Manufactura para la prosperidad inclusiva

(Artículo publicado el 30 de Enero)

Un querido y “viejo” amigo y colega me compartía un documento que prepara para impartir en un reconocido Seminario de Política Industrial en la prestigiosa Gertulio Vargas, insistiendo en la importancia de la industria y manufactura avanzada como elemento tractor del desarrollo inclusivo.

Generalmente, se suelen fragmentar diferentes temáticas que parecerían asignar el impacto o interacción directa de determinadas políticas en los grandes objetivos buscados. Así, se pensaría en un desarrollo inclusivo fruto de políticas económicas, sociales, financiero-fiscales o de prestaciones y seguridad social, cuando se trata de preguntarse por los factores generadores de una sociedad próspera e inclusiva. Parecería que el diseño y aplicación de dichas políticas e instrumentos facilitadores, empiezan y terminan en labores propias de gabinetes de estudio, servicios asesores y profesionales y centros gubernativos o parlamentarios fruto de debates, análisis y elecciones de carácter político y, en consecuencia, serían obra de personas y entidades vinculadas a la política pública con escasa referencia a la una implicación determinante del mundo empresarial, actores del cambio innovador  en la economía productiva.

Estos días, en el marco de la Agenda de Davos (de momento, en reuniones virtuales de “precalentamiento”, hasta su aplazada reunión presencial en el próximo trimestre), se anticipan documentos de reflexión sobre los principales elementos que habrían de condicionar nuestro futuro y que conformarán las materias a debate de la comunidad empresarial, público-política y social en los próximos años. Entre estos elementos clave, como no podía se de otra manera, ocupa un espacio relevante la Manufactura Avanzada y la Producción, así como la Cuarta Revolución Industrial. Resalta, sobre todo, la especial vinculación con la Prosperidad, Inclusividad y Derechos Humanos.

Obviamente, su íntima interacción con la digitalización, la adopción de tecnologías exponenciales y cuánticas aplicadas, su rol como eje conductor de la “viabilidad” de las transiciones hacia la sostenibilidad acelerada, su efecto disruptivo en las cadenas globales de valor, su capacidad innovadora y su impacto en la transformación del mundo del trabajo, constituyen pilares esenciales de la misma y su interacción con la prosperidad e inclusividad.

Adicionalmente, cuando recurrimos a parámetros cuantitativos, como por ejemplo, la industria manufacturera en los Estados Unidos y observamos su “déficit” de igualdad y progreso social en relación con su riqueza y PIB global (Estados Unidos es el miembro con mayor desigualdad del G7 compuesto por las mayores economías del planeta), además de su elevada presencia en el ranking mundial de las principales empresas multinacionales de tecnología o valor bursátil de grandes conglomerados financieros, retail o servicios, constatamos que si bien el peso de la industria en su PIB tan solo alcanza el 11% y el 8% de la fuerza laboral del país, su contribución a la economía estadounidense es del 20% del capital fijo, el 55% de las patentes generales, el 60% de sus exportaciones y el 70% del gasto país en investigación y desarrollo. Si añadimos su capacidad tractora hacia todo tipo de proveedores, consumidores, servicios asociados, a lo largo de las diferentes cadenas de valor relacionadas, su peso y relevancia resultan de máximo valor. Finalmente, el nada despreciable efecto de localización que le sitúa en todas las regiones del país, motor irremplazable de la microempresa y la pyme. Detrás de este impacto reside la mayor formalidad en el empleo, el mayor salario en la mediana del trabajador por sector o rama de actividad, su efecto movilizador y acelerador del desarrollo tecnológico, la “democratización” de sus relaciones laborales, la capacitación y cualificación permanente de sus trabajadores en todos los niveles profesionales, la estabilidad y permanencia de las expectativas e inversiones en el medio y largo plazo, y ,por supuesto, su inigualable aportación a la configuración de significativos contratos sociales aportando dignidad en el empleo, estabilidad y proyectos personales de vida, aspiraciones de futuro y permanencia o pertenencia al espacio próximo en que suelen desarrollar su empleo y vida.

