El Presupuesto del 155…

(Artí­culo publicado el 22 de Abril)

En pleno mes de abril se inicia el debate de un presupuesto para el ejercicio 2018 a propuesta del Gobierno español, conocedor de su insuficiencia aritmética parlamentaria para su aprobación y del semestre escaso de ejecución que tendrí­a disponible, determinando un limitado alcance en sus objetivos.

Ni el cuadro macroeconómico sobre el que se formula  parece sostenerse (el gobernador del Banco de España lo califica de optimista, escasamente aplicable por quienes tienen en sus manos la competencia y capacidad de gasto -Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- y ausentes de la necesaria reconsideración de polí­ticas, programas y créditos presupuestarios adecuados a las prioridades y demandas de provisión de bienes y servicios públicos, así­ como de la necesaria contención del endeudamiento de las administraciones públicas), ni se observan compromisos orientadores de las reformas urgentes aplazadas en los años de crisis, ni contiene directrices para un escenario futuro diferente al continuismo crónico del pasado, ni parece responder a las demandas concretas de cuyo apoyo exige. En la calle, además, diferentes colectivos y grupos de interés, como es natural, reclaman sustanciales atenciones, ya sea para una industria o sector concreto, para un grupo de edad (jóvenes o mayores según necesidades y expectativas), demandas de empleabilidad, retomar la senda favorable a la investigación, incrementos salariales, “el turno” de la función pública o el debate intergeneracional que suponen las pensiones para quienes hoy habrí­an de disfrutarlas o quienes han de pagarlas o esperan recibirlas en los próximos años, en un marco del imperfecto sistema de reparto, agravado por el desempleo estructural español y la desigualdad existente.

Así­, salvo el primero de los comentarios (insuficiente respaldo parlamentario) y la limitada temporalidad de su virtual ejecución y cumplimiento, nada que no suponga el contexto ordinario tras cualquier proyecto de presupuesto. Ahora bien, como en toda coyuntura polí­tica, la búsqueda de apoyos supone el arte de la negociación y la polí­tica presupuestaria. Y, a la vez, superar el reclamo simplista que se propaga desde todo tipo de estamentos y jugadores externos: estabilidad (signifique lo que signifique).

Sin embargo, en esta ocasión, el legí­timo rol polí­tico de la oposición supone una barrera para la pretendida aprobación que viene, de entrada, condicionada por un cierto caramelo envenenado del pacto previo con Ciudadanos que complica “la adhesión de terceros”, que dirí­a el ministro español de Hacienda, Montoro (“son los presupuestos del Partido Popular. Si alguien se adhiere a ellos y los hace suyos, estupendo”). Barrera que excede, lógicamente, de una posición aislada y exclusiva de un presupuesto, considerado como el principal instrumento ejecutor de las polí­ticas del Gobierno. No olvidemos que ha sido, precisamente el Gobierno en minorí­a del PP, quien ha recurrido, de forma permanente, a la excusa manipulada de la inexistencia de créditos presupuestarios finalistas, para no aplicar todo tipo de iniciativas que la mayorí­a del Congreso ha aprobado exigiendo polí­ticas y actuaciones no deseadas por el partido en el Gobierno (educación, salud, dependencia, pensiones, infraestructuras, etc.). Adicionalmente, la encrucijada electoral lleva a la oposición (PSOE-Podemos, principalmente) al doble juego de evitar elecciones por un rechazo extremo al presupuesto, a la vez que, no asumir el coste del apoyo necesario, impidiendo determinadas actuaciones “rutinarias” y, posiblemente, forzando una convocatoria electoral anticipada, tras unos largos meses de prórroga presupuestaria, manteniendo un escenario paralizante. Un PSOE ausente de las grandes decisiones que requiere el estado de las cosas, un Podemos enfrascado en guerras intestinas, un Ciudadanos saboreando encuestas preelectorales y un PP rogando por el paso del tiempo, confiando que no hacer nada les permita mantenerse en su posición actual, sobreviviendo. De esta forma, como si de una obligación “de Estado” se tratara, llevamos casi un año observando el reclamo permanente hacia el PNV “exigiéndole” un apoyo incondicional a los presupuestos del gobierno, previamente descalificados por todo el arco parlamentario, bajo las acusaciones de “chantaje”, “teatro”, “desconocimiento de las bondades y regalos del gobierno para Euskadi”, etc. Y, por supuesto, agotados los improperios, el llamamiento a un quí­ntuple argumento que, a base de repetirlo en todos los medios de comunicación, parecerí­a conformar una verdad absoluta: 1) “El PNV quiere aprobarlos porque comparte en su totalidad el proyecto presupuestario del PP”; 2) “El PNV necesita apoyar estos presupuestos para que el Gobierno español cumpla los compromisos adquiridos en la negociación del presupuesto 2017 y cuya aplicación no se ha realizado”; 3) “El PNV debe aprobarlos porque, de lo contrario, los derechos que le corresponden a los ciudadanos del Paí­s Vasco (Estatuto de Autonomí­a, Concierto Económico, Constitución española…) no se aplicarí­an”; 4) “El PNV debe apoyarlos porque su obligación es lograr lo mejor para los vascos y estos presupuestos son generosos en inversiones del Estado, que de otro modo se eliminarí­an”, y 5) “Catalunya y el artí­culo 155 no tienen nada que ver ni con los vascos, ni con los presupuestos…, ni con los españoles”.

