(Artí­culo publicado el 19 de Marzo)

El ambiente relativamente informal, de compadreo y «palmaditas en la espalda» del Secretario General de la OCDE, íngel Gurrí­a y el Ministro de Economí­a y Competitividad, Luis de Guindos, en la presentación del Informe 2017 sobre la Economí­a Española no ha hecho sino confundir a la audiencia y generar falsas expectativas y valoraciones sobre la Economí­a Española.

La supuesta «campechaní­a» reinante, seguida de la primera fase del Informe («La recuperación está en marcha, pero sigue siendo difí­cil conseguir un crecimiento más inclusivo») llevarí­a a pensar que el estado de las cosas funciona y que el gobierno español recibe un espaldarazo de su socio (y perceptor de cuentas importantes, además de «funcionarios» de lujo tipo Wert y su mujer, coincidentes en Madrid en la presentación del retrato del ex ministro y hoy Embajador de España ante la OCDE). Nada más lejos de la realidad.

Pese al cuidadoso «lenguaje diplomático y no beligerante» del Informe, resultan evidentes la insistencia en los aspectos negativos, así­ como en las tareas pendientes que ya anunciaron años atrás, un claro escenario de riesgo para una España que, además, ha de afrontar enormes retos no mencionados en el documento del citado Organismo.

Afirmar que ha de reconocerse que España ha iniciado un camino de crecimiento no es sino una constatación estadí­stica, máxime tras un periodo recesivo. Señalar, a continuación, que el crecimiento no ha ayudado, no ya a resolver, sino ni siquiera a mitigar el estado de inequidad, pobreza relativa, desempleo (no solo un 18,8% oficial en términos de paro registrado, sino de pésima calidad tanto por el tipo de contrato, condiciones salariales, cualificación y bají­sima productividad, alejado de cualquier atisbo de innovación esperable en un paí­s con aspiraciones relevantes de futuro), abandono de las polí­ticas sociales exigibles para contra restar los resultados observables, necesitado de reformas, reformas y más reformas… es a los ojos de cualquier lector objetivo, una destacada descalificación y no una felicitación entre colegas.

¿Qué dice y qué no dice el Informe?

El Informe no viene a decir nada nuevo que no hubiera sido señalado desde el inicio de la reciente crisis a partir del año 2008. Salvo el porcentaje de crecimiento del PIB, la consecuente recuperación de exportaciones y poco más, a situar en el apartado positivo, destaca la dualidad de un empleo insuficiente e inadecuado para un desarrollo inclusivo absolutamente imprescindible en toda economí­a (una tasa de desempleo que duplica la media europea, un desempleo no cualificado, pésimos, ineficientes e inadecuados Servicios Públicos de Empleo, acompañados de un elevado fracaso escolar, con una escasa alineación del empleo-formación a las necesidades de las empresas y de la nueva economí­a, poniendo de manifiesto una baja cualificación generalizada y un empobrecimiento creciente de la mano de una devaluación salarial que se ha extendido en estos años), recuerda que si bien se  ha hecho un esfuerzo en la reducción del número de Agencias y empresas públicas, no se ha profundizado en la imprescindible Reforma de la Administración y función públicas. Eso sí­, evita entrar en detalle sobre las mismas, pasa de puntillas sobre el verdadero dualismo existente: quienes tienen empleo seguro de por vida en el entorno público y quienes han de buscarlo dí­a a dí­a, a lo largo de toda su vida en «los Mercados». Evita valorar en términos de contenido y funciones o de cualificación de quienes hacen las veces de orientadores y formadores para el empleo y la necesaria transformación radical de los «nuevos INEM» transferidos a las Comunidades Autónomas con nulos o deficientes resultados (y los mismos funcionarios pre existentes en un mercado laboral distinto) y pide, como reforma, «aumentar la dotación de empleados -funcionarios- y de los recursos con que trabajan». Aboga por la «Unidad de Mercado» en lí­nea con su conocida «visión global» de la economí­a y el mundo, superada ya por una realidad que ha demostrado sus ineficiencias y desigualdades además de ignorar (aquí­ y a lo largo de todo el Informe) la existencia de un Estado Autonómico que, mejor o peor, configura el actual Estado español. Informe que no dedica un solo párrafo a señalar la diferencia territorial, las polí­ticas y estrategias diferenciales en una u otra, el desgobierno existente a lo largo de casi dos años. La corrupción no existe y, sin embargo, parecerí­a que una Reforma Fiscal (apuntando al incremento del IVA y a aquello que, de forma genérica, aporta mayor recaudación), acompañada de la supresión o limitación de ayudas públicas (que no de su control) y  de los Colegios Profesionales (en especial los de Ingenieros, Arquitectos, Contables y Abogados cuyos colegiados se califican de escasamente productivos atendiendo a sus tarifas horarias medias), incidiendo en «mejorar» la FP (precisamente la Sra. Wert, ex Secretaria de Estado de Educación en el Gobierno español, fue la flamante contratación de la OCDE para dirigir sus polí­ticas educativas coincidente con el nombramiento del ex Ministro en su actual cargo de representante ante la OCDE), y, por supuesto (conforme a la lógica de sus Informes) centrarse en polí­ticas macro o buenas palabras con recomendaciones genéricas.

