(Artículo publicado el 19 de Enero)

Uno de los debates esenciales que recorren el mundo, es el de la desigualdad y su espacio de solución a la búsqueda de nuevas estrategias y políticas al servicio de la prosperidad y el desarrollo inclusivo sostenible, alcanzable tan solo desde un esfuerzo y compromiso con el valor compartido empresa-sociedad y procesos colaborativos público-privados.

La complejidad creciente de los desafíos a los que nos enfrentamos exige soluciones, igualmente complejas, huyendo de respuestas simples o recetas del pasado cuyos resultados no permiten valorarlos como suficientes para el logro de los objetivos que se suponía perseguían. La reciente y profunda crisis de la última década, ha acentuado el malestar generalizado y los modelos de crecimiento económico que han arrastrado determinadas políticas públicas de aplicación indiscriminada, dando lugar a su amplio cuestionamiento. Hoy, sin duda, en el fondo subyace un gran debate ideológico que más allá de las palabras y las posiciones desde las que se aborde, ha de confluir en un buen número de conceptos compartibles que habrán de guiar los caminos y estrategias de futuro. Así, el mundo de hoy parecería buscar nuevos caminos de confluencia entre quienes se aproximan a él desde el fracasado extremo estatalizador puro del socialismo/comunismo en una necesaria reinvención de la social democracia, que ha pretendido su adecuación a los desafíos socioeconómicos de las últimas décadas, y desde el otro extremo, partiendo del capitalismo cuya reinvención exige ir mucho más allá de las políticas de economía social de mercado que la postguerra europea, principalmente, ha transitado. Esta interconexión ha aportado, en términos “globales”, beneficios considerables, extrayendo grandes poblaciones de la pobreza extrema, incrementando niveles de salud y bienestar de amplio espectro, generando riqueza y empleo y, una apertura considerable en la interdependencia global alcanzando profundos cambios, tecnología e innovación al servicio general. Ahora bien, dichos beneficios han resultado desiguales en su reparto, no han favorecido la movilidad social intergeneracional deseada y se han anclado en una percepción de incredulidad y desapego a la gran mayoría de los principales actores del sistema: gobiernos y agentes políticos, sindicales, económicos y sociales. Escasa credibilidad que se ve amparada en un “confortable” autoaislamiento justificativo en el que nos situamos como individuos al amparo de una frase que parecería exculparnos de compromiso y responsabilidad personal alguna: “Nos han engañado y nos han robado nuestro futuro”.

Hoy, a lo largo del mundo, se dan por ciertos, matices, modelos y, posicionamientos previos aparte, una serie de puntos críticos: la globalización como mantra incuestionable no ha sido gratuita y ha dejado en el camino a demasiada gente, países y regiones, empresas, empleo y proyectos de vida, a la vez que ha concentrado beneficios en un reducido número de ganadores, mientras aquellas soñadas “cadenas globales” que se convertían en único referente, se transforman en nuevas cadenas regionalizadas a medida que el impacto local es cada vez más relevante en nuestras interdependientes y compartibles vidas (sean empresariales, de gobierno, comunitarias o personales). El sustrato del nuevo paradigma del tránsito del crecimiento como objetivo conductor hacia un desarrollo inclusivo, progreso social y sostenible, provoca todo tipo de movimientos en torno al doble impulso de la reinvención, ya sea del nuevo capitalismo, de una nueva economía social de mercado o de un nuevo modelo de social democracia, con más o menos peso de la economía “de mercado”, o “del intervencionismo público” en función del rol y compromiso que asuman las empresas, los gobiernos, los agentes sociales y la sociedad civil, siempre bajo los objetivos prioritarios de la solución a las demandas y necesidades sociales, desde la óptica del progreso social y la erradicación de la desigualdad. Los ejes conductores cambian y las apuestas estratégicas van mucho más allá de meras referencias lingüísticas o etiquetas propagandistas con vocación descalificadora conforme a reclamos particulares.

