(Artí­culo publicado el 29 de Noviembre)

Bajo la dirección de mi colega y amigo Amit Kapoor al frente del Instituto para la Competitividad de la India y en colaboración con la Social Progress Imperative, se ha presentado el índice de Progreso social en los Estados (provincias) de la India.

El amplio trabajo realizado sobre la base del SPI (índice de Progreso Social) pretende aportar nuevas herramientas de análisis para la toma de decisiones de empresarios, polí­ticos y «lí­deres transformadores» de la sociedad, entendiendo cómo, pese al avance en desarrollo económico de la India, el desarrollo y progreso social, no se ha dado en la misma proporción y cómo, además, las diferencias entre los diferentes estados no son solamente notorias, sino que, en algunos casos, relativamente sorprendentes, mostrando una más que notable brecha entre el PIB y el desarrollo social. Así­, en un Paí­s-Continente (por definirlo de alguna manera) en el que vive la sexta parte de la población mundial (1.300 millones de personas), con una gran mayorí­a carente del acceso a los servicios esenciales en materia de salud, educación y nutrición y con un 30% de su población rural sin electricidad, o en el que al menos el 35% de los procesos judiciales requieren más de 3 años para completarse, resultaba más que conveniente abordar un proyecto de esta magnitud a partir de la iniciativa, impulso y metodologí­a de Michael E. Porter y Michael Green en su ya acreditada iniciativa para el Progreso Social. Un complejo y riguroso trabajo que permite disponer de herramientas fiables de medición y orientación en las polí­ticas públicas y el uso prioritario de los recursos, dando luz al mundo empresarial para repensar y reorientar sus modelos de negocio y roles particulares.

Si bien a cualquiera que piense en la India ha de resultarle una obviedad hablar de heterogeneidad, diferencias regionales, desequilibrios entre Estados, distritos o barrios, y en consecuencia, darí­a por buenos (e imprescindibles) diferentes modelos y niveles de gobierno, distribución competencial entre unos y otros y estrategias públicas diferenciadas para cada región o ciudad, así­ como estrategias empresariales distintas según regiones o mercados internos por acometer, no les parecerí­a tan evidente trasladar dicha «normalidad» a otros Paí­ses-Mercados del mundo en que operen o vivan,  como lo demuestran diferentes actitudes y decisiones (públicas y privadas) en determinados paí­ses y regiones a lo largo del mundo como en el caso del Estado español tal y como hemos podido comprobar esta misma semana. Como ejemplo, baste referirnos a la «extrañeza» con la que el gobierno español, sus antecesores del PSOE (promotores de la ley), las patronales y algunas empresas multinacionales, han recibido la anulación de los artí­culos esenciales de la Ley de Unidad de Mercado que, en palabras del Tribunal Constitucional, «no ampara situarse en el lugar que se quiera para operar en todo el territorio del Estado sin cumplir regulaciones especí­ficas de diferentes Comunidades Autónomas atendiendo a sus particularidades, determinantes económicos, polí­ticos y sociales». Levantan la voz y «advierten» del peligro de no contar con licencias únicas, modelos y organizaciones de gobierno centralizadas e iguales y «ventanilla única» adecuadas a su propia organización interna.