Sin duda, leer el Informe desde esta otra óptica de asignaturas pendientes nos acerca más a una mala fotografí­a que, desgraciadamente, refleja mejor la realidad.

La realidad de la economí­a española exige Reformas radicales: en su modelo territorial y de diferenciado autogobierno regionalizado según sus propios tejidos económicos distintos, de sus diferentes grados de voluntad de autogobierno y confortabilidad o no con el modo de relación entre ellas en y con el Estado según las legí­timas aspiraciones de cada una; requiere afrontar de forma radical el conjunto de la función pública y el empleo asociable (polí­tico y funcionarial) lo que exige cambios en profundidad que no solamente aproveche la obligada renovación generacional y la adaptación a lo que se espera de todo gobierno en sus diferentes niveles institucionales ante las mega tendencias, cambios observables y a la eficiencia-coste de su Administración, sino a la necesidad de romper con la dualidad en la empleabilidad terminando con la privilegiada diferenciación en términos de acceso, seguridad, tipologí­a de contrato, retribución (directa y complementaria) y permanencia. Nueva gobernanza, nuevas modalidades de selección, contratación, promoción, salida de las personas al servicio de nuevas Administraciones, con objetivos y funciones muy diferentes a las demandadas en el pasado con roles distintos a los desempeñados por muchas de ellas. Es momento de hacer coincidir el discurso que desde la polí­tica y los gobiernos (Universidades públicas incluidas) se emite a la Sociedad («necesitamos profesionales con claros perfiles de internacionalización, pluri-competencia, flexibilidad ocupacional, emprendedores, digitalizados, alfabetizados en nuevos espacios tecnológicos y acostumbrados  a cambiar de empleo y profesión de manera permanente, con un elevado sentido y propensión a la movilidad…») con las nuevas administraciones y empleados públicos que exige el cambio deseable. Si consideramos un desempleo intolerable que no encuentra en inservibles Servicios de Empleo las herramientas necesarias para formar, informar y facilitar el ingreso o reincorporación a empleos dignos, parecerí­a razonable demandar una reforma radical, máxime cuando, parche tras parche, se fosilizan los instrumentos del pasado sin haber ofrecido resultados dignos de consideración. Es momento, sin duda alguna, de transitar en el espacio de las polí­ticas sociales, revisables en torno a conceptos de renta universal, salud y bienestar. Ni que decir de un renovado sistema educativo a lo largo de toda la vida, una nueva (de verdad) Universidad al servicio del futuro y no de la endogamia heredada y una polí­tica fiscal y tributaria acorde con los cambios y realidades observables y no la farsa demagógica que termina con el tranquilizante mensaje de que paguemos otros (se supone que quienes más ingresan, ahorran o invierten). De esta forma, con Tribunales Supremos y Constitucionales (previa reforma radical de los mismos) se entenderí­a, también, la obligación de la Administración Central, Congreso y Senado de cumplir con las obligaciones legales vigentes (por ejemplo, con los Estatutos de Autonomí­a). Sin duda es una Agenda inmensurable. Pero es el recetario que la realidad impone.

