(Artí­culo publicado el 24 de Diciembre)

Finalmente, la anómala convocatoria de «Elecciones autonómicas» en Catalunya ha ofrecido su resultado, dejando una ficha coyuntural que, pese a las intervenciones de quienes creí­an modificar voluntades mayoritarias y dar por terminado el llamado Procés, no ha hecho sino retornar al punto de salida, situando en primer plano las cuestiones pendientes pre 155, ratificando la fortaleza de una voluntad y compromiso de transformación de la realidad polí­tico-administrativa en curso.

En resumen, el panorama post 21-D pasa por consolidar una mayorí­a absoluta de las candidaturas soberanistas catalanas, una todaví­a mayor, si cabe, mayorí­a de quienes exigen el ejercicio del derecho a decidir su futuro en una consulta vinculante, la marginalidad del partido en el Gobierno español, el fracaso de las burbujas «transversales» previas tan solo hinchadas por el poder y persistencia mediática española (conviene señalar que la cadena elegida por Catalunya para seguir la jornada electoral, triplicando su audiencia respecto de la suma de la segunda a cuarta cadena que le seguí­a,  ha sido la denostada TV3 que pretendieran suprimir desde  el pacto del 155), el parón de la alcaldesa Colau, la concentración del mapa sociológico de los polí­gonos y espacios conexos de la Barcelona Metropolitana y Tarragona en torno a Ciudadanos como referente directo del españolismo y/o unionismo real, contundente y «limpio» desplazando a PP-PSOE y, por encima de todo, el éxito del President Puigdemont liderando una lista superadora de un partido en crisis, de un movimiento herido de consideración tras el 1-O y dañado por el tacticismo de un socio que ha tardado demasiado en entender la legitimidad y compromiso de continuidad histórica de un Govern destituido, e inmerso en una más que aparente confrontación electoral desde situaciones judiciales y tácticas diferenciadas, en un contexto complejo, incierto, en un clima adverso. En los 947 municipios catalanes, Junts per Catalunya ha ganado en 667, ERC en 143 (es decir, 810, nada menos, con huella y color amarillo prohibido en los medios y por la Junta Electoral creada al servicio de tan irregulares elecciones).

Sin embargo, más allá de la fotografí­a inicial, siempre condicionada por el carácter irregular de la propia contienda electoral, de escasa credibilidad y operativa democrática, convocada al amparo de una mayorí­a formal (la unionista con peso en España y, como se ha comprobado en sus urnas, claramente minoritaria en Catalunya) con la cobertura trucada de un Senado cuestionado desde su origen al servicio de intereses partidarios, de financiación paralela para los partidos y de apariencia «territorial y de contrapoder», con la supresión previa del Parlament y Govern legí­timos cuya composición no era del agrado de quienes creyeron poder alterar la voluntad popular por un decreto ley sancionado por la corona, como cheque en blanco, para fusionar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sin ningún tipo de control democrático, lo verdaderamente observable es lo que está por venir.