Pues bien. Empezando por el final. Recordemos que el artí­culo 155 y su descontrolada aplicación en Catalunya no es un simple hecho administrativo de menor transcendencia que el Gobierno español, con el apoyo de Ciudadanos y PSOE y la complicidad de múltiples agentes del establishment y los aparatos del Estado, aplicara para convocar unas elecciones controladas al objeto de “normalizar la gobernanza en Catalunya”. Dicha decisión ha supuesto, en el marco de una clara “Estrategia de Estado”, suprimir la autonomí­a, suprimir un Gobierno y Parlamento legí­timamente elegidos y constituidos, intervenir y dominar presupuestos y cuentas públicas, eliminar polí­ticas, empresas, agencias públicas, programas, proyectos (incluso el uso ordinario de la lengua catalana en determinados departamentos y áreas de gobierno y publicaciones oficiales) y administrar, sin control parlamentario alguno, los presupuestos y finanzas de Catalunya. Quienes aprobaron y/o apoyaron el 155 son responsables de tal despropósito y saben que su gestión les compromete no solo con un decreto aplaudido por un Senado cautivo, sino con su total despliegue y gestión (también presupuestaria). Porque una gran pregunta a hacernos es la siguiente: ¿cuál es el presupuesto del artí­culo 155?, y, por supuesto, ¿cuál es su traducción plurianual?, ¿cuál es el coste para Catalunya de su aplicación/supresión? Si hablamos de los presupuestos generales del Estado, análisis especial merecerí­a el repaso detallado a un inexistente capí­tulo especí­fico: “Presupuestos 2018. Artí­culo 155″.

Así­ las cosas, no parece que el “Procés Catalí “ sea algo diferente a los intereses implí­citos de unos presupuestos generales del Estado. ¿Recogen, acaso, dichos presupuestos, créditos finalistas para los diferentes programas y polí­ticas de gasto e inversión necesarios para restaurar el legí­timo escenario pre 155?, ¿contemplan, por ejemplo, los recursos de recreación de Diplocat (instrumento critico en toda estrategia de internacionalización de su economia, esencial en su presencia, prospectiva y posicionamiento en el contexto global en el que ha de desenvolverse), o de la red de atracción de inversiones tan necesarias para Catalunya, o de la normalización de su policí­a autonómica, o de la actualización de las infraestructuras paralizadas o pendientes que el Gobierno español promete en sus discursos alternativos, disuasorios del independentismo, o se contemplan incentivos para retrotraer su “invitación” a las empresas catalanas (en especial las reguladas) para trasladar sus domicilios sociales y fiscales fuera de su hábitat natural permitiendo su irregular presencia ajena a los centros relevantes de decisión, activos u operaciones exigibles por Ley?, ¿recogen los presupuestos del 2018 medidas especiales para recomponer un diálogo “autonómico” de pleno desarrollo estatutario, financiación, fiscalidad ad hoc?, ¿son unos presupuestos que permiten al “nuevo Gobierno” que presida un “candidato limpio” al gusto de la minorí­a del Parlament, encargar informes, estudios, proyectos que posibiliten alternativas a las “estructuras de estado”, inoperantes, vigentes hoy en Catalunya (servicios públicos de empleo, agencia tributaria, aeropuertos, régimen económico de la seguridad social, estatuto de la función pública del Estado, etc., etc.)?, ¿son unos presupuestos facilitadores del diálogo y la recomposición de una Comunidad Autónoma,  cuyo funcionamiento ordinario se ha visto trastornado?, ¿contempla medidas extraordinarias para facilitar el tránsito hacia aquellos escenarios financieros, de gasto e inversión que el gobierno central denunciaba como no satisfecho por los gobiernos autonómicos anteriores y que sirvieron de coartada para intervenir?