Sin embargo, lejos de reclamar con Autoridad y vehemencia las verdaderas reformas radicales que sugieren, las más de las veces, de manera tí­mida y discreta, el mencionado Informe pone de relieve (sin escribirlo, por supuesto) que mientras los funcionarios de estos Organismos Internacionales sean nombrados por cuotas graciables a repartir entre los partidos «de Estado» y sus gobiernos centrales, los Informes no verán otra España que vaya más allá de Madrid (Barrio de Salamanca y Castellana-Ministerios). Baste mencionar que los únicos datos de referencia sobre instrumentos de promoción empresarial, innovación y desarrollo tecnológico son CDTI, ICO y ENISA (menos mal que recomienda reformarlos). Serí­a oportuno sugerir una pequeña recomendación general: conocer la configuración polí­tica, económica, social y territorial de España y su distribución competencial y acudir a fuentes algo más significativas y representativas de la realidad. Serí­a el punto de partida imprescindible para analizar «el estado del arte de la economí­a española».

Quizás de esta manera encontrarí­amos razonables, aplicables y aceptables las recomendaciones de Organismos como la OCDE. Seguramente no habrí­a demasiadas «palmaditas» en las ruedas de prensa, pero avanzarí­amos hacia un futuro deseable y posible. Pondrí­amos en valor las muchas aportaciones que, también, conllevan.

Desgraciadamente, el mencionado Informe no permite ni afirmar una verdadera y positiva salida de la crisis, ni confiar en que estos años de enormes dificultades hayan servido para abordar las verdaderas transformaciones radicales que la profunda crisis ha señalado. España, como Europa, han desaprovechado un perí­odo de cambios imprescindibles. Ni han fijado una visión o aspiración de futuro que haga atractivo el compromiso de sus ciudadanos y agentes económicos y sociales, ni han sentado las bases para las reformas esenciales (gobernanza, modelo de crecimiento y desarrollo, viabilidad del ansiado Estado de Bienestar, Competitividad y Productividad…), ni han culminado su revisión de un sistema financiero, una Administración Pública, una nueva reformulación del Estado y las naciones y regiones que hoy lo componen, ni han ejercitado la necesaria «devolución» competencial y de recursos que tanto las realidades y demandas económicas como polí­ticas (y legales) aconsejan.

Reformas y más reformas como indica el mencionado Informe, pero hacia un objetivo ní­tido, compartible y deseado.

Confiemos en que la inevitabilidad diplomática y de consenso que impera en los Organismos Internacionales no oculten la esencia de sus análisis y permita profundizar en las dificultades y asignaturas pendientes. No se trata de «flagelarnos» ante la adversidad, sino de apostar, desde el realismo, por hacer de los problemas las fuentes de las soluciones. Se trata de un enorme desafí­o que no permite alocadas improvisaciones, ni mesiánicas promesas. Por el contrario, exige mucha dedicación, responsabilidad, compromiso y riesgo.

(Artí­culo publicado el 5 de Marzo)

La semana nos ha traí­do un par de noticias positivas a la vez que agridulces, interrelacionadas mucho más de lo que pudiera parecer a primera vista, vinculadas con nuestro futuro y bienestar. El anunciado «Acuerdo Polí­tico y Técnico para el acceso de la alta velocidad ferroviaria a las capitales vascas» y la «destacada posición del Paí­s Vasco entre las regiones más competitivas de Europa y a la cabeza del Estado español».

