(Artículo publicado el 27 de Octubre)

Cumplidos 40 años del Estatuto de autonomía para el País Vasco, cabe hacer una positiva valoración del mismo como instrumento posibilista, facilitador de una salida de la dolorosa y trágica dictadura del franquismo, de un tránsito hacia la reconstrucción democrática como vehículo de salida del aislamiento con miras a una Europa, entonces limitada a sus aspiraciones económicas mínimas integrables, aplazando sus sueños de un espacio comunitario de paz, libertad, bienestar y solidaridad desde la subsidiariedad que amparaba los anhelos de los pueblos y naciones que como la nuestra, veía en ella el marco adecuado de solución de un exigente proyecto de futuro. Suponía contar con un mecanismo suficientemente válido para recorrer una fase de crisis económica, social y política. Una apuesta por la imprescindible superación de un régimen dictatorial con su reforma inevitable y, a la vez, factible, en contraposición a una ruptura imposible en un contexto internacional que no podía o no quería avalarla, en un clima, además, de confrontación y terrorismo.

El Estatuto de Gernika permitió soñar con un futuro mejor, convencernos de nuestras capacidades para apropiarnos de nuestro futuro y comprometernos con un largo e inacabable proceso de construcción y transformación, partiendo de cero, generando y recreando instituciones, diseñando políticas innovadoras y retroalimentando una confianza mutua, pueblo-gobiernos, que, de una u otra forma, con muchísimas más luces que sombras, nos ha traído hasta aquí.

Para quienes el Estatuto de Autonomía era el instrumento del momento como medio para una etapa más y no un fin en sí mismo, ni, en ningún caso, el final del camino, lo leíamos como un verdadero pacto de Estado, soportado en dos máximas de apertura y cierre articuladas: sus tres primeros artículos por los que “el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto que es su norma institucional básica”; que “Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco”; que “cada uno de los territorios que integran el País Vasco, podrán conservar, o en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno; la Ikurriña como su bandera, el euskera lengua propia…” y, como llave del futuro recorrido en etapas sucesivas, su disposición adicional: “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto, no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

 

Con estos elementos esenciales y de la mano de la riqueza competencial y poderes cuya ejecución corresponde al Parlamento Vasco, al Lehendakari y al Gobierno, así como a los territorios históricos que conservan y organizan sus instituciones forales, nos sentíamos suficientemente armados para el trayecto inicial. Sin embargo, nunca creímos que un mero requisito técnico, en sus disposiciones transitorias, estableciendo la creación de una Comisión Mixta de transferencias, “en el plazo de un mes”, para fijar las condiciones de transferencia de las competencias que nos corresponden, habría de convertirse en cuarenta años de penalización unilateral (ilegal e inconstitucional), imponiendo un recorte, paralización y desprecio permanentes a la voluntad pactada. Este incumplimiento crónico se ha venido produciendo, gobierno tras gobierno, ya sea de la mano del PP o del PSOE, sin reparo alguno. Un desarrollo normalizado se ha convertido en un ejercicio de trueque, al albur del gobierno español de turno, en función de sus presiones, deseos o necesidades extra estatutarias en cada momento. Situación grave que no solamente ha generado incertidumbre en la planificación de servicios públicos, retrasos en decisiones críticas y esenciales para el País, duplicidades de recursos, ineficiencia de gestión, “favores” partidarios de la mano de funciones redundantes, uso abusivo, clientelar e ineficaz del sector público empresarial del Estado en Euskadi y, en definitiva, un sobrecoste evitable. Cuarenta años arrastrando una insatisfacción permanente, discurso recurrente, desafección galopante.

Así las cosas, Euskadi, hoy, parece seguir cautivo, en exclusiva, de la llave “constitucionalista” de Madrid y sus partidos y representantes “locales” que impiden cualquier avance y, por supuesto, todo deseo de actualización. Despreciaron el mandato del Parlamento Vasco para tramitar un nuevo estatuto (el único del Estado que no ha sido revisado o actualizado) y dilatan nuevos intentos como el que viene gestándose en el Parlamento, en el seno de una tortuosa ponencia de autogobierno. Legislatura tras legislatura, el Gobierno Vasco sigue remitiendo con escasas variantes el ya célebre “Informe Zubia”, más o menos similar al original, recordando la exigencia de cumplir el mandato estatutario y constitucional de traspaso. Mientras tanto, quienes reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto, somos clasificados en el paquete estatal de los “no constitucionalistas” y se nos “anima” a no provocar cambios, aspiraciones o nuevos caminos que “rompan” la concordia de la supuesta transversalidad social, paralizante de proyectos y esperanzas diferenciadas de aquellas dictadas desde los universalistas de la España única y unitaria.