Este conjunto de factores críticos se ven fortalecidos por su rol esencial para las apuestas estratégicas de futuro que se plantea el mundo: digitalización de la economía y de la sociedad, las transiciones verde y azul hacia una economía sostenible y su carácter determinante en la respuesta ante el cambio climático, más allá de su irremplazable contribución a la generación de valor en la transversalidad de todo tipo de industrias o áreas de actividad económica y social.

Las sucesivas crisis y el análisis comparado de diferentes economías, regiones y niveles de vida de sus poblaciones, a largo del mundo, demuestran que son aquellas regiones o poblaciones industrializadas las que cuentan con las mayores capacidades de resiliencia y potencial respuesta a los cambios, transformaciones y desafíos a los que habremos de enfrentarnos.

Los debates recientes a lo largo del mundo, a la búsqueda de estrategias transformadoras de largo plazo, en términos de inclusividad, prosperidad y progreso social, reclaman un paso esencial: políticas industriales como vector de apalancamiento del desarrollo exigible. En palabras de muchos expertos en el Informe del World Economic Forum señalado, “si quieres un modelo inclusivo, empieza por dotarte de una buena base manufacturera, digitalízala y oriéntala hacia los inputs clave en pos de un mundo verde”.

Hoy, entre estos múltiples espacios de referencia, es destacable nuestro país. Euskadi es un referente mundial, objeto de estudio y modelo de apuesta a lo largo del tiempo. Desde su base, avanza apalancando su futuro, sus sistemas de prevención y protección social y su compromiso con la competitividad, el bienestar y progreso social para lograr una sociedad inclusiva. A su disposición, los múltiples instrumentos que se ofrecen a lo largo del mundo y el esfuerzo de todos los grupos de interés implicados. Desde esa base, sólida y cambiante, cabe esperar redoblados esfuerzos, públicos y privados, para avanzar en beneficio compartido, plenamente integrados con una red de bienestar y protección social. Ha formado parte de nuestro ADN y, en consecuencia, de nuestras Instituciones, empresas y Comunidad.

El mundo enfrenta muchos desafíos. Parecería que exista una cierta convergencia de apuestas y caminos a recorrer. Las “nuevas políticas industriales” no pasan por elegir unos pocos “campeones” aislados, sino sobre múltiples empresas e iniciativas tractoras, debidamente acompañadas por esa constelación de redes de valor, clústers y ecosistemas que configuran el insuperable espacio de innovación y construcción de un futuro cambiante, satisfaciendo las necesidades demandadas en cada momento, por el complejo mundo interrelacionado en el que nos movemos. Convergencia de capacidades y papeles, compromisos, diferenciados, sobre los que construir el nuevo escenario, mediante estrategias país-industria que generen valor desde soluciones a las necesidades sociales. En este camino, siempre estará la manufactura avanzada. Un reclamo para provocar el debate de los próximos meses al que nos invita el World Economic Forum, “Unlocking Business model innovation through advanced manufacturing” (Desbloquea el modelo de innovación empresarial a través de la industria), uniendo-recogiendo múltiples voces cualificadas que se oyen en los principales foros internacionales, llevándonos a pensar, más allá de las operaciones concretas a las que debe responder con eficiencia y eficacia la industria y sus actores, uno a uno, los nuevos modelos de negocio, innovación y empresa, el rediseño de estrategias y políticas industriales, la participación e implicación de todos los “stakeholders”, controlando, gestionado y atemperando la disponibilidad y uso positivo de la tecnología al servicio del bien común más allá de su oportunismos comercial, fijando los marcos y tiempos adecuados para abordar el viaje permanente hacia un escenario trasformador. Al final del camino: regiones prósperas e inclusivas.

Demandas políticas y prospectiva socioeconómica 2022

(Artículo publicado el 16 de Enero)

Esta primera quincena del 2022 se ve rodeada de una relativa percepción de fragilidad e incertidumbre acentuada por múltiples hechos, en el contexto internacional, que, de una u otra forma, aunque pudieran parecer lejanos, habrán de importarnos. Conceptos como “guerra fría”, “rearme global”, “movimientos migratorios”, vuelven a ocupar la actualidad. Las dificultades y problemas o desafíos siguen entre nosotros y se ven ampliados por los contextos próximos en los que determinadas actividades, discursos y mensajes cobran mayor resonancia.