Sin duda alguna, las noticias anteriores son positivas en sí­ mismas y parecerí­an una invitación a la alegrí­a y satisfacción. Vayamos por partes. El que una infraestructura considerada estratégica para nuestro Paí­s (al igual que para Europa y España) vaya adelante es de gran importancia. Desgraciadamente, si recordamos que el «Acuerdo Interinstitucional» para su construcción, calificado como la primera interconexión transeuropea, data de 1987, que no solamente se acordó su realización, sino la modalidad colaborativa, co-financiación ví­a Cupo y el compromiso polí­tico, de conectividad, dotación de un modo vanguardista (entonces) de transporte, una apuesta por la reactivación y desarrollo económico y regional, soportado en un compromiso  económico-financiero, así­ como su impulso regenerador urbaní­stico y de la Ordenación del Territorio, y que hoy, 30 años después, sea objeto de un «nuevo Acuerdo, ejemplo de cooperación y compromiso del Gobierno Central con el Gobierno Vasco», (que en las desafortunadas palabras del Ministro español, Iñigo de la Serna, «es un simple pistoletazo administrativo de salida»), además de no venir acompañado ni de un cronograma, que emita señales subliminales de su ejecución no antes del 2023 para culminar tan «estratégico» proyecto, no puede sino generar enorme decepción unida a una incertidumbre tal que empieza por no contar con presupuestos reales asignados y garantizados, ni con apuesta alguna por acelerar su ejecución, ni proyecta voluntad alguna de generación de empleo, ni nuevas fuentes de innovación y revitalización de nuestro desarrollo, en un momento en el que estamos tan necesitados de proyectos de futuro con impacto visible hoy. En el mejor de los casos, la buena noticia se producirá nada más y nada menos que 40 años después de su lanzamiento. Desgraciadamente, resulta decepcionante comprobar cómo lo que se comprometió, se calificó y califica de estratégico -entonces y hoy- (sobre todo para Europa y Para España) se ha utilizado como instrumento unilateral de castigo, o de negociación condicionada a las necesidades temporales del partido de turno en el gobierno español.

De esta forma, en el mejor de los casos, nos situaremos a la cola de quienes acceden a un ferrocarril moderno, de altas prestaciones. Si, además, Navarra queda orillada e inconexa, el asunto se agrava como veremos más tarde, más allá de la voluntad «nacionalista vasca» que algunos mantenemos.

Y aquí­ enlazo con la segunda noticia agridulce: el índice de Competitividad Regional Europeo publicado esta semana por la Unión Europea.

Por tercera vez en su historia, la UE publica un índice Regional de Competitividad que pretende trasladar los habituales y conocidos Informes de Competitividad Global que a nivel estatal «nacional» elabora, publica e impulsa el Foro Económico Mundial. Afortunadamente, cada vez son más los esfuerzos por llevar a los ámbitos no estatales, regionales y de ciudades, el verdadero espacio de concreción de la Competitividad. Sin embargo, sus limitaciones son aún enormes empezando por la escasa y no homogénea estadí­stica disponible, la variabilidad del espí­ritu que rodea a las encuestas cualitativas y de opinión empleadas en la configuración de indicadores y resultados, la excesiva variedad y dispersión de fuentes empleadas y la propia dificultad en las definiciones esenciales del Informe: desde lo que ha de entenderse por la «Competitividad de una Región» (cuestionable definición del Informe: «La Competitividad Regional es la habilidad de una región para ofrecer y atraer un entorno sostenible para las empresas y sus residentes para venir y trabajar»), la diferencia de las NUTS (las entidades territoriales y regionales que sirven de base para la delimitación de las 263 regiones europeas que compara), la cualificación funcional o polí­tica o dimensional que han de cubrir para su agrupación y, por supuesto, los diferentes indicadores que utilizan.