Algo tan elemental permite acercarnos a la esencia del trabajo en cuestión realizado en India. Recordemos que el mencionado índice incluye, en exclusiva, indicadores sociales en cuanto a necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades (derechos, libertades, tolerancia, inclusión y acceso a la educación avanzada). Más allá del PIB (Producto Interior Bruto) de muy reciente uso (1944), cuando los determinantes y manera de entender la economí­a eran muy diferentes a los de hoy, y que ha «facilitado» una manera supuestamente homogénea de medir las economí­as y su rendimiento regional, y que ha condicionado de manera excesiva (y excluyente) las polí­ticas públicas (economí­as y sociales) en las últimas décadas, la realidad pasa factura y las desigualdades, carencias y no acceso desde la base a cifras globales, ha venido generando la necesidad de nuevas maneras de observar el mundo, la economí­a, la interacción economí­a-sociedad en el ámbito de nuevos espacios y objetivos de inclusión. Así­, siendo relevante el crecimiento económico, resulta insuficiente para el bienestar y progreso social de las ciudades, demandantes, dí­a a dí­a, de nuevas medidas, polí­ticas y soluciones de sus gobiernos. Un ejemplo de esta disociación real lo hemos tenido esta misma semana con la presentación del Plan de Trabajo de la Unión Europea para el 2018, cuyo preámbulo y objetivo destaca la importancia del crecimiento económico global de la Europa 27 (2% del PIB) haciendo nula referencia a las diferencias no ya solo entre Estados o regiones europeas (ni siquiera de «los 98 nuevos problemas de gobernanza» que señalaba Juncker para despejar el asunto Catalunya-España), sino entre ciudadanos europeos. Su olvido y tendencia es más que significativo de las prioridades europeas para su último ejercicio en la Comisión. (Un horizonte nada apetecible, no ya para «los 98″ que queremos otra y más Europa, sino para los 27 post Brexit). En esta lí­nea en apariencia dominante en el pensamiento globalizador, el Informe en la India aporta aires nuevos y permite observar relevantes contradicciones, como por ejemplo la dualidad entre desnutrición (estados pobres) y obesidad (paí­ses ricos) en materia de salud, o el avance en términos de valor en salud en regiones menores y otrora más desatendidas gracias a polí­ticas de saneamiento, agua y comunitarización de la atención en salud, con el apoyo de iniciativas endógenas, mejorando considerablemente la salud en dichas regiones con un deterioro significativo en ciudades y regiones «ricas». Polí­ticas diferentes, estrategias micro, ad hoc, marcan la diferencia. Resultados o indicadores que invitan a los lí­deres transformadores a repensar su gobernanza y modelos de solución focalizando sus recursos en aquellos elementos tractores del cambio, con un claro aviso en las primeras conclusiones de los autores del Informe: imprescindible asociar indicadores y desarrollo económico al progreso social, «bajar» el índice Medio Paí­s a cada uno de sus 28 Estados y al territorio Delhi, desglosando su peso y componentes sociales, el verdadero impacto lineal del rendimiento económico con el social (observando grandes disparidades como, por ejemplo, el escaso impacto relativo del desarrollo económico en el valor de la salud o determinados espacios del bienestar, tal y como ya lo habí­amos conocido en Estado Unidos, por ejemplo, en el que destinar el 18% de su PIB en salud no evita que sea uno de los paí­ses del mundo con peores sistemas de salud y población atendida), un mejor impacto y mejorí­a en necesidades básicas que en «oportunidades de futuro» (aumento constante de la brecha «ricos-pobres» a lo largo del tiempo). Y, por encima de todo, un claro valor aportando caminos a recorrer para el cambio hacia agendas para un desarrollo integral menos distante entre regiones y comunidades, identificando los espacios y nichos reales de inversión por acometer.

Conclusiones válidas para la India y, en general, para cualquier lugar del mundo. Así­, no muy lejos de allí­ (en términos relativos), el reciente Congreso del Partido Comunista chino, se ha dotado de su renovada estrategia incorporando a su Constitución «el pensamiento de Xi Jinping». Su visión 2050 le lleva a «hacer que China se alce por encima de todas las naciones del mundo para una nueva era». Dentro de sus «seis estrategias esenciales» destaca la reestructuración del mundo rural, el desarrollo interregional coordinado y reformas institucionales regionalizadas al objeto de «llevar el éxito perseguido a todos los territorios de China». Las «mil Chinas» que conforman este gran gigante exigen estrategias e Instituciones propias, más allá del liderazgo observable en Beijin, desconcentrado en sus 2.500 delegados y decenas de miles de ejecutores a lo largo del Paí­s.

No es de extrañar, en un plano muy distinto y distante, que los Acuerdos de Paz en Colombia hayan dedicado una parte relevante de los mismos al diseño e implantación de «Estrategias integradas regionalizadas» para la «otra Colombia» y sus zonas rurales, objeto de aislamiento y marginación (real o relativa) a lo largo de su historia con el compromiso de institucionalizar nuevas polí­ticas de salud, educación y desarrollo inclusivo contando con las variadas poblaciones (también con gran diversidad lingí¼í­stica y cultural) y sus «Comunidades endógenas».

India, China, América, Europa… Todo un mundo a la búsqueda de modelos propios y diferenciados. El progreso social, el desarrollo inclusivo, reclaman su consideración como objetivo prioritario. Empeñarse en medir con indicadores del pasado por muy confortables que parezcan, en mantener estructuras «nacionales-estatales» centralizadas y alejadas de las realidades diferenciales en el interior de sus Estados del pasado, basados en la confortabilidad de sus estructuras heredadas y no afrontar cambios deseados e inevitables, por temor o pereza a transitar la complejidad de su gobernanza, solamente lleva al fracaso tarde o temprano y es, sobre todo, una irresponsabilidad. Anclarse en el pasado heredado y no asumir el riesgo del futuro deseado supone agravar los problemas, consolidar la desafección y hurtar al derecho a una vida digna, socialmente exigible.

