínima generación de ingresos en estos apartados, lo que sugeriría una limitación a nuestro desarrollo en este espacio de innovación tecnológica. Innovación de la que se destaca la enorme labor realizada en Euskadi (empresas y gobiernos), si bien se entiende limitada a pocos “jugadores ganadores” y un uso excesivo de recursos en micro pymes con escasa “capacidad innovadora”, centrando, desgraciadamente, los indicadores en su asociación con la innovación productiva, de procesos, de gestión, societaria o social, las más de las veces, no solo de mayor valor, sino asociables al tejido empresarial y cultura socio-económica de nuestro país. En esta línea, el apartado “emprendimiento” resulta penalizado. Euskadi cuenta, sin duda, con uno de los más completos marcos emprendedores, políticas de apoyo público en todos los niveles, iniciativas público-privadas ad hoc, emprendedores “sociales” y algunas significativas empresas que promueven “el intraemprendimiento”. Ahora bien, los resultados obtenidos no vienen acompasados, en el plazo inmediato, a los éxitos empresariales deseables. La tasa de mortalidad de las nuevas aventuras emprendedoras es muy elevada, el grado y tiempo de crecimiento medio de las nuevas iniciativas es escaso para lo necesario y la confusión entre emprender y auto empleo está demasiado extendida.

Así mismo, siendo Euskadi una economía claramente abierta e internacionalizada, situada a la cabeza de su entorno en este capítulo, los evaluadores penalizan nuestra economía por la concentración de mercados, la inversión “productiva o con base permanente” en el exterior y la limitada “presencia tractora” en las “grandes cadenas globales de valor”. Aquí también, el Estado y sus decisiones tienen su carga negativa y penalizadora: la nefasta gestión castigo a la conectividad (Y vasca, aeropuertos, red de acción exterior, misiones parlamentarias, puestos en organizaciones internacionales, presencia en foros exteriores…)

Así, tal y como he comentado con anterioridad, no se trata de “enredarnos” en los diferentes índices que se generalizan a lo largo del mundo, ni de cuestionar los conceptos subyacentes, pero son, en todo caso, una excelente excusa y oportunidad para adentrarnos en los diferentes elementos que mantienen, de modo que nos preguntemos el qué y cómo actuamos en cada uno de ellos, cuál es nuestro estado real, qué resultados estamos logrando, a qué desafíos nos enfrentamos y, sobre todo, qué podríamos hacer para mejorar en todos y cada uno de ellos. La comparación es una buena primera aproximación, su contraste con nuestro propósito y futuro facilita una buena base para ir retocando, reorientando o construyendo una dinámica hoja de ruta.

El Índice aquí comentado, nos sitúa en un lugar cabecera del Estado y en un relativo tercio líder entre las regiones europeas supuestamente homologables. Esta misma semana, Bilbao ocupa uno de los “TOP 10” de las ciudades inteligentes, hace unos días, el Índice de Progreso Social nos volvía a destacar en una posición privilegiada y, de igual forma, podemos constatar significativos avances, liderazgos y referencias mundiales. Es, de esta forma, como podemos abordar, desde la satisfacción por lo logrado, los retos y desafíos del mañana y preguntarnos por aquellos espacios y retos a los que hemos de enfrentarnos.

En unos días, tendremos nuevas fotos del estado de nuestra competitividad. Por encima de la rigurosa información y acceso abierto y transparente a todo tipo de indicadores que su Observatorio de Competitividad aporta (y actualiza de forma permanente), Orkestra nos acercará a otros puntos de la realidad vasca, así como de los desafíos a los que hemos de enfrentarnos. A su Informe de Competitividad 2019, incorporará uno de los aspectos clave para transitar hacia el futuro esperable: “Las tendencias del empleo” y nuestro desafiante viaje más allá de las competencias y la formación asociables. Sin duda, “vitaminas esenciales” para un largo e inacabable viaje.

