Consumida la larga mitad del verano agosto vacacional en el estado, caracterizado por el tradicional cierre ordinario de la actividad acompañado de un relevo masivo en los medios de comunicación sustituyendo sus cabeceras, líderes de programa y comunicadores principales, así como los programas habituales por productos enlatados o repeticiones atemporales, con la única intención de ocupar el espacio sin pensar ni en el interés de sus audiencias con la mínima preocupación en el lector, televidente o radio oyente, escasamente empeñados en mantener un determinado nivel de calidad y convencidos de que aquello sobre lo que no informen o no suceda en el estado español o no es relevante o simplemente no existe, salvo catástrofes que merezcan una breve reseña de agencia, el intenso calendario festivo comienza a dar paso, gota a gota, a señales noticiables que permitan retomar, poco a poco, el retorno a la “normalidad” esperable hacia septiembre.

Los últimos días hemos empezado a recordar una realidad que, no por deliberadamente relegada al olvido para disfrutar de un merecido descanso y efecto “desconexión”, haya sido superada ya sea por el tiempo o por su falta de cobertura mediática.

El triste aniversario de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils ha puesto de relieve, más allá del necesario y sentido recuerdo y acompañamiento a las víctimas y la siempre inevitable proclamación de la apuesta por la paz y los principios de convivencia democrática superadores del miedo, las profundas heridas persistentes en Catalunya que ni pueden ni deben obviarse. La fría y distante presencia de las principales autoridades del Estado, limitada al rey y los presidentes de Congreso, Senado y Gobierno español así como del Tribunal Supremo, mayoritariamente contestados por la Sociedad catalana, visualizados como núcleo aislado en la ceremonia de plaza de Catalunya, pese al intento de TVE de mostrar una imagen relevante y destacada así como la del minoritario PP y un par de banderas españolas de su militancia, puso de manifiesto el largo camino a recorrer para entender y afrontar la búsqueda de soluciones democráticas en torno a la esencia real del mal llamado conflicto catalán cuando de lo que se trata es de redefinir un nuevo espacio y modelo de relación, inabordable mientras persistan las negativas consecuencias del erróneo enfoque del Estatut, de la consulta del Octubre pasado, del truculento proceso judicial seguido de la mano de los aparatos de estado bajo el ineficaz y lamentable mando de Rajoy y la otrora todopoderosa vicepresidenta de gobierno, con un arbitrario y desigual encarcelamiento y “descabezamiento” del Procés. La necesidad de un inevitable nuevo espacio Catalunya-España exige nuevas hojas de ruta en un camino sin retorno. Esperando a septiembre…

Otra importante señal es el recordatorio de algunas asignaturas pendientes aplazadas para la vuelta del verano en el vacacional palacio de las Cortes. El debate fiscal, presupuestario y económico aguarda. PODEMOS ha lanzado su esperado globo sonda veraniego anticipando su posición y recordando al presidente Sánchez que no le apoyó en la investidura ni para formar un gobierno estable ni para reposicionarse con su aparato electoral de partido ni para seguir la política del PP-Ciudadanos. Tan solo quiso evitar la continuidad del presidente Rajoy y su partido y no está dispuesto a dar cheques en blanco. Anuncia que no aprobará ni sendas de déficit, ni techos de gasto ni mucho menos presupuestos sin alterar políticas fiscales (bajo la simplista fórmula de aumentar impuestos a “ricos”, sociedades, banca y empresas tecnológicas), con estimaciones macroeconómicas que considera artificiales y dependientes del “intrusismo” de Bruselas pactado por PP y PSOE en su reforma exprés constitucional del fin de semana Rubalcaba-Rajoy, o presupuestos que no incorporen sustanciales cambios de lo que han venido en proclamar “políticas sociales”. De momento, un aviso estrictamente declarativo que da paso a un rápido posicionamiento de los partidos políticos a la espera del momento oportuno. En todo caso, llama la atención el escaso deseo de unos y otros en abordar los cambios de calado, aplazados, sine die, en torno a nuevas estructuras fiscales y, sobre todo, de gasto, transformadores de la estructura de estado, estructura territorial, modelo de desarrollo económico e inclusivo y, por supuesto, de la función pública. Aspectos, al parecer, inabordables, limitando el debate a un continuismo aritmético de escaso valor de cambio.

