Salud para todos, movilidad social e inclusión

(Artículo publicado el 24 de Junio)

La extendida manía de diferentes gobiernos en comunicar “buenas noticias” de manera anticipada evitando concretar el contenido y alcance de las mismas, lejos de favorecer su gestión y generar credibilidad y coherencia, se convierten en fuente de descrédito, desafecto y frustrada confusión.

Este es el caso del gobierno español, presidido por el Sr. Sánchez (PSOE), necesitado de saltos acelerados para demostrar que se trata de un gobierno normalizado con vocación de permanencia y no un improvisado puente temporal para terminar con el agotado periodo Rajoy-Partido Popular, a la espera de una nueva convocatoria electoral. Diez días para ofrecer un intenso cambio (pensiones, salud, migración, educación, políticas penitenciarias…), si bien no han ido más allá de declaraciones de su portavoz o de entrevistas de sus ministros tras su improvisada toma de posesión (varios de ellos, incluso, sin haber pisado aún su despacho). Este es el caso de la extraordinariamente bien acogida noticia de la “restauración de la sanidad pública universal para todos, incluyendo inmigrantes, indocumentados, sin papeles, etc. presentes en el Estado español”. Desgraciadamente, las prisas olvidaron no ya solo que los asuntos oficiales deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado y que, en este caso, requerían concreciones en términos de Decretos publicados previa firma del Rey que, dicho sea de paso, estaban de gira por Nueva Orleans y San Antonio, para aparente sorpresa o desconocimiento presidencial. Pero, más allá del retraso, la falta de concreción, las prisas y la descoordinación interna, ha provocado no solo la preocupación de quienes deberían apoyar las medidas a tomar (el Congreso, por supuesto, y, sobre todo, las Comunidades Autónomas, otros Ministerios como Seguridad Social, Hacienda, Trabajo y Migración, etc., por no citar a los partidos políticos que apoyaron su investidura y no su gobierno monocolor). Saber que el acceso universal viene acompañado de copagos para pensionistas y para no cotizantes a la Seguridad Social, o de restricciones a determinados servicios y prestaciones, o de la revisión del coste de acceso a medicamentos en función de rentas fiscales, o de “peajes a la dependencia” (variables según el grado de implantación del Bienestar Social en cada organismo y territorio…), no hace sino alertar al gobierno que gobernar de forma responsable no es sinónimo de moverse a base de encuestas, gabinetes de comunicación o globos sonda. Un estado descentralizado, un determinado reparto competencial, diferentes niveles institucionales de responsabilidad y decisión política, un pluri-partidismo y un concepto amplio no limitado a espacios sectoriales, en este caso de la salud, conforman un marco y reglas del juego predeterminados que han de tenerse en cuenta. El ordeno y mando de Moncloa pasó a la historia hace ya mucho tiempo.

Lo esencial, debe residir en el contenido deseado: acceso universal (real) a la salud. Es en este intento en el que han de centrarse los esfuerzos. Se trata de ofrecer verdadero valor en salud para todas las personas y poblaciones en el Estado, de una manera real, eficiente y sostenible. Este es el verdadero desafío.

