(Artí­culo publicado en Deia el 20 de Abril)

La reciente presentación en Londres del índice de Progreso Social 2014, ha dado lugar a un nuevo proceso cuyo objetivo no es otro que «impactar» en la redefinición de las agendas de los gobiernos, empresas y sociedades en sus modelos de negocio y, sobre todo, polí­ticas públicas. El movimiento, aún incipiente, en torno al reclamo por la interacción convergente y simultánea entre las necesidades sociales y la creación de valor económico, es una realidad que se extiende al mundo de la estrategia empresarial, las polí­ticas de desarrollo y cuenta, además, con un nuevo índice que permite medir indicadores crí­ticos sobre los que actuar, a la vez que compararlo con el tradicional PIB que nos ha acompañado por décadas.

El prestigioso profesor Michael E. Porter, máximo responsable académico del mencionado índice de Progreso Social (avalado, en especial en esta materia, entre otras cosas, por haber dirigido durante años la elaboración del conocido índice Global de Competitividad que, con carácter anual, publica el World Economic Forum y sirve de base de decisión a 140 paí­ses a lo largo del mundo) destacaba en su presentación, el por qué y para qué de este nuevo índice así­ como, sobre todo, este refuerzo en un movimiento hacia el progreso social y el valor compartido empresa-sociedad. Nos recordaba una evidencia: «Pese a diversos esfuerzos, aún no entendemos la verdadera conexión entre desarrollo económico y desarrollo social, no contemplamos una visión holí­stica del desarrollo y, en consecuencia, no hemos acertado en la correcta definición de las polí­ticas sociales necesarias. Nos hemos acercado a conceptos de crecimiento y desarrollo desde el PIB y hemos intentado avanzar en otro tipo de í­ndices, hemos mezclado indicadores sociales (pocos y escasamente claros) con el peso del PIB y su dominio económico». En este camino, han aparecido diferentes aproximaciones como  el índice de Desarrollo Humano e incluso el de la Felicidad, pero anclados en la visión económica del PIB. Esta desconexión, si bien es verdad que se ha venido mitigando con un cada vez mayor esfuerzo por unir determinadas polí­ticas económicas y sociales en estrategias convergentes y que, poco a poco, interiorizamos en determinadas polí­ticas y estrategias el hecho de que, también, las polí­ticas sociales y redes de bienestar son facilitadoras del desarrollo económico. Aun así­, tal y como han publicado recientemente Stiglitz y Fitoussi («Mismeasuring our lives», «Midiendo mal nuestras vidas») seguimos instalados en el PER CAPITA que, además, resulta engañoso con medios irreales penalizadores de las poblaciones desfavorecidas siendo claramente distorsionador de la realidad.