Así­, la satisfacción de observar que el Paí­s Vasco está en el Grupo de Cabecera y es la primera del Estado (ligeramente por detrás de Madrid, si bien el propio Informe «excluye» de la consideración relevante a las regiones-capital estatales por razones diversas que distorsionan su comparación, pese a aplicar todo el modelo y concluir que «el Gran Londres» serí­a la número uno, precisamente en pleno BREXIT) situándonos por encima de la media Europea y en el pelotón de cabeza, se ve empañada no ya por el lugar que ocupamos en el total europeo (nada menos que la 119 de 263), sino al observar su débil puntuación en algunos de los pilares que componen los once bloques  o pilares de la competitividad para los 74 indicadores utilizados. Si bien el tema no va de rankings, conviene repasar algunos de los indicadores y constatar elementos que no parecen dejarnos excesivamente bien situados si la comparación la hacemos respecto de los lí­deres europeos. Empecemos destacando nuestra estupenda puntuación en materia de Salud (12 de 263) y Educación Superior y permanente o continua (30 de 263), si bien ambas se ven minimizadas por su «aplicación» en cuanto a factores clave para la eficiencia y la innovación, espacios de futuro a lo que se supone han de evolucionar las regiones una vez superada la dotación correspondiente a la «Dimensión Básica» exigible a toda la región europea con aspiraciones relevantes. (En todo caso, viene bien constatar la extraordinaria valoración de los logros obtenidos en tan relevantes áreas en las que nuestro Paí­s se ha volcado a lo largo del tiempo en beneficio de nuestras empresas, Instituciones y ciudadanos). Pero dicho esto, conviene mirar hacia dentro del modelo y observar aquellos elementos que nos penalizan. Entre ellos sobresalen aquellos indicadores que, dadas las dificultades del estudio, incorporan datos estatales y no regionales. Así­, la Estabilidad Macroeconómica se supone que es igual para todas las regiones de un mismo Estado y se nos aplica la puntuación de España, a la cola europea (24 de 28), las infraestructuras (189 de 263) debido, sobre todo, a que en su medición tienen el máximo peso los aeropuertos internacionales y sus conexiones intercontinentales y el número de kilómetros de ferrocarril de Alta Velocidad. De igual forma, la eficiencia del Mercado Laboral (alto nivel de desempleo, movilidad, adecuación formación-empleabilidad, y la, en este caso, nula calidad de los servicios públicos de empleo, fondos de formación continua…) y la Educación básica (medida conforme a PISA, fracaso escolar y otros apartados, también, aplicados con carácter general y no diferenciada atendiendo a la valoración del Estado). Es decir, un hí­brido en el que en aquellas «funciones» del Gobierno Central y del «Modelo Marca España» hipotecan un futuro diferenciado. Una vez más, recordemos aquí­ que las demandas de autogobierno (en versión light) no son cuestión de reclamos secesionistas que «poco tienen que ver con la preocupación real de la gente» que dirí­an polí­ticos, tertulianos y comunicadores pro centralismo y unidades mal entendidas.

Así­, cabe insistir en la relevancia estratégica de nuestra «Y vasca» y, por supuesto, de la capacidad y ejercicio de autogobierno al servicio de aspiraciones y estrategias propias. Adicionalmente, al mencionar con anterioridad a Navarra, conviene señalar que en la «definición conceptual de regiones» empleada en el índice mencionado, se limitan tamaño de mercado, eficiencia laboral, satisfacción empresarial y capacidad innovadora por la no integración en «áreas funcionales mayores», por lo que el no desarrollo compartido, natural, Paí­s Vasco + Navarra, impide una eficiencia mayor en un nuevo espacio de bienestar y competitividad desde clusters lógicos (Salud, Bio-Ciencias, Educación, Automoción, Energí­a, Alimentación, Turismo, Energí­a, Industria 4.0) y la conectividad e Infraestructura en beneficio propio. Por no citar nuestra otra vecindad del otro lado del Pirineo. De esta forma nuestras comunidades Forales se ven penalizadas ante su falta de «integrabilidad vecina», demandada por cualquier ecosistema socio económico que se precie.