Esta misma semana, la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económico que incluye treinta y siete Países Miembro) publica un informe, de aconsejable lectura, en la definición de políticas sociales y de protección y progreso social: A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. (¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social). El informe parcial, forma parte de un amplio trabajo en curso sobre la Iniciativa de Crecimiento Incluyente (Inclusive Growth Initiative), bajo el paraguas de un sugerente reclamo: “4.600 Millones de personas aspiran a una vida mejor y quieren formar parte de ese nuevo mundo por crear”. Iniciativa que viene trabajando en torno a un marco de políticas públicas orientado a entender y mitigar los vectores de la desigualdad, los determinantes socioeconómicos de la salud y de la educación transformadores de nuevos modelos de desarrollo económico, capaces de generar espacios inclusivos de progreso social. Así, al margen de variaciones país a país, la constatación general recogida en el informe no difiere de las principales señales y líneas rojas que el cada vez más extendido movimiento hacia un desarrollo y progreso social incluyente viene promoviendo a lo largo del mundo desde múltiples actores e iniciativas. Entre ellas, la necesaria consideración de la salud como un vector clave en el desarrollo de las personas y de las Comunidades en que viven, su potencial capacidad generadora, también, de riqueza, empleo y bienestar, y su elocuente impacto en la mitigación de desigualdades y factor acelerador del ascensor y movilidad social en el complejo y necesario tránsito desde la pobreza y marginación hacia la igualdad, el futuro compartido y mucho más que una deseada esperanza de vida (no solo en años) de alta calidad. Un informe que alarma sobre el estancamiento de la movilidad social, destacando cómo, de manera regresiva e impactante, “manteniendo las actuales políticas salariales, de salud, educativas y persistentes iniciativas desiguales de crecimiento, un niño nacido en una familia pobre, necesitaría, por lo menos, cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos, en promedio en los países de la OCDE, haciendo que el 60% de las personas permanezcan atrapadas en la categoría inferior del 20%, mientras el 70% se mantiene en las superiores, así como que uno de cada siete hogares de clase media y una de cada cinco personas que viven cerca de los ingresos inferiores, caen al 20% inferior”. Toda una condena para permanecer, por generaciones, en el estrato originario, consecuencia de la buena o mala suerte del destino, naciendo de uno u otro lado de la línea entre la inclusión con futuro mejorable o la exclusión aceleradora de la marginalidad.

Desgraciadamente, no se trata de nada nuevo ni inesperado. Es la constatación, una vez más, de una desigualdad creciente que cuestiona las políticas al uso. En tiempos de tecnologías e innovaciones exponenciales y disruptivas, parecería razonable no persistir en políticas y sistemas continuistas y en curso. Nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas redefiniciones de objetivos resultan absolutamente imprescindibles. Oportunidades, salud y bienestar sería la trilogía de dimensiones complementarias por superar que propondrían Stiglitz y otros líderes del pensamiento transformador, incitando a una revisión rigurosa de un buen número de mensajes que han adquirido carta de naturaleza con el paso del tiempo, pese a que sus consecuencias distan mucho de la verdad que proclaman: “el empobrecimiento y encarecimiento del sistema de bienestar es culpa de la inmigración, de la globalización o de las élites”, “nos engañaron ofreciendo un mundo de beneficios y oportunidades y no nos lo han dado”, o “los beneficios globales del último siglo compensan, sobradamente, y en términos relativos, el avance social.

Sin embargo, más allá de identificar culpables (siempre ajenos a nuestra propia responsabilidad, por lo que la confortabilidad individual nos confiere inocencia plena) o de encontrar excusas justificativas, es tiempo de reenfocar soluciones y afrontar los retos observables. Ante todo, nuevos compromisos, nuevas soluciones y acciones reales. Más tarde, ojalá, será el tiempo de comunicar logros y resultados satisfactorios o exitosos.

Entre guiños y realidades. Desafíos de Gobierno.