Desde el punto de vista algo más que instrumental, lo primero a recordar es que el escenario del 155 sigue instalado en Catalunya y su aplicación, prórroga o suspensión está en manos, única y exclusivamente, del presidente y gobierno español derrotados de la forma más contundente posible. Si bien la literalidad del decreto que lo implantó (sancionado por el Rey) fija su vigencia hasta la constitución de un nuevo gobierno resultante del nuevo parlamento elegido el 21-D, tanto el entramado judicial montado como la propia unilateralidad al servicio del presidente Rajoy, permite todo tipo de intervenciones. La foto electoral llevarí­a a pensar en la constitución ordenada de un nuevo parlamento antes del próximo 23 de enero, la elección-restitución del President Puigdemont refrendado en las urnas y un gobierno «independentista», para una nueva fase del Procés pro República Catalana. Desgraciadamente, este proceso legí­timo y democrático, se puede ver empañado por la actuación del trinomio gobierno-sistema y poder judicial-policial y establishment (mediático-económico) españoles-unionistas tanto para continuar en su fracasado diseño y gestión unilateral del «155», de los procesos judiciales, encarcelamientos, deslocalización empresarial express, y «relato constitucionalista» enrocados en una concepción superada de la unidad de una España limitada a la percepción de un poder centralista y centralizado, con el incomprensible apoyo o confort distante de una Unión Europea de espaldas a la realidad. Pero, sin duda, pese a la previsible presión que el crecido papel de Ciudadanos pretenda ejercer ante un PP-PSOE desorientados para «impedir quimeras nacionalistas» (y no solamente en Catalunya. ¡Ojo Euskadi!), la realidad hace inevitable entender que el movimiento en Catalunya no es ni sedición, ni rebelión tumultaria , ni terrorismo, ni ningún atentado criminal contra nada, la Justicia y Administración Penitenciaria está obligada a garantizar el libre ejercicio de responsabilidades de los cargos electos y, en consecuencia, el retorno del President del exilio pudiera suponer su encarcelamiento o puesta a disposición judicial, pero no su inhabilitación o impedimento alguno para acceder a su acta de diputado, a su nombramiento como Presidente y al desempeño de sus funciones (como parlamentario y President). En definitiva, el momento y los resultados, exigen inteligencia democrática y espí­ritu innovador para la transformación del Estado. Un estado español que, o bien asume la necesidad/voluntad de su inaplazable cambio radical, o se entronca en el inmovilismo de corto plazo al servicio de un mal entendido interés particular, de unos pocos, que siguen pensando que su herencia recibida, hace más de 50 años, es su mejor garantí­a de pervivencia.

Catalunya es la potente punta del iceberg del no retorno a un Estado del pasado. La coyuntura internacional, la situación de crisis económica y social y el terrorismo (en Euskadi, sobre todo), además del post franquismo no perseguido y el miedo a golpes de Estado a manos de los militares, dieron paso a una reforma y transición que permitió demasiadas concesiones impropias de una verdadera demanda democrática de separación de una dictadura, de deseos de autogobierno (absolutamente desigual, potente y real en Euskadi y Catalunya, matizable en algunas otras regiones y/o naciones según sus propias manifestaciones, o inexistentes en otras), con una monarquí­a moldeada desde el franquismo, mantenida y tolerada como mal menor y un modelo de «Estado autonómico» del que muchos esperaban que tan solo fuera una fachada o cascarón, con escaso contenido real, gestionable desde el unilateralismo de los aparatos del Estado (entendido como Gobierno Central bajo el duopolio AP/UCD-PSOE).

Recordemos que muy pronto se sucedieron intentos de golpe de Estado (Operación Galaxia, 23-F), el vergonzante «Pacto de los lí­deres españoles del Congreso» favoreciendo una LOAPA que, «recortarí­a el error de los constitucionalistas» y terminaba con la voluntad democrática, desde luego, de catalanes y vascos. Un modelo descafeinado a la baja que, sin embargo, posibilitaba el acceso a un elevado auto gobierno y respondí­a a un deseo de desarrollo abierto a sucesivos y progresivos cambios y actualizaciones en función de la demanda que, en cada momento, fuera decidida por la población especí­fica (vasca y o catalana según el caso). Un sistema y modelo que muy pronto se vio limitado a la interpretación, voluntad y decisión unilateral de los sucesivos gobiernos centrales. A partir de allí­, la manera de avanzar en el autogobierno ha sido el intercambio de votos requerido por el modelo formal de Gobierno español, desde el unilateralismo para aprobar investiduras, presupuestos o atenuar el efecto de comisiones de investigación o negociaciones puntuales, de modo que negociar-avanzar se ha traducido ante terceros en condicionantes excesivos a un centralismo bipartidista que «no deberí­a ser incordiado». Así­ se ha hipotecado el extraordinario potencial que el modelo tení­a, que, de forma tí­mida, permitió el desarrollo de una España que pasó de la alpargata a la modernidad en pocas décadas, de un espacio de convivencia y de relativa esperanza en un futuro respeto al deseo de autogobierno real en dos naciones (Catalunya y Euskadi) confiando en su sueño europeí­sta y en la realidad socio-económica y de identidad y pertenencia que pudiera provocar una transformación real del Estado, a una organización polí­tico-administrativa contestada y descalificada por sus propios gestores centralizados.

