El Presupuesto del 155…

(Artículo publicado el 22 de Abril)

En pleno mes de abril se inicia el debate de un presupuesto para el ejercicio 2018 a propuesta del Gobierno español, conocedor de su insuficiencia aritmética parlamentaria para su aprobación y del semestre escaso de ejecución que tendría disponible, determinando un limitado alcance en sus objetivos.

Ni el cuadro macroeconómico sobre el que se formula  parece sostenerse (el gobernador del Banco de España lo califica de optimista, escasamente aplicable por quienes tienen en sus manos la competencia y capacidad de gasto -Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- y ausentes de la necesaria reconsideración de políticas, programas y créditos presupuestarios adecuados a las prioridades y demandas de provisión de bienes y servicios públicos, así como de la necesaria contención del endeudamiento de las administraciones públicas), ni se observan compromisos orientadores de las reformas urgentes aplazadas en los años de crisis, ni contiene directrices para un escenario futuro diferente al continuismo crónico del pasado, ni parece responder a las demandas concretas de cuyo apoyo exige. En la calle, además, diferentes colectivos y grupos de interés, como es natural, reclaman sustanciales atenciones, ya sea para una industria o sector concreto, para un grupo de edad (jóvenes o mayores según necesidades y expectativas), demandas de empleabilidad, retomar la senda favorable a la investigación, incrementos salariales, “el turno” de la función pública o el debate intergeneracional que suponen las pensiones para quienes hoy habrían de disfrutarlas o quienes han de pagarlas o esperan recibirlas en los próximos años, en un marco del imperfecto sistema de reparto, agravado por el desempleo estructural español y la desigualdad existente.

Así, salvo el primero de los comentarios (insuficiente respaldo parlamentario) y la limitada temporalidad de su virtual ejecución y cumplimiento, nada que no suponga el contexto ordinario tras cualquier proyecto de presupuesto. Ahora bien, como en toda coyuntura política, la búsqueda de apoyos supone el arte de la negociación y la política presupuestaria. Y, a la vez, superar el reclamo simplista que se propaga desde todo tipo de estamentos y jugadores externos: estabilidad (signifique lo que signifique).

Sin embargo, en esta ocasión, el legítimo rol político de la oposición supone una barrera para la pretendida aprobación que viene, de entrada, condicionada por un cierto caramelo envenenado del pacto previo con Ciudadanos que complica “la adhesión de terceros”, que diría el ministro español de Hacienda, Montoro (“son los presupuestos del Partido Popular. Si alguien se adhiere a ellos y los hace suyos, estupendo”). Barrera que excede, lógicamente, de una posición aislada y exclusiva de un presupuesto, considerado como el principal instrumento ejecutor de las políticas del Gobierno. No olvidemos que ha sido, precisamente el Gobierno en minoría del PP, quien ha recurrido, de forma permanente, a la excusa manipulada de la inexistencia de créditos presupuestarios finalistas, para no aplicar todo tipo de iniciativas que la mayoría del Congreso ha aprobado exigiendo políticas y actuaciones no deseadas por el partido en el Gobierno (educación, salud, dependencia, pensiones, infraestructuras, etc.). Adicionalmente, la encrucijada electoral lleva a la oposición (PSOE-Podemos, principalmente) al doble juego de evitar elecciones por un rechazo extremo al presupuesto, a la vez que, no asumir el coste del apoyo necesario, impidiendo determinadas actuaciones “rutinarias” y, posiblemente, forzando una convocatoria electoral anticipada, tras unos largos meses de prórroga presupuestaria, manteniendo un escenario paralizante. Un PSOE ausente de las grandes decisiones que requiere el estado de las cosas, un Podemos enfrascado en guerras intestinas, un Ciudadanos saboreando encuestas preelectorales y un PP rogando por el paso del tiempo, confiando que no hacer nada les permita mantenerse en su posición actual, sobreviviendo. De esta forma, como si de una obligación “de Estado” se tratara, llevamos casi un año observando el reclamo permanente hacia el PNV “exigiéndole” un apoyo incondicional a los presupuestos del gobierno, previamente descalificados por todo el arco parlamentario, bajo las acusaciones de “chantaje”, “teatro”, “desconocimiento de las bondades y regalos del gobierno para Euskadi”, etc. Y, por supuesto, agotados los improperios, el llamamiento a un quíntuple argumento que, a base de repetirlo en todos los medios de comunicación, parecería conformar una verdad absoluta: 1) “El PNV quiere aprobarlos porque comparte en su totalidad el proyecto presupuestario del PP”; 2) “El PNV necesita apoyar estos presupuestos para que el Gobierno español cumpla los compromisos adquiridos en la negociación del presupuesto 2017 y cuya aplicación no se ha realizado”; 3) “El PNV debe aprobarlos porque, de lo contrario, los derechos que le corresponden a los ciudadanos del País Vasco (Estatuto de Autonomía, Concierto Económico, Constitución española…) no se aplicarían”; 4) “El PNV debe apoyarlos porque su obligación es lograr lo mejor para los vascos y estos presupuestos son generosos en inversiones del Estado, que de otro modo se eliminarían”, y 5) “Catalunya y el artículo 155 no tienen nada que ver ni con los vascos, ni con los presupuestos…, ni con los españoles”.