Así­, el tránsito a la era «PRO CíPITA» pretende disponer de nuevos elementos de medición, exclusivamente soportado en indicadores sociales, que midan Resultados (OUTCOMES) y no inputs, que estén orientados a la acción (oportunidades para el cambio) y que sean relevantes para todos los paí­ses (no solamente los «llamados pobres o en desarrollo, sino TODOS, incluidos los «avanzados»). Metodologí­a compleja que exige de un intenso trabajo de mejora que permita que los primeros 132 Estados incluidos en la edición 2014, actúen sobre los propios indicadores, afinen sus conceptos y reorganicen sus aparatos estadí­sticos. (Recordemos que los primeros intentos para medir el PIB fueron claramente inapropiados y muy limitados y que aún se cuestionan muchos de los datos que aportan determinados paí­ses con discrepancias evidentes entre diferentes Organismos). Adicionalmente, no podemos olvidar que continuar midiendo en el ámbito estatal, incide en un error grave en la medida que las diferencias y desigualdades en el interior de los Estados son, las más de las veces, mayores que de Estado a Estado. Aquí­, debemos destacar un hecho relevante: Euskadi. El índice de Progreso Social 2014, además del análisis en 132 Estados de los cinco continentes, recoge una singularidad: su aplicación al Paí­s Vasco como único caso No Estado que permite abrir un camino hacia la «regionalización y actuación en espacios infra-estado y/o especiales», que posibiliten una mejor comprensión del progreso social y faciliten las polí­ticas a implantar. La elaboración de este Indice ha contado con la participación del Instituto Vasco de Competitividad-ORKESTRA en una iniciativa singular analizando -con carácter piloto- la racionalidad e importancia de su aplicación en ámbitos llamados «infraestado». El Informe resalta algunas de las caracterí­sticas clave que concurren en nuestro Paí­s para convertirlo en un candidato ideal a este ejercicio: su carácter lí­der y vanguardia en el desarrollo del Estado español (primero en el propio PIB), cabeza en el desarrollo social en términos de índice de Desarrollo Humano conforme a parámetros del PNUD-Naciones Unidas, distintos elementos que le caracterizan como un territorio diferenciado de su entorno (identidad y cultura, tejido económico, capital humano, autogobierno y elevado grado de autonomí­a con estrategias y polí­ticas diferenciadas, una oficina estadí­stica propia con un alto recorrido en la elaboración de información e indicadores ad hoc para el propósito buscado y la presencia, institucionalizada, de diferentes observatorios e í­ndices en el ámbito de la innovación social, regional y comarcal).

De esta forma, de la mano de 52 indicadores sociales en torno a 3 pilares determinantes (Necesidades Humanas Básicas, Bases del Bienestar y Oportunidades de Desarrollo), se alcanzarí­a el Progreso Social entendido como «la capacidad de una Sociedad para alcanzar las necesidades humanas de los ciudadanos al objeto de establecer aquellos fundamentos sólidos que permitan a los ciudadanos y sus comunidades mejorar y sostener su calidad de vida creando las condiciones par que todos participen de un bienestar inclusivo».

Con este propósito, el resultado del índice 2014 se ha presentado con una interesante comparación en relación con el PIB. Así­ podemos utilizar como ejemplo los Estados Unidos de América, primer lugar en el ranking mundial de PIB y 15 en el nuevo índice de Progreso Social. El «New Deal» que ha caracterizado un «Pacto Social» a lo largo de la historia estadounidense, proclamándose como «Tierra de Oportunidades»,  «por lo que todo ciudadano puede aspirar a ser multi-millonario o presidente del Paí­s» (si logra al menos 100 millones de dólares para financiar su campaña), no parece responder a los mejores indicadores sociales. Ni su educación pública básica (la K-12 obligatoria), ni su sistema de salud, ni sus redes de servicios sociales, ni las polí­ticas de protección social, ni la vivienda popular, ni el equilibrio y cohesión territorial parecen estar en igualdad de desarrollo que su PIB per Cápita. Por el contrario, con sus limitaciones, pese al deterioro de los últimos años de crisis y las polí­ticas restrictivas del bienestar en Europa, salvo los casos de Canadá y Austria, son los paí­ses Europeos los mejor situados en ese grupo de cabeza de los primeros 16 Estados en el ranking. Se trata, sin duda, de un buen reclamo, en los tiempos que corren, para los defensores de las polí­ticas de bienestar en detrimento de los defensores a ultranza de un libre mercado. En ese pelotón de cabeza, la «estrategia vasca» en torno a un modelo de competitividad en Solidaridad haciendo de la convergencia permanente entre sus polí­ticas industriales, sus polí­ticas sociales y sus polí­ticas de cohesión territorial parecen justificar y demostrar su acierto y el camino a seguir.

En definitiva,  asistimos al despliegue de un nuevo movimiento que se abre camino, paso a paso, desde la solidez conceptual, la evidencia diferenciada y la extendida demanda social. La necesaria interconexión economí­a-Sociedad cobra carta de naturaleza y exige una clara reorientación de las polí­ticas hacia la prioridad tantas veces anunciada: las Personas. Un tránsito aún incipiente. No obstante, más allá de un índice, lo relevante es actuar sobre sus indicadores, focalizando estrategias y polí­ticas concretas sobre todos aquellos relevantes crí­ticos. Disponemos, hoy, de mejores instrumentos para afrontar los nuevos desafí­os. A partir de aquí­, en los próximos años, recorreremos, sin duda, nuevos caminos pro-cápita, es decir, al servicio de las personas.