Euskadi, desde una posición destacada, afronta, día a día, nuevos desafíos. Más allá de Índices concretos, necesarios para medir nuestro grado de avance, sigamos una estrategia propia al servicio de nuestra Sociedad y bienestar.

(Artículo publicado el 29 de Septiembre)

La reciente disolución de las Cortes españolas con la consecuente convocatoria electoral tras un Congreso fallido y el cansancio generalizado de la población llamada nuevamente a las urnas, resucita el deterioro percibido en la ya crónica desafección con la política y el descrédito de los instrumentos institucionales encargados de los complejos desafíos de la Sociedad. Largos meses de desgobierno, incierta espera “política” de una sentencia sobre el Procés, la decisión y consecuencias finales sobre un BREXIT con o sin acuerdo, los más que evidentes anuncios recesivos en la locomotora económica europea, el tuiteo siempre sorpresivo y molesto del Trump de los aranceles, la competencia china y, sobre todo, la amenaza al boicot y embargo iraní bajo graves acusaciones no probadas con el temor a una respuesta bélica, son algunas de las preocupaciones que nos ocupan, siendo generadoras de emociones encontradas, debatiéndose entre sensaciones pesimistas u optimistas según el día y el interlocutor en cuestión. Asuntos que, de una u otra forma, están presentes en múltiples encuentros en la calle, conversaciones informales o foros de debate y análisis a la búsqueda de respuestas. ¿Es tan grave la situación como para una nueva crisis económica generalizada y global?, ¿habrá trabajo suficiente, digno y de calidad para las próximas generaciones?, ¿es sostenible nuestro modelo y estado de bienestar?, ¿vivimos tiempos prebélicos? Con mayor o menor incertidumbre real, una sucesión de dudas, preguntas y cuestiones similares pasan desde la inquietud natural inconsciente, hasta la obsesiva búsqueda de respuestas sin saber muy bien lo que haríamos con ellas en caso de confiar en el rigor de la respuesta recibida. Como siempre, afrontamos la cuestión en función del posicionamiento optimista y positivo o negativo y pesimista según el estado de ánimo en el que nos pille la interpelación.

Afortunadamente, disfrutar de un paseo otoñal como corresponde a la época y más si lo hacemos con relativa distancia física de nuestro entorno natural, sumidos en la melancolía, la bohemia y la caída de las hojas, propio de estos días, provoca un cruce de emociones las más de las veces encontradas. Así, en uno de estos paseos en el entorno privilegiado de Central Park, refugio en estos días del caótico impacto en el tráfico de Manhattan entorpecido más allá de lo habitual, por la concentración de delegaciones ante la Asamblea Anual de Naciones Unidas, con las calles tomadas literalmente por los cuerpos de seguridad, excesivos acompañantes familiares practicando turismo y shopping ajenos a los debates trascendentes, intentaba plantearme las preguntas mencionadas, acudiendo a los pensamientos de Søren Kierkegaard: “…Por eso prefiero el otoño a la primavera, porque en el otoño se mira al cielo, en la primavera a la tierra”. Un soplo de optimismo, de esperanza e ilusión que nos predisponga con espíritu positivo ante todo aquello que parecería hundirnos.