La vertiginosa e intensa semana política vivida en el cambio de gobierno español con las aún insospechadas consecuencias políticas e institucionales que con toda seguridad habrán de producirse, ha desplazado a un segundo plano, casi ausente en el debate mediático, otros focos relevantes de interés. Desde una silenciada “transición embrionaria” en Catalunya, con un nuevo gobierno que conlleva la suspensión o supresión automática del artículo 155, con la restitución de la autonomía catalana y de su dirección legítima emanadas de su Parlamento y electorado, pasando por  la guerra arancelaria de Estados Unidos-Trump alterando el orden comercial globalizado y su ruptura unilateral del Pacto Nuclear con Irán, o  la superación temporal de la incertidumbre italiana y su impacto en “los mercados” y la mini crisis (en lo que a duración inicial se refiere, que no a la profundidad del debate que la ocasionaba en el conflictivo abuso o interpretación de los poderes del Estado y su reparto entre la Presidencia y el Parlamento), o el lento camino de la Unión Europea en el que pudiera parecer su ralentizado deseo en su propia reinvención o transformación acordada hace ya casi dos años en el entorno del Brexit (que sigue su curso y cronograma), cuya reseña noticiable parece haber desaparecido de los primeros planos, o el peligroso anuncio de la diplomacia dominante en Bruselas para modificar los porcentajes de voto con la excusa de “evitar representaciones populistas o minoritarias”. Cuestiones que, aunque no constituyan ni titulares de prensa, ni foco del debate en la calle, existen y condicionan el día a día más de lo que pudiera parecer.

El nuevo gobierno español, recibido con especial valor mediático, transmite, entre otras cosas, lo que ha venido en llamarse “un guiño a Europa” (sobre todo a la Comisión Europea y al estatus quo dominante más que a Europa propiamente dicha). Así, desde la presencia del ex presidente del Parlamento europeo como Ministro de Exteriores y de la nueva Ministra de Economía (ex directora comunitaria de presupuestos) o del Ministro de Agricultura (con especial presencia europea en los siempre controvertidos programas y presupuestos de la Política Agraria de especial implicación en Andalucía), se transmite lo que según las crónicas, es un mensaje a Europa de una firme apuesta y compromiso con sus políticas y líneas de acción. Además, la casualidad coyuntural, ha hecho que el nuevo presidente iniciara su agenda internacional con los primeros mandatarios de dos estados muy distintos y con una relación claramente diferenciada con la Unión Europea en curso: Andorra y Ucrania. Dos realidades que bordean la Europa real, relativamente al margen del núcleo estatal de la Unión Europea de los 27-28, UK(con el proceso de salida del Reino Unido). Adicionalmente, la próxima semana, Pedro Sánchez se estrenará en el Consejo Europeo en las reuniones ordinarias correspondientes. Lleva, sin duda, un colaborador, conocedor y conocido que, fruto del pacto permanente y crónico del bipartidismo (populares y socialistas), reparte puestos, cargos, funcionariado, presupuestos, por períodos de alternancia que soportan, en la práctica, una agenda escasamente diferenciada, ya que sus responsables saben que la “oposición” de hoy es el gobierno de mañana y viceversa en una “estabilidad” que se supone positiva para los Estados, pueblos, ciudadanos y empresas e Instituciones europeas y que bajo la bandera del consenso mediatizador garantiza inmovilismo, enmascarado en un modus operandi y modus vivendi que no solo no parece satisfacer a la mayoría de los europeos, sino que incrementa, día a día, la desafección ciudadana, la inconformidad con su gobernanza, los desequilibrios entre Estados Miembro, la desigualdad progresiva y la distancia respecto de un futuro deseable y máxime cuando las crisis económicas y sociales se ven acompañadas de aplazamientos reiterados de decisiones (políticas de acogida y atención a refugiados e inmigrantes, por ejemplo), demandas de europeos en naciones sin Estado, o declaraciones antidemocráticas como la de su Comisario europeo de Presupuesto, el alemán, Günther Oettinger, afirmando que “los mercados enseñarán a votar correctamente a los italianos” (frase y actitud que, de una u otra forma, parece instalada en los foros duros de decisión de la Unión Europea). Por cierto, la mano derecha de este Comisario en Bruselas es la nueva Ministra de Economía en el gobierno español. Esperemos que en Bruselas tan “solo haya ejercido de funcionaria sin responsabilidades, ni inclinación política”. Los dirigentes europeos de    dicha estabilidad recurren a adjetivos de minorías, localistas o euroescépticos, lejos de mirar hacia dentro y comprender su cuota de responsabilidad en el creciente desafecto.