Debate algo más que presupuestario que ha de atender las promesas-reivindicaciones pre veraniegas en torno al mundo de las pensiones, a la financiación de las Comunidades Autónomas (en precampaña electoral, además), atendiendo a las nuevas señales que, con timidez, el verano ha filtrado de la mano de diferentes estudios de coyuntura económica, alertando la evidente ralentización en el crecimiento económico, obligando a nuevas hipótesis de trabajo. Estimaciones económicas que habrán de incorporar algunas evidencias adicionales como la acogida y gestión de los movimientos migratorios que no pueden limitarse al lamento y declaraciones voluntaristas o descalificadoras, según el caso, y que van más allá de visitas turísticas a Doñana u oportunistas a Ceuta y Melilla, o futbolísticas a Tánger. Así, adicionalmente, y con impacto presupuestario, no resulta menos evidente el nuevo capítulo a debate que la tragedia de Génova (y, en menor medida, la de la pasarela de Vigo) habrá de provocar en el escenario político-presupuestario: el estado de las infraestructuras. Si el debate permanente se enfrenta a las prioridades en la inversión y la localización de las diferentes infraestructuras, la imagen  del puente destruido y el análisis de sus causas ha recordado a todos que las infraestructuras exigen mantenimiento, gestión, renovación y adecuación permanente y han generado, desde la tranquilidad expectante de las solariegas tumbonas de playa, la preocupación por el grado de mantenimiento y el impacto colateral de las desinversiones y limitaciones presupuestarias acompañantes de la crisis. Toda administración pública se ve obligada a una revisión e inventario de sus infraestructuras, de sus modelos de mantenimiento, sus niveles de gasto e inversión, sus modelos y sistemas de gestión y seguridad y sus planes de renovación y reinvención. Sin duda, septiembre supondrá un incremento de los créditos presupuestarios, reales o aparentes, para tranquilidad de todos. Debate y confrontación económica y, sobre todo, interinstitucional atendiendo a las diferentes competencias.

Y, de esta forma, en medio de catástrofes (Indonesia, Filipinas…), situaciones de emergencia y conflictos mundiales, la ausencia de otros titulares mediáticos se ha visto reemplazada por el relevante hecho de la publicación coordinada de editoriales comunes en 350 periódicos en los Estados Unidos denunciando al presidente Trump por su irrupción en el derecho de prensa y opinión, su ataque a la prensa libre y a los directivos y accionistas de los principales medios de comunicación, a través de sus ya famosas “Fake news” (noticias falsas). El Boston Globe y el New York Times han encabezado y coordinado un movimiento que pretende alejarse del corporativismo periodístico a la vez que unir a los medios y profesionales de los mismos, más allá de sus intereses particulares y sus espacios competidores, en torno a la declaración de principios defensores del contrapoder atribuible a la prensa para advertir del peligro de esta actitud generalizada y creciente que cuestione toda opinión, noticia, hecho real o crítica razonada y razonable. Fiel a su estilo y comportamiento habitual, el presidente Trump ha contraatacado apelando al pueblo “americano” animándole a transmitir su opinión sobre la prensa: su calidad y veracidad informativa, su objetividad, sus respectivas líneas editoriales, su connivencia o limitación ideológica o comercial, su control y poder económico y político, o su “patriotismo”. Con su ya conocida política de “siete tuits al día”, Trump, pretende generar su propia información confiando en generar credibilidad y confianza esperando ganar su partida al resto mediático. Siete tuits equivalentes, de alguna manera, al estilo de la CNN en los años 80 (desconozco si la sigue practicando), que presumía distribuir “7 noticias-titulares diarios” “homogeneizando opinión, conocimiento e intereses globales a lo largo del mundo para uniformizar la manera de entender un mundo común conforme a su política editorial, desde la base de su red de observadores y generadores de opinión, a través de sus agencias afines, al servicio de un mensaje homologado”. De esta forma, lo que no existe en CNN no existe. Para Trump, lo que no digan sus tuits, o no ha existido, o no tiene interés, o es falso. Señal veraniega de enorme trascendencia en un mundo informativo cada vez más complejo, abierto a todo tipo de jugadores incluidos los lectores o audiencia como protagonistas-informadores-creadores de noticias, que hacemos un mundo incontrolable de la comunicación en y con todo tipo de redes sociales, en una prensa diversa y multicanal además de multimedia, con grandes grupos concentradores del poder y control de su producción, económico, financiero e interrelacionado con múltiples empresas, servicios de inteligencia y nuevas tecnologías de máxima relevancia disruptiva como el uso del Big Data, la ciberseguridad… y, por supuesto, la publicidad (directa, deseada o no, subliminal o no autorizada). Otra asignatura para septiembre.