Así, si llegaba a Nueva York con la resaca de la disolución de las Cortes en España con el decepcionante fracaso -una vez más- del candidato Sánchez y su partido acumulando una nueva derrota de investidura, desaprovechando el “regalo” que le diera la mayoría, no parte del triunvirato de derechas, para censurar la labor del presidente Rajoy y su partido, con el encargo de convocar elecciones a la mayor brevedad posible y no el de reconstruir su partido a base de cargos de confianza, decretos ley no convalidables y compromisos, una y otra vez, incumplidos, para usarlos en nuevas y sucesivas “negociaciones”, no ha sido menor el impacto del clima político que invade Washington, de la mano de las revelaciones en torno a las relaciones del Presidente Trump y el presidente Zelinski de Ucrania, base de una clara intención de impeachment o destitución. Poder seguir en directo la comparecencia de testigos (nada menos que el Director en funciones de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos o del fiscal general) ante la Comisión de Inteligencia del Congreso y tener acceso a los documentos completos, desclasificados, que conforman la denuncia presentada desde funcionarios de la propia Casa Blanca, supone un contraste de gran magnitud, presentando dos enfoques de aproximación diferenciados sobre el valor de la democracia y transparencia aplicados para el control y, en su caso, juicio a un mandatario (en esta ocasión, el presidente de los Estados Unidos), y el polo contrario, observando la fragilidad que el intercambio de favores y el posible uso personal del poder ejecutivo pudiera suponer, en un país totalmente fragmentado en lo político desde hace ya demasiados años, en un elevado deterioro institucional, de credibilidad y a merced de la mayor o menor interpretación de las series televisivas que parecerían reflejar la realidad de un sistema de poder e intercambios claramente decadente y contrario a los intereses del servicio público. “We the People…”, (“Nosotros el pueblo…”) como recoge el preámbulo de su Constitución, son el poder real y depositarios de la verdadera soberanía y capacidad de elección y decisión. Delicadísimo asunto que nos ocupará e impactará en las próximas semanas y meses. A la vez, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, como si viviera ajena a su país-sede acogida, su agenda ha incluido, entre otras muchas cosas, la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible, que ha pasado un tanto desapercibida. Si por un lado la Imperative Social Progress Initiative hacía público su ya conocido y relevante Índice Global de Progreso Social con la buena noticia de que el progreso social avanza, año a año, atendiendo a las mediciones comparadas por el citado Índice, a lo largo del mundo, observando actitudes, herramientas y políticas en curso, favorables al progreso e impulso de una gran apuesta, no solamente facilitadora de una mejor comprensión de la realidad y de las palancas y práctica en uso promoviendo mejores resultados al servicio de las personas en diferentes comunidades, orientando las soluciones hacia una mitigación de la desigualdad y a favor del desarrollo inclusivo. Desgraciadamente, esta buena perspectiva, de avance, paso a paso, venía acompañada de la mala noticia anunciada en el proceso de evaluación de Naciones Unidas respecto de sus propios objetivos fijados en su momento para el año 2030: Sus metas y resultados prefijados no se alcanzarían, actuando conforme a lo previsto, antes del año 2072. Buenos objetivos, cada vez más asumidos a lo largo de todo el mundo y que, sin embargo, no invitan a esperanza alguna con un horizonte como el que se ofrece. No es cuestión de esperar y/o continuar haciendo lo mismo, con los mismos recursos e instrumentos y políticas, y los mismos objetivos y medios.

Y, de esta manera, aunque pudieran parecer casos de escasa relación o interdependencia y de menor rango de prioridades y alcance, volvemos al otoño electoral próximo en donde contemplamos a los mismos protagonistas, los mismos no programas del pasado reciente y limitadas ofertas de escasa relevancia, menor interés y nula ilusión de futuro. Aquellos que no han sido capaces de cumplir con su trabajo mínimo tras las elecciones, concurren a las mismas sin novedad alguna, sin evaluación de su trabajo, confiando en que el azar traiga nuevos resultados y soluciones a la compleja demanda de la sociedad, ansiosa de contar con un proyecto compartible de futuro. Escenario de candidatos que prometen no hacer nada diferente a lo que han hecho hasta ahora, ni una sola idea creíble sobre un nuevo modelo de bienestar, nada sobre el viejo discurso de la economía productiva alternativo al monocultivo turístico, nada sobre una respuesta al mal llamado conflicto territorial y una negativa vuelta a la centralización, más jarabe de “155” para Catalunya y café para todos con independencia de las aspiraciones de la gente. ¿Condenados a la parálisis?