La búsqueda de un nuevo Estatus no es un capricho ni un sueño ajeno a la realidad o a los tiempos que corren. El mundo se mueve y la sociedad vasca también. Si bien parecemos una especie de oasis en el caótico estado español y los resultados avalan la apuesta emprendida hace ya cuarenta años, hemos de recordar que esto no es fruto de la casualidad, sino de apuestas específicas que se han basado no solamente en la literalidad competencial, sino en el compromiso con apuestas a riesgo en aquellas áreas que hemos considerado vitales para la generación de riqueza y bienestar, acompañadas siempre de la mayor cohesión social y territorial posibles, casi siempre a contracorriente. Hoy no se trata solamente de “llenar y completar el estatuto” sino, sobre todo, de dar un nuevo salto de etapa ante los desafíos a los que se encuentra nuestra sociedad. Ya en mayo del 2015, invitado por el Parlamento Vasco a comparecer ante la Ponencia de Autogobierno (esta que lleva más de cinco años elaborando una nueva propuesta para  “evaluar el estado actual del desarrollo estatutario y sus logros, así como abordar las bases para su actualización…”), aporté el documento “¿Por qué la Nueva economía y sociedades de bienestar aconsejarían un nuevo estatus político para Euskadi?”, como contribución a una mejor comprensión de la importancia de dotarnos, como país, de nuevos instrumentos y de un nuevo marco de auto gobierno, recordando que Euskadi, como toda sociedad, nación y/o región confronta su futuro ante nuevos jugadores en una cada vez más compleja e incierta internacionalización de la economía, a las voces que cuestionan los modelos económicos y empresariales y su culpabilización ante esta grave crisis, desde una generalizada desafección de la política y una infravaloración del relevante papel de los gobiernos en el desempeño de la economía, además del reclamo de un nuevo modelo de desarrollo económico incluyente. Resulta imprescindible dotarnos de nuevas herramientas. Además, más allá de retos específicos en el ámbito en apariencia más inmediato y material, no podemos olvidar el rol esencial de carácter político y social. La mal llamada cuestión territorial con la que parece simplificarse el procés catalán no es sino uno de los innumerables ejemplos que recorren el mundo, a la búsqueda de nuevas alternativas de relación entre las diferentes comunidades y naciones que conforman otrora estados acomodados a una situación heredada que guarda escasa identificación con las nuevas demandas sociales. El “derecho a decidir” (pese a que no exista conforme a las caricaturizadas expresiones del Presidente del Tribunal Supremo español, en su reciente sentencia “de novelado relato previo”, fiel al guion marcado por la convergente fuerza y poderes de un Estado español que no parece consciente de las múltiples voces que claman por nuevas formas de relación, convivencia y pertenencia en su “modelo único”), se extiende a lo largo del mundo, ya sea por una u otra causa. Desde el Brexit dejando la Unión Europea, Escocia desando elegir su propio camino y con el horizonte contrario integrable en la UE, Catalunya hacia la República catalana, Euskadi hacia un espacio diferenciado propio. Detrás están valores, emociones, necesidades y voluntades comprometidas con caminos propios que hacen inevitables comportamientos desiguales, diferentes políticas, la necesidad y/o deseo  de intervenir en la economía y en el mercado próximo desde instituciones propias y distintas, cuestionar la eficacia de planes y decisiones únicas dictadas desde burocracias lejanas y desacreditadas y, sobre todo, la crudeza de nuevos desafíos que han de ser confrontados desde nuevos objetivos, nuevos horizontes y nuevos instrumentos. Un nuevo estatus político al servicio de la economía y de las personas, que como toda estrategia (personal, empresarial, territorial, gobiernos), exige provocar un escenario diferenciado, deseable, compartible por nuestra sociedad. Un marco y escenario alcanzable, adecuado al desafío social de responder a las necesidades, bajo principios y modelos de desarrollo incluyente. Un largo y complejo proceso que exige de todos nosotros un verdadero cambio de actitud (individual, solidaria y colectiva, a la vez) trabajando en “diseñar nuestro propio nuevo Marco o Estatus en Comunidad” siempre cambiante, siempre alineado con nuevas demandas sociales, siempre exigente y solidario, siempre compartido.

Cuarenta años después, recordamos y celebramos el compromiso adquirido en la aprobación del estatuto vigente: su aceptación no implicaba nuestra renuncia a los derechos que hubieran podido corresponder en función de nuestra historia y que habrán de actualizarse conforme a los cambios y demandas de la sociedad vasca. Comprometernos en un nuevo ESTATUS, es la mejor manera de celebrar este aniversario.