Y, finalmente, como no podía ser de otra manera, los culebrones habituales del deporte (mejor dicho, del especial mundo del futbol). Tras la intensidad del último campeonato mundial de futbol celebrado en Rusia y de las finales europeas y trofeos veraniegos, el mercado o espacio de fichajes llena los espacios disponibles. Espacio de sorprendente lógica propia que no parece cuestionarse por la población que asiste a transacciones con disparatadas cantidades de dinero de por medio y comportamientos ampliamente criticados en cualquier otra actividad, que se asumen con aparente naturalidad: cualquier jugador o entrenador rescinde su contrato en cualquier momento, sin pre aviso siquiera, deja de trabajar (entrenar o similar), acuerda su salida con quien va a intermediar el pago de “su libertad” en operaciones escasamente transparentes(quien paga, quien y cuanto tributa), sus directivas no reciben presión alguna para informar, explicar y auditar sus operaciones, se desconoce la intermediación externa(o propia) y los costes/beneficios asociables, cláusulas anti equipo X (sin que los tribunales de la competencia, por ejemplo, parezcan mostrar el menor interés por su control), en sociedades anónimas o deportivas sujetas a escasa reglas de gobernanza, inicios de competiciones sin calendario conocido faltando el respeto a socios o abonados que han de pagar anualidades para asistir a toda una larga temporada sin conocer días y horarios de partidos e incluso sin saber si, en esta ocasión, deberán viajar a Estados Unidos, Canadá o México para presenciar alguno de los encuentros de su club o a una final de copa, en su caso, en África o Asia según el interés promocional de terceros…Esta minucia, también es una señal relevante de los espacios “desconocidos y sorprendentes” en los que nos movemos y que, sin duda, son una pequeña señal que algún día constituirán un hecho relevante que demandará nuestra preocupación y ocupación. Tarea pendiente para la vuelta del verano.

En definitiva, de momento, a disfrutar de Marijaia y del resto de nuestro calendario festivo hasta el próximo alarde en Hondarribia, para volver a la actividad normalizada, poco a poco. Entonces, reemprenderemos un esperanzador nuevo curso.

No olvidemos que, cuando algo se convierte en una evidencia o mega tendencia de impacto generalizado y global, recordamos como es fruto de alguna pequeña señal apreciada en un lugar y tiempo concreto, de inicial apariencia menor, local y poco trascendente. Atentos a nuestros sencillos veranos. A lo largo del tiempo, de una u otra forma, volvemos a ellos.

(Artículo publicado el 5 de Agosto)

La negativa coyuntura vivida durante los últimos días, desde Barcelona hasta la práctica totalidad de las principales ciudades del Estado español, en un vertiginoso colapso del servicio público, la ausencia de alternativas reales de atención a la ciudadanía, el descontrolado imperio de miles de vehículos, conductores y simpatizantes tomando el espacio público, en una mal llamada huelga ajena a los requisitos legales que garantizan servicios esenciales compatibles con reivindicaciones y derechos laborales y la tolerada inacción de las autoridades (laborales, seguridad vial, interior, transporte…) ha puesto de manifiesto una serie de debates de gran calado más allá del aparente conflicto único en torno a las licencias de actividad para el mundo del taxi, de los vehículos con o sin conductor y la ya más que evidente realidad de nuevas empresas y modelos de negocio reflejadas en las marcas más que generalizadas en el mundo de UBER y CABIFY en referencia evidente a la conocida como nueva economía colaborativa, que, aplicada a esta industria, provoca la disyuntiva entre las condiciones de acceso, competencia, carácter de servicio público o no del servicio, derechos de un trabajo formal, derechos de trabajadores y usuarios (consumidores o no de dichas ofertas) y, por supuesto, del papel que han de jugar las diferentes administraciones públicas en la materia.