Siempre habrá alternativas a la realidad observada y a las decisiones propuestas y aplicadas. La complejidad, los nubarrones en el horizonte, han de dar paso a nuevas ideas, proyectos, compromisos y logros. El otoño no es sino como el arte de vivir, cambiar las hojas sin perder las raíces. No tenemos respuestas categóricas para un mundo incierto. Solamente la voluntad de recorrer el camino, cambiante, día a día, hacia nuevos sueños e inquietudes.

(Artículo publicado el 15 de Septiembre)

El President de la Generalitat de Catalunya, nos recuerda en su libro “Els últims 100 metres” (los últimos 100 metros hacia la independencia y república catalana), la frase utilizada por el dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Heribert Barrera, en el Congreso de Diputados español, al defender su propuesta de autodeterminación de Catalunya haca ya casi 40 años.

Estos días, con ocasión de la Diada, esta frase ha estado presente en los diferentes eventos y acontecimientos conmemorativos, en una reclamación estruendosa no ya para poner su acento en la historia y derechos preexistentes sino, sobre todo, en la voluntad de futuro del pueblo catalán. Pasar de ser independentistas para ser independientes es el gran objetivo de este largo proceso histórico para el que la sociedad demandante tiene prisa y mucha prisa. Sobre todo, cuando los retrasos vienen impuestos y escapan de su control. El reclamo general ha consistido en el “objetivo independencia” y “absolución” como puntos de unión de una amplia y diversa sociedad movilizada tras diferentes iniciativas y opciones políticas y sociales en curso. La Diada, por encima de cifras y dificultades o de confrontación táctica interna, ha demostrado la fortaleza de un movimiento con prisa, paso a paso, avanzando desde la combinación de diálogo y confrontación democráticas, en un ejercicio continuo y comprometido, conscientes de las enormes dificultades que el propósito final conlleva.

A pocos kilómetros, también, el Reino Unido tiene mucha prisa. Decidió, por vía democrática directa, seguir un nuevo camino independiente de la Unión Europea. Y tiene prisa en abordar su propio camino pese a la complejidad e incertidumbre en que se encuentra, al proceloso y preocupante proceso conflictivo de salida en el que no parecen colaborar ninguna de las partes y sabedor de las largas y complejas tareas que les esperan, no solo en lo que a una nueva relación con la UE le supone, sino a una necesariamente innovadora recomposición de su configuración interna como Reino Unido con diferentes anhelos y aspiraciones irlandesas, escocesas, galesas e inglesa. Todo un nuevo camino por recorrer. Desoír la voluntad de un referéndum que algunos sugieren alejando en el tiempo las decisiones esenciales ya tomadas con el mandato popular, no parece la mejor forma de tomar decisiones incómodas. Ni la Unión Europea, ni el gobierno británico parecen haber asumido la decisión y mandato popular y el 31-O está encima. Sin duda, mucha prisa. Inevitable a fecha fija. Ucrania tiene mucha prisa en utilizar su libre decisión para escribir su propio camino, fuera del dominio y control de su antiguo “compañero” ruso y promueve la intermediación internacional (Europa y Estados Unidos) para facilitar un acuerdo de salida. Hong Kong lo mismo respecto de China, una vez probada la atadura dependiente de su gran coloso “centralizador-globalizador”. Ninguno pretende un futuro aislado, pero sí su propio futuro. Todos ellos son pequeños jugadores en relación con sus interlocutores “dominantes”. Todos ellos creen en un destino propio, interdependiente con sus vecinos y/o antiguos compañeros de viaje, pero, desde sus propias convicciones y decisiones, por vías pacíficas y democráticas. Todos confían en que el asumir las riendas de su propio proyecto generará mayor bienestar para sus ciudadanos. “Small is cute, sex and successful. Why Independence for Wales & other countries makes economic sense” (Con este título, el profesor Adam Price publicaba en la Harvard Kennedy School Review, su comprobación del mundo exitoso de los “pequeños jugadores” que obtenían mejores resultados en términos de valor -económico, social, institucional- que aquellos “grandes bloques dominantes”). “Lo pequeño es sexy, bonito y exitoso. ¿Por qué la Independencia para Gales y otros países tiene un gran sentido económico?”, se preguntaba. Como ellos, otros muchos, como Euskadi, gestionamos nuestros tiempos y realidades para lograr la independencia necesaria para decidir nuestros propios destinos, que en cada momento y circunstancia decidan nuestras sociedades, de manera libre, pacífica y democrática. Escocia, Flandes, Irlanda, por citar algunos otros destacados. Cada uno escribimos nuestra propia hoja de ruta, respetamos las de los demás, aprendemos de ellas y adecuamos el reclamo de nuestros pueblos a los tiempos y voluntades realizables.