Bienvenido este nuevo trabajo sobre la India que, además, refuerza el gran avance del SPI y la iniciativa de proceso social emprendida hace unos años y a la que Euskadi, como en otros campos, se incorporó desde sus momentos iniciales. Un largo camino por recorrer sabiendo que la luz que genera, ayuda a entender las causas y consecuencias de las decisiones por tomar. Un facilitador para el logro de propósitos al servicio de las personas.

Una vez más, hoy más que ayer, hemos de insistir en el trinomio diferenciado economí­a-sociedad-territorio bajo objetivos únicos y distintos de desarrollo inclusivo, desde el autogobierno indispensable para apropiarnos de nuestro futuro. El mundo real no permite separación de fases, estadios y tiempos: hoy crecimiento, mañana reparto, pasado organización y polí­tica. Por el contrario, todos ellos son componentes indisociables de un mismo tiempo, necesidad y objetivo, conformando elementos esenciales de las estrategias y polí­ticas transformadoras.

Nuevos tiempos, nuevas lecciones aprendidas, nuevos propósitos, nuevos instrumentos y nuevos jugadores.

(Artí­culo publicado el 15 de Octubre)

Ya sabemos que el pasado 1 de octubre la convocatoria de la Generalitat a decidir ví­a referéndum en torno a la voluntad de los catalanes a transitar hacia una República independiente en Europa, recibió el apoyo mayoritario de quienes acudieron a votar superando todo tipo de miedos, mensajes apocalí­pticos y la fuerza arrasadora de los aparatos del Estado unitario. Sabemos, también, de las atrocidades que le han seguido desde un Estado que pregona su compromiso con la ley, siempre que su decisión e interpretación unilateral sea gestionada por su establishment y el estatus quo extienda su inercia conformista con un modelo de relación inamovible. Sabemos también que el Parlamento Catalán ha asumido la Independencia como consecuencia de la decisión mayoritaria en el tormentoso referéndum y que ha ralentizado -en una difí­cil invitación a la mediación internacional y al pacto- su materialización o desconexión negociada (sobre todo con los poderes del Estado español y, por supuesto, con la Unión Europea de la que, en principio, desea seguir formando parte como ciudadanos europeos de pleno derecho que lo son hoy en dí­a). Y sabemos, finalmente, que guste o no, el modelo de la transición exige una radical transformación del llamado «Estado autonómico». Catalunya, Euskadi, España, Europa, estamos en juego y es momento, inaplazable, de recomponer un modelo nuevo, desde la confortabilidad de todos. Proceso que será coincidente, en el tiempo, con la inevitable reforma o iniciativa para repensar Europa y no solamente como consecuencia del Brexit, sino de las propias ineficiencias, insatisfacciones y nuevos desafí­os y deseos europeos, en un contexto mundial complejo y lleno de tendencias novedosas que, queramos o no, están o llegarán para condicionar nuestra elección futura, sabedores que no se trata de esperar para ver que es lo que sucede, sino de apropiarnos de nuestro futuro y hacerlo posible conforme a nuestras aspiraciones.

Conocemos, de igual forma, tanto la respuesta del Gobierno español, su mayorí­a unionista en España -claramente minoritaria con tendencia a lo marginal en Catalunya y Euskadi- reclamando la existencia perenne de un Estado unitario y único en función de la herencia que entienden inamovible, apoyada por  una  orquestada sintoní­a mediática, reflejada, por ejemplo, en el titular de un importante medio económico editado en Madrid: «Chantaje Inaceptable», desplegando su intensa cobertura a su serie «desafí­o secesionista» inspirada en la «oleada de empresas que huyen de Catalunya» y destacando que «el dinero y todos los comportamientos de carácter económico son decisiones racionales y si las empresas desean seguir en los mercados internacionales han de cambiar de sede». Sin duda, la peor semana elegida para hacer dicha afirmación, como veremos más adelante, al coincidir con la distinción del nuevo premio nobel de economí­a para profesor Richard H. Thaler.

Sin duda alguna, economí­a y polí­tica resultan inseparables y su interdependencia es y será de enorme relevancia en lo que el futuro depare en el Procés y su curso. En esta lí­nea, un penúltimo episodio en la batalla articulada por el Gobierno Rajoy en su objetivo de impedir un referéndum en Catalunya y el posicionamiento de su Parlamento tras los resultados esperables, ha sido el golpe «facilitador del cambio de Sedes Empresariales» a través del Boletí­n Oficial del Estado, previa generación del contexto adecuado que lo justificara con el apoyo, voluntario o impuesto, de sus aliados económicos o de las empresas necesitadas de un cambio sugerido, previsor , ideológico o, también en algún caso, de negocio.