De esta forma, sea cual sea el espectro de partida, estamos inmersos en un apasionante (e inevitable) proceso de transformación desde un “nuevo mapa para la prosperidad y el desarrollo inclusivo” que persigue estrategias integrales e integradas orientadas a las personas, sus demandas, necesidades y aspiraciones, con la reformulación de ejes de glokalización (y no de globalización uniforme), de competitividad y progreso social (y no de competencia excluyente con prioridad en el EBITDA), de generación de riqueza (pre, durante y post distribución) a cuyo servicio juegue una renovada arquitectura fiscal y financiera (identificando con claridad personas y sus condiciones, nuevas clases fiscales con diferentes fuentes reales de ingresos) y una realista transición hacia las llamadas “nuevas economías” verde (ecológica y cambio climático), azul (océanos y agua), digital (revolución 5.0), y, sobre todo, desde un verdadero ejercicio para repensar el futuro del empleo y la, de una u otra forma, Renta Universal (independiente de contar o no con un puesto de trabajo). Esta transformación en curso solo será posible con un claro ejercicio de corresponsabilidad y compromiso, reforzando y reinventando instituciones democráticas, dotándonos de nuevas estructuras de gobierno y gobernanza en todos los niveles de gobierno y administración. Reinventar dichas estructuras al servicio de la estrategia y no “n estrategias parciales e incompletas” con las viejas estructuras decimonónicas previstas para otros tiempos, objetivos y roles. (“Hacia un nuevo mapa para la prosperidad y el desarrollo inclusivo” – Enovatinglab).

Proceso complejo en un contexto geopolítico más que incierto y turbulento con un mundo descontento, desorientado, rodeado de riesgos y con pesimismo respecto de la autoridad, credibilidad y liderazgo que llevan a más de uno a preguntarse, según el lugar en que se encuentre y el asunto que le afecte, ¿quién nos gobierna?

Precisamente en este contexto, la próxima semana (21-24 enero), el World Economic Forum (Foro Económico Mundial) celebrará su conocida cita anual en Davos-Klosters (Suiza). Se trata de su 50 edición. Klaus Schwab, fundador y director durante estas cinco décadas, presenta esta edición como propia de “un estado de emergencia” en el que la sociedad exige de líderes y plataformas como ésta, respuestas transformadoras, desde su potencia demostrada como espacio de diálogo y conversaciones multilaterales entre su variadísima y cualificada representación reuniendo al mayor número de presidentes y gobiernos (175 países), organismos internacionales (40 con la ONU incluida), “jóvenes transformadores” en los 5 continentes, empresarios y directivos de las empresas líderes mundiales, “agitadores sociales” de reconocido impacto, etc. en torno a agendas relevantes y trabajadas con rigor desde múltiples ópticas, intereses, responsabilidades y espacios de conocimiento y ocupación. WEF-Davos, plataforma think Tank “para mejorar el mundo”, facilita el contexto y el espacio neutro para el diálogo, conocimiento y contraste, de ese nuevo mundo demandante (empresas, gobiernos, sociedad) que permita recorrer nuevos caminos. A Davos llega el esfuerzo de miles de personas que, desde diferentes grupos de trabajo, han analizado los principales retos y riesgos globales que nos aquejan, la necesidad de abordar un nuevo “espacio y modelo de desarrollo inclusivo desde y para todos los implicados (stakeholders)”, los principales líderes de los llamados “nuevos futuros” (futuros saludables, salvar el planeta, nuevas empresas y nuevas respuestas sociales, nuevas actitudes ante una geopolítica compleja, una economía diferente y justa, la tecnología para el bien común, el futuro del trabajo digno, decente, formal). Ni recetas mágicas, ni pensamiento único, ni imposición alguna. Plataforma de información, conocimiento abierto y compartido, preocupaciones diversas en busca de respuestas, rigor de análisis y prospectiva y mensajes de compromiso (individual y colectivo). Un esfuerzo colaborativo que pretende, en esta ocasión, aportar un enfoque de síntesis en los roles a desempeñar por los diferentes agentes: “Stakeholders Responsibility” (la Responsabilidad de todos los implicados y grupos de interés ), que hacen suyo el Manifesto 2020 con una especial llamada y al mundo de la empresa (entendiendo que es quien cuenta con los mayores activos y capacidad transformadora desde el reenfoque de sus modelos de negocio a satisfacer las demandas sociales), a los diferentes gobiernos para profundizar en su liderazgo largo placista, más allá de su papel de estricta administración, asumiendo los riesgos y compromisos necesarios para afrontar conflictos reales, fortalecer la democracia, afrontar con decisión firme los desafíos reales a los que nos enfrentamos.