La hoja de ruta hacia la República catalana ha incluido un modelo objetivo, esquematizado en Dinamarca, como imagen orientativa de un pequeño país (tamaño y población), nórdico, miembro de la Unión Europea, líder y referente entre los rankings internacionales de desarrollo económico, bienestar y progreso social, solidez estructural y calidad de vida. Ejemplariza el ya conocido reclamo global de los conceptos de Schumacher (“Lo pequeño es hermoso”), reforzado por Robien (“Lo pequeño es posible”), desde la experiencia comparada y las tendencias probadas ante los desafíos mundiales -solucionables, inclusivos-gestionables: “Lo pequeño es imprescindible”. Observa cómo hoy, “pequeños jugadores” ocupan destacadas posiciones en el gobierno de la Unión Europea. Para este largo recorrido, la Diada de esta semana ha movilizado a muchísima gente, consciente de las dificultades que entraña un anhelo de esta magnitud, pero sabedora que el siguiente paso, dotarse de “estructuras de Estado”, resulta imprescindible. Sabe, también, que no es cuestión de replicar aquellas que padecemos en un Estado español aferrado a un centralismo paralizante que se deteriora a pasos agigantados (todavía esta misma semana, estudios demoscópicos indican el deseo mayoritario de Comunidades Autónomas como Aragón, Madrid, Castilla-León o Castilla La Mancha y Valencia optarían por un Estado centralizado y renunciarían a su “modelo autonómico”, lo que aconseja revisar y diseñar “su propia hoja de ruta”, demostrando la imperiosa necesidad de revisar a fondo el futuro de una “España Unica” no deseada). Construir un nuevo modelo no se improvisa, requiere ingenio, innovación, compromiso y mucho aprendizaje. No es cuestión de mirar a modelos del pasado, ni a las infraestructuras radiales hacia y desde Madrid, o a una función pública del siglo XVIII, o a una financiación ahorcada por un centralismo incremental, año tras año. Catalunya sabe que el viaje solamente merecerá la pena si les lleva a un escenario distinto -por descubrir- al servicio del futuro. Y tienen prisa. El día a día, sin movimiento real hacia adelante, no vale para afrontar los retos a los que se enfrenta, no permite abrigar sueños y esperanzas, sino una tediosa espera en lo mismo, hacia ningún horizonte claro. Buscan dotarse de la savia aceleradora de un espacio mejor, por construir. De la misma manera que Ucrania no quiere volver a la Rusia que ya conoció y cuyo plan de futuro desconoce, ni el Reino Unido quiere aceptar una tutela de funcionarios en Bruselas, acomodaticios, en cada ola, a cualquier “nueva política” de supervivencia (de ellos, del aparato dominante, sea cual sea el tiempo, ideología o demanda social cambiante), ni Hong Kong quiere volver a un macro centralismo dirigido desde Pekín. Todos saben (sabemos) que han (hemos) de encontrar los mecanismos y estructuras adecuadas, en colaboración y apertura mundializados, pero desde la libre decisión (incluso con el derecho a equivocarse/equivocarnos). No buscan ni privilegios, ni confortabilidad en el camino. Pero sí persiguen un mundo diferente al que hoy tienen…