En este caso, por no volver a la pandemia-endemia-gripalización dominante, o a la relevancia del tamaño en las explotaciones ganaderas y su impacto o uso electoral, que ocupa los medios, merece la pena ocuparnos del debate y manifestaciones en relación con un par de asuntos de vital importancia para los ciudadanos vascos y que parecerían reaparecer en el eje de la discusión política actual: la reforma laboral y el ingreso mínimo vital.

¿Son dos asuntos de crucial relevancia como para cuestionar el apoyo al gobierno español por parte de quienes no parecen estar dispuestos en caso de no cumplir los compromisos previamente acordados en Euskadi?, ¿Son asuntos de trascendencia para los ciudadanos?

Sin duda alguna.

La incomodidad que parece venderse por el no apoyo a lo que se ha vendido como un “acuerdo histórico” de derogación/reforma laboral, resulta de mayor impacto y contenido de lo que pudiera parecer a simple vista. No se trata, como dirían algunos o callarían otros, de una rabieta “aldeana o localista”, que reclama “su propio mini-pacto”. Un marco autónomo de relaciones laborales no es ni un capricho, ni una demanda injustificada. Basta resaltar que la viabilidad de este tipo de acuerdos vendrá dada por la capacidad de negociación y acuerdo entre las partes directamente implicadas y sus representantes legítimamente elegidos. La representación sindical y empresarial firmante del nuevo acuerdo en la Moncloa no es lo suficientemente representativa en Euskadi y, cabría añadir, que insuficiente en la totalidad del ámbito sociolaboral del Estado en aquellos sectores clave que cuentan con organizaciones representativas distintas (función pública, educativas, universitarias, sanitarias, agro ganaderas y fuerzas y cuerpos de seguridad… por ejemplo). Un marco autónomo de relaciones laborales es imprescindible no solamente para una negociación colectiva sino para la debida articulación del tejido económico, institucional y social. Marco imprescindible para la adecuada aplicación de estrategias y modelos económicos, sociales y políticos. En el caso vasco, es, desde siempre, una exigencia clave que ha acompañado todo pacto y acuerdo de gobernanza. El Real Decreto Ley en cuestión, no parece que haya elegido el mejor camino para la “gran y única reforma posible” que, según el presidente Sánchez, “es de sentido común y busca el bien e interés general” por lo que nadie puede votarlo en contra. Otros parecen tener, también, sentido común a la vez que preocupación por el bien general. Y no comparten el proyecto aprobado sin ellos. Validarlo con un sí o no, no parece posibilitar el debate amplio, sobre un Real Decreto que, a juzgar, no ya por su contenido, sino por su larga introducción en el Boletín Oficial del Estado, sería la “gran panacea” salvadora de todos los males en el ámbito sociolaboral (empleo y desempleo, formación, relaciones empresariales, equidad y justicia social, alineación y coordinación dentro de una Europa en pleno “renacimiento industrial y económico”.

Así mismo, el caso particular del cumplimiento de un acuerdo de “transferencia” para la gestión del Ingreso Mínimo Vital no es cuestión de un mero acto administrativo, de un determinado presupuesto o de un acuerdo que se estira e incumple, día a día, replanteando un nuevo acto de fe para “cerrarlo próximamente” como parece proponerse cada vez que se da una nueva votación en el Congreso de los Diputados en San Jerónimo.

El impuesto mínimo vital fue un gran acierto en las políticas del gobierno español y la ley que lo posibilitó. Su aplicación y gestión es otra cosa. Desde el inicio de su tramitación, su aprobación vino condicionada por un compromiso, en el caso vasco, de su “transferencia y aplicación” desde el Gobierno Vasco. Las instituciones vascas, pioneras en el Estado, en políticas e instrumentos de salario social, inclusión social, ingresos mínimos y la recalificación de sistemas e instrumentos de prevención, promoción, seguridad social, acordaron y necesitan, urgentemente, integrar su gestión en el marco propio para un soporte único de la red social, de bienestar imprescindible para ese bien común, no dejar a nadie en el camino y el binomio empleo-ingreso, cada vez más en riesgo ante la situación observable y las expectativas tecnología-cualificación-empleo.