Hoy, España tiene una nueva oportunidad: o asume su transformación hacia tres Estados (España, Catalunya, Euskadi), reconvirtiéndose en un Estado Confederal en el que la cosoberaní­a y las relaciones bilaterales reales y diferenciadas se den de abajo-arriba desde las naciones que lo forman (otra vez, Euskadi y Catalunya con la posibilidad de que aluna más lo desee y puede ejercer su derecho decisorio), o se mantiene en «sus trece» e impone un modelo pseudo-descentralizado, suprimiendo la representación real de «los nacionalistas incómodos» y se empeña en una estrategia incoherente, pretendiendo una recentralización paralizante, provocadora de un desencanto y desafección permanentes.

El escenario catalán exige una nueva polí­tica y coraje inteligente para construir nuevos modelos de relación. Volver al enfrentamiento del pasado, imponer soluciones (o pasear mientras el mundo se mueve, a la espera de «lo que tenga que pasar») es una irresponsabilidad que no se puede permitir.

En este contexto, el nuevo Parlament y Govern están llamados no a recuperar el mí­nimo autogobierno previo al «155», sino el autogobierno futuro demandado por la sociedad catalana. El Gobierno español y sus fuerzas de apoyo no pueden volver al amparo de tribunales (de escasa credibilidad, por cierto) y perpetuar procedimientos y actitudes del pasado. Es momento de imaginar nuevos espacios de relación, de futuro. El encuentro, juntos o separados, es posible.

Inteligencia de Estado. No queda otra alternativa.

Una «inteligencia» al servicio del futuro deseado por los ciudadanos que no pueden verse condenados a una convivencia forzosa y no deseada, sino que han de ser protagonistas de decisiones claves e innovadoras con un horizonte y escenario diferente por el que merezca la pena el esfuerzo de su recorrido. Hoy, Catalunya ha vuelto a demostrar su voluntad de movilizarse de manera activa, pací­fica y democrática cuantas veces sea necesario. Está dispuesta a renunciar a las mieles temporales de un relativo bienestar material dirigido o controlado por terceros. Quiere apropiarse de su futuro, experimentar modelos alternativos a la dirección única a la que se siente sometida, desde un duopolio español a 600 kilómetros de distancia fí­sica y a siglos de incomprensión. Exige su derecho a equivocarse, así­ como su posibilidad de éxito desde modelos, culturas y compromisos diferenciados. Asume el desprecio locuaz de unos lí­deres europeos -de salida- incapaces de afrontar el futuro desde el desafí­o de la complejidad y confí­a en sus capacidades y competencias para convertir su nación sin Estado en un estado creí­ble, que elija con quién, cuándo y cómo compartir su co-soberaní­a huyendo de toda imposición desde la herencia y la costumbre. No son tiempos de argumentar o debatir sobre el pasado, sino de construir el futuro.

Si a partir de hoy, seguimos pensando en términos de bloques (unionistas mal llamados constitucionalistas e independentistas mal llamados separatistas) volveremos a chocar en la misma piedra. ¿Más cárcel para descolgar las opciones que no gustan a algunos?, ¿más argumentos para obligar a un Govern a establecerse en el exilio?, ¿más boicot a empresas, productos y personas que se dice defender y querer en casa?, ¿más diplomacia económica al servicio del estatus quo, desde partidos y gobiernos claramente minoritarios en Catalunya, abanderando una supuesta mayorí­a silenciosa? Parecerí­a razonable, abandonar el pasado e iniciar un proceso transformador, de ilusión y compromiso, construyendo un escenario nuevo.

Hoy, es por Catalunya (y por España). Pero nadie puede llevarse a engaño. Si bien cada caso, tiempo y situación es diferente, existe un sentimiento y voluntad generalizada: la «España del mañana» no puede ser la de hoy. Nuevos tiempos, nuevas realidades, nuevos proyectos y estados de futuro.

La gente quiere (queremos) soluciones a la vez que sabe (sabemos) que las mismas no son iguales según quien las tome, a qué objetivos responden y, sobre todo, a qué escenario han de conducirnos.