Una primera aproximación un tanto simplificada nos llevaría a centrar el debate en la coexistencia de un servicio público regulado (el taxi en sus diferentes modalidades) y los nuevos servicios y negocios en torno a la llamada economía colaborativa y concentrar las posibles soluciones en una inmediata regulación buscando una posición intermedia que aporte una cierta paz social, con carácter temporal, a la espera de nuevos momentos y acontecimientos, confiando en una cierta convivencia relativamente ordenada en el tiempo. Sin embargo, más allá del conflicto en curso (sujeto a tregua estival) resulta imprescindible adentrarnos en la esencia que hoy afecta a este modo de transporte, y a todo tipo de industria y actividad, de una u otra forma e intensidad, como consecuencia de la irrupción de nuevas economías exponenciales y emergentes que no solamente incorporan las oportunidades que la tecnología ofrece sino que abren todo un mundo de disyuntivas tanto en la desmaterialización de activos, la digitalización de las industrias, los nuevos modelos de desintermediación, el papel esperable por el ciudadano-consumidor, la inevitable reinvención de los gobiernos ante un nuevo fenómeno demandante de nuevos perfiles profesionales, nuevas habilidades, competencias y capacidades, nuevas actitudes ante el mundo del empleo y las condiciones del mismo y, en definitiva, una nueva manera de entender y comprender los roles sociales, en los que las personas y actores del sistema, jugamos y asumimos papeles muy diferentes en función del rol protagonista que nos corresponda en cada momento, ya sea como consumidor, como observador no usuario de un nuevo servicio, propietario, profesional del servicio, administrador, contribuyente o gobernante. Las nuevas ofertas de valor esperables están por venir, desbordando un espacio “tradicional” que nos obliga, a todos, a repensar nuestros modelos de negocio, nuestra formación y nuestra empleabilidad, así como a rediseñar nuestras administraciones, la forma de normar y regular este nuevo mundo en el que ya estamos inmersos y a adentrarnos en una nueva manera de entender la forma de satisfacer necesidades sociales desde el valor compartido empresa-Sociedad, en nuevas formas de interacción entre personas, entre personas y gobiernos, entre gobiernos, entre empresas y entre gobiernos y empresas. La buena noticia es la esperanza en que la confianza que seamos capaz de generar y la búsqueda de nuevos caminos se traduzca en un mejor y mayor beneficio inclusivo. La mala, la complejidad y el esfuerzo del camino por recorrer. Un escenario exigente para todos y, sin duda, para los gobiernos que han de acometer cambios profundos que permita responder a la demanda de nuevas políticas, normativas y gestión acordes con el mundo emergente que ha llegado para quedarse.