Mientras tanto, en Madrid parecen soplar otros tiempos. Ellos allí no tienen prisa. Se han acostumbrado a la resistencia desde “sus fortalezas”, enrocados en unas estructuras (también cloacas) de supervivencia del Estado. Se han adaptado a ellas y no ven necesidad alguna en transitar hacia un futuro que, en todo caso, les resulta incómodo y desconocido. ¿Se puede pretender presidir un gobierno que en 2019 no dé prioridad a encontrar soluciones a las demandas sociales e institucionales de Catalunya y de otros tantos que por activa y por pasiva les transmiten, día a día, su malestar y disconformidad con su Estado? ¿Cómo es posible que el señor candidato proponga un supuesto Programa de Gobierno o equivalente, con tanto desconocimiento del modelo autonómico existente (no ya de las aspiraciones de cambio que se vienen dando a lo largo y ancho del Estado, Europa y el mundo)? ¿Es esta la oferta de futuro que cabe esperar? Confían en el auto desgaste, desde el engañoso espejismo de una lucha de cifras clamando en sus propios medios y mensajes dirigidos a quienes comparten sus posiciones en un monocorde discurso diciéndoles lo que deben hacer: “aparcad vuestras reivindicaciones, volved a nuestro estatus quo y esperad un buen momento para repasar y avanzar en el Estatuto de la transición”. Creen que su propaganda de embajadas acallará las voces de lo que ahora llaman “territorio” (ni nación, ni país, ni pueblo). No. Ellos pueden esperar porque no tienen prisa, ni interés en avanzar o cambiar. Persisten en el error y no comprenden que la movilización de Catalunya no tiene marcha atrás. Ya no es cuestión de una u otra “transferencia” o de cheques desde la calle Alcalá. Es cuestión de Estado. Es un compromiso histórico con su propio futuro. Mientras se insiste en que se trata de un “conflicto catalán” o “revuelta de niños ricos, mimados, consentidos y de zona rica” que dijera Ucelay-De Cal (“Recomposición del Independentismo”) o un capricho de “revoltosos antisistema”, el movimiento, ralentizado o no, seguirá su hoja de ruta. Y, finalmente, aquellos que hoy no tienen prisa, no tendrán tiempo para recomponer un Estado unitario irreal del que “sus partes” se habrán distanciado sin remedio.

Mientras unos se enrocan en lo que creen que es una fortaleza unitaria e inamovible, protegida por sus “aparatos de Estado” y la inercia de “unos pocos cientos de años”, el liderazgo compartido, un proyecto común (aunque pareciera romperse en múltiples piezas) y la unidad de acción (en el largo plazo y en los elementos esenciales) orientan una hoja de ruta suficientemente articulada. Equipos, excelencia y diálogo (enraonar), hacen de sus 3-Es la grasa necesaria para mantener un movimiento en marcha, impulsando el largo camino que hace de cada Diada una estación renovadora.

Se vea o no, un camino sin vuelta atrás. Lo decían estos días sus camisetas: “objetivo independencia” y se escuchaban sus dos principales reclamos: Unidad y absolución. Se preparan para una nueva fase de movilización y compromiso social desde todo tipo de iniciativas, entidades, comportamientos personales, además de su voto y exigencia a sus representantes políticos e institucionales. Dos millones de catalanes europeos eligieron a sus eurodiputados que, de forma unilateral, están privados de su escaño. Sus líderes políticos están en prisión, en el exilio o inhabilitados. El Procés ha puesto en evidencia, también, errores y desencuentros, pero la Diada no ha sido un mensaje “de nostalgia hacia el pasado”, sino de compromiso renovado hacia nuevos caminos, protagonistas y espacios por compartir y a partir de la esperada sentencia que, soportada en un relato político ad hoc, marcará la intensidad, tiempo y dirección de este imparable movimiento. ¿Se moverán también quienes persisten en su distante “constitucionalismo español”? Ojo a otro Brexit (esta vez en el Sur de Europa) sin acuerdo, en perjuicio de todos.

Sí, tenen pressa, molta pressa.