En esta línea, estos días, precisamente esta semana, como aperitivo introduciendo el debate, se ha hecho público su Informe “Global Risk 2020”: An unsettled World”, recogiendo los resultados de su encuesta anual (1500 lideres a lo largo del mundo) sobre los riesgos globales, su percepción de impacto en la sociedad, su sentido de urgencia y expectativa de respuesta adecuada y el rol esperable de cada uno de los distintos agentes implicables, así como de cada uno de los entrevistados y sus organizaciones. El Informe es particularmente tajante con la “imposibilidad” de esperar a que se despejen incógnitas o sean “otros” quienes ofrezcan soluciones, o se deje que el tiempo y los “ciclos” permitan volver a la “normalidad” ya conocida. El mundo no puede esperar y hemos de asumir la compleja y turbulenta “nueva normalidad” en este mundo inestable que nos toca vivir, condicionada por el contexto geopolítico y geoeconómico en el que estamos insertos. Economía, demografía, medio ambiente, tecnología, salud, educación, aspiraciones personales y colectivas, así como situaciones de conflicto y bloqueo, obligan hacer nuestra la acción colaborativa de todos los “stakeholders” (implicados y grupos de interés, todos) focalizados en un propósito compartible, adaptable al contexto real observable. Un nuevo mundo de turbulencias, en continua agitación y cambio, en constante modificación de fronteras político-administrativas del pasado, necesitando de nuevas alianzas y estructuras o sistemas de multilateralidad, necesitado de entender, medir y programar las consecuencias e impacto reales del cambio climático, la nueva no frontera entre industrias y empresas acentuada por la revolución de la digitalización. En este Informe, destacan el peso geopolítico y la “reinvención económica”, interconectados con las consecuencias, preocupaciones e impactos ecológico-climáticos, así como los sistemas de salud y el trabajo del futuro como vectores conductores de igualdad y bienestar.

Cincuenta años después del nacimiento del World Economic Forum, iniciativa compartida público-privada, su director, Klaus Schwab, afirmaba cómo, echando la vista atrás, constata que muchos pueden pensar que de una u otra forma, los retos de hoy son asimilables a los del pasado, si bien hoy, incertidumbre y complejidad, son excesivamente mayores. Esto es, a su juicio, lo que da mayor valor, si cabe, a un lugar de encuentro desde el análisis y prospectiva rigurosa, compartida entre todos los actores que han de condicionar los resultados. Hace 20 años, surgió “en paralelo” un “contra Davos” como “Foro Social” alternativo. Algunos entendían que economía y sociedad eran líneas separadas y separables. Afortunadamente, el tiempo y la realidad han venido a demostrar lo obvio: políticas económicas y políticas sociales; Empresa, Gobierno y Sociedad, son inseparables. El mundo es demasiado complejo y nuestras aspiraciones ilimitadas como para pretender soluciones mágicas por generación espontánea, o desde actuaciones individuales, o limitadas a los intereses de unos u otros, aprender con y de los demás, compartir valor entre todos y avanzar afrontando retos como oportunidades y fuentes de solución, exige compromiso responsable convergente.   Las respuestas no son simples, pero nuestras preguntas iniciales sí: ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros al logro de los desafíos de nuestra sociedad?, ¿cuál es el impacto de nuestras actitudes, actuaciones y contribución al esfuerzo comunitario y colectivo?