 Por tanto, dada la impronta europeísta del nuevo gobierno español que parece constituirse con vocación de permanencia y deseoso de conducir la legislatura, lejos de ejercer un rol instrumental para la disolución y convocatoria de elecciones que parecía ser el destino inmediato, merece la pena observar el contexto europeo en el que habrá de moverse. Será seguramente una de las mejores formas de conocer su programa, toda vez que, en esta ocasión, la investidura constructiva no incluía programa de gobierno alguno.

La próxima semana, el Parlamento europeo (sesiones plenarias) y el Consejo, celebran sus reuniones ordinarias con una larga batería de asuntos sobre la mesa, dejando muchos de ellos pendientes (bien por falta de avances o acuerdos hasta el momento: refugiados, Brexit, acuerdos con países terceros, las alternativas a la Europa futura sugeridas por Jean-Claude Juncker, etc.), si bien recuperará medidas esenciales como su ratificación del Pacto Nuclear con Irán, lo que llevará a aplicar y actualizar el llamado “Estatus de Bloqueo” levantando embargos, permitiendo a países, empresas y entidades europeas realizar transacciones e inversiones. Incluso, se propone calificar a Irán como país elegible para la inversión europea. Una clara y rotunda respuesta a Trump, posicionándose, nuevamente, en contraposición a las decisiones unilaterales estadounidenses no compartidas con Europa (y, en especial, Francia, Alemania y Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido participa con normalidad en los órganos y decisiones de la Unión, salvo en los que afecten al proceso negociador del Brexit, manteniendo sus plenos derechos europeos hasta que se produzca su salida). Como vemos, aviso para algún despistado, “declarar la independencia y no proponer un proceso para ejercitarla y acordar un nuevo estatus político, no significa ni su aplicación inmediata, ni su abandono de la Unión Europea al día siguiente”. Es decir, no hay necesidad de que las empresas salgan corriendo, con nocturnidad, abandonando su ecosistema competitivo y raíces, hacia Alicante o Madrid, para cobijarse al amparo de un decreto de un gobierno que, como los hechos han demostrado esta semana, era el más inestable de todos.

Así, este mes de junio, culminarán los trabajos de la actual presidencia (Bulgaria) dando paso, por rotación, a Austria para el período julio-diciembre de 2018 (a España, por curiosidad, le corresponderá en el 2023, coincidiendo con la llegada del tren de alta velocidad aprobada como primer proyecto de conexión transeuropea en el Estado español hace tan solo veinte años). El período búlgaro ha centrado su agenda en fortalecer la unidad entre los Estados Miembro y las instituciones de la Unión Europea y aportar soluciones en la construcción de una Europa más fuerte, más segura y solidaria. La Agenda marco de Austria se centrará en el futuro de Europa y los jóvenes, en los Balcanes occidentales (incluido el reconocimiento e ingreso de Kosovo), la seguridad, estabilidad y economía digital. Recordemos que desde 2016, el nuevo ordenamiento de agendas europeas, estructura procesos colaborativos de tres Estados Miembro al objeto de coordinar una Agenda Marco a 18 meses, de modo que los tres Estados a quienes habrá de corresponder la presidencia temporal en dicho periodo, trabajen “juntos”. Así, Bulgaria ha sido un paso intermedio entre Estonia (con un fuerte impulso a la economía digital) y Austria.