(Artí­culo publicado en Deia el 6 de Abril)

A la vez que un buen número de declaraciones del Gobierno español y titulares de prensa económica proclaman que «España ha salido de la crisis», respaldados en algunos indicadores como el incremento de la recaudación por IVA, reducción de la prima de riesgo o recientes compras (o anuncio de la posibilidad de hacerlas) por grupos inversores extranjeros, además del previsible «cese temporal» de la intervención directa de la troika financiera en la gestión de las finanzas públicas y los presupuestos del Estado, la OCDE se ha encargado de resaltar las luces rojas y el lienzo negro que describe el panorama de la sociedad española del 2014, destacando las consecuencias de la crisis. Adicionalmente, en estos últimos dí­as, las declaraciones del ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, pretendiendo descalificar determinados informes molestos para su discurso de recuperación, no han hecho sino avivar la preocupación y el debate en torno a la desigualdad, la pobreza y los modelos de crecimiento y desarrollo económico y social.

El mencionado informe de la OCDE pone el acento en la desigualdad, la necesidad de una «nueva estrategia de protección social» y la reorientación de prioridades hacia la población más desfavorecida y el amplio colectivo de los NEET (ni empleados, ni educándose, ni formándose), que representan ya 1 de cada 5 adultos entre 15 y 24 años. Lo hace sin dejar de señalar un desempleo juvenil que ha superado el 50% o el hecho de que el desempleo adulto de alta duración alcanza ya al 45% de los 5,8 millones de parados. El desempleo de la crisis (2007 a 2013) ha ido creciendo a un ritmo de 13.000 desempleados por semana. Así­, desempleo, empobrecimiento generalizado de la población (en torno a un 30%) acentuado entre los de menores ingresos, sitúan a España en los peores lugares del ranking europeo y de paí­ses de la OCDE, con el triste y preocupante tercer puesto por la cola en empleabilidad y el segundo peor en pobreza infantil.

Con este panorama, todo intento o señal de recuperación económica, esperanza en las reformas y polí­ticas de productividad, negociación colectiva e incluso fiscal y tributaria, no evitará, en un horizonte de al menos el medio plazo, que la desprotección social, desigualdad y marginación vaya en aumento o en insuficiente contención de crecimiento relativo, bajo marcos y modelos convencionales. Una vez más, debemos asumir que no podemos esperar la pasiva creación espontánea de riqueza y empleo desde el cí­rculo natural dado por válido en los escenarios del pasado. Ni el proceso es tan evidente ni el caprichoso mercado asigna correctamente los resultados esperados ni los tiempos permiten esperar unos resultados teóricos.

En estas condiciones, el desafí­o (universal) al que nos enfrentamos reviste extrema complejidad, no ofrece soluciones cortoplacistas y exige cambios radicales de cultura, actitudes y riesgos. No parece que la inevitable cobertura de prestaciones sociales, cada vez más costosas y con más demandantes, pueda recaer, sin más, en un incremento continuo de la ví­a impositiva sobre aquellos que disfrutan de mayores rentas o mejor formación y una adecuada cualificación a las actividades mejor apreciadas y compensadas por el mercado, asistiendo a una cada vez menor relación entre trabajador-contribuyente y desempleado o pensionista. La demanda de prestaciones sociales no contributivas crece y la sociedad y sus gobiernos no pueden (ni deben) no atender la demanda real y natural que, desgraciadamente, conllevan. Tampoco se puede descansar en la creación de empleo público artificial con independencia del valor que genere ni, por supuesto, en una optimización administrativa fijando requisitos excesivos para limitar los derechohabientes que mayor atención demandan, a la vez que tampoco cabe esperar que toda iniciativa de reforma parta de la premisa de considerar inamovible el estatus quo funcionarial manteniéndolo como miembro fijo de la ecuación.