Pues bien. Empezando por el final. Recordemos que el artículo 155 y su descontrolada aplicación en Catalunya no es un simple hecho administrativo de menor transcendencia que el Gobierno español, con el apoyo de Ciudadanos y PSOE y la complicidad de múltiples agentes del establishment y los aparatos del Estado, aplicara para convocar unas elecciones controladas al objeto de “normalizar la gobernanza en Catalunya”. Dicha decisión ha supuesto, en el marco de una clara “Estrategia de Estado”, suprimir la autonomía, suprimir un Gobierno y Parlamento legítimamente elegidos y constituidos, intervenir y dominar presupuestos y cuentas públicas, eliminar políticas, empresas, agencias públicas, programas, proyectos (incluso el uso ordinario de la lengua catalana en determinados departamentos y áreas de gobierno y publicaciones oficiales) y administrar, sin control parlamentario alguno, los presupuestos y finanzas de Catalunya. Quienes aprobaron y/o apoyaron el 155 son responsables de tal despropósito y saben que su gestión les compromete no solo con un decreto aplaudido por un Senado cautivo, sino con su total despliegue y gestión (también presupuestaria). Porque una gran pregunta a hacernos es la siguiente: ¿cuál es el presupuesto del artículo 155?, y, por supuesto, ¿cuál es su traducción plurianual?, ¿cuál es el coste para Catalunya de su aplicación/supresión? Si hablamos de los presupuestos generales del Estado, análisis especial merecería el repaso detallado a un inexistente capítulo específico: “Presupuestos 2018. Artículo 155”.

Así las cosas, no parece que el “Procés Català” sea algo diferente a los intereses implícitos de unos presupuestos generales del Estado. ¿Recogen, acaso, dichos presupuestos, créditos finalistas para los diferentes programas y políticas de gasto e inversión necesarios para restaurar el legítimo escenario pre 155?, ¿contemplan, por ejemplo, los recursos de recreación de Diplocat (instrumento critico en toda estrategia de internacionalización de su economia, esencial en su presencia, prospectiva y posicionamiento en el contexto global en el que ha de desenvolverse), o de la red de atracción de inversiones tan necesarias para Catalunya, o de la normalización de su policía autonómica, o de la actualización de las infraestructuras paralizadas o pendientes que el Gobierno español promete en sus discursos alternativos, disuasorios del independentismo, o se contemplan incentivos para retrotraer su “invitación” a las empresas catalanas (en especial las reguladas) para trasladar sus domicilios sociales y fiscales fuera de su hábitat natural permitiendo su irregular presencia ajena a los centros relevantes de decisión, activos u operaciones exigibles por Ley?, ¿recogen los presupuestos del 2018 medidas especiales para recomponer un diálogo “autonómico” de pleno desarrollo estatutario, financiación, fiscalidad ad hoc?, ¿son unos presupuestos que permiten al “nuevo Gobierno” que presida un “candidato limpio” al gusto de la minoría del Parlament, encargar informes, estudios, proyectos que posibiliten alternativas a las “estructuras de estado”, inoperantes, vigentes hoy en Catalunya (servicios públicos de empleo, agencia tributaria, aeropuertos, régimen económico de la seguridad social, estatuto de la función pública del Estado, etc., etc.)?, ¿son unos presupuestos facilitadores del diálogo y la recomposición de una Comunidad Autónoma,  cuyo funcionamiento ordinario se ha visto trastornado?, ¿contempla medidas extraordinarias para facilitar el tránsito hacia aquellos escenarios financieros, de gasto e inversión que el gobierno central denunciaba como no satisfecho por los gobiernos autonómicos anteriores y que sirvieron de coartada para intervenir?