Por tanto, sabemos que la impronta austriaca se dará en el marco final de la “Estrategia julio 2017-diciembre 2018” que se definió “orientada a las demandas futuras de los europeos, recuperando su confianza en las instituciones de la Unión, acercándolos a una mejor y simplificada regulación y encaminar el debate sobre el futuro de la Unión Europea de los 27”. Bajo este marco general, a destacar las principales líneas estratégicas: 1) Empleo, crecimiento y competitividad, desde una óptica de avance económico y social, en un contexto de internacionalización creciente y globalización “revisable” con un fuerte impacto de la tecnología desde el esfuerzo de reactivación de la inversión pública y privada (Plan Juncker, aún poco ejecutado); 2) Profundizar en el Mercado Único, como pilar de éxito y cohesión de la Unión y, en especial, generar un “Mercado único digital”; 3) Implementar la agenda 2030 de sostenibilidad de Naciones Unidas con especial focalización en la economía circular (concebida, también, como fuente de nuevos empleos e impulso innovador); 4) “Invertir en el futuro”, apostando por recuperar y potenciar una sólida base industrial, educación, emprendimiento y talento e infraestructuras asociadas, dotándose de un nuevo “Marco Financiero multianual” en el que se integren de forma especial unos renovados fondos estructurales. Nuevo marco que pretende auditar, revisar y redefinir programas como el HORIZON 2020 (Innovación y Tecnología), Erasmus (movilidad estudiantil), “Europa Conectada, Europa Creativa” con dudosos resultados reales hasta la fecha e infraestructuras trasfronterizas; 5) Potenciar el EURATOM (el Programa marco para la Defensa); 6) “Simplificar”, “Redimensionar” y “Replantear” la política agraria común; 7) “Profundizar” en la Unión monetaria y bancaria hacia la creación del “Mercado europeo de Capitales”; 8) Construir la Unión energética desde “una clara mirada” al cambio climático; 9) Garantizar una Europa segura, libre y justa y 10) Preservar los derechos humanos, la protección y cohesión social.

Estrategia que pretende una Europa con voz, fortaleza y espacio propio como actor destacado en el contexto mundial.

Europa, por tanto, marca un camino al que el nuevo gobierno español dice hacer un guiño. Está por verse, si es más que un programa y en qué medida cada una de sus líneas estratégicas son traducibles a la situación correcta del Estado español de hoy, a las demandas sociales, económicas, financieras, territoriales y políticas de una sociedad variada y diferenciada con múltiples reclamaciones pendientes.

 Así las cosas, pasada la euforia del primer momento, “comprados” los mensajes mediáticos teledirigidos en el constante goteo de cargos y nombres, procede la valoración real del nuevo gabinete y las intenciones del presidente. No se trata solamente de conocer y apreciar biografías o CVs educativos o de responsabilidades de partido y administración de forma aislada, o del reparto territorial atendiendo a las necesidades y equilibrios de partido, sino de asociarlas tanto a la realidad de los envites y desafíos a los que habrán de enfrentarse, como a la estructura global del gobierno, sus estructuras y el grado de integración o coherencia de sus áreas de responsabilidad y coordinación y, por supuesto, respecto de la cercanía o alejamiento de lo esperable por los diferentes grupos parlamentarios que apoyaron su investidura que, recordemos, ni su gobierno, ni mucho menos, sus políticas o programa inexistente en el momento del apoyo. La necesidad de concluir con el gobierno del PP no era sinónimo de votar un gobierno socialista sin compromiso o pacto alguno, que supondrán o no su supervivencia, en la medida que sea la práctica ordinaria: acordar y pactar según visiones, compromisos y proyectos compartibles.

El presidente Sánchez ha dado sus primeros pasos nombrando su gabinete y definiendo su estructura. Un primer paso que, de entrada, supone el encarecimiento no presupuestado (no ya en los pendientes Presupuestos Generales del estado a expensas de los primeros movimientos del PP ya en la oposición), consecuencia del cambio de nombre de todos los Ministerios creados, con el consiguiente cambio de logos, nombres, papelería, ubicaciones, instalaciones y movimientos aguas abajo. Todos cambian sus nombres, las áreas de responsabilidad se mueven de un sitio a otro y se generan iniciales y aparentes confrontaciones inter pares y espacios que, más allá de nombres ministeriales, suponen un verdadero descenso en su peso relativo en la gobernanza. Demasiado movimiento para un gobierno que hace dos días parecía llegar para disolver el Congreso y acometer una legislatura de mínimos: Censurar, ordenar e iniciar la regeneración, proclamaba. Llama la atención el escaso peso de Economía y la confusa asignación de un mal entendido concepto de competitividad asociable a Empresa (economía digital y otros espacios que parecen complicar las responsabilidades de otros Ministerios como industria -mucho nombre y poco juego diferencial-, Ciencias, Innovación y Universidades, “Transición hacia la economía ecológica” con energía, agua, medio ambiente y cambio climático además de economía circular…, o la desaparición, en peso relativo, de Empleo, por no citar una Vicepresidencia en cuyo nombramiento no se recogen competencias específicas de coordinación, y con la incógnita habitual de Hacienda y presupuestos).