En nuestro caso, la sociedad vasca  disfruta del beneficio relativo de decisiones estratégicas valientes tomadas en el inicio de su acceso al autogobierno y que se han venido perfeccionando a lo largo del tiempo. En estos dí­as, la celebración del «año de lucha contra la pobreza y la desigualdad», diversos análisis y diagnósticos sobre la aplicación y gestión de las rentas de inserción, así­ como el propio debate Hacienda-Cáritas y sus informes, además del debate permanente sobre la prioridad en el gasto público, han permitido la organización de un seminario-aniversario sobre el rol jugado por las administraciones vascas en este ámbito social. Y con la oportunidad del debate en torno al siempre difí­cil concepto de pobreza, recordamos aquel pionero «Informe sobre la Pobreza en Euskadi» del Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del año 1986, que fue recibido con una alta dosis de crí­tica e incredulidad. ¿Era posible hablar de pobreza en Euskadi cuando nuestra sociedad viví­a en una situación claramente superior a las de nuestro entorno? ¿Qué significaba «vivir en la pobreza»? ¿Se trataba de un mensaje alarmista condicionante de los esfuerzos de solución a la grave crisis económica y de empleo que padecí­amos? ¿Habí­a capacidad (competencial, legal, financiera, de gestión) para abordar un plan riguroso para erradicarla? ¿Estaba nuestra sociedad preparada para aceptar el concepto y asignar recursos (salario social, emergencia social) a aquellos a quienes no cabí­a exigir un trabajo (entre otras cosas porque no habí­a empleo disponible) o una contraprestación especí­fica? ¿Disponí­amos de una adecuada red de bienestar y servicios sociales para responder al reto?

 

Hoy, el tiempo ha dado la razón a la importancia de la apuesta de entonces. Euskadi, también en este capí­tulo, diseñó e implementó estrategias contracorriente. El mencionado informe fue una pieza clave en un intenso proceso que complementaba diferentes estrategias y polí­ticas para enfrentar un graví­simo desempleo por encima de un 23%, inmerso en un pasivo y pésimo servicio de empleo público (INEM), unas polí­ticas activas de empleo secuestradas y momificadas por la nefasta trí­ada gestora de la administración central, los agentes sociales (sindicatos UGT y CC.OO.) y patronal (CEOE), administradores de un sistema inoperante con resultados caóticos. Más allá de ámbitos competenciales no transferidos, Euskadi optó por afrontar los problemas y plantear soluciones de futuro. Desde nuevos indicadores de desempleo (PRA), nuevas iniciativas de censo y mercado de trabajo, polí­ticas activas de empleo no financiadas por la administración central, un sistema de formación profesional y ocupacional propio, nuevos espacios de interacción bienestar-empleo y socio-sanitario (recordemos que entonces no existí­a la cobertura sanitaria universal) hasta la creación de un salario social, pionero en el Estado que, con el tiempo, se ha generalizado de una u otra forma. Ese binomio empleabilidad-salario social, en su progresiva aplicación a lo largo de cerca de 30 años, en el marco de una estrategia de competitividad y bienestar, permite que hoy, pese a la profundidad de la crisis descrita, Euskadi ofrezca los niveles más bajos de pobreza y desigualdad de Europa, tras Suecia.