Hoy ha sido el momento de Catalunya. Hoy y mañana, también, el de Euskadi, el del Estado español, el de Europa. No nos equivoquemos. No se han equivocado los votantes catalanes, ni los ha engañado el Gobierno del exilio o TV3. Simplemente, han dicho lo que piensan, sienten y quieren: la oportunidad de dotarse de un modelo diferente, de elegir sus nuevas relaciones, de dotarse de nuevas estructuras de Estado, de soñar y hacer posible un nuevo escenario.

Nuevo escenario que demanda una serie de actuaciones reparadoras, previas, antes de iniciar  el diálogo creativo e imprescindible para cualquier solución de futuro : Indulto, amnistí­a, archivo de causas o restart polí­tico-judicial para todos los «descabezados», restitución de la legitimidad del Parlament y Govern, cambios en el Gobierno español y los partidos perdedores (no hace falta señalarlos) cuyas estrategias, tácticas y gestión tóxica y equivocada ha quedado contestada en las urnas , neutralidad (o simple ética profesional) en medios de opinión y comunicación y vocación real de servicio en el espacio polí­tico institucional (incluyendo cierta cúpula de la Unión Europea). Y, por supuesto, no vendrí­a mal un Rey con mensaje tradicional de noche vieja o bien con su acostumbrada intrascendencia ya asumida o un novedoso e inesperado llamamiento transformador constructivo-creativo (no olvidemos que hoy es Nochebuena y esperamos de Olentzero la magia navideña).

 Inteligencia e imaginación de Estado, con los mejores deseos para una nueva fase para el 2018.

(Artí­culo publicado el 10 de Diciembre)

Padecer el infernal tráfico de Nueva York, su desorden en la gestión del transporte de mercancí­as en el interior de Manhattan y perder casi tres horas en llegar hasta el aeropuerto JF Kennedy para volar a Europa no es sí­ntoma suficiente para constatar el progresivo deterioro de la competitividad estadounidense, pero sí­ un elemento más que se une al anunciado nuevo (ya estructural repetido año a año) shortcut o congelación del gasto público de Washington, que obliga a paralizar la administración, generalmente, y ahora con el presidente Trump, con mayor intensidad y focalización en los servicios públicos vinculados a salud, educación y administración ordinaria por no citar a servicios de emergencia -bomberos incluidos- en plena catástrofe como la provocada por los incendios en California y las oleadas de nieve previstas para este fin de semana en la nueva ola frí­a que avanza desde Texas hacia Nueva Inglaterra. Sin embargo, sí­ es una grave preocupación, ampliamente constatada, la parálisis polí­tica de Washington en un bipartidismo consolidado, confrontado, bipolar y a juicio de los ciudadanos incapaz de afrontar los desafí­os y retos del paí­s y sus habitantes. La amenaza del creciente y galopante déficit histórico de los Estados Unidos aparece y desaparece en las agendas de sus señorí­as según el momento, la coyuntura polí­tica y el deseo prioritario de su presidente, ya sea para infravalorarlo y acometer nuevos programas o para paralizar toda acción de gobierno trasladando la responsabilidad a quienes no le aprueban su presupuesto, como es el caso esta semana. El senador Sanders descalificaba ayer a Trump y a los republicanos recordando que si el apoyo que piden «por responsabilidad patriótica» es el de apoyar a un gobierno que solo gobierna para quienes financiaron su campaña y abandona a los ciudadanos desfavorecidos, bien puede permanecer cerrado el gabinete hasta que alguien negocie desde un compromiso con la población. Así­ las cosas, Trump se ocupa de lo suyo y provoca al mundo trasladando su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que incendia los ánimos del frágil consenso interreligioso e internacional en torno a la ciudad santa de todos.

En este breve contexto, desde el privilegio del encuentro anual de la red MOC del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard (que ya reúne a 140 universidades e institutos en los cinco continentes), bajo la dirección del profesor Michael E. Porter, tení­amos la oportunidad de ocuparnos de lo que consideramos la mayor de las preocupaciones del momento: ¿Cómo generar prosperidad sostenible e inclusiva a lo largo del mundo, mejorando de forma permanente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos co-creando valor entre las empresas y la sociedad? En definitiva, entender la competitividad y el bienestar como un todo inseparable, compartiendo valor entre empresas, sociedad y gobiernos para generar beneficios económicos y sociales a la vez.