En fin, parecerí­a que una situación extraordinaria como la que vivimos exige, también, un presupuesto extraordinario para el 2018, al menos desde un punto de vista estrictamente presupuestario, económico y financiero. Sin adentrarnos, aún, en la Polí­tica de Estado o en otras consideraciones apuntadas en las cuatro primeras “verdades” del argumentario antes comentado.

El PNV y con él las Instituciones vascas, son plenamente conscientes de la importancia de un presupuesto, así­ como de su capacidad, coyuntural, de poner en valor sus votos para la aprobación de un presupuesto en el Congreso. No seré yo, ni quien tenga que explicarlo, ni mucho menos fijar posición alguna. Larga trayectoria, historia y experiencia acompañan a un partido centenario que sabe muy bien para qué fue fundado y cuál es su aspiración sirviendo a la Sociedad Vasca y es plenamente conocedor de su rol y peso real en el Congreso, dí­a a dí­a. Hará lo que entienda es su deber pensando en la gente, pensando en Euskadi… pensando, también, en Catalunya. No necesita que nadie le diga lo que debe o no debe hacer. De igual forma, su posición, hoy y siempre, respecto de Catalunya es clara, como lo es su propia experiencia conocedora de otros atajos “legalistas” del pasado, como el 155, paralizantes de un auténtico autogobierno y respeto a sus derechos históricos (aunque no lo parezca, amparados y actualizados en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomí­a de Gernika, entre otros marcos legales esenciales) y conoce sus consecuencias. Sabe mucho de leyes y compromisos incumplidos. Y sabe diferenciar entre fuero y huevo.

Hoy se trata del presupuesto 2018. ¿Es también el presupuesto del 155?, ¿es también el del régimen económico de la Seguridad Social, o el de la Y (tren de alta velocidad), de los puertos y aeropuertos de “interés general”, del Concierto Económico, de las pensiones, del sector público estatal en Euskadi… de, al menos, el cumplimiento del Estatuto de Autonomí­a de Gernika, históricamente reclamados al gobierno central de turno?, ¿es el presupuesto, obligado, para el cumplimiento de lo pactado y cobrado en el presupuesto 2017?

Sin duda, mucho más que una simple charleta radiofónica de 30 segundos, o un discurso demagógico de quienes se saben ajenos a la decisión y sus responsabilidades directas o consecuencias. De momento, en esta fase previa en el proceso de tramitación presupuestaria en el Congreso, el PNV no ha impedido que el gobierno español siga manteniendo viva su propuesta y mueva ficha en los diferentes frentes en los que ha de trabajar, empezando por Catalunya y el 155, para seguir, en su caso, con el resto de elementos esenciales por debatir, negociar y acordar. Otro largo mes por delante, a la espera de acontecimientos y movimientos.

Definitivamente, hoy y aquí­, se trata, tan solo, del proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2018. “Simples créditos económico-financieros”.  Otro dí­a entraremos en las consideraciones “polí­ticas y sociales” que conllevan. Es la perversidad de un truculento juego de un gobierno central que cumple o incumple leyes a su antojo y pretende someterlas a negociaciones coyunturales según necesidades temporales, en un juego irregular de intercambio de peras y manzanas.

En unas semanas sabremos si hay presupuestos o prórroga de los actuales, con o sin disolución del Congreso, con o sin artí­culo 155 nominal y en qué quedan ofertas, promesas y compromisos.