Los ya viejos y conocidos juegos de la «Inteligencia de Estado», amplificados por una amplia baterí­a de medios de comunicación y de «Informes cualificados», además de portavoces empresariales, campañas de descalificación y boicot del mercado y temores infundados engañando a la población, dieron sus frutos para «justificar» una medida distorsionadora de la realidad económico-empresarial y ganar el efecto temor, mediático, necesario para provocar una generalizada sensación de descalabro, pretendiendo presionar la etapa «final» del Procés en su esperada cita del pasado martes.

De la misma manera que los ya hoy nada sospechosos (sino plenamente descalificados) «Informes objetivos y rigurosos» que sirvieron para mentir sobre el «coste de la NO España» contra el proceso para el Nuevo Estatuto Vasco con el Lehendakari Ibarretxe, o la «pobreza galopante» que aquejarí­a a Escocia fuera del Reino Unido o la insignificancia y crisis económico-financiera del Reino Unido (UK^–) tras el Brexit, la «inviabilidad de una Catalunya independiente» estaba servida. Desgraciadamente, para quienes generaban estos mensajes, Catalunya continuaba ofreciendo resultados que reflejaban una productividad que triplicaba la de la economí­a española, la continuaba superando en crecimiento del PIB, en tasas de ahorro, en captación de Inversión extranjera, en posicionamiento innovador, emprendedor y de internacionalización. Y, evidentemente, con estos credenciales y el 21% del PIB del Estado español, si Catalunya serí­a inviable, ¿qué decir de la SP^– o España reducida sin Catalunya?

La confusa (interesada) mezcla de argumentos considerando, a la vez, a Catalunya como parte o no de la España analizada, trasladaba a la opinión pública mensajes preocupantes: «El dí­a 10 quedarán fuera de Europa, en el limbo, no estarán en el espacio Euro, no tendrán acceso a las lí­neas internacionales de financiación, tendrán que pagar una deuda del 110% de su PIB, no podrán pagar pensiones, ni pagar los salarios de los funcionarios… los bancos con sede en Catalunya no tendrán acceso ni al Fondo de Solvencia, ni a la normativa, inspección y cobijo, ni del Banco de España, ni del Banco Central Europeo… Adicionalmente, España boicotearí­a, como mercado, los productos catalanes que, además, serí­an encarecidos por nuevos aranceles, elevados tipos impositivos y complejos trámites aduaneros… Obviamente, por el contrario, España y su economí­a no se verí­an afectados»

Y, por supuesto, no cabí­a esperar a contemplar dicho escenario. Bastaba con provocar la estampida.

Así­, tras la intervención (truculenta, ilegal y unilateral) del Ministro de Hacienda (reprobado por el Congreso) de todas las cuentas de la Generalitat (que, por cierto no se sabe si ha congelado un solo euro a otra Comunidad Autónoma, Administración local, de Justicia o de su propia Administración Central del Estado inmersa en incumplimientos, actos ilegales o corrupción), de las presiones desde Vicepresidencia con el arma del CNI a diferentes empresas prestadoras de servicios, era el turno del Ministro de Economí­a. De Guindos ya fue colaborador necesario del hoy denostado Vicepresidente Económico Rato en el desmantelamiento de las Cajas de Ahorros rompiendo el grifo natural e imprescindible economí­a-territorio tan necesario para la financiación local, así­ como del modelo que dio lugar a Caixa, a Criteria y su poderoso imperio empresarial ligado a las principales industrias reguladas y cuya cuantí­a de resultados se explican y gestionan en gran medida desde el B.O.E.

De Guindos, que todaví­a en 2015 proponí­a un Real Decreto justificando la importancia en dejar en manos de la propiedad y las Juntas Generales de accionistas la aprobación de «algo tan sensible y vinculado al espí­ritu ……. de las empresas y su vinculación real a sus centros de administración», como la sede de su domicilio social y fiscal, se apresuraba a facilitar el cambio express de los domicilios sociales con la decisión de los Administradores. Ya solamente respondí­a a la «necesaria libre competencia» aceleradora del mercado: ¿Libre competencia con sus polí­ticas de concentración bancaria, de infraestructuras nacionalizables, recentralización administrativa, uso indiscriminado del BOE?

Medida que se justificaba, «en respuesta a la petición de algunos representantes empresariales». Lo anunciaba con anterioridad a su presentación al Consejo de Ministros (se ha dado el caso de empresas cuyos Consejos decidieron el cambio en base a dicho RD con anterioridad a su publicación y entrada en vigor) y con el supuesto apoyo verbal de PSOE y Ciudadanos para su convalidación futura en el Congreso.