En este proceso, resulta indispensable trasladar la necesidad de una búsqueda permanente del propósito, el compromiso y la responsabilidad implicables a todos los actores. No se trata de academia y/o investigación y docencia teórica de autoafirmación y complacencia individual sino de transformar el mundo generando impacto positivo en los demás.

Así­, con este propósito -más allá del aprendizaje mutuo que las diferentes experiencias desarrolladas a lo largo del mundo y los avances aportados a los modelos y conceptos en materia de competitividad, clusterización, estrategia, liderazgo, innovación, valor compartido y desarrollo endógeno como guí­as de nuestro trabajo-, el encuentro contó con un nuevo mensaje provocador, valiente, arriesgado y comprometido. Porter, en su permanente viaje estratégico hacia la competitividad, explora el mundo de los gobiernos y de la polí­tica en relación a su capacidad real de dar respuesta a las demandas y desafí­os exigibles por el bien común y los complejos y volátiles tiempos que vivimos. Si ya hace un año publicaba una primera aproximación a la idea de que uno de los mayores impedimentos para el buen desarrollo de la economí­a estadounidense era Washington, en esta ocasión ha presentado una nueva publicación sobre por qué la ausencia de competición real en la industria de la polí­tica en Estados Unidos está fracasando (Why competition in the politics industry is failing in America. A strategy for reinvigorting our democracy), aportando una novedosa aproximación conceptual y práctica que recomienda una lí­nea de trabajo para revigorizar la democracia. En compañí­a de Katherine Gehl, prestigiosa empresaria, ejecutiva y polí­tica con un amplio trabajo de investigación social y activa, Porter no aborda este trabajo por casualidad. En 2016, tras casi dos años de trabajo, junto con otros colegas de la Universidad de Harvard, publicaba los resultados de una macroencuesta realizada a todos los egresados de la Universidad en los últimos 15 años, la inmensa mayorí­a de los cuales ocupaban puestos relevantes en el mundo de la empresa, el gobierno, la academia y las instituciones sin ánimo de lucro. El informe (Problems unsolved and a divided nation. US Competitiveness Project) comparaba el estado de la competitividad de los Estados Unidos con los primeros paí­ses del mundo, y no salí­a muy bien parado, mostrando una grave caí­da en los rankings históricos. Llamaba la atención que el factor destacado como principal obstáculo, débil y en progresivo deterioro, era «el sistema polí­tico estadounidense». Situado en el peor de los cuadrantes resultantes, contrastaba con la manifestación de la importancia que los mismos encuestados daban a contar con un buen sistema polí­tico que, además de garantizar la democracia, actuara motivado por el bien común afrontando los riesgos y desafí­os, en este caso, de la competitividad de su paí­s, economí­a y sociedad. La conclusión era despiadada: «Si bien en el pasado era admiración y referente mundial de innovación, modelo democrático y de impulso económico, hoy es el mayor de los obstáculos para afrontar los desafí­os del mañana».

A partir de ahí­, el trabajo se centró en un novedoso análisis del sistema y la polí­tica como una industria en sí­ mismo. Aplicando su contrastado y prestigiado modelo de las cinco Fuerzas como herramienta indispensable para analizar cualquier industria en la que se sitúa cualquier empresa en cualquier lugar, se analizó la Industria de la Polí­tica estadounidense. Entresacamos algunas claves.