(Artículo publicado el 5 de Enero)

Distraídos entre el desenlace final de un futurible gobierno de coalición PSOE-UP para el estado español, acceder al verdadero alcance de las apuestas y compromisos que sugieren los Acuerdos “filtrados o publicados”, la estructura y responsables de los diferentes espacios de gobierno (con la anómala originalidad de una pareja sujeta a jerarquía entre ellos formen parte del mismo gabinete) y, empañado por el ya crónico y uso de los poderes del Estado, incluido su sistema judicial o la “policía política” al servicio del gobierno de turno y de los relatos novelados a gusto del momento e intereses particulares, y a la espera de una posible “destitución” del Presidente de la Generalitat de Catalunya al margen de urnas y parlamento desde una inusual actuación de una Junta Electoral o sucesivas maniobras con la sospecha de un potencial próximo tripartito en la Generalitat con PSE, ERC, Podemos, y en medio de la “magia navideña y esperanza de este nuevo año”, nos encontramos con un tema complejo pero de gran actualidad e importancia que, en principio, habría de ser tenido en cuenta en el próximo gabinete y pactos complementarios, y que, sin embargo, pudiera pasar desapercibido: el rol y control de las empresas públicas del Estado.

Estos días, algunas empresas públicas españolas han anunciado sus estrategias de internacionalización e inversión en el exterior. Red Eléctrica Española, Enagás, AENA (Aeropuertos “nacionales”), Renfe y Correos, invertirán 3.000 millones de euros en 2020 en el exterior. Al mismo tiempo, en los medios que publicitan estas noticias se recogen los mapas de necesidades inversoras a lo largo y ancho del territorio del Estado, cifrando en torno a los 180.000 millones de euros para los próximos 10 años, la demanda concreta de proyectos “imprescindibles” en las áreas de actividad de las empresas mencionadas.

El papel que han de jugar las empresas públicas es siempre controvertido. Sin duda, por encima de todo, la creación de una empresa pública ha de justificarse bien por ser la fórmula óptima para la prestación de un servicio público, por su capacidad promotora de la actividad y desarrollo endógeno o por su adecuada instrumentación de un deseable proceso colaborativo público-privado al servicio del interés general. En todo caso, su razón de ser debe acompañarse de planes específicos de viabilidad sostenible y debe estar sometida a un riguroso sistema de control democrático y parlamentario. Sus estrategias y acciones realizadas suelen relegarse y el interés mediático limitarse al conocimiento de algunos nombramientos o cargos de libre designación.

Con el paso del tiempo, el contexto y las condiciones económicas, empresariales y de entorno, además de las cambiantes demandas sociales y orientaciones políticas (así como la lógica de las diferentes políticas y presupuestos de gobierno), de la propia gestión y resultados obtenidos, o del comportamiento externo que termina por generar competidores u ofertas equivalentes, puede aconsejar la refundación o extensión de la empresa creada, buscando la mayor aportación de valor para la sociedad (como siempre traducible en ingresos para el gobierno promotor y, en muchas ocasiones, pérdidas a absorber para el citado presupuesto público). Todo ello sin olvidar los posicionamientos sindicales y funcionariales que inciden en los modos y usos de las Administraciones Públicas y la aceptación o no de estas figuras societarias. Sin embargo, la realidad viene demostrando que muchísimas empresas e iniciativas del sector público empresarial tienden a sobrevivir más allá de sus objetivos fundacionales (bien porque ya los han cumplido con éxito, por su fracaso en su logro o por demostrarse ineficientes o redundantes respecto de la “oferta competidora existente”, o porque, simplemente, sus objetivos iniciales han dejado de tener sentido).