Lo único que sí­ sabemos, con certeza, es que lo parezca o no, el artí­culo 155 seguirá entre nosotros de una u otra forma. (en Catalunya, por supuesto, y sobrevolando Euskadi en función de los intereses unilaterales del “Estado”). Sabremos, en este presupuesto 2018, también, en qué pretende invertir o gastar el Gobierno español en el capí­tulo 155, desde luego, “sin peligro de malversación alguna bajo el control unilateral del Gobierno que lo gestiona”. (Al parecer un Parlamento es malversador por querellarse ante un magistrado en defensa de las decisiones mayoritarias de la Cámara, o un Gobierno lo es, por realizar trabajos y proyectos de prospectiva al intentar diseñar un futuro alternativo, mejor, al escenario actual, mientras otro, si disfruta de las prerrogativas de su “centralidad”, no lo es, inserto en un cí­rculo continuo de despilfarro y despropósito sin control democrático). Cosas de los presupuestos, diferentes interpretaciones unilaterales en el ejercicio del poder público.

En definitiva, ante los Presupuestos 2018, con Joseph Stiglitz, “quienes más sufren en una crisis económica o presupuestaria son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. Y, por encima de todo, si no sabes hacia donde van, es preferible un mal presupuesto de modo que no facilites llegar a ninguna parte.

Presupuestos, Catalunya y Aberri Eguna

(Artí­culo publicado el 1 de Abril)

El Aberri Eguna, nuestro dí­a de la Patria Vasca, coincide con una grave y anómala situación de emergencia en Catalunya, en el Estado español y en un momento, como otros muchos a lo largo de la historia vasca, de preocupación de futuro, desde la tranquilidad aparente de “un oasis vasco”, refugio deseado ante las turbulencias observables en nuestro entorno.

Coincide, también, con un debate en el que al parecer pretenden implicarnos desde diferentes puntos, apelando a “responsabilidades de Estado”.

En el contexto de un seminario internacional impartido a un grupo de propietarios y primeros ejecutivos de empresas venidos de fuera “aprendiendo con el Paí­s Vasco y su experiencia transformadora”, destacaban con positivo asombro el orgullo, sentido de pertenencia, verdadera preocupación por las personas y las polí­ticas sociales, la apertura internacional, la capacidad de relación y estrategias compartidas entre las instituciones públicas y las empresas y la capacidad innovadora de nuestras empresas en el marco de un potente sistema tecnológico, de conocimiento e innovador, valorando, sobre manera, lo que entendí­an habí­a sido una eficiente gestión de nuestros recursos financieros y fiscales, soporte de presupuestos coherentes y alineados, a lo largo del tiempo, con los objetivos paí­s que les explicábamos. Dicho esto, se preguntaban sorprendidos por la situación de Catalunya y, más aún, por lo que entendí­an reflejaba una “España en declive”. Todo ello desde su perspectiva de negocios y paí­s, alejados de Euskadi, pero con experiencias personales y profesionales en España.

Junto con esta valoración positiva mostraban una cierta sorpresa por observar múltiples manifestaciones y crí­ticas a la situación actual por parte de gente que no se identificaba con los resultados y logro globales.

Sin duda, hacer paí­s no es solamente transitar de una situación de éxito relativo, o no buscar la satisfacción permanente de las demandas sociales, económicas y polí­ticas en un verdadero desarrollo inclusivo que no deje atrás o marginado a nadie. Esto es autogobierno. Esto es hacer paí­s, gobernarlo y dotarle de los instrumentos y recursos adecuados.

Para alguno, este compromiso y aspiración es la administración del dí­a a dí­a, para la mayorí­a, deberí­a ser construir tu propio futuro.

Presupuestos Generales del Estado

El gobierno español ha aprobado sus presupuestos generales del Estado 2018 y los ha remitido al Congreso para su tramitación. Lo hace sin el apoyo necesario para confiar en su aprobación a la vez que reclama de la oposición “un ejercicio de responsabilidad para resolver los graves problemas que aquejan a la sociedad española, fortalecer la ola de recuperación económica, generar empleo y contar con los presupuestos más sociales de la historia”.