De esta forma, productores y vendedores de cava (denominación catalana de origen) dicen evitar el boicot español como si el código postal a conseguir en España pudiera ocultar su origen, ideologí­a, propiedad y centros de decisión anclados en Catalunya. La banca catalana cotizada, con centros de administración y activos (además de sus directivos y accionistas clave) abandona Catalunya para «asentarse» en Alicante o Valencia en algún despacho de un Banco quebrado y rescatado por cesión del gobierno; la todopoderosa CAIXA moviliza a todo su grupo empresarial y hace público que no desplazará a un solo trabajador o directivo y, por supuesto, algunas empresas bajo sospecha por sus recientes fluctuaciones irregulares en Bolsa, se apresuran a buscar el cobijo de Madrid (al parecer aquí­ no hay ayudas de Estado, ni Haciendas autonómicas cuál paraí­so fiscal), ni empresas en plena opa que tendrán el paraguas español del gobierno gracias «al ejercicio de la libre competencia» , para dar tranquilidad a sus inversores. Inversores a los que por supuesto, se convence que no han de tener miedo porque tienen sus domicilios en España que resultarí­a inmune ante una independencia catalana. Así­, la España de la deuda superior a su PIB, del desempleo de cuatro millones de personas, la que no podrá recuperar su rescate bancario, la que tiene un gobierno que ve derrotadas sus iniciativas en el Congreso pero no se inmuta, la que dice no tener capacidad para afrontar el pago de sus pensiones, la que se quedarí­a sin «su 21% del PIB catalán», la que es reprendida por el FMI destacando sus debilidades y a la que pide negociar en «beneficio mutuo, evitando el peligroso contagio, también, a Europa», ofrece plenas garantí­as y tranquilidad a los inversores internacionales y, por supuesto, a los ahorradores españoles. Todo un relato amañado en origen que, por supuesto, obliga a toda empresa a activar planes de contingencia en respuesta a sus mapas de riesgos y que ve en las medidas facilitadoras del gobierno español, una red de seguridad momentánea bajo el amparo amigo de un Estado que cree «en el mercado y la libre competencia».

Recordemos que la fijación del domicilio social de las empresas no debe ser un capricho aleatorio y que la Ley de Sociedades de Capital lo define como «el lugar en que se halla el centro de su efectiva Administración y Dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Es decir, debe existir una relación (real y relevante) entre el lugar designado y el desarrollo de la actividad.

Esto no ha debido impactar demasiado, no ya a las empresas, sino al Gobierno. Es verdad que, para todas las empresas afectadas por el Régimen Común español, la trascendencia fiscal (más allá de la retención anticipada del IRPF) no será relevante en el corto plazo salvo el inevitable cambio en el modelo de gestión ( a distancia o traslados efectivos de personas crí­ticas), sistemas y operaciones especí­ficas, sobrecostes de la alta dirección, coste adicional en  «marketing» justificativo de su «nuevo arraigo» artificial y a sus nuevas relaciones con las Comunidades de acogida. Confiemos que Madrid, Alicante, Valencia y Baleares hayan superado sus problemas del pasado y sean Comunidades y Ciudades, institucionalmente más sólidas que Barcelona-Catalunya por el bien de las empresas en movimiento. La Competitividad de las empresas es mucho más que el BOE y depende, esencialmente, del eco sistema empresarial e institucional en el que se sitúa.

Lo que sí­ es claro es que la actuación del Gobierno es irresponsable y generadora de una batalla, hoy por el dominio social, la identidad empresarial, mañana por el domicilio fiscal con mayor impacto y pasado mañana por la economí­a real de los diferentes territorios, así­ como de la competitividad individual de las empresas actuantes.

Pero como comentaba un poco más arriba, este movimiento coincide en la semana con la concesión del premio nobel de economí­a al profesor de la Universidad de Chicago Richard H. Thaler. A lo largo de su trabajo y publicaciones (en especial «Misbehaving« centrado en las limitaciones reales del individuo medio  en la toma de decisiones y en «Nudge» sobre el «pequeño empujón» necesario para mejorar nuestras decisiones acerca de la salud, el bienestar y la felicidad) ha cuestionado las escuelas de la economí­a tradicional pro mercado y ha explicado cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias esperables de los mercados.