Este proceso, sostenido a lo largo del tiempo, ha sido objeto de análisis (recuerdo y reconocimiento) en estos dí­as. Los grandes esfuerzos realizados por un grupo de técnicos del Gobierno vasco en los albores de los años 80 vieron su primera luz con la elaboración del «Informe sobre la Pobreza en la CAPV» e inspiraron la actuación del Parlamento Vasco en una proposición no de ley de EAJ/PNV y se fueron perfeccionando a partir del compromiso parlamentario del lehendakari Ardanza para acometer, en el marco del entonces en diseño «Plan Euskadi-Europa 93», una apuesta para dotar a Euskadi de las infraestructuras y polí­ticas de cohesión social y territorial que nos permitieran no perder el «tren de Europa o del futuro», recomponiendo la condena a la marginación a la que nos llevaba el Informe Cecchini (El coste de la NO Europa). Entonces, Euskadi tampoco disponí­a de grandes excedentes presupuestarios, ni nadaba en la abundancia, ni contaba con el apoyo de Madrid para acometer estas polí­ticas regionalistas anti-pensamiento centralizador dominante. (El propio socio de gobierno de coalición, el PSE, se oponí­a a un salario social en Euskadi que «contaminarí­a» las polí­ticas «en el resto del Estado»). Hoy, Europa vuelve a retomar el discurso de la desigualdad y la pobreza como expresión rebelde de una dura realidad que por desgracia nos aqueja. Afortunadamente, en este tipo de compromisos y estrategias, Euskadi también ha sido pionera. Por supuesto, de manera insuficiente e inacabada. El desafí­o es enorme y no solo es cuestión de voluntad y recursos sino de acertar en las estrategias integradas, interdepartamentales e interinstitucionales que vieran su luz en los compromisos de los primeros 90 y que hoy siguen surgiendo con renovados impulsos.

Euskadi revisa las lecciones aprendidas para acometer la intensidad del momento. Es el momento de desempolvar una extraordinaria publicación del Gobierno vasco «1984-2008: 25 años de estudio de la pobreza en Euskadi» y, de la mano de sus autores, Luis Sanzo y Joseba Zalakain, analizar el proceso… además de agradecerles públicamente su esfuerzo, dedicación, insistencia y enorme contribución a lo largo de estos 30 años. Como a tantos que han trabajado en este complejo, las más de las veces oscuro e indefinido mundo de la pobreza y la desigualdad.

Gracias a esta base forjada, una vez más, desde un claro liderazgo polí­tico con el imprescindible compromiso de la iniciativa social (mención especial al enorme protagonismo y aportación de Cáritas ya entonces) y privada (de especial relevancia el SIIS de Donostia cuyo empeño, investigación y aportaciones conceptuales aportaron inapreciable profesionalidad y referencia) y que fue capaz de incorporar en torno a una arriesgada y compleja estrategia de polí­ticas sociales en una estrategia-paí­s de éxito al Gobierno vasco, a las diputaciones forales y a los ayuntamientos. Una apuesta valiente, de alto riesgo, superadora del conflicto competencial inter-intra administraciones públicas, de la discusión permanente en torno al espacio de atención de las personas atendiendo a si «son enfermos que envejecen o mayores que enferman»; si la «seguridad social única y contributiva para quien tiene empleo debe o no extenderse a un salario social, digno y suficiente para quien no dispone de ingresos, cae en la emergencia social o no puede salir del pozo de la pobreza, sin contra prestación alguna».

Hoy,con orgullo, debemos recordar y poner en valor cómo las instituciones vascas y sus gobernantes lideraron el proceso, asumieron los riesgos y apostaron por un camino pionero y, sobre todo, solidario. Camino que nos ha permitido afrontar las dificultades y posibilita construir futuro. Trayectoria con resultados observables positivos. Lecciones para ganar la confianza necesaria para afrontar los enormes desafí­os, renovados, existentes.

Sin duda, es un buen momento para, además de preocuparnos por la situación, ocuparnos. Desigualdad y pobreza están aquí­. Pero, por encima de todo, hemos de tener la certeza de que el trabajo emprendido ha sido positivo, que disponemos de una sólida red de bienestar y servicios sociales, que hemos construido un marco colaborativo interinstitucional e interdepartamental además de público-privado al servicio de las personas. Esta es la estrategia de competitividad, bienestar y desarrollo por la que hemos apostado. Un gran desafí­o… posible.