Por tanto, tras destacar el valioso esfuerzo y acierto de nuestros Alcaldes y Gobierno impulsando infraestructuras estratégicas, más allá del reconocimiento debido, hemos de poner el acento en nuevos pasos. Máxime si leemos en estos mismos dí­as un nuevo Informe del Mckinsey Global Institute dedicado a las Infraestructuras en el que se aborda una nueva revolución productiva reinventando la industria de la construcción, mitigando gaps en las principales infraestructuras, promoviendo el desarrollo territorial e imaginando un futuro digital (4.0) implantado en este mundo motor del empleo, la conectividad, el desarrollo económico y el bienestar.

La Y vasca, su conexión transeuropea y con España y Portugal, la reconfiguración de una nueva Euskal Hiria-Ciudad Vasca integradora de los diferente territorios, los nuevos espacios de valor tanto en las capitales como en otras poblaciones relevantes en el proyecto, la capacidad generadora de empleo y de nuevas oportunidades de actividad económica, la regeneración urbana y espacios públicos que aporta, la mejora ambiental sostenible, la reducción de la contaminación, los ahorros en energí­a y todo tipo de costes asociables al transporte, el ahorro de tiempo (utilizable también para la tan generalizada demanda de vida, ocio y conciliación familiar) no es un simple proyecto o una infraestructura meramente fí­sica. Más allá de sus funcionalidades especí­ficas, supone un profundo espacio de oportunidad y bienestar.

Nos ha costado mucho llegar hasta aquí­. Necesitamos redoblar esfuerzos tras los muchos pasos pendientes.

Quedémonos con lo positivo de las noticias comentadas y redoblemos esfuerzos para superar las penalizaciones y debilidades que suponen su parte amarga. Como siempre, trabajemos hacia el dulce sabor de un futuro propio y mejor. Está a nuestro alcance.

El «White Paper» del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, proponiendo un abierto proceso de análisis y debate Pan Europeo en relación con el futuro de la Unión Europea, plantea tanto un desafí­o, como un gran reto para Euskadi.

Si bien, en primera instancia, se dirige a los gobiernos de los Estados Miembro (27) que conforman el Consejo Europeo, el debate va más allá e implica de manera relevante a naciones y regiones (además de ciudadanos) europeas que pretendemos un rol protagonista en el diseño de nuestro futuro y destino. En este sentido, el largo camino que pretende recorrer tanto para las próximas elecciones al Parlamento Europeo (2019), como para una reconstrucción, desconexión o mantenimiento del status quo, según se mire o decida, hacia 2025, aconsejarí­a un proceso paralelo en Euskadi.

Adicionalmente, ofrece un análisis de partida que invita a la reflexión sobre los desafí­os reales a los que ha de enfrentarse Europa en cualquiera de los escenarios que se elijan (condicionamiento de un estado de paz y minimización de conflictos, pérdida de relevancia mundial en términos de población y peso relativo en el PIB, envejecimiento, un rol aislado en defensa y seguridad, educación y empleo desequilibrados, pérdida de liderazgo cientí­fico-innovador, pérdida de peso del euro en el concierto internacional de moneda…) a la vez que pone de manifiesto el débil funcionamiento actual (y progresivamente cada vez mayor) de los mecanismos de decisión europeos en un creciente desapego de la población en manos de las decisiones de los gobiernos de los Estados Miembro en un claro desequilibrio entre lo que se pide a Europa que haga y la medida en que cada uno de ellos se compromete en su logro.

Se acepte o no, España está en plena encrucijada, con un evidente cuestionamiento de su modelo autonómico, cuya máxima visibilidad exterior es el «procés Catalí «. Y, no es ajeno, como es evidente, a la propia deriva europea. Inmersos en estos momentos como estamos en un largo proceso que desde el Parlamento Vasco se pretende -con el obstáculo permanente del centralismo de destino único-  abordar la búsqueda de un nuevo estatus polí­tico (fundamentalmente en/desde España) que contempla una foto más o menos fija de la Europa de la que con mayor o menor intensidad decimos querer incorporar en nuestro modelo, no vendrí­a mal realizar nuestra propia reflexión que bien podrí­a «ordenarse» desde el propio Parlamento.