La Academia Sueca le premia por su contribución decisiva a «construir un puente entre los análisis psicológicos y económicos de los procesos de decisión individuales». Y con él, esperamos que la Psicologí­a de la Economí­a, la Economí­a Conductual y el comportamiento impredecible de las personas, no trastoque los planes y esquemas o escenarios de comportamiento de quienes han creí­do ver en el mercado la necesidad de un cambio rápido, al amparo de un gobierno desesperado empeñado en mantenerse en la inercia del estatus quo para garantizar su pensamiento único. Volviendo a Thaler, recordemos que estamos rodeados de «Arquitectos de opciones» que son quienes organizan el contexto en el que la gente toma decisiones. Las más de las veces, lejos de orientarlas al bien común y al interés legí­timo, manipulan la información, moldean escenarios y contextos ficticios y se instalan en ellos confiando en que, para una mayorí­a, por comodidad, inacción o voluntad real, la mejor opción es no hacer nada, ni cambiar lo sustancial («eligen la opción por defecto, como en el teléfono móvil»), y se limita a optar por el momento sin pensar o visualizar el punto final de llegada.

Una grave decisión. Hoy, lo relevante es el último episodio del Procés y las consecuencias inmediatas en la gestión de la independencia suspendida. Pero, mañana, en uno u otro escenario, recordaremos estos «pequeños» movimientos facilitadores del traslado express. El tiempo, los nuevos contextos, la psicologí­a y comportamiento conductual de quienes han tomado estas decisiones, nos permitirá medir las consecuencias (en este caso, para Catalunya, para España y, por supuesto, para las empresas desdomiciliadas). Sin duda, «un empujón irresponsable a la empresa», parafraseando a Thaler en su «Nudge», merecedor del reconocimiento internacional.

(Artí­culo publicado el 1 de Octubre)

El pasado 11 de diciembre, una marea pací­fica y entusiasta de ciudadanos catalanes volvió a decir Sí a su derecho a decidir y a elegir un determinado modelo de relación, de autogobierno y de organización de su administración polí­tica y pública. En esta ocasión, como viene haciendo año tras año, reclamando el diálogo necesario para acordar una nueva y deseada confortabilidad en el espacio polí­tico-administrativo en el que haya de desarrollar su futuro.

En 2006, Cataluña también dijo sí­, con referéndum preceptivo, a un nuevo Estatuto de Autonomí­a aprobado mayoritariamente por su Parlamento, atendiendo al procedimiento constitucional establecido. Sin embargo, tras cuatro años de recursos y recortes, el mismo Tribunal Constitucional y partidos polí­ticos que esgrimen las bondades y purezas del «Punto de encuentro de todos», se encargaron de «cepillar» el Estatuto para dejarlo en el actual Estatuto vigente. Un Estatuto para Cataluña que no quieren los catalanes.

Y con este marco normativo-polí­tico, a la espera de los próximos acontecimientos con la doble cita álgida de hoy (Referendum 1-O y su consecuente proclamación o no de la Independencia y devenir de acciones en cadena), se han venido sucediendo las acciones de los aparatos del Estado para impedir una consulta, recuperar -como viene siendo habitual desde el momento cero de la llamada transición- de forma unilateral las competencias y poderes otorgados a Catalunya en sus distintos Estatutos, posicionamientos mediáticos, mayoritariamente «unionistas», en la carrera para el logro de sus objetivos, dirigiendo la Fiscalí­a, Policí­a y guardia civil, jueces amigos, etc., bajo el amparo de sus tribunales de Justicia y Constitucional o de Cuentas con actuaciones sumarí­simas y sentencias prediseñadas con carácter previo a la evidencia, prueba, derecho a la defensa, sabedores de que su propio control de procesos, tiempos y decisiones, de producirse, no llegarán hasta muchos años más tarde cuando no solamente no haya habido referendum este domingo, sino que hayan desaparecido del mapa polí­tico los incómodos jugadores que no mantienen el adecuado alineamiento con sus deseos e intenciones. Atrás está la palabra solemne y rotunda (teatral a la luz de los acontecimientos) de un Mariano Rajoy en 2006 como jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados reclamando, al entonces Presidente Rodrí­guez Zapatero, «el ejercicio democrático de la consulta, exigiéndole la celebración de un Referendum demandado por el pueblo catalán, destacando su llamamiento a la responsabilidad de Estado, exigiendo alejarse de regí­menes populistas y la necesidad de demostrar la existencia de democracia en España». Por lo visto, el presidente califica el actual estatus propio de una democracia orgánica, de baja calidad e intensidad y que actúa de espaldas al pueblo.     Tras la Diada, lejos de propiciar medidas de diálogo, se han apresurado a impedir cualquier iniciativa o pensamiento pro-consulta con la amenaza de llenar las cárceles con al menos mil presos polí­ticos inhabilitados en una intervención nunca vista en la democracia europea de postguerra, deteniendo a los alcaldes que mostraban su voluntad de facilitar la celebración de la consulta. Más tarde, el desembarco de la Guardia Civil, la sustracción de competencias y responsabilidades al mando de la seguridad y la imposición de «Zares» o «Virreyes» en colonias de la Metrópoli, suponen un camino sin retorno (por cierto, ante la pasividad del jefe del Estado).