En consecuencia, parecería más que razonable considerar la importancia de este “reclamo”, y, en consecuencia, acordar los cambios adecuados.

En este contexto, este pasado jueves tuvo lugar, en Nueva York, la presentación del Informe Anual (Outlook 2022) de Naciones Unidas acompañando a su diagnóstico general de una serie de mensajes conclusiones que permitan contemplar el comportamiento macroeconómico mundial señalando las principales preocupaciones sobre las que habrían de arbitrarse las principales políticas y decisiones. Una vez más, se trata de enfriar declaraciones excesivamente optimistas en términos de recuperación, a la vez que, en palabras de su secretario general, Antonio Gutierres, “es momento de focalizar objetivos y políticas hacia la reducción de la desigualdad global y, en especial, el gap existente entre los diferentes países y regiones”.

Más allá del impacto, duración, persistencia o evolución de la pandemia (en la que, recordemos, aún estamos inmersos) y de la velocidad de vacunación y salida que demos, viviremos lo que han subtitulado como “A bumpy road ahead” (“un camino lleno de obstáculos y baches”) y un “tormentoso panorama incierto y desigual”. Desgraciadamente, su pronóstico prevé un crecimiento global por debajo del de 2021 y por debajo de las estimaciones anteriores, un incremento de la pobreza (en especial de la pobreza extrema que alcanza a 874 millones de personas), en una dispar proporción regional, una incierta y peligrosa inclinación a tomar decisiones, locales y multinacionales, en materia financiera y monetaria, con una temerosa vuelta a paralizar, congelar o suprimir las intervenciones públicas en favor de una recuperación necesitada aún de oxígeno, ante un complejo proceso inflacionista. Situación general que continuará acentuando graves problemas en el mercado de trabajo, una delicada expectativa en torno a los primeros empleos y sus secuelas a lo largo de la vida laboral, y la manifiesta debilidad en los sistemas estructurales de educación, salud y bienestar.

Como no podría ser de otra manera, recoge y apuesta por intensificar apuestas estratégicas en torno a las “nuevas oportunidades” que una transición verde y una transición tecnológica aportará, en la medida en que los procesos y fases del cambio, se den bajo el control público coordinado acompasando su desarrollo a reposicionamiento posible desde la situación de partida, evitando al máximo las consecuencias negativas. Llaman, finalmente, a mantener políticas fiscales “contra cíclicas”, presupuestarias activas en las áreas del bienestar y, por supuesto, una recualificación educación-capacitación-empleo, intervenir en los condicionantes socioeconómicos de la salud y en sistemas de prevención, protección y seguridad social.

El análisis y prospectiva desde una perspectiva macroeconómica, conforme a su enfoque y responsabilidad, no huye de su paso por la diferenciación microeconómica, si bien se limita a espacios y bloques regionales apuntando la inevitable recomendación de adoptar las políticas generadas, como paraguas de referencia, a los contextos y realidades en cada caso, apelando a las intervenciones colaborativas, descentralizadas y multi nivel entre diferentes agentes institucionales, económicos y sociales en cada caso y ámbito de decisión.

Si hay algo destacable en este análisis global, es la fragilidad demostrada, la desigualdad creciente, la dispar distribución de riqueza y las imprescindibles actuaciones y reformas sobre el mundo del empleo y la formación asociada. Todo ello no hace sino enmarcar una prioritaria redefinición y refuerzo de sistemas y medidas de prevención, protección y bienestar social en niveles realistas, gestionables y diferenciados según las características concretas de los diferentes espacios en que habrán de llevarse a cabo. Sus ritmos, vocación de futuro, condicionantes previos de partida, madurez de sus interlocutores y capacidad de intervención en la definición de sus apuestas y compromisos de futuro exige dotarse de los medios que lo posibiliten, con la irrenunciable participación de los actores representativos y capacitados para hacerlo.

La política no es “algo extraño o externo” que se cuece en su propia salsa. Es, por el contrario, sustancial para afrontar y resolver las grandes demandas y desafíos sociales a cuyo servicio está la economía. No se trata de vivir en el ruido, la confrontación o de mantener posiciones extremas ni de defensas numantinas. Es cuestión de coherencia.