Sugiero un par de caminos a recorrer que, en todo caso, serí­an convergentes:

1. La Europa que queremos, siguiendo el documento Juncker de los cinco escenarios (Estadio actual o espí­ritu de Bratislava sin introducir cambio alguno a la espera de soluciones espontáneas, reconducir la Unión Europea hacia el Mercado único original con libertad de movimientos en bienes, servicios y hasta cierto punto de capitales pero olvidando el de las personas, una Europa a «n» velocidades con una cierta intención de direccionamiento concéntrico, una cierta federalización soportada en un reacondicionamiento competencial entre diferentes niveles institucionales de gobernanza descentralizada, o el que algunos bruselenses llaman el modelo Verhofstadt que abandera el grupo parlamentario ALDE hacia una federación o confederación con todos los Estados Miembro y sus regiones diversas), para preguntarnos qué rol queremos asignar a Euskadi en cada uno de ellos y optar por aquel preferible, cara a definir nuestra estrategia y posicionamiento polí­tico.

2. La Euskadi de futuro como refuerzo metodológico al trabajo de la Ponencia del Autogobierno. Nuestros escenarios, siguiendo la ruta y metodologí­a del mencionado documento europeo, serí­an:

– Mantenernos como estamos «peleando» de forma permanente en el impulso y desarrollo del Estatuto de Autonomí­a de Gernika y Concierto Económico, competencia a competencia, negociación a negociación e intentando mejorar dí­a a dí­a desde la unilateralidad dominante que, casi cuarenta años después de su aprobación, sigue sin cumplirse en su totalidad, sometido, además, a una recentralización y desnaturalización permanente a voluntad del gobierno central de turno.

– Reordenación competencial (Madrid, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Municipios) bajo principios de eficiencia, eficacia, normativa competencial e instrumentos de gestión adecuados al espacio previsto para cada nivel Institucional, con la correspondiente revisión de su financiación.

– Una vuelta al origen de un Estado Autonómico «federal» (igual para cada Comunidad Autónoma) de espí­ritu (Descentralización Administrativa) avanzando todos a la misma velocidad homogeneizadora de una España íšnica (minando el hecho diferencial vasco recogido en la propia Constitución vigente).

– Hacia un Estado Confederal «de naciones y regiones», a «n» velocidades y espacios concéntricos dentro del marco del «Nuevo Estado español», formado por Euskadi, Catalunya + X» y/o España Resto» (posiblemente, en su momento, Andalucí­a y Galicia).

– Hacia la Independencia, ni más ni menos que con el estatus «interdependiente» que pudiera corresponder a cualquiera de los 27 Estados Miembro de la Unión Europea.

Realizar este doble ejercicio serí­a, en todo caso, enormemente esclarecedor. Definir y «simular» consecuencias reales de cada uno de los escenarios, permitirí­a la correcta información facilitadora del libre ejercicio del derecho a decidir. Aprovecharí­amos así­, la sinergia de un doble pronunciamiento democrático: ¿Qué Europa queremos los vascos, de larga trayectoria histórica pro-Europeí­sta, fundadores de la hoy UE desde los ya «antiguos» nuevos equipos demo-cristianos que alumbraron la CEE y su posterior evolución hasta nuestros dí­as?, y, en segundo lugar, ¿Qué queremos cuando hablamos de ejercer el derecho a decidir para generar «un nuevo estatus polí­tico»?

Sin duda no solamente una gran oportunidad, sino, sobre todo, me atrevo a decir que una obligación de nuestros legisladores y gobernantes. Qué mejor que el Parlamento y Gobierno Vasco para introducir esta nueva variable (la nueva Europa deseable) en el proceso. Un proceso que se sirva de aportaciones de los múltiples centros y espacios de pensamiento, opinión, investigación públicos y privados, de la Sociedad Civil, de los partidos polí­ticos y de la contribución ciudadana.

Visto así­, sin duda, Bienvenido el incómodo, a la vez que necesario e inevitable, Documento Juncker.