En fin, parecería que una situación extraordinaria como la que vivimos exige, también, un presupuesto extraordinario para el 2018, al menos desde un punto de vista estrictamente presupuestario, económico y financiero. Sin adentrarnos, aún, en la Política de Estado o en otras consideraciones apuntadas en las cuatro primeras “verdades” del argumentario antes comentado.

El PNV y con él las Instituciones vascas, son plenamente conscientes de la importancia de un presupuesto, así como de su capacidad, coyuntural, de poner en valor sus votos para la aprobación de un presupuesto en el Congreso. No seré yo, ni quien tenga que explicarlo, ni mucho menos fijar posición alguna. Larga trayectoria, historia y experiencia acompañan a un partido centenario que sabe muy bien para qué fue fundado y cuál es su aspiración sirviendo a la Sociedad Vasca y es plenamente conocedor de su rol y peso real en el Congreso, día a día. Hará lo que entienda es su deber pensando en la gente, pensando en Euskadi… pensando, también, en Catalunya. No necesita que nadie le diga lo que debe o no debe hacer. De igual forma, su posición, hoy y siempre, respecto de Catalunya es clara, como lo es su propia experiencia conocedora de otros atajos “legalistas” del pasado, como el 155, paralizantes de un auténtico autogobierno y respeto a sus derechos históricos (aunque no lo parezca, amparados y actualizados en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Gernika, entre otros marcos legales esenciales) y conoce sus consecuencias. Sabe mucho de leyes y compromisos incumplidos. Y sabe diferenciar entre fuero y huevo.

Hoy se trata del presupuesto 2018. ¿Es también el presupuesto del 155?, ¿es también el del régimen económico de la Seguridad Social, o el de la Y (tren de alta velocidad), de los puertos y aeropuertos de “interés general”, del Concierto Económico, de las pensiones, del sector público estatal en Euskadi… de, al menos, el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, históricamente reclamados al gobierno central de turno?, ¿es el presupuesto, obligado, para el cumplimiento de lo pactado y cobrado en el presupuesto 2017?

Sin duda, mucho más que una simple charleta radiofónica de 30 segundos, o un discurso demagógico de quienes se saben ajenos a la decisión y sus responsabilidades directas o consecuencias. De momento, en esta fase previa en el proceso de tramitación presupuestaria en el Congreso, el PNV no ha impedido que el gobierno español siga manteniendo viva su propuesta y mueva ficha en los diferentes frentes en los que ha de trabajar, empezando por Catalunya y el 155, para seguir, en su caso, con el resto de elementos esenciales por debatir, negociar y acordar. Otro largo mes por delante, a la espera de acontecimientos y movimientos.

Definitivamente, hoy y aquí, se trata, tan solo, del proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2018. “Simples créditos económico-financieros”.  Otro día entraremos en las consideraciones “políticas y sociales” que conllevan. Es la perversidad de un truculento juego de un gobierno central que cumple o incumple leyes a su antojo y pretende someterlas a negociaciones coyunturales según necesidades temporales, en un juego irregular de intercambio de peras y manzanas.

En unas semanas sabremos si hay presupuestos o prórroga de los actuales, con o sin disolución del Congreso, con o sin artículo 155 nominal y en qué quedan ofertas, promesas y compromisos.

Lo único que sí sabemos, con certeza, es que lo parezca o no, el artículo 155 seguirá entre nosotros de una u otra forma. (en Catalunya, por supuesto, y sobrevolando Euskadi en función de los intereses unilaterales del “Estado”). Sabremos, en este presupuesto 2018, también, en qué pretende invertir o gastar el Gobierno español en el capítulo 155, desde luego, “sin peligro de malversación alguna bajo el control unilateral del Gobierno que lo gestiona”. (Al parecer un Parlamento es malversador por querellarse ante un magistrado en defensa de las decisiones mayoritarias de la Cámara, o un Gobierno lo es, por realizar trabajos y proyectos de prospectiva al intentar diseñar un futuro alternativo, mejor, al escenario actual, mientras otro, si disfruta de las prerrogativas de su “centralidad”, no lo es, inserto en un círculo continuo de despilfarro y despropósito sin control democrático). Cosas de los presupuestos, diferentes interpretaciones unilaterales en el ejercicio del poder público.

En definitiva, ante los Presupuestos 2018, con Joseph Stiglitz, “quienes más sufren en una crisis económica o presupuestaria son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. Y, por encima de todo, si no sabes hacia donde van, es preferible un mal presupuesto de modo que no facilites llegar a ninguna parte.