En determinados momentos, muchas de estas empresas han desarrollado competencias diferenciales que las llevan a disponer de músculo financiero, de ideas y gestor, así como el desarrollo de ventajas diferenciales para competir en “otros mercados” alejados de su territorio base al que se deben. Bien en solitario o bien acompañadas por alguna empresa privada, abordan su salida al exterior aprovechando oportunidades concretas, ventajas comparadas o tan solo comodidad o interés de sus gestores. La “internacionalización” se convierte en una bandera de modernidad, prestigio, asimilación al mercado privado, remuneración especial, etc., si bien raras veces es objeto de análisis en profundidad preguntándose que es lo que hay detrás de este movimiento y si es el objetivo de una empresa pública creada para fines concretos que, o bien se han logrado o, por el contrario, resultan inalcanzables con las capacidades reales del citado instrumento. Por lo general, además, supone un primer paso hacia la privatización directa o indirecta, con mayor o menor transparencia, debate público y control. No es irrelevante el mayor o menor peso ofrecido a sus compañeros de viaje, la forma de elegirlo y la gobernanza asociable al acuerdo colaborativo.

En el caso de las empresas aquí mencionadas, al margen de la valoración que puedan merecer cada una de ellas y su gestión, merece la pena detenerse para constatar el escaso control parlamentario (democrático) del que son objeto, limitado por lo general a simples informes de la SEPI que integra las participaciones públicas existentes. Problema añadido a su centralización que deja fuera de la proximidad de participaciones y control a las Comunidades Autónomas en que opera. ¿Tiene sentido la diversificación e inversión en el exterior de estas empresas cuando las necesidades a lo largo y ancho del Estado son esenciales y están desatendidas, en régimen de “monopolio competencial” para las mismas?, ¿es razonable descalificar su posible transferencia a los gobiernos autonómicos, competentes, en la materia, mientras se comparte su dirección y aportación con empresas privadas, generalmente con entrada de gobiernos en el exterior? Recordemos que se trata de empresas reguladas y cuyos servicios (ingresos) obedecen a tarifas tasadas, pagadas por los ciudadanos/perceptores del servicio que se presta, que sus dirigentes (ejecutivos y Consejos de Administración) son nombrados por el Gobierno bajo libre designación y que son el instrumento ejecutor de las políticas públicas que Gobierno y Congreso fijan. Según fuentes de los Ministerios asociados, por ejemplo, los ferrocarriles del Estado dependientes de Renfe (en cercanías y sin contar actuaciones “especiales” como la supresión de pasos a nivel y puntos negros en materia de seguridad), demandarán 3.500 millones/año hasta el 2030; en el caso de los aeropuertos, AENA deberá destinar 2.000 millones de euros/año en estos próximos 10 años; el AVE se va de viaje a construir en la MECA y a concurrir en proyectos ambiciosos y de largo plazo (TEXAS y California), alejados de las competencias y capacidades de sus gestores y desde el desconocimiento real de los territorios en los que habrán de intervenir, haciendo aún más remota la capacidad de control a la que habrán de someterse, mientras su rol en el Estado sigue sin terminarse, incumpliendo sus compromisos históricos que solo parecen reactivarse cuando se necesitan votos de investidura, como el caso de la Y vasca; o CORREOS reconvirtiéndose en un “HUB de paquetería” en Portugal, mientras se proclama su carácter esencial para la “integración y unidad del Estado”, aumentando los brazos centralistas del gobierno desde la desconfianza y escasa lealtad con los otros poderes, también del Estado, asumidos por las diferentes Comunidades Autónomas.