Y siendo lo anterior de extraordinaria gravedad, es en este contexto en el que merece la pena llamar la atención sobre otro aspecto relevante, que parece aceptarse con normalidad o con relativa «justificación» y consideración como «medida proporcionada» con el silencio cómplice de múltiples actores y de la oposición de apoyo PSOE-Ciudadanos y que va mucho más allá del 1 de octubre y de la consulta.

Se trata de la irrupción arbitraria e ilegal del gobierno español en el mundo económico-financiero y empresarial en un claro chantaje atemorizador que pretende, una vez más, saltar de la polí­tica al barro, sacando ventaja puntual de su posición dominante. Así­, desde la Vicepresidencia del Gobierno, desde sus reprobados Ministerios (Hacienda, Justicia e Interior), iniciaron una cruzada dirigiéndose a empresas de servicios profesionales y tecnologí­as de la información para «advertirles» que no podí­an realizar dictamen, informe o proyecto alguno para las Administraciones Catalanas con la excusa de que «todo ello irí­a encaminado a la secesión», por lo que serí­an presa de la ley y, sobre todo, de la marginación del gobierno (y sus Comunidades Autónomas controladas) en relaciones y contrataciones futuras.

Así­, el mismo dí­a en que se celebraba la Diada, el diario económico Expansión publicaba, en una sección de coyuntura, «El Desafí­o Secesionista», lo que ya era sobradamente conocido en el ámbito empresarial: «el Ministerio de Hacienda exige a las empresas tecnológicas y de consultorí­a y servicios profesionales toda información de los últimos ocho meses, sobre contactos, proyectos, trabajos y contratos relacionados con las Administraciones Públicas Catalanas, su sector público empresarial y entidades colaboradoras». Acompañaba la noticia con afirmaciones del Ministerio («se trata de evitar desví­os de Fondos Públicos hacia la creación de infraestructura tecnológica propia y autosuficiente al servicio del Procés»). No hay constancia alguna, sin embargo, de que hayan hecho algo similar con otras Administraciones Públicas (incluida la propia Administración General del Estado) al amparo, supuesto, de la normativa oficial en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. Así­, si con simplemente acudir al portal público www.adjudicacionestic.com, verí­an cómo tan solo en los últimos cinco meses se han adjudicado más de 500 proyectos en el ámbito de las tecnologí­as de la Información, destacando la Xunta de Galicia y diferentes Comunidades Autónomas dirigidas por militantes del PP y PSOE, con la nada sorprendente relevancia de la adjudicación, en más de un 70% de lo contratado a las empresas Telefónica e Indra, nada sospechosas de su implicación con los gobiernos y partidos «constitucionalistas». No se trata de información, sino de presión y miedo.

Convendrí­a recordar un par de cuestiones clave: 1) el rol de los Gobiernos y sus competencias y funciones y 2) la importancia de las TICs y, con ellas, las tecnologí­as y proyectos asociados con la gestión, modernización, transformación de la economí­a y tantas actividades esenciales al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Precisamente en estos dí­as, con la publicación del índice Global de Capital Humano (W.E.F.-Foro Económico Mundial), comprobamos cómo España se sitúa a la cola de Europa, en una posición 66 del ranking global analizado, no solo con una diferente capacidad o stock de formación y capacidades base, sino con peores expectativas de desarrollo y Know How a futuro, entre otras cosas, gracias a graves insuficiencias en capacidades y competencias propias de una transformación productiva, digitalización de la economí­a, economí­a del conocimiento y adecuación empleo-formación. Máxime cuando el Capital Humano resulta crí­tico, no solamente para la institucionalización, normalización y gobernanza y democratización de las sociedades y, en consecuencia, la mejora permanente en los niveles de bienestar. Resulta evidente, la importancia de la inversión, también, de manera especial, en tecnologí­a (en gran medida en las TICs básicas y facilitadoras o aceleradoras de la transformación). Pero, además, la gravedad de esta intromisión gubernativa de mala fe, es conveniente recordar que la financiación autonómica en España está debidamente regulada (Constitución, Estatutos, leyes orgánicas…) tanto para las Comunidades sujetas al Régimen Común (Cataluña incluida), como al Régimen Foral y las situaciones especiales de Canarias (región europea ultra periférica) y Ceuta y Melilla (con fiscalidad indirecta por su singular regulación estatutaria). Todos ellos protegidos por principios de autonomí­a financiera extendibles al resto de recursos que éstas entidades disponen más allá de la «financiación estatal».