Ya en 2016, el profesor Arun Sundararajan publicaba uno de los más completos e interesantes (en mi opinión) libros sobre la “economía colaborativa”, bajo el título “Sharing Economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism” (“Economía colaborativa: el final del empleo y crecimiento del capitalismo basado en la multitud”). Desde su experiencia y trabajo asesor en las principales empresas que lideran este complejo mundo, destacaba la enorme contribución esperable con esta nueva modalidad económica, desde la generación de nuevas oportunidades, mercados, facilitadores de mejores bienes y servicios emergentes, incrementando el nivel de desarrollo y actividad económica, revalorizando todo tipo de activos e industrias que han de reinventarse y renacer de la mano de nuevos talentos a incorporar o desarrollar, reduciendo la inoperancia o sobre coste de muchas intermediaciones innecesarias, en un intenso movimiento generador de todo tipo de redes, con una importante supresión entre las categorías persona/trabajador/empleado y la ruptura de barreras y diferencias entre tipos de trabajadores y la ruptura de jerarquías acercando los espacios de comercialización mercantil al de la donación, trueque o intercambio libre de cualidades, conocimiento y valor. Relevantes aportaciones que, no obstante, exigen abordar, como nos advertía, las grandes contradicciones que generaría y que, inevitablemente, hemos de resolver, como Sociedad, en el complejo proceso permanente de toma de decisiones al que nos enfrentamos. Proceso que conlleva decisiones ideológicas y posicionamientos sociopolíticos activos, más allá de una simple aceptación de las en apariencia consecuencias inevitables del avance tecnológico. La innovación “social y política” ha de asumir un rol esencial: ¿mano invisible del libre mercado o dirección e intervención pública?, ¿hacia una reinvención del capitalismo u otros sistemas por reformar o transformar?,¿decisiones y ámbitos locales o globales de actuación?, ¿descentralizar, desconcentrar o centralizar?,¿Arbitraje regulatorio o auto regulación?, ¿empleo fijo y de por vida para todos, para unos pocos o nuevos conceptos de empleabilidad?, ¿sociedades aisladas o interconectadas? Oportunidades y desafíos en este nuevo mundo de la economía en el que la fuerza colaborativa o cooperativa de l individuo en red, en multitud, alberga una fortaleza inmensurable. Como el propio profesor Sundararajan prefiere llamarla, tras las realidades observables, la “crowd based partnership” (partenariados basados en la multitud), supone el verdadero espacio de transformación que se está configurando.

Adicionalmente, como indicaba al inicio de este artículo, el conflicto de esta semana ha puesto de manifiesto relevantes reflexiones, asociables a las contradicciones antes mencionadas. ¿Cómo es posible que el gobierno español y su todo poderosa administración central se haya empeñado a lo largo de 40 años (por referirnos en exclusiva a su convivencia con el llamado Estado de las Autonomías tras la dictadura franquista) en la no transferencias de las competencias de regulación y administración del taxi a las diferentes Comunidades Autónomas, entes metropolitanos y municipios, incumpliendo normas, leyes orgánicas y sentido común, desde su prerrogativa de unilateralidad y que, en unos días de conflicto, haga gala de conceptos como “principio de subsidiaridad, administración natural, eficiencia y eficacia local, simplificación y proximidad, asimilación a la práctica europea…” para “ofrecer” a todas las Comunidades Autónomas, con o sin competencias reales, la capacidad de decidir la forma de regular y autorizar la competencia? Bienvenido el cambio de criterio, así como las razones esgrimidas que confiemos sean de aplicación generalizada no al taxi sino a todo tipo de actividades y competencias administrativas y políticas en juego. Con o sin problemas, se trata de profundizar, de forma responsable, en el auto gobierno. Confiemos sea el nuevo camino a seguir, por ejemplo, cumpliendo el inacabado desarrollo del Estatuto de Gernika para Euskadi, o el “cepillado” Estatut catalán, que sufren la parálisis unilateral, de modo que cuestiones tan sencillas de gestionar desde la proximidad, el ámbito local, la subsidiaridad y la eficiencia como son los ferrocarriles, autopistas, puertos y aeropuertos, la dependencia, los mercados de valores, el ahorro, la previsión y las pensiones, la función pública o la gestión del régimen económico de la seguridad social, o la administración de prisiones, en el territorio “autonómico”, pasen a mejores manos a la mayor brevedad posible, sin esperar a que surjan conflictos que animen al gobierno de turno a recurrir a la lógica esgrimida en este caso.

También, hemos visto el doble rasero en la interpretación de la seguridad vial, la seguridad ciudadana, la ocupación del espacio público, el derecho a la huelga y los servicios esenciales. Todo un escaparate para comprobar como parece opinable el momento y forma de intervenir desde el ejercicio de la Autoridad, lo que pone en claro que los relatos inamovibles que sirven para observar “una Barcelona violenta , sediciosa y rebelde en una consulta no vinculante como la del pasado 1 de Octubre”, no genera problema alguno cuando miles de taxis ocupan las calles, piquetes informativos se convierten en bandas organizadas de “intimidación y agresión a terceros”, retransmitidos no ya por una televisión politizada como TV3, atendiendo a la valoración de los autores del relato, si no por todo medio de comunicación a lo largo y ancho del Estado, más allá de Barcelona o Catalunya.