Si estas empresas han terminado con su tarea en el territorio base al que se deben, bien harían en extinguirse, dando paso a nuevas iniciativas al servicio del interés general, aportando recursos, financiación y conocimiento a nuevas áreas de actividad, diversificación de forma inteligente en convergencia con los ciudadanos y empresas locales, y facilitando el desarrollo del modelo de estado autonómico que se supone impera conforme a mandato constitucional respecto de la organización territorial, tan en boga en estos momentos. Jugar a los beneficios de una hibridación con el amparo de un paraguas público para garantizar tu cuenta de resultados es una mala apuesta de país. Conviene recordar que ni toda internacionalización es buena en sí misma, ni todas las empresas deben invertir en el exterior, ni toda empresa pública es un fin en sí misma, sino tan solo un instrumento al servicio de objetivos de interés general.

En los próximos días habrá un nuevo Gobierno. Se supone que, de una u otra forma, destinará energía relevante al sector público empresarial y que la conjunción PSOE-UP harán un esfuerzo por fortalecerlo, incorporando nuevas áreas de actividad a este amplio espacio público o público-privado, salvo que ambos renuncien a aquello que se supone son parte de su reclamo “ideológico” y preelectoral. Adicionalmente, habrá que recordarles que formarán gobierno gracias al apoyo de otros siete partidos políticos con implantación singular en diferentes territorios demandantes de compromisos reales, incumplidos, de desarrollo económico endógeno. No estaría de más confiar en que, esta vez, cumplan sus compromisos no solo de inversión, sino de coparticipación en la dirección y control de un sector público empresarial que no está pensado para dar servicio en “diferentes mercados de oportunidades”, sino a los ciudadanos y territorios del Estado.

Un sector público empresarial eficiente y generador de valor es altamente deseable y necesario (yo diría, imprescindible). Pero ni cualquier sector público, ni cualquier empresa, ni con cualquier objetivo o servicio. Si se decide salir e invertir en el exterior, serían razones “país” las que lo justificaran. No se trata de cuentas de resultados particulares. La presencia exterior de un país y sus gobiernos resulta imprescindible (conocimiento, redes, acompañamiento a terceros, observatorio, relaciones institucionales, apoyo a nuestras empresas y organismos facilitadores, cooperación al desarrollo…), pero los objetivos y compromisos de las agencias y sociedades públicas reguladas son otra cosa. Si una empresa pública ha de incorporar en su estrategia su internacionalización, dicha estrategia debe ser debidamente explicada, controlada y autorizada de forma democrática a través de órganos de decisión política y no delegada en las decisiones ejecutivas o empresariales concretas. En todo caso, contrastadas con el objeto e interés fundacional y de servicio que la originó y, sobre todo, recordando que el Estado no se limita a la Moncloa o a los supuestos “funcionarios de elite” en Madrid.

Estamos necesitados de un redoblado esfuerzo inversor y dotación de infraestructuras y servicios públicos ante los desafíos futuros. Las empresas mencionadas tienen legado y base más que suficiente para refocalizar su compromiso al servicio de dichas necesidades. A la vez, es un buen momento para su financiación a largo plazo dada la situación financiera actual y la relativa accesibilidad a los mercados de capitales globales, lo que posibilita acelerar su ejecución facilitando el desarrollo y bienestar internos (qué, dicho sea de paso, posibilitaría un esfuerzo real de reindustrialización y avance en un modelo de desarrollo económico alternativo). Se supone que las capacidades de estas empresas, reorientando sus objetivos y recursos, modificando su gobernanza (y extendiendo la presencia de jugadores reales en sus órganos de decisión y control) y asumiendo sus compromisos con la Sociedad a la que se deben, constituyen instrumentos de primer nivel para impulsar la consecución de tan significativos retos. Es un momento idóneo para abordar, también en este ámbito, una transformación del Estado, sus poderes públicos y de gobierno, y su interacción con el tejido empresarial y social.

Esperemos no dejarnos llevar por “etiquetas globales y oportunistas” y acertar en las prioridades y responsabilidades que a cada uno corresponden. Seguramente, otra manera de empezar el nuevo año… y el nuevo gobierno.