Un Ministro de Hacienda reprobado por el Congreso (uno de los cinco en la misma situación), en un gobierno en minorí­a que, sin embargo, con la complicidad de Ciudadanos y la inoperancia de la oposición, viene gobernando a base de decretos-ley y de incumplimiento de aquellos acuerdos parlamentarios que no comparte bajo el amparo de triquiñuelas legales que terminan “recordando” que “no existe partida presupuestaria para su ejecución”. Un gobierno invadido, en el mejor de los casos, por la sospecha de corrupción, prevaricación, malversación y uso partidario de los poderes del Estado (acusaciones indiciarias de todos estos cargos, falso testimonio y obstrucción de la justicia… a su partido) y que argumentaba la necesidad urgente de formar gobierno, en tiempos de bloque PSOE-Podemos, “ante la gravedad de no contar con un presupuesto”. El de hoy es un proyecto de presupuestos que, en el mejor de los escenarios, se aprobarí­a a la vuelta del verano, en coincidencia temporal con la obligación legal de iniciar la tramitación del siguiente presupuesto para 2019. Aprobable cuando su capacidad de gasto y maniobra en la toma de decisiones habrí­a desaparecido prácticamente dado el avance del ejercicio sujeto a prórroga. Un “nuevo” presupuesto que se viene ejecutando sin control parlamentario estricto, ausente de liquidación formal, sujeto al exclusivo capricho del gabinete modificando y gestionando transferencias internas de créditos entre Ministerios y Agencias. Una propuesta de presupuestos que ha nacido con el show bufo de un Albert Rivera adelantándose un dí­a a su aprobación para apuntarse, de “forma solemne”, el acuerdo Ciudadano-PP por responsabilidades de Estado. Los grandes cambios y beneficios que se suponí­a que ellos habí­an introducido, eran desmentidos al dí­a siguiente por el Ministro de Hacienda quien aclaraba: “estos son los presupuestos del gobierno del PP. El resto de partidos deberí­an sumarse al mismo en beneficio de los españoles”.

La llave del PNV-EAJ

En este contexto, como ya vienen haciendo desde el inicio de la legislatura, el gobierno, el resto de la oposición en Madrid y los medios de comunicación, miran al PNV y le dicen lo que debe hacer. Serí­a, en consecuencia, el responsable único de su aprobación o no. Unos le piden que apoye, “responsablemente”, la propuesta del gobierno, otros, que no debe “pactar ni con la corrupción, ni con el Artí­culo 155″. En privado, todos le piden evitar nuevas elecciones ya que ninguno -salvo Ciudadanos- se ve con fuerzas para mejorar posiciones en una nueva e inmediata contienda electoral.

El PNV, hablando por sí­ mismo, ha dejado meridianamente claro que en tanto no se abandone el Artí­culo 155, su aplicación, no recupere Catalunya su normalidad legí­tima y democrática, no termine la acción “judicial” unilateral y desproporcionada y no se permita a los representantes legí­timos de Catalunya asumir y dirigir su autogobierno, no será tiempo de presupuestos. Mientras los principales parlamentarios electos estén privados de libertad y sean censurados por la intromisión de la justicia dirigida por orientaciones polí­tico-partidarias, no hay democracia real en Catalunya, no hay un verdadero Estado de derecho y no es momento ni de priorizar un presupuesto, ni de mantener a un gobierno que interfiere en la voluntad del autogobierno catalán.

Entre tanto, las previsiones no dejan de sucederse ya sea con impugnaciones o recursos al Tribunal Constitucional para impedir el autogobierno vasco, ya con amenazas de incumplimiento de los Acuerdos sobre el Concierto Económico o sobre el desarrollo autonómico o compromisos no cumplidos. El truco habitual de los gobiernos centrales en España, consistente en acordar/pactar la aplicación de la ley (Estatuto) y compromisos presupuestarios en sus competencias (tren de alta velocidad, infraestructuras portuarias, ferroviarias, aeroportuarias, tarifas eléctricas, regulación de banca y finanzas, liquidaciones presupuestarias…) y limitarse a conseguir partidas mí­nimas dejando en créditos plurianuales a futuro la parte sustancial de su ejecución, se vuelve a repetir siendo uno de los males crónicos de la operativa estatal en España. Por no hablar del espectáculo infantil y ridí­culo del anunciante del cuponazo, Rivera, que demuestra, dí­a a dí­a, la concepción que algunos tienen de la polí­tica, como un mero rastro de permanente compraventa, al servicio de su propia causa.