Por si esto no fuera suficiente, merece la pena insistir en que Cataluña (mientas no se implemente, en su caso, su independencia) tiene en vigor su Estatuto de Autonomí­a (por muy recortado y no deseado que sea) en el que se recoge, como no cabrí­a esperar otra cosa, sus competencias. Así­ en su tí­tulo VI «de la financiación de la Generalitat», su artí­culo 202.2 establece cómo «la Generalitat dispone de plena autonomí­a de gasto para poder aplicar sus recursos de acuerdo con las directrices polí­ticas y sociales determinadas por sus Instituciones de autogobierno». Por no añadir la amplia definición de sus recursos, de su propia Hacienda (no para después del 1 de octubre y su desconexión, sino ahora), sus competencias financieras; mecanismos de gestión y control, así­ como la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat que canaliza toda relación entre las Administraciones.

Pero, al margen de normas, cabe preguntarse cuál es el papel de un gobierno. ¿No es exigible a cualquier gobierno del ámbito territorial que sea, se ocupe de la mejor administración de servicios y recursos al servicio del bienestar de sus ciudadanos? ¿No debe preocuparse en mejorar su gestión? ¿No ha de explotar su capacidad de fomento y apoyo al mejor desarrollo económico y social de sus ciudadanos? ¿No parece razonable la mejora permanente de las plataformas tecnológicas, servicios avanzados, aplicación de las TICs, no solo a las comunicaciones y a la revolución 4.0, o a la sanidad, la educación, la administración de justicia, los transportes y sus infraestructuras, los medios audiovisuales y su propia modernización de la gestión pública? Sin duda, de la misma manera que es exigible a la Administración General del Estado, a la Administración de Justicia, a la Seguridad Social o a cualquier gobierno de Comunidad Autónoma o Ayuntamiento la mejor actuación, eficiencia y gestión de su financiación, deberí­amos saber que la Generalitat de Cataluña puede y debe actuar en esta lí­nea. Y más aún, cumplir con el mandato presupuestario de su Parlamento.

El miedo pretende extenderse más allá de la realidad y la lógica (también empresarial). En estos últimos dí­as conocemos las cifras de la inversión extranjera en España. En los años del Procés, Cataluña ha atraí­do 46.000 millones de euros en inversión extranjera directa (Alemania, Francia, Japón, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, Luxemburgo…). No parecen asustados más allá de la obligada ocupación ante la incertidumbre. De la misma manera que las empresas multinacionales españolas invierten en otros paí­ses entre los que destacan muchos con realidades complejas (guerras, violencia, delincuencia, corrupción, tasas de cambio, monedas débiles y variadas ideologí­as y modalidades de gobiernos…) mitigando riesgos, gestionando contingencias y conviviendo con la normalidad de la complejidad. Cataluña cierra 2016 con la mejor cifra de inversión extranjera de sus últimos 16 años (5.000 millones de euros), haciendo valer algunos de sus hechos diferenciales como el tejido económico, peso y calidad de su tejido económico, capital humano, apertura exterior y su nada despreciable 21% del PIB del Estado español.

En fin, la actuación del gobierno español, en este caso, no solamente se traduce en un «pleito competencial», «una tutela auto concedida» o una intromisión prepotente y anti democrática, sino, también, un chantaje y presión inadmisible al mundo profesional, empresarial y ciudadano.

Hoy, con la excusa del Procés y la búsqueda de urnas, documentos y papeletas, así­ como proyectos alternativos para dotarse de un Estado más eficiente (que deberí­a incluir con toda normalidad el diseño de nuevas «estructuras e instrumentos»), pone de manifiesto su fiebre centralizadora creyéndose el mando absoluto de un Estado que les guste o no, dejó de ser único e indivisible a partir de la transición post franquista que sus antecesores no apoyaron y hoy pretende convertir en el mantra único del encuentro entre diferentes realidades y, sobre todo, diferentes aspiraciones de futuro.

Hoy es por las urnas del 1 de octubre, mañana será por su decisión e imposición unilateral. Creen haber ganado. Más bien, todo parece indicar que el movimiento en marcha no tiene vuelta atrás. Merecerí­a focalizar las energí­as en la búsqueda valiente de nuevos modelos de relación y pensar en un futurible mapa y no en un esquema del pasado. El 1 de octubre no es, en ningún caso, un punto final. Un larguí­simo camino nos espera y no solo en Catalunya. Recorrerlo desde la ilegitimidad y nula credibilidad resultará tortuoso. Las malas artes se han puesto sobre la mesa y, definitivamente, se han perdido los papeles a cambio de unas papeletas. Papeletas que, sin embargo, tarde o temprano, volverán a las mesas, garantizando el ejercicio pací­fico y democrático del derecho a elegir un futuro propio.