La primera preocupación y motivo de seria reflexión es la constatación de que pese a lo que se cree, «la polí­tica americana no está fracasando en su objetivo, porque precisamente, su objetivo no es el servicio o bien común sino la pervivencia del duopolio que la propia clase polí­tica se ha encargado de crear, fortalecer, reforzar y blindar con sus propias reglas del juego». Por tanto, el sistema no está roto sino que hace aquello para lo que ha sido diseñado. Desgraciadamente, según este análisis, mientras la sociedad espera del sistema polí­tico del que se supone se ha dotado de forma libre y democrática, soluciones reales, eficientes, efectivas y aplicables en tiempo, forma y coste equitativos e inmediatos a sus problemas sentidos o percibidos con intensidad por las mayorí­as y, en especial, por las clases desfavorecidas, el sistema aplaza promesas, no propone soluciones aceptables y, lo que es peor, los pospone evitando riesgos con la complacencia de un electorado que les ha elegido y que, no obstante, no exige ni evalúa resultados. El informe se detiene en un minucioso catálogo de datos elocuentes. Mientras el 78% de las iniciativas en el 114 Congreso americano quedaron en el tintero, bloqueadas por el partido que no las presentaba, o las grandes reformas anunciadas (la fiscal, de salud o de control del déficit) que defendí­an en campaña la totalidad de los candidatos con el presidente Obama a la cabeza y la corresponsabilidad del lí­der de la oposición republicana, se convirtieron en vanas esperanzas no aplicadas, ninguno fue penalizado en las urnas. Obama repitió mandato, Ryan se convirtió en el lí­der y speaker de la Cámara y el 90% de los representantes y congresistas elegidos repetí­an escaño.

Otra denuncia del informe es el hecho de que la no competencia o competencia bipartidista en duopolio es escasamente saludable. Se trata de posicionarse con mensajes y actitudes mutuamente excluyentes, demonizando al contrario con o sin justificación y razonamiento alguno, salvo en casos de acuerdos del establishment, generalmente a favor del mantenimiento y blindaje de las propias reglas del juego que les hacen perdurar intercambiando continuamente puestos, posiciones de representación y financiación lateral o paralela. Un sistema que ha corrompido la comunicación abierta y transparente y que utiliza los instrumentos oscuros del Estado -aquí­ les llamarí­amos «las cloacas del Estado» de las que Felipe González se jactaba de utilizar para defender la democracia y de las que el Gobierno Rajoy ha hecho un buen uso como el ejercicio de la policí­a polí­tica ha demostrado con las acciones de sus ministerios del Interior- y las frecuentes fake news (noticias falsas) desde el corazón del gobierno, sus servicios de inteligencia o medios de comunicación afines.

Este pequeño muestrario de su análisis se extiende a todos los elementos que componen la «nueva industria» y se cierra con un capí­tulo de recomendaciones que tienen dos destinatarios: uno, el propio sistema y sus jugadores; son ellos los que pueden y deben cambiar sus objetivos y reglas del juego atendiendo a lo que llamarí­amos los cambios y megatendencias de los ciudadanos si quieren mantener el modelo, de la misma forma que las empresas han de entender los tiempos y olas de cambio en las reglas del juego y la entrada de nuevos jugadores, la polí­tica estadounidense debe afrontar su propio cambio. Y dos, la sociedad civil estadounidense, quienes consolidan y blindan la industria polí­tica, son precisamente los ciudadanos que les votaron y dieron un mandato determinado. Si el sistema falla y/o no responde a lo que la ciudadaní­a espera, está en sus manos su transformación.

Sin duda, se trata de un informe que ha de generar una gran polémica. Entre otras cosas, ¿el sistema y polí­tica estadounidense es una industria en si misma? ¿Es una industria especial que ha de cumplir reglas del juego diferentes a las de otras? ¿Es en realidad el gran obstáculo de la competitividad y prosperidad de los Estados Unidos? No hay respuestas concluyentes, pero sí­ preguntas a plantearse. Por encima de todo, la relevancia de la importancia e impacto de la polí­tica y los gobiernos en la economí­a, el bienestar y la prosperidad incluyente de los ciudadanos. La polí­tica y las cosas del gobierno no son cuestiones separadas y aplazables en el tiempo de las cosas «que de verdad importan» a las personas y a las empresas. Estados Unidos parece entenderlo y muestra su preocupación por el estado de la cuestión. Su rol mundial decrece; su liderazgo competitivo, también, las desigualdades en su seno aumentan y la insatisfacción se generaliza. Los estadounidenses valoran el papel de la polí­tica y sus gobiernos como elementos esenciales en la solución, pero hoy muchos (uno de cada cinco) lo ve como el mayor obstáculo para la solución de sus demandas y desafí­os. Esto también es competitividad, riqueza, bienestar, igualdad y co-crear valor y prosperidad.