Recordemos que el gobierno del presidente Sánchez no nace ni con el apoyo, ni con el consenso, ni con el programa común o compartido de los parlamentarios y grupos políticos que posibilitaron su investidura. Nadie pretendió votar un gobierno del PSOE, sino dar por terminado un gobierno concreto. La gobernanza, el programa, las políticas y acciones a desarrollar exigen, no olvidarlo, compartir, negociar, pactar todos y cada uno de los pasos por venir.

Lo mismo que el guiño europeo, resulta necesario entender e interpretar otros guiños imprescindibles en una agenda propia sobre la que construir y tejer confianza, complicidades y resultados. El sorprendente poder y fortaleza del presidente ganados en pocas horas, no puede limitarse a ser la amalgama interna en su partido, sino que ha de ser la base imprescindible para afrontar las agendas pendientes.

Ha desaparecido el artículo 155, pero no la apuesta catalana por un nuevo marco de relación y ni mucho menos han salido sus presos a la calle, ni regresado sus dirigentes del exilio (ni por supuesto, en otro orden menor de cosas, el retorno de las empresas “invitadas” a salir de su entorno competitivo real). ETA ha desaparecido, pero la ausencia violenta no ha concluido con la normalización y convivencia exigible. Euskadi podrá contar con un determinado presupuesto y compromisos concretos, pero ni el Estatuto de Gernika ha terminado de cumplirse, ni mucho menos su demanda de un nuevo estatus político y modelo de relación se ha visto satisfecho. El modelo autonómico, geométrica y políticamente variable, en el Estado, sigue siendo una realidad no debidamente resuelta y la financiación y recomposición territorial no es solamente cuestión de reparto de cuotas presupuestarias desde la unilateralidad centralizada. La utilización ilegítima, perversa y propia de democracias de escasa calidad e intensidad de los aparatos del Estado (con el maléfico triunvirato Interior-Justicia-Medios de Comunicación) existe y no es cuestión de “cambiarlo de manos”, sino de erradicar sus prácticas y abandonar la justificación de hacer política desde esas otrora llamadas cloacas del Estado. Las estructuras inútiles e ineficientes en tantos campos (empleo, seguridad social, función pública, educación-formación…) esperan su renovada sustitución. La recuperada creación de empleo, concentrada en actividades de no alto valor añadido o suficientemente formalizado, no ha terminado, ni con el excesivo desempleo, ni con el gap negativo formación-ocupación-rentas.

Por supuesto, los desafíos a los que ha de enfrentarse en el escenario actual (y futuro), ni son una agenda exclusiva del gobierno, ni es posible su logro en dos días como la reciente investidura lo ha sido. Pero, los guiños seguidos de acciones concretas del gobierno sí serán la fuente de fortaleza, confianza, compromiso y vías guía de solución. Como siempre, todo un desafío. Tiempo al tiempo. Conviene no equivocar los roles asignados. Deseemos acierto y suerte en este complejo y largo recorrido. Efectivamente, todo un desafío que, una vez más y si cabe, en esta ocasión, con un mayor grado de compromiso, requiere amplios, múltiples y variados pactos con todos aquellos que facilitaron su investidura.