Las previsiones están allí. Su cumplimiento o redirección dependerán de lo que seamos capaces de hacer.

2022: Repensando y haciendo un mejor año

(Artículo publicado el 2 de Enero)

El inicio de un nuevo año conlleva deseos de disfrutar de un mejor año del que dejamos atrás. Como si se tratara de una frontera, invisible, que con el simple paso convencional del tiempo y calendario generase actitudes, comportamientos, compromisos y eventos incontrolables distintos a los que configuraron una etapa superada.

Hoy, a cuestas con la pandemia de la COVID-19, arrastramos una decidida apuesta generalizada por “un año mejor que el anterior”, esperanzados en que asistiremos a la inflexión real de una pandemia letal y destructora hacia una nueva etapa ordinaria de convivencia con un virus, cada vez menos severo y letal, con una amplia capacidad de respuesta desde nuestros diferentes sistemas de salud y, los sistemas de tomas de decisión y gestión de la economía y empleo, así como, sobre todo, aunque no suficientemente explicitado, de las actitudes y comportamientos individuales y sociales en los que residen las prioridades, las opciones determinantes de ese “paraíso mejor” esperable.

Si como todos los cambios de año, procede una reflexión sobre lo acontecido, acompañado de buenos propósitos y un ejercicio prospectivo que nos ayuda a planificar de alguna manera el futuro que pretendemos recorrer, este 2022 permite un proceso desde el análisis de lo vivido en esta situación excepcional que nos ha aportado muchas lecciones sobre las que actuar. 2021 nos ha enseñado, sobre todo, que los sucesivos cambios incrementales en los principales mecanismos existentes han fallado y, en consecuencia, la necesidad de un reseteo generalizado que posibilite superar los sistemas, modelos de pensamiento económicos, políticos y sociales de los que nos hemos dotado, a la búsqueda de respuestas a los verdaderos problemas, largamente detectados y conocidos, demandantes de transformaciones radicales.

Coincidiendo con este momento de cambio, el último número de invierno de la revista Finance & Development del Fondo Monetario Internacional, aborda una serie de artículos de especial interés en torno a las transformaciones que parecerían imprescindibles para transitar al futuro. Destacan cuatro apartados: Repensar el multilateralismo para una era pandémica, medir la prosperidad y la esencia de una “buena vida”, la economía de la salud y el bienestar y, de forma indirecta, el largo catálogo de innovaciones a incorporar, desde el renovado pensamiento económico, el compromiso empresarial compartido con los Gobiernos al servicio de la Sociedad y nuevas formas de colaboración multi agente-multi país a lo largo del mundo.

De una u otra forma, al igual que los principales debates que nos vienen acompañando en los últimos años (o décadas), se entrelazan múltiples cuestiones de la pandemia y que, sobre todo, nos llevan a pensar en que no se trata de ningún asunto temporal, sino estructural y permanente. Subyace el amplio debate en torno al movimiento “…más allá del Producto Interno Bruto” del modelo, con diferente intensidad y variantes que ha sido la base de las políticas de crecimiento y desarrollo económico, soportado en unos indicadores que han excluido el fin último de la propia economía al servicio de la sociedad, el bienestar y la búsqueda de la felicidad o satisfacción. Lejos del uso agregado de un buen número de indicadores, en apariencia objetivables y homogéneamente comparables que suponían no solo clasificar economías, países, poblaciones dispares y distantes en una estadística más o menos controlable, que han venido complementándose con contenidos sociales (la apuesta ya superada por el Índice de Desarrollo humano) soportados, parcialmente, por múltiples encuestas subjetivas, multiplicidad de indicadores con compleja interpretación y respuesta y, casi siempre, sustituidos por el excesivo peso dado a cada uno de los indicadores utilizados. Finalmente, desarrollo humano, sostenibilidad, prosperidad, riqueza y bienestar terminaron referidos al indicador del PIB y, por lo general, en agregados macro referidos a Estados, Regiones Globales y escasamente adecuados a las máximas diferencias existentes en el interior de un bloque regional, de un Estado o, incluso, de la diferente zonificación en el interior de las megaciudades. Indicadores que se alejan de facilitar la búsqueda de fuentes reales de marginación, limitación de la salud y el bienestar, sobre todo, rediseño de políticas y mecanismos adecuados para la mitigación de la desigualdad, profundización en las estrategias pro bien común y desarrollo compartido.