Entre tanto, el PNV ha dejado muy clara su posición. Es importante para Euskadi el cumplimiento de los compromisos del Gobierno español aún sin ejecución. Pero, por encima de proyectos, competencias y acciones concretas, están los principios, la democracia, el autogobierno y libre decisión de los pueblos, en este caso catalán y vasco. Mientras no se normalice la situación en Catalunya y no se tenga la seguridad de su no extensión “loapalizada” (cuya experiencia hemos padecido) a Euskadi, no hay presupuesto que valga. Sin duda, resulta fundamental la buena administración, pero, por encima de esto, queda, sin duda, la necesaria democracia que ampare los derechos y libertades.

En Euskadi conocemos muy bien lo que cuesta avanzar en un autogobierno que pase a estar amparado en la ley, vivimos a sobre saltos, pendiente de intereses concretos del gobierno central de turno.

Una situación de emergencia

El Artí­culo 155 de la Constitución Española, la manera unilateral y prepotente con la que el gobierno español y sus poderes de Estado lo vienen aplicando en Catalunya no es una mera intervención administrativa para “garantizar la eficacia y funcionamiento de la Generalitat o la aplicación de la ley en Catalunya” como parece querer sostener el gobierno español. La complicidad añadida del PSOE y de Ciudadanos implica “manos libres” para terminar con el autogobierno (hoy en Catalunya, mañana en Euskadi), aplicar ley, demostrar el poder del Estado (centralista, por cierto) y la utilización de todos los medios (justicia y medios de comunicación, servicio exterior, sobre todo) al servicio de sus intereses e interpretación unilateral de “sus leyes”. Descabezar a las fuerzas polí­ticas opositoras, encarcelar o provocar el exilio de los candidatos democráticamente elegidos para presidir el Govern, variar de contenido real el Parlament, con la justicia injusta con intencionalidad polí­tica partidaria no es un simple “ejercicio de responsabilidad de su gobierno”.

Aunque para muchos no lo parezca, España vive una situación de emergencia mientras parece acostumbrase a dejar pasar las cosas confiando en que el tiempo, el azar y la acción de terceros desde el exterior vaya configurando un escenario fortuito al que la sociedad se adapte sin remedio. Parecerí­a ausente el interés y compromiso, no ya de gobiernos y responsables polí­ticos o el llamado “aparato de Estado”, sino de la propia sociedad civil, en construir nuestro propio futuro.

Los coincidentes años de crisis con la corrupción galopante, el desgobierno y la parálisis legislativa general, ha impedido afrontar las reformas necesarias para reconfigurar un Estado en el que las diferentes voces compartan un espacio confortable en una Europa real, diferente a la que hoy convive con un pasado de éxito a la vez que con un incierto y temeroso futuro.

En esta situación de emergencia, España necesita un proyecto nuevo, realista, que adelante su propio futuro. Y en ese futuro, o se reconoce y cuenta con los diferentes pueblos y naciones que aspiran a construir un modelo propio y establecer y decidir el tipo de relación que quieren mantener o no será. Y esto pasa, de forma inevitable, por restaurar la normalidad democrática en Catalunya y devolver a sus representantes legí­timos al Parlamento y Gobierno y permitir a sus ciudadanos convertir sus ideas en proyectos reales. Es tiempo de grandes decisiones y no de presiones o juegos presupuestarios.

Hoy, en Euskadi, celebramos el Aberri Eguna. Es la conmemoración y recuerdo de nuestro compromiso con la nación vasca. Hacer nación no es cuestión de proclamas y palabras. Es compromiso, trabajo, esfuerzo, todos los dí­as de nuestras vidas y, sobre todo, un hacer colectivo y solidario. Hacerlo, exige dotarse de estructuras de Estado, institucionalizar el paí­s, gobernarlo y, por supuesto, administrar correctamente sus presupuestos. Pero por encima de todo, generar, fortalecer, profundizar una democracia real que permita a la sociedad, en cada momento de su historia, elegir de forma democrática su propio camino.

Hoy, con más fuerza que en otros momentos, recordemos las palabras de Aresti:

 Nire aitaren etxea defendituko dut…

Defenderé la casa de mi padre, contra los… contra la justicia…

Defenderé la casa de mi padre. Perderé los huertos, pinares, las rentas, los dividendos… pero defenderé la casa de mi padre…

Hoy, dignidad, principios y compromiso democrático. Construyendo nuestro futuro, haciendo el paí­s que queremos. Mañana habrá tiempo de presupuestos.