Esta búsqueda de la prosperidad y felicidad o confortabilidad de las personas y sus respectivas comunidades exige, además, la compleja definición y comprensión de los valores (tan distintos más allá de etiquetas) de las personas, las sociedades y su capital humano.

La relatividad de un concepto de prosperidad y bienestar hace que niveles o indicadores similares de renta, no presuponen estados similares de prosperidad o de satisfacción, esencialmente determinados por sus propios valores, asignando a cada persona y comunidad un papel esencial en la determinación de su felicidad.

Desde esta complejidad que ha de seguir propiciando todo tipo de aproximaciones (Índice de Progreso Social, por ejemplo), la base esencial no es otra que el reconocimiento explícito de ir más allá del PIB y actuar en consecuencia, redefiniendo instrumentos, estadísticas, políticas en el marco de un innovador pensamiento económico que está por venir. 2022 ha de contribuir a un “mejor” escenario tras un propósito vector, motivador de verdaderas transformaciones.

De igual forma, el que ya parece finalmente entendido, espacio indivisible de economía-salud, pone de manifiesto que, también, los mejores sistemas de salud con los que contamos demandan un reseteo radical. No resulta novedosa la demanda de cambios disruptivos en el mundo de la salud, la revisión en profundidad de sus estructuras, perfiles profesionales, interdisciplinariedad con un mundo cada vez más apoyado en tecnologías diversas, en un contenido omnicomprensivo en los diferentes condicionantes socios económicos de la salud, en las inversiones relacionadas con los activos comunitarios a su disposición, en la gestión de la complejidad de sistemas y formación. Ni qué decir de los propios organismos globales, empezando por la OMS y de la necesaria cooperación “reformulable” a lo largo del mundo. La aplicación de instrumentos y lecciones aprendidas que en plena pandemia hubo de utilizar asumiendo riesgos inicialmente rechazables, decisiones urgentes y extraordinarias consideradas inasumibles a priori, requiere su reconsideración al servicio de los cambios por venir.

Todo un cúmulo de transformaciones que han de afectar a todos los implicados. Hacer y esperar un mejor año, no será un simple reclamo acompañando el simbolismo de las uvas a ritmo de campanadas. Será, sobre todo, un esfuerzo personal y colectivo, que habrá de movilizar a todos los agentes económicos, sociales e institucionales. Si siempre aprendemos en un crecimiento continuo, 2021 nos ha provocado un aprendizaje acelerado.

Como siempre, la mayor dificultad, al igual que la mayor virtud y capacidad de logro, para las transformaciones necesarias están en el propósito y los valores de los actores. Empresas, gobiernos, academia viven una convulsión y cambio acelerado, inaplazable. Todos ellos, de una u otra forma, están inmersos en este tránsito. ¿Seremos capaces de comprometernos en un mejor 2022?

Sin duda alguna, la riqueza del movimiento generalizado que, a lo largo del mundo, se viene impulsando y reforzando en torno a los verdaderos objetivos con los que estamos dispuestos a comprometernos, la reacomodación de nuestras prioridades vitales y de empleo, la demanda de una tecnología humanizada, la reconfiguración de un  mundo multilateral en una renovada democracia, y los nuevos ojos con los que miramos el futuro desde lo aprendido y vivido en el años que dejamos atrás, habrán de llevarnos a un mejor 2022. Economías justas y equitativas, un innovador progreso económico, en una cambiante y muy distinta geografía económica, confrontando la desigualdad, innovando en la gobernanza en todos los niveles y espacios públicos y privados, al servicio del bien común. Todo un proceso ya en marcha que habrá de encontrar en este nuevo año una luz rectora de las múltiples iniciativas y movimientos en curso.

Todo un propósito: repensar el futuro, pero, sobre